Hay gente que seguramente pensará que en Bolivia después de la recuperación de la democracia y la posesión de un nuevo Gobierno del MAS, a la cabeza de Luis Arce, ya podía despreocuparse. Pues no, aunque los números acompañen al Gobierno en sus tareas. En realidad, en ninguno de los países del continente faltan cotidianamente descarnados combates de todo tipo, la izquierda dio una batalla electoral feroz en Colombia y la ganó, viene otra en Brasil, pero después de las contiendas electorales, empiezan los Gobiernos a intentar dar respuestas a sus pueblos (incluyendo a quienes no votaron por ellos).
Considero que esa tarea es tan importante o más que la de ganar elecciones. Empezaremos este análisis por la situación económica. Bolivia en este momento tiene la inflación más baja del continente y una de las cinco más bajas del mundo. A pesar de la crisis que salta a nivel global, en Bolivia no subieron los precios del combustible, ni el tipo de cambio es algo que le quite el sueño a nadie. ¿Es esto un milagro? como titularon medios internacionales. Pues otra vez debo decir que no. Es el resultado de un modelo económico que se implementó durante 14 años de Gobierno de Evo Morales y se retomó hace algo más de veinte meses por Luis Arce.
Cuando se nacionalizaron los recursos naturales se decía desde la derecha, inclusive hoy se intenta seguir afirmando, que fue una locura o simplemente una mentira como aseguró Mesa hace unos días. El Gobierno de facto durante 2020 avanzó todo lo que pudo en el debilitamiento de las empresas estatales (con enormes hechos de corrupción de por medio) para poder luego justificar una nueva privatización, aduciendo la incapacidad del Estado para administrar empresas. Pero Añez no pudo completar la tarea, porque el pueblo boliviano en sólo un año volvió a ganar con el voto.
Los datos se defienden solos, según las cifras proporcionadas por el propio presidente Arce “en 16 años Bolivia recibió 50.000 millones de Bs.” (alrededor de 7.180 millones de dólares) por concepto de renta petrolera gracias a la nacionalización. Antes las transnacionales se quedaban con esos recursos, pero luego de la decisión de Evo Morales en 2006 este dinero sirvió para iniciar el plan de hospitales más ambicioso de la historia, construir hasta 2019 un total de 5.983 Km de carreteras, invertir en escuelas, servicios básicos o redistribuir, por ejemplo, con el bono contra el hambre 4.000 millones de Bs. en 2021 a las familias bolivianas fuertemente afectadas por los efectos de la pandemia. Por lo tanto, las y los bolivianos viven día a día los frutos de la nacionalización, es una propuesta hegemónica y una victoria ideológica del MAS. Es por eso que hasta los votantes de oposición planteaban que “el Estado debería regular y liderar el desarrollo económico” incluso en etapa preelectoral, como mostraba la encuesta de CELAG de julio de 2020 y varios de nuestros estudios.
Recientemente, Antonio Guterres, Secretario general de la ONU, señalaba que “es inmoral que las compañías de petróleo y gas obtengan ganancias récord de esta crisis energética a costa de las personas y comunidades más pobres y con un costo enorme para el clima” y que tenían que pagar más impuestos. El Estado Plurinacional de Bolivia practica esa medida desde el 1 de mayo de 2005, por lo tanto, no es una gran novedad para el pueblo boliviano, pero el mundo hoy lo empieza a entender con fuerza.
Con frases como “la bolivianización de la economía destruye el aparato productivo”, los opinadores trataron en todo momento de desprestigiar esta política implementada por el Gobierno del MAS. Y es que efectivamente en Bolivia “hasta el año 2002, el 97 % de los depósitos y el 94 % de los créditos del sistema financiero se encontraban denominados en dólares americanos”. Pero la estabilización de la economía ha permitido que a julio del 2022 el 90 % de los créditos y depósitos estén en moneda nacional y la gente pueda seguir trabajando o haya retomado iniciativas productivas después del desplome de 2020.
Por lo tanto, los presagios cayeron una vez más en saco roto. Mientras que, además, en países hermanos como Argentina se señala al bimonetarismo como un cáncer a extirpar, en Bolivia existe confianza en la moneda nacional, uno de los elementos más importantes para que las decisiones que tomó en sus inicios el Gobierno, como establecer un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) más alto para las operaciones en dólares y otro conjunto de medidas, puedan cuajar y dar resultados que hoy saltan a la vista. Esta política protege al país de la crisis financiera internacional, porque disminuye la dependencia de factores externos.
El precio de los alimentos y de los combustibles que se mantienen estables tampoco son un espejismo o fruto del azar. Es fruto de medidas que se tomaron antes del golpe de Estado y ahora se sostienen y se refuerzan. El subsidio a los combustibles es una medida que tuvieron que tomar varios Gobiernos del mundo y la región este año para frenar los efectos de la crisis en sus poblaciones. Incluso Biden tuvo que decidir la liberación de hasta 1 millón de barriles de petróleo al día de la reserva estratégica de EE. UU. durante 6 meses en marzo de este año, para evitar que los precios de los combustibles incidan más en la inflación.
