A ojos vista se puede percibir que en la economía venezolana se ha generado un incomprensible descontrol del abastecimiento y precios de los bienes básicos, sin embargo, es imprescindible conocer lo que realmente está detrás de este fuerte proceso inflacionario venezolano.
En primer lugar hay que tomar en cuenta que el proceso inflacionario venezolano sucede sobre la base de una situación particular y distinta de la economía popular venezolana que es desconocida por muchos e invisibilizada por la prensa convencional; hay información que demuestra que la vida económica de la mayoría de los venezolanos se ha transformado durante 16 años de gobierno Bolivariano.
Un par de datos de base permiten esa comprensión; por un lado está el incremento de los ingresos personales y familiares de la mayoría de los Venezolanos, que, como producto del incremento de la renta petrolera, se han logrado otorgar a la población trabajadora: En los últimos 16 años fueron aprobados 30 aumentos del salario mínimo, lo que no es un dato menor si se considera que estos incrementos en total hasta noviembre de 2015 han significado nada menos que más de “ocho mil por ciento” : 8.041 %.
El salario básico ha subido de 120 a 9.649 bolívares, a lo que hay que sumar un “ticket de alimentación” de 6.750 bolívares, lo que supone un salario mínimo integral de los trabajadores, públicos y privados de todo Venezuela de 16.399 bolívares, que equivale a un incremento anual sólo para 2015 de 137%.
La pregunta que surge entonces es ¿cuál es el porcentaje de la población que se ha beneficiado con esos incrementos? Y ahí viene el otro tema relevante: el último dato sobre el empleo en Venezuela muestra un porcentaje de 5,5% desocupación lo cual en términos generales representa una disminución significativa al pasar de 10,6% en diciembre de 1999 a 5,5% en diciembre 2014. Pero, como se sabe, en América Latina no cuenta solamente el dato sobre empleo en general sino la diferencia entre el empleo formal, que, generalmente supone el acceso a todos los derechos laborales establecidos por la ley, sino el dato de sub-empleo o empleo informal que generalmente en América Latina es un sector que no accede a ningún derecho laboral. Aquí otra información altamente relevante: El 60% de los venezolanos que trabajan, lo hacen en el sector formal accediendo a todos los derechos laborales, mientras que sólo el 40% es población que logra un empleo informal, que sin embargo en Venezuela sí pueden cotizar a la seguridad social y tener derecho a pensiones de vejez. Hasta 1999 la situación era inversa: sólo 45% eran parte del sector formal.
Otro dato relevante es que según la Encuesta Nacional de Hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la mayoría de los hogares venezolanos, compuestos por un promedio de cinco personas, cuentan al menos con dos integrantes que mantienen ingresos fijos.
Como se sabe, la inflación, es un incremento sostenido de precios que, si la situación de la economía es normal, es decir si todos los ciudadanos actúan con una racionalidad económica, se generaría por un exceso de demanda sobre la oferta de productos. Es decir que hay mucha gente que tiene dinero para demandar bienes de consumo, pero la cantidad de oferta de esos bienes es mucho menor, lo cual genera un incremento de los precios.
Los sucesivos incrementos salariales que se han dado desde los inicios de la revolución bolivariana han tenido como primer objetivo el de la democratización del ingreso, que los pobres mejoren su nivel de vida. Esto ha hecho que la demanda de bienes en Venezuela se potencie y aumente notablemente.
La demanda de bienes ha crecido, pero la oferta de bienes no ha podido seguir el mismo ritmo de crecimiento: la oferta de bienes de producción nacional no ha sido históricamente muy potente, debido a la lógica rentista que caracterizó toda la vida económica de Venezuela como país petrolero. La importación de bienes básicos fue siempre la práctica preferida de los gobiernos republicanos, antes que el impulso a la industrialización interna y producción doméstica de estos bienes.
Una vez logrado el incremento de la demanda, la acción coherente con la orientación de la revolución bolivariana sería la industrialización para lograr la producción doméstica de bienes básicos; sin embargo este proceso no es tan sencillo ni rápido. La industrialización es una tarea pendiente de vital importancia pero, entre tanto, hay que continuar con la importación, que debe crecer al mismo ritmo que la demanda de bienes. Aquí es donde surge en primer componente del problema de la inflación. La economía venezolana no ha podido acompañar el incremento de la demanda con una importación suficiente y adecuada de bienes de consumo, en primera por dificultades internas, y en segunda por la disminución de ingresos debido a la baja de precios del petróleo, a lo que se suma la dificultad del manejo monetario de varios tipos de cambio.
Hasta aquí la explicación de la inflación en Venezuela, se puede comprender desde el punto de vista económico, sin embargo, a estas razones económicas que pueden explicar una parte del proceso inflacionario se suma la conspiración política de los grupos de poder venezolanos que, irritados por haber perdido buena parte de sus privilegios sostenidos durante toda la vida republicana de Venezuela, y habiendo sido derrotados en las arenas políticas en las que el pueblo Venezolano dio sucesivos respaldos a la revolución bolivariana, igual que en otros países latinoamericanos, deciden utilizar su poder económico para erosionar la economía popular y así lograr un daño en la relación de los gobiernos con sus pueblos.
Esta conspiración es sencilla de realizar y ha sido exitosa desde el punto de vista económico logrando que la inflación en Venezuela entre en un espiral casi descontrolado. Los poderes económicos empresariales venezolanos y transnacionales desarrollan una guerra contra la economía popular y se han dado a la tarea de realizar abiertamente procesos de especulación y agio procediendo al boicot del abastecimiento de bienes, establecimiento de precios predatorios y especulativos usando adicionalmente en muchos casos su condición de monopolios u oligopolios. Han desafiado toda la legislación y delinquen a la luz del día afrontando impasibles todo tipo de sanciones gubernamentales.
Hacen ingentes ganancias con estas acciones especulativas pero principalmente buscan dañar la estrecha relación que ha generado el gobierno bolivariano con su pueblo no solamente sobre la base de los incrementos salariales sino sobre la base de una estrategia de Estado basado en las denominadas “misiones” que han logrado resolver buena parte de los problemas estructurales de la pobreza en Venezuela. La pregunta de cara a las elecciones del 6 de diciembre será si esta conspiración habrá logrado erosionar la estrecha relación del gobierno bolivariano con su pueblo, o si, por el contrario el pueblo venezolano tendrá la claridad de reconocer que la guerra económica no es sino otro más de los intentos de los poderes económicos para acabar con todos los avances y beneficios otorgados por la revolución a su pueblo. Lo que sucede en las comunas venezolanas nos permite esperar que la conciencia popular será superior y que el pueblo venezolano demostrará una vez más su valentía y claridad estratégica.
