- En diciembre de 2023 se celebrarán en Bolivia elecciones judiciales. Bolivia es el único país del continente que selecciona a las máximas autoridades (26) del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional por voto popular. Estas elecciones, que ya se dieron en 2011 y 2017, se celebran por voto universal no obligatorio y tradicionalmente han tenido una baja participación.
- En esta ocasión, en paralelo, se discuten en el país dos iniciativas para modificar el actual sistema de elecciones judiciales: una proveniente de un grupo de “juristas independientes” que implicaría reformar parcialmente la Constitución Política del Estado (CPE), y otra impulsada por Comunidad Ciudadana (Carlos Mesa) para modificar, vía ley, el proceso de preselección de candidatos.
- Sobre la iniciativa de los juristas independientes:
- Sus principales impulsores son opositores al MAS.
- La propuesta consiste en:
- Modificar el sistema de selección y designación de magistrados y jueces. Buscan que una comisión integrada por miembros de diferentes instituciones políticas y ciudadanas sea la que preseleccione los candidatos. Actualmente, la preselección de postulantes es potestad de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que debe definir quiénes serán los 96 candidatos a ser votados por el pueblo para ocupar los 26 cargos judiciales.
- Fijar constitucionalmente un 3 % del Presupuesto para el Órgano Judicial (actualmente está contemplado en la Ley de Presupuesto y ronda el 1 %).
- Ampliar el Consejo de la Magistratura a 7 miembros (actualmente son 3), y reestructurar la carrera judicial y el régimen disciplinario.
- Revitalizar la jurisdicción indígena mediante la creación de juzgados de Paz dentro de la misma.
- Para prosperar, esta iniciativa debe contar con 1,5 millones de firmas (20 % del padrón electoral actual). Además, se exige representación territorial, el 15 % de cada padrón electoral departamental. Si el Tribunal Supremo Electoral acredita estos requisitos, la iniciativa pasaría a la Asamblea Legislativa Plurinacional donde se debería aprobar una ley de convocatoria a referendo con mayoría absoluta. Al día de hoy, ninguna fuerza política la tiene.
- Por los plazos de los procedimientos requeridos para modificar parcialmente la CPE, es poco probable que esta iniciativa, de prosperar, reemplace a la normativa actual antes de las elecciones judiciales de diciembre (si es que éstas no se prorrogan).
- La propuesta legislativa de Comunidad Ciudadana:
- Bajo el nombre de Ley de Garantías para la elección de autoridades judiciales, esta iniciativa tiene como objetivo eliminar el papel de la ALP de la preselección de candidatos al Órgano Judicial. Pretende delegar esta función en los tribunales de mérito departamentales. La propuesta implica también reformar la Ley de Régimen Electoral para forzar la repetición del proceso de preselección y voto si en el proceso de votación hay mayor cantidad de votos blancos y nulos que votos válidos
- Todo apunta a que esta ley no se aprobará, porque para eso se requiere mayoría simple y la oposición no cuenta con ella. El objetivo político es forzar al MAS a negociar con la oposición los nombres de los 96 postulantes a los 26 cargos.
- Otro factor a considerar en este proceso es la posibilidad de no llegar a acuerdos intra y entre bloques parlamentarios para la preselección de candidatos. Esta situación contribuiría a que en el proceso de postulación y preselección se declaren desiertas las convocatorias a uno o más tribunales. Dicho escenario conllevaría ampliar el plazo de convocatoria y otorgar, así, una ventaja en términos de tiempos a los impulsores del referendum.
- Si la elección judicial se pospone para 2024, coincidiría con las dinámicas políticas propias de un año preelectoral y, probablemente, con los conflictos que se derivarán del cierre del censo (reajuste presupuestario para los departamentos y nueva representación territorial parlamentaria).
- En paralelo, la oposición política desde Santa Cruz anunció la realización de un referendo revocatorio al presidente Luis Arce si no cumplía con su exigencia de decretar amnistía para los “presos políticos”. Si este referendo prosperara, de acuerdo a las normas vigentes, sería posible llevar adelante los dos procesos de referendo por iniciativa popular –para revocatoria de mandato y de reforma parcial de la Constitución– en el mismo periodo constitucional.