Sin embargo, la derecha boliviana (y muchos de los empresarios que son los principales beneficiados del subsidio del diésel en Bolivia) insisten caprichosamente en que los subsidios son un error. Por otra parte, en Bolivia, desde 2007 se estableció que primero se garantiza alimentos para el pueblo boliviano y luego se exporta. Lejos quedó la frase de “exportar o morir”, el mercado interno es también en el corazón del continente un motor de la economía. Las empresas exportadoras de alimentos cumplen cupos con el mercado interno y luego pueden exportar lo que quieran. Esto amortigua los efectos de un mercado internacional que luego del inicio de la guerra en Ucrania cada vez presiona más y eleva los precios de alimentos tan esenciales como el trigo con el que se produce el pan que comemos todos los días.
El Gobierno boliviano, a través de EMAPA, recuperó el papel del Estado en la tarea de construir la seguridad y soberanía alimentaria, fundamentalmente para rubros estratégicos en las cadenas productivas y con alto impacto en la canasta familiar como soya, sorgo, carne, quinua, maíz. EMAPA interviene dando créditos a pequeños productores y comprando su producción a precios justos, para posteriormente acopiar la producción y generar por así decirlo un “colchón” que evite alzas de precios intempestivas. El presidente Arce ha fortalecido la política de sustitución de importaciones con 8.361 créditos hasta junio de 2022 para unidades productivas de artesanos, micro, pequeños, medianos y grandes empresarios del país con un desembolso de más de Bs 1.076 millones.
Cualquiera diría entonces que todo anda bien por casa, pero no es así. El propio Luis Arce alertó en su discurso por el aniversario patrio, que existen fuerzas externas e internas con afanes desestabilizadores, y la unidad del pueblo es la respuesta. Es claro que la oposición política en Bolivia ha optado por seguir confrontando de manera virulenta. Luis Fernando Camacho, líder de CREEMOS y gobernador de Santa Cruz, convocó junto al Comité Cívico y buena parte de la institucionalidad empresarial para el 8 y 9 de agosto a un paro de 48 horas. Ya hubo un paro de 24 horas el pasado 25 de julio. La postergación del censo programado para noviembre de este año hasta el 2024, es el motivo que esgrimen los grupos de poder cruceños para volver a la pulseta. En el resto del país no habrá paro, e inclusive al interior de la sociedad cruceña hay manifestaciones de sectores numerosísimos como los comerciantes y transportistas que han anunciado que no acatarán el paro. Pero la rosca cruceña insiste en imponer la lógica desafiante al Gobierno, aunque esto no le dé réditos ni siquiera políticos a Camacho, puesto que las últimas encuestas muestran que tiene una imagen polarizadora que no gusta ni en el resto del país, ni dentro de Santa Cruz. Muchas personas aseveran que la hostilidad en realidad trata de tapar la falta de resultados de gestión de parte de la gobernación. Pero lo cierto es que aparece en escena otra voz disonante, la del alcalde Jhonny Fernández. El funcionario decidió no apoyar la medida de presión, se acerca de este modo a las necesidades de miles de comerciantes que sufrieron en las últimas semanas tres tragedias brutales, con incendios accidentales que dejaron en las cenizas los puestos de venta y mercadería de centenares de familias. Esas familias necesitan trabajar, y perder dos días de venta les significa más dolor. El Gobierno nacional y la Alcaldía reaccionaron rápidamente, se comprometieron a reconstruir la infraestructura y reprogramar deudas, mostrando mucha más sensibilidad que Camacho ante la realidad de la gente.
Carlos Mesa, en paralelo, sigue haciendo política fundamentalmente desde sus redes sociales, esto no le dio rédito electoral en 2020 y cada vez parece más alejado de lo que un mundo en crisis demanda: hechos concretos. Se desgañita criticando al Gobierno del MAS, pero ni siquiera en su Twitter aparecen propuestas consistentes. La oposición en este último tiempo se ha encargado fundamentalmente de presagiar e ilusionarse con la división del MAS, acompañados por grandes titulares que muestran diferencias en el partido gobernante. Esos mismos medios que pierden credibilidad ante la sociedad, pues su valoración positiva aparece por debajo de la del presidente, avivan las chispas de la más mínima diferencia entre dirigentes o militantes del MAS.
Sin embargo, en los hechos y en el modelo económico no es posible encontrar contradicciones en lo que hizo Evo Morales en sus gestiones y lo que Luis Arce hace y proyecta para los próximos años. Por eso, más que milagro es constancia lo que caracteriza a la revolución democrática y cultural boliviana. No es posible despreocuparse de Bolivia, pero, indudablemente, hay más certezas que dudas.
