En los últimos meses, el Grupo Reforma ha ido publicando una serie de encuestas que muestran la creciente pérdida de respaldo que está experimentando el Gobierno de Enrique Peña Nieto y la mayoría de instituciones del país.
Así, en la encuesta publicada el 12 de diciembre de 2014[i], el porcentaje de personas que tiene “poca/nada” confianza en el Ejército y en el Gobierno de Peña Nieto aumentó 15 puntos respecto a quienes mostraban “poca/nada” confianza en dichas instituciones en abril de 2013, quedando en un 42 y 66% respectivamente. Pese al creciente descrédito, el nivel de confianza hacia el Ejército todavía es mayoritario y se mantiene en un 56%, el segundo más alto después de la Iglesia (que atesora un 58%). En cambio, sólo el 33% de los mexicanos encuestados dicen tener “mucha/algo” de confianza en el Gobierno actual.
Sin embargo, hay dos instituciones que superan con creces el puntaje negativo: los partidos políticos (76% tiene “poca/nada” confianza en ellos) y la policía (77% ídem), con el agravante para la policía de presentar 11 puntos de aumento en la desconfianza respecto a abril de 2013, cuando el porcentaje de quienes no confiaban en ella era del 66%. Curiosamente, una institución como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) experimenta también una de las mayores pérdidas de confianza justo en un momento en que se está produciendo una de las mayores crisis –visibles- de vulneración a los derechos humanos en el país.
Estas cifras pueden entenderse como resultado de la crisis política en la que se encuentra sumido el país tras el asesinato de 3 estudiantes y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa (que, tras la identificación de los restos de Alexander Mora Venancio, serían 42) pero, especialmente, por el pésimo manejo del asunto por parte del Ejecutivo de Peña Nieto. El Gobierno no sólo se tardó semanas en pronunciarse sobre un ataque que, si bien no es infrecuente, no deja de ser de suma gravedad; sino que trató de “cerrar el caso” con la comparecencia el 7 de noviembre del Procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, justo unas horas antes del viaje oficial a China del Presidente Peña Nieto. Una comparecencia que generó más preguntas que respuestas.
La versión oficial de la cremación de los cuerpos en el basurero de Cocula que presentó Murillo Karam ha sido refutada en términos científicos por físicos de la UNAM. Pero también ha sido cuestionada por el reportaje de Anabel Hernández y Steve Fisher publicado estos días en la revista “Proceso”[ii], que ha aportado más dudas sobre la versión oficial de los hechos. La distancia que parece separar lo que realmente pasó de la versión gubernamental se agranda igual que la perplejidad y el enojo de la ciudadanía frente a funcionarios insensibles que pueden decir “ya me cansé”, a un Presidente que les insta a “superar” lo de Ayotzinapa o a un Secretario de Marina que tilda a los padres de los normalistas de “manipulados”. Que un miembro del Ejército se preste a dar declaraciones y valoraciones políticas es, además, inaudito en la historia reciente mexicana, donde la institución castrense se ha mantenido siempre en un discreto segundo plano. La confianza que todavía queda en el Ejército parece estar siendo utilizada por el Gobierno de Peña Nieto para denigrar, por boca de actores menos desacreditados, a quienes impugnan su poder.
Volviendo a los datos aportados por el Grupo Reforma, se puede afirmar que el descrédito actual ha irradiado a todas las instituciones. Esto no es nuevo pero sí se percibe un cambio cualitativo en lo generalizado y profundo del rechazo. Si en abril de 2013 instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), entonces Instituto Federal Electoral (IFE), o “los medios de comunicación” aprobaban en respaldo, junto a la CNDH, la Iglesia o el Ejército, en diciembre de 2014 los únicos que se salvan de la quema son estos últimos. Notorio es el repudio a los partidos políticos y la policía. El “que se vayan todos” que puede escucharse en las marchas por Ayotzinapa resuena en las encuestas, aunque por lo pronto está afectando más al PRI y, en menor medida, al PRD[iii].
De todos modos, sería erróneo atribuir esta crisis política y este descrédito institucional solamente a un hecho coyuntural como Ayotzinapa, aunque éste exprese un problema estructural, o al escándalo de las mansiones compradas por la esposa del Presidente, Angélica Rivera, y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, a un grupo económico, el Grupo Higa, beneficiario de obras públicas.
Las raíces del descontento en México son mucho más profundas y tienen que ver también, como ya denunciaron los zapatistas en su alzamiento de 1994, con un modelo de desarrollo excluyente, donde los intereses del pueblo mexicano están supeditados a los del gran capital nacional aliado de Estados Unidos -máxime tras la firma del TLCAN-, que ha supuesto la pauperización creciente de los sectores populares mexicanos. El Gobierno de México también lo sabe, por eso el Presidente Peña Nieto acudió el 4 de diciembre al Estado de Guerrero para presentar el Plan Nuevo Guerrero “Estrategia Emergente para la Reactivación Económica y Entrega de Apoyos”. Una manera de tratar de apagar el fuego con urgencia, al más puro estilo del PRI.
Ayotzinapa ha contribuido a destapar el rechazo de la gente a un Estado fincado en el simulacro y unos partidos políticos más preocupados en su financiamiento que en la superación de las desigualdades sociales. Un descrédito que ya viene de lejos pero que puede extenderse generando una crisis de credibilidad todavía mayor cuyas consecuencias son imprevisibles.
[i] Véase http://gruporeforma-blogs.com/encuestas/?p=5233
[ii]http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=390643
[iii] Encuesta del Grupo Reforma publicada el 10 de diciembre y basada en entrevistas realizadas del 20 al 23 de noviembre. http://gruporeforma-blogs.com/encuestas/?p=5223
