- Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a la Presidencia de México a finales de 2018 con la promesa de emprender la Cuarta Transformación (4T). Uno de sus pilares fue la eliminación de los excesos y abusos en el manejo de los recursos públicos, lo que denominó “Austeridad Republicana (AR)”, pero sin que ello supusiera el más mínimo recorte en la política social. Todo lo contrario.
- Casi un año después, en noviembre de 2019, se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana, una normativa de ahorro fiscal a contracorriente de la lógica neoliberal. En su artículo 7 se definen los tres principios de la AR:
- No afectar derechos sociales de mexicanas y mexicanos. Enfocarse sobre gasto corriente no prioritario, por ende, evitar recortes de inversión.
- No escatimar recursos cuando se trate de desastres naturales.
- Los gastos por concepto de telefonía, telefonía celular, fotocopiado, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipos de telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones y seminarios, no podrán exceder los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación (art. 10 y 11). Los gastos en difusión y propaganda, así como congresos y convenciones, tendrán que ajustarse a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda (art. 14 y 16). Se prohíben las delegaciones al extranjero (art. 15), las compras o arrendamientos de coches de lujo, remodelaciones lujosas e innecesarias y el derroche de servicios básicos (art. 16).
- La propuesta de AMLO abre un nuevo capítulo para América Latina, pues inaugura una segunda generación de reformas fiscales: ¿se puede ser prudente en términos fiscales sin perjudicar social y económicamente a las grandes mayorías? ¿se puede recortar gastos públicos sin afectar a los que más lo necesitan? ¿se puede hacer reformas tributarias con el objetivo de eliminar privilegios para unos pocos? AMLO parece conseguirlo, transitando un proceso de austeridad “republicana” mejorando sus políticas sociales a favor de los más necesitados (y con una política de eliminación de exenciones tributarias para unos privilegiados).
- Hemos revisado más de 500 partidas del Presupuestos de Egresos de la Federación (PEF) en dos momentos del tiempo: 2018 (antes de AMLO) y 2022 (luego de cuatro años de mandato). Se han identificado 179 partidas de gastos asociados a la Austeridad Republicana del PEF y se ha comparado su evolución en términos reales (descontando el incremento de precios 2018-2022).[1]
- Los resultados arrojan que, luego de 4 años de mandato, la Ley de Austeridad Republicana está ahorrando cada año al erario público 200 mil millones de pesos, lo que representó un 3,2 % del PEF total de 2018 (en valores constantes).[2]
- Estos 200 mil millones de pesos se han agrupado en 9 tipos de gasto: el 30 % del ahorro se concentra en gasto asociados a uso de combustibles, 24 % beneficios laborales extraordinarios altamente concentrado en los funcionarios de alto rango (ej. aguinaldos, pagas extras, etc.) y un 14 % del ahorro proviene de menos contratación de servicios que no afectan al funcionamiento eficiente de la administración pública. También se ha identificado que el 9 % del ahorro se dio en gastos administrativos, por exceso de burocracia.
- Ejemplos de estos ahorros en el gasto de la federación son los siguientes:
- 53 % menos en viáticos a servidores públicos por funciones oficiales.
- 100 % en algunos tipos de dietas.
- 60 % en servicios integrales en el extranjero para servidores públicos por funciones oficiales.
- 50 % en pasajes aéreos.
- 88 % en vehículos y equipo terrestres, destinados a servidores públicos.
- 84 % de reducción en congresos y convenciones.
- 55 % en servicios de telefonía celular.
- 76 % en la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
- 36 % de reducción del gasto en información en medios masivos derivada de operaciones de las instituciones.
- Como se estipuló en el artículo 7 de la Ley, la Austeridad Republicana no recortó derechos sociales, todo lo contrario, se generaron incrementos sustanciales en la protección de las mexicanas y los mexicanos. El gasto en protección social entre 2018 y 2022 se incrementó en 26 %.[1] Según las cifras obtenidas por CELAG, las partidas presupuestarias que más crecieron entre 2018 y 2022 fueron:
- 31 % en el gasto en pensiones y jubilaciones.
- 32 % de las transferencias para cubrir pensiones (subsidios a las pensiones).
- 52 % en gastos de construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.
- 77 % en los subsidios para capacitación y becas.
[1] Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Gasto-social-en-Mexico-crece-historicamente-con-AMLO-20220903-0016.html
[1] Se usó el deflactor implícito del PIB entre 2018 y 2022.
[2] Según INFOBAE los ahorros acumulados de AMLO en cuatro años de Austeridad Republicana sumaron 574 mil millones. Disponible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/28/a-cuatro-anos-de-la-4t-este-es-el-dinero-que-ha-recaudado-amlo-durante-su-gobierno/
