Jair Bolsonaro ha ido perdiendo mucho de su caudal político de 2018, haciendo difícil una victoria electoral en 2022, y su comportamiento antidemocrático hace poner en duda su compromiso con el sufragio.

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Si bien Bolsonaro pretende permanentemente desorganizar los elementos de la competencia política -las movilizaciones del 7 de septiembre tenían, también, esa intención- cuando se realizan mediciones y proyecciones sobre los escenarios políticos futuros la ciudadanía tiende a identificar dos grandes referencias en la oferta: el presidente, en disminución gradual de su imagen positiva, y Lula, en trayectoria inversa. Todas las encuestas del mes de julio/agosto, incluso las de principios de septiembre del 2021 (DataFolha/ Atlas/ PoderData/ Instituto Quaest) van en la misma dirección:  hoy en día Lula vence en las 5 regiones del país en el segundo turno. Su fuerte decisivo está en el Nordeste, donde Lula tiene una gran aprobación y donde la aceptación de Bolsonaro es muy baja y muy alta su reprobación. En esa región, más del 60 % aseguran que el Gobierno de Bolsonaro es malo o pésimo; en contraste, Lula tiene el 58 % de las intenciones de voto. Esta diferencia no es un detalle en las sumatorias generales: se trata de una región que es el 27 % del total del padrón nacional, cerca de 38 millones de electores.

Pero el Gobierno Bolsonaro también tiene altas tasas de reprobación en el Sudeste del país -región con 61 millones de electores, 43 % del total nacional-, núcleo central de toda elección. Más allá de la última convocatoria multitudinaria y expresiva en San Pablo -al igual que la de Brasilia, organizada con mucho dinero y logística de todo tipo-, allí quienes encuentran al Gobierno malo o pésimo promedia un 53 %. En la región Sur la disputa parece ser un poco más pareja -con base a un conjunto poblacional de 20 millones, el 15 % del total: Lula tendría un 35 % contra el 30 % de Bolsonaro en intención de voto; siempre teniendo como ganador a Lula de forma muy clara en un hipotético segundo turno electoral.

Bolsonaro y las disputas con el Poder Judicial

Al margen del destino político inmediato o mediato de Bolsonaro, el daño inferido a la cultura política democrática ya es un fenómeno perceptible; algo mensurable en la proliferación -por ejemplo, en las elecciones municipales del año pasado- de candidaturas militares o policías, o en el uso de armas, o en los lenguajes políticos en general. Los diversos análisis sobre la apología del odio que se han realizado en relación con Bolsonaro y su vínculo con la violencia microsocial, institucional o política son todos verificables. En los últimos cinco años al menos once periodistas murieron violentamente; sólo en el 2018, durante última campaña presidencial, cuatro muertes y graves amenazas ocurrieron. De allí la preocupación con los efectos de los “discursos del odio” esparcidos por Bolsonaro, sobre los que volvió el 7 de septiembre, focalizados sobre los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF).

Tanto el STF como el Congreso vienen trabajando bastante para investigar las estructuras de producción y divulgación de este tipo de discursos que se organizan, en buena medida, a partir de noticias falsas. Lo más substantivo que este “destape informativo” viene evidenciando (que es acompañado por algunos medios de comunicación, en su mayoría, opositores a Bolsonaro) es que, por un lado, Carlos Bolsonaro tendrá varios problemas judiciales al respecto y, por otro, que buena parte de los dispositivos disparadores de noticias falsas fueron/son establecidos con recursos públicos. Alexandre Moraes, miembro del STF e informante de las investigaciones de “fake news” en ese tribunal -y objetivo principal de las críticas de Bolsonaro por estos días- hace unas semanas pidió que el propio presidente sea también incluido en investigaciones abiertas por el TSE (Tribunal Superior Electoral), órgano judicial presidido por Luiz Barroso, el otro miembro del Supremo Tribunal criticado fuertemente por Bolsonaro.

De prosperar las investigaciones sobre un delito común, el STF tendrá un protagonismo muy importante los próximos meses, dado que deberá decidir sobre sus fueros y/o involucrarse en las investigaciones. De trasladarse las principales acusaciones bajo la figura del “delito de responsabilidad” (en el cargo) entraría en escena acusatoria y judicial el propio Congreso Nacional. El hecho que Joao Doria, gobernador de Sao Pablo -y principal candidato presidencial de la derecha no bolsonarista- admitiera luego de los dichos de Bolsonaro del 7 de septiembre que “ahora es el momento” de avanzar en un impeachment (juicio político) al p,residente evidentemente que un desenlace del tipo adquiere impulso. Sin embargo, es muy difícil que esto ocurra: el Poder Ejecutivo ha logrado compactar para sí un número amplio de Diputados -unos 200 de 513, lo que bloquea los 342 necesarios para iniciar el trámite- que difícilmente se resquebraje en un año electoral como el próximo (por más que se inicie pronto, buen parte de la tramitación de un juicio político ocurriría el año que viene) con el giro de recursos ya enviados para cada bancada afín. Por más robustas que sean las denuncias y pruebas -que lo son, provengan del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) o de la Controladuría General de la Unión (CGU), que ya han presentado sus informes-  es poco probable que el desenlace recorra ese camino.

Neoliberalismo y crisis social

Instalado en una posición de extrema derecha, a Bolsonaro le queda muy poco margen para realizar un movimiento hacia el centro político. En la elección del 2018 su apuesta fue clara, a lo Trump: quedarse en un extremo del espectro ideológico y no moverse de allí, para hacer venir hacia su propia candidatura a los sectores del centro y centro-derecha, cosa que efectivamente ocurrió (como a deshidratación de las candidaturas del PSDB o del MDB, o de la misma Marina Silva). Pero el contexto ahora es otro: un grupo importante de la elite económica y financiera del país viene siendo explícito en sus diferencias con el presidente. La afirmación de que “Bolsonaro se sostiene sólo porque está Guedes” ya empieza a presentar algunas filtraciones: al margen de la vocación privatizadora que continúa (ahora le toca a Correios), de la confirmación de una agenda impositiva regresiva o de la proximidad con EE. UU. – que se sellaría geopolíticamente desde otro lugar con una potencial incorporación de Brasil como “socio global” de la OTAN-, Bolsonaro ya no es una opción tan inmediata ni clara como proyecto capitalista para los capitalistas brasileños: allí también las inconsistencias han terminado de corroer la referencia. Y descartado ese respaldo, va quedando expuesto en una posición aislada, viendo por qué caminos optar como recursos de gobernabilidad (con 600.000 muertos por COVID-19 a cuestas). Recursos ni siempre democráticos, ni siempre institucionales.

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Amílcar Salas Oroño

Dr. en Ciencias Sociales (UBA) (Argentina)

Amílcar Salas Oroño es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magister en Ciencia Política por la Universidad de São Paulo (USP) y licenciado en Ciencia Política por la UBA. Es profesor en varias universidades nacionales de Argentina, tanto en grado como en posgrado. Se desempeña…