A días de comenzar el último capítulo del juicio político a Dilma Rousseff el panorama político brasileño da muestras de continuar en un impasse profundo, con pocas probabilidades de que pueda revertirse en lo mediato. Un impasse contradictorio que, en estos últimos meses, ha expuesto sus elementos: un megaempresario que reconoce que su constructora tenía una oficina dedicada exclusivamente a las coimas; el Canciller del gobierno interino de M. Temer que –seguramente que por tener demasiado internalizada la cultura del western estadounidense, como lo confirma Wikileaks– sale a comprar votos de…¡países! del Mercosur; gobernadores que acuerdan no aumentar el gasto ni en salud ni en educación en sus Estados por lo menos por dos años con tal de que el Gobierno federal les prorrogue sus deudas, y que las proyecciones demográficas se las arreglen; un político activo contra el golpe como Ciro Gomes que sella su alianza electoral para las municipales cariocas de octubre de este año con un peemedebista que votó a favor de la destitución de Dilma, etc. Una mezcla confusa, dificultosa para un balance, en el marco de una recesión económica que ya lleva casi 3 años y cuya fila de desempleados equivale a todos los habitantes de la ciudad de San Pablo. Y con pronósticos nada auspiciosos.

El golpe, el sistema mediático y las Olimpíadas

Las modalidades del golpismo latinoamericano del siglo XXI encuentran en el caso brasileño un ejemplo definitivamente más sofisticado. Por la magnitud de las variables que estaban en juego, tres objetivos claves debían ser alcanzados: a) desestructurar el espacio político progresista –que giraba hace décadas alrededor del Partido dos Trabalhadores (PT)– a partir de una campaña permanente de desprestigio y hostigamiento de sus principales figuras públicas, de descaracterización y banalización de sus lenguajes y símbolos políticos, y de cooptación de sus representantes políticos; b) establecer una licuación de los vínculos de un determinado (y posible) “compromiso” entre los Gobiernos del PT con las diversas fracciones de la burguesía brasileña, promoviendo un boicot empresarial de inversiones en la utilización de los incentivos y subsidios otorgados desde el 2011, y empujando la tasa de interés de referencia del Comité de Política Monetaria a niveles absurdos -tras la “batalla de los spreads” y con el consecuente empoderamiento adquirido por los bancos como factores de poder-, o bien la disección de una empresa clave como Petrobrás, descuartizada con “arrepentidos” judiciales, espionajes y presiones privatizadoras; c) contra la democracia como fundamento no sólo jurídico de un Estado, sino también como horizonte de acción de los ciudadanos y sus derechos. La relevancia de comprender que se trata –o se trató- de una alteración al Estado de Derecho –un golpe- no debe ser minimizada: vulnerados los derechos políticos, nada hace pensar que el bloque de poder que se instala ahora no reserve una suerte similar para los derechos civiles y sociales; la implosión de aquello que gradualmente fue adquirido como protección (frente a un orden social desigual) es el punto de partida para el regreso a una armonía jerárquica de las élites.

Todos estos objetivos no se obtienen sin el papel de los medios de comunicación, en lo que construyen, en lo que sedimentan –aún con las presentaciones contradictorias que se observen en cada una de sus redacciones- día a día, mes a mes, año tras año. Los Juegos Olímpicos de Río han sido, en este sentido, el elemento necesario –casi indispensable– del “ciclo golpista”: no sólo fue esa una cortina informativa perfecta para ocultar el último tramo de juicio político en el Senado – en el que los Informes de pruebas mostraron que Dilma no tuvo responsabilidad normativa sobre las “pedaladas fiscales” y tampoco los Decretos de partidas Suplementarias afectaron la Ley de Responsabilidad Fiscal- sino que permitieron construir un determinado discurso social: aquél en que, ligado supuestamente al espíritu deportivo de competencia, el “esfuerzo” pasa a ser el elemento de medición individual para la consagración dentro de una sociedad, por fuera de otros condicionantes y contextos objetivos. Lo que M. Temer no había logrado –ni lograría–, la utilización mediática de las Olimpíadas se lo proporcionó: construir un clima social (con sus lenguajes circulantes) en el que a toda hora, en cualquier instante, pudiera haber algún nuevo “ejemplo”, un nuevo “campeón”, contrastando con un pasado reciente en el que tiempo real estaba determinado por los “acontecimientos políticos”; de allí la insistencia por “despolitizar” los Juegos Olímpicos, impidiendo movilizaciones o carteles en los estadios.

De consagrarse definitivamente M. Temer como Presidente –quien ya aclaró que no irá al cierre de las Olimpíadas, precisamente para no afectar el clima de “normalización” construido sobre la base de la exaltación deportiva– es de esperarse un panorama más complejo para las mayorías populares del Brasil. No sólo por la mayor fragmentación política que podría evidenciarse, incluso dentro de aquellos partidos que han respaldado a Dilma Rousseff, sino también porque las élites no tendrán un definido contrapeso que se les oponga. Y esa fue, evidentemente, la principal tarea del Partido dos Trabalhadores en el Gobierno.