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En 1992 el politólogo estadounidense de origen japonés, Francis Fukuyama, publicó su obra “El fin de la historia y el último hombre”, anunciando que se habían terminado las ideologías y que asistíamos a la consagración perpetua de la democracia liberal.

La caída del bloque socialista, el auge de la economía de mercado a escala global y la emergencia de EE.UU. como potencia hegemónica planetaria suponían el fin de la lucha de clases, de las disputas ideológicas y la supresión in eternum de los grandes conflictos.

Esa obra, no por su densidad teórica sino por lo determinante de su conclusión, sirve de referencia para señalar el punto más alto de la hegemonía neoliberal en nuestro continente.

Se iniciaba una etapa de gobiernos inspirados por el decálogo del Consenso de Washington y sostenidos en muchos casos por partidos de origen popular, mientras EE.UU. abandonaba la Doctrina de Seguridad Nacional que propició golpes de Estado en toda la región, no por un tema de orden moral sino por considerarla ya innecesaria.

Como sabemos, a las crisis de deuda externa de los ´80 le sucedieron los ajustes pro mercado en los ´90 con la secuencia de privatizaciones de empresas de servicios públicos, extranjerización de la economía, transferencia de riquezas hacia el vértice de la pirámide y crisis social.

Como también es sabido, el fin de siglo vino acompañado de explosiones sociales generalizadas en América Latina, que fueron sucedidas por una oleada de gobiernos populares en casi toda la región.

También sabemos que las derechas regionales basan actualmente su poder en el trípode medios de comunicación, poder judicial y burguesías-oligarquías financieras y, desde ese andamiaje, pretenden terminar con las experiencias populares y reinstalar su proyecto. Lo observamos en Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Brasil, solo por citar algunos ejemplos.

Ahora bien, podemos acreditar sin temor a equivocarnos que no hubo fin de la historia con los anuncios de Fukuyama. Y también podemos animarnos a contradecir la idea de que asistimos al fin de ciclo de los procesos populares en la región. Estamos en un escenario con retrocesos parciales, pero que sigue abierto con nuevas y múltiples complejidades.

La tesis de Fukuyama quedó desacreditada porque la disputa ideológica sigue vigente y además porque la propia derecha empezó a renegar de la democracia liberal. Estamos en un escenario donde las clases dominantes vuelven en el siglo XXI a apelar a mecanismos que cercenan la democracia, con el objetivo de impedir la continuidad y/o la reinstalación en el poder de los proyectos populares.

En Ecuador armaron un plebiscito para bloquear “para siempre” la posibilidad que Rafael Correa sea elegido nuevamente presidente, en Venezuela como no pudieron impedir las elecciones presidenciales, la derecha regional adelantó que no va a reconocer el resultado, y el ejemplo más reciente es la detención de Lula, como modo de evitar que sea candidato a presidente o esté en libertad haciendo campaña.

Su encarcelamiento merece algunas consideraciones: por un lado, la dificultad de la derecha brasileña para imponer un proyecto económico con consenso social, por otro y como contracara, la vigencia de una corriente de opinión muy grande a favor de Lula que sin proscripción lo puede llevar a la presidencia y, por último, que la derecha no va a aceptar ninguna regla de juego que no sea funcional a sus intereses.

En este marco, se hace cada día más endeble la idea de que estamos frente a una derecha democrática, que respeta las instituciones y que se somete a las reglas de la democracia liberal.

En Argentina hemos visto la utilización de la Justicia, para perseguir y encarcelar a dirigentes políticos, sindicales y sociales opositores, y en particular la campaña de demolición (frustrada) con el intento de encarcelamiento de la principal líder de la oposición Cristina Fernández de Kirchner.

En Argentina, al igual que en Brasil, se trasluce que los gobiernos de derecha no han podido extirpar el “peligro populista”, porque evidentemente está enraizado en las entrañas de nuestros pueblos. Esa es la gran piedra en el zapato de las clases dominantes.

Ahora bien ¿por qué no han avanzado más en la Argentina como sí lo hicieron en Brasil? Creemos que por dos motivos: primero, porque aún no lo necesitan. El establishment cree que hoy, con Macri o la gobernadora María Eugenia Vidal, puede lograr un triunfo electoral el año próximo, con la precondición que no haya crisis social-económica y que un sector del Partido Justicialista y aliados impida la unidad de la oposición.

Segundo, por los costos políticos que pueden pagar. Argentina tiene un movimiento popular muy potente, sindical-político-social-cultural de larga tradición que demostró a lo largo de la historia su capacidad de lucha, que posibilitó –entre otras cosas– el empate hegemónico a partir de la segunda mitad del siglo XX como describió el sociólogo Juan Carlos Portantiero.

La última dictadura (1976-1983) en nuestro país fue una de las más sangrientas de la región pero también una de las más cortas. Dejaron 30.000, desaparecidos pero se fueron repudiados y con un poder político menguado.

Ni la dictadura ni los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa pudieron desarticular definitivamente el sistema de derechos.

En Brasil, donde las Fuerza Armadas gozan de un 65% de popularidad vimos como generales en actividad condicionaron el voto de los jueces de la Corte que estaban decidiendo sobre la prisión a Lula.

En Argentina, por el contrario, el nivel de adhesión que generan las huestes militares es muy bajo y el movimiento de Derechos Humanos es muy potente.

Un elemento que no puede dejarse de lado en el análisis es que en la Argentina la derecha reunió consenso social y ganó las elecciones, por el contrario en Brasil tuvo que apelar a un golpe de Estado parlamentario. Esta variable incide en el escenario.

En la Argentina no hay que descartar nada. La derecha va a avanzar sobre el sistema de derechos y sobre las instituciones sin ningún miramiento, el único límite que tienen es el que le imponga el movimiento popular y los condicionantes históricos.

La única forma en que la democracia liberal pueda ser el cuadrilátero en donde la derecha pueda dirimir los conflictos es que nadie desafíe con éxito el orden económico neoliberal.

La derecha va a avanzar sobre el sistema de derechos y sobre las instituciones sin ningún miramiento, el único límite que tienen es el que le imponga el movimiento popular y los condicionantes históricos.

La estrategia parece clara: en el corto plazo perseguir, encarcelar y proscribir a las y los dirigentes opositores y así debilitar la potencia de los movimientos populares. Y al mismo tiempo estigmatizar a la política en su conjunto. ¿Para qué? Para poder lograr en el mediano plazo la derrota estratégica del polo popular-progresista.

Esto significa colonizar las conciencias de millones de personas para que asumamos, por ejemplo, que la salud y la educación universal gratuita, los servicios públicos y el trabajo digno no son derechos sino mercancías.

Precisan tiempo en el gobierno para poder derrotar las resistencias populares e ir inoculando la mercantilización en nuestras mentes. Precisan implantarnos el panóptico de Michel Foucault, pero ya no como un dispositivo disciplinario externo, sino como un microchip insertado en nuestros cuerpos.

Si logran eso, habrán logrado ganar la batalla cultural e impondrán su proyecto por varias décadas, como pasó en Chile, durante los diecisiete años de Pinochet y los mandatos de la Concertación Democrática.

En la Argentina tenemos que evitar una derrota estratégica, eso significa evitar un periodo más de gobierno de Cambiemos que les dé tiempo suficiente para instalar un proyecto hegemónico.

Ante este panorama, debemos construir una nueva mayoría con todos los sectores que tengamos un acuerdo mínimo en evitar la devastación del sistema de derechos en nuestro país.

Para construir una nueva mayoría, tiene que haber obviamente, voluntad política para lograrla, pero además un creciente clima de rechazo al avance neoliberal que se vaya desarrollando en la sociedad. Sin una gran voluntad social de cambio, no hay mayoría opositora posible.

Hay dirigentes “opositores” que se sienten más cómodos colaborando con un eventual triunfo de Cambiemos, dividiendo a la oposición y facilitándoles el triunfo en primera vuelta, recordemos que el sistema electoral argentino establece que si la fuerza más votada obtiene el 40% de los votos y diferencia de 10 puntos sobre el segundo se alza con la primera magistratura.

La posibilidad de hacer naufragar esta estrategia es despoblando de votos cualquier alternativa que no sea verdaderamente opositora, para eso es imprescindible asumir que sin un 2018 de disputa social y política no hay mayoría ni unidad en 2019.

Si el Gobierno logra que el ajuste (despidos, reducción salarial, tarifazos, etc.) se aplique sin grandes resistencias tendrá el camino allanado y no habrá alquimia electoral que alcance para derrotarlos. Si por el contrario, el rechazo aumenta, las condiciones mejoran.

El objetivo es construir la más amplia mayoría antineoliberal, si eso sucede los opositores bajas calorías decididos a colaborar con Cambiemos para que no haya unidad tendrán muy baja representación.

Y en ese devenir, el polo popular democrático deberá ir construyendo una propuesta electoral que combine el mayor nivel de rechazo al programa de ajuste de Macri con la mayor capacidad de tracción de votos. Esta ecuación requiere tiempo, creatividad e inteligencia.

No una fórmula preestablecida que lo resuelva. Todavía queda un largo camino que transitar y van a producirse acontecimientos que van a ir configurando el escenario.

Este año tendremos elecciones cruciales que van a condicionar el panorama, en Colombia, México, Brasil y Venezuela.

La pareja elección en Paraguay ratificó que hay un escenario en disputa.

En 2015 la derecha obtuvo una victoria política en la Argentina, pero no pudo aún imponer su modelo cultural.

Impedir que lo logren es nuestro principal desafío.

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