Si bien es cierto que para poder comprender la naturaleza del golpe a Dilma Rousseff deben ser relevados diferentes actores e intereses intervinientes, tiene que quedar claro que su despliegue se organizó al interior de un ámbito específico y característico, lo que también lo acerca a otras modalidades recientes de destituciones en la región: fue al interior del parlamento donde se articularon los elementos claves que fuerzan el golpe. Todo golpe tiene, por supuesto, cuestiones que van germinando en distintos tiempos, en tanto siempre es un proceso de articulación de partes que, en principio, están fragmentadas.
Lo que sucede en Brasil es que la parte parlamentaria se convirtió en el eje centralizador de todo el movimiento, en un proceso que, comenzando por una facción de diputados que se fue ampliando y ampliando cada vez más, esta parte de convirtió en el todo, sin importar la legalidad de sus actos. Sociológicamente, es el desarrollo de una clase política golpista que de forma voraz y asentada en el Congreso, se fue estructurando como el vertebrador de las decisiones del país. Hacia allí fueron los intereses sectoriales, empresariales, mediáticos y geopolíticos interesados en adquirir su espacio, su cuota, prestando un apoyo que refuerza el golpe, lo que habilita a describir la situación, también, como un triunfo faccioso de los intereses privados.
Dilma Rousseff y el sistema político brasileño
Todo golpe presenta su cronología, mediata e inmediata. El Partido dos Trabalhadores (PT) siempre se vio obligado a componer alianzas con otros sectores del sistema político, incluso con aquella fracción tradicionalmente sinuosa desde un punto de vista moral (o directamente delictiva) que, en el caso brasileño, ha estado presente con expresiva exposición. Estos contratos de intercambio, sin embargo, encontraron en Dilma Rousseff un principio de interrogación.
Electa por primera vez en el 2010, si algo caracterizó el tramo inicial del primer mandato de Dilma fue su intento por señalizar una determinada posición respecto de aquellos grupos políticos desprestigiados por su tenue división entre intereses privados y bienes públicos, incluso respecto de aquellos que formaban parte de su propia coalición de gobierno: junto con pedidos de renuncia a algunos ministros, fueron desplazados por Dilma desde directivos de Petrobrás (entre ellos, algunos de los que se irían convirtiendo, no por casualidad, en “arrepentidos” de la causa Lava-Jato) hasta funcionarios de FURNAS, una dependencia estatal con competencia sobre la energía hidroeléctrica que respondía, desde hace unos años, al control organizacional de Eduardo Cunha. Fueron varias las situaciones “incómodas” por las que tuvieron que atravesar algunos aliados, cuestión que se agudizó aún más cuando la Presidenta dispuso un control más riguroso sobre las enmiendas parlamentarias, un recurso particular de la administración presupuestaria brasileña que permite otorgar a tal o cual representante una partida de dinero para su distrito, consolidando sus recursos políticos.
Pese a que el interés de la Presidenta era disminuir las “cuotas de poder” de estos sectores de la clase política, la circunstancia generó un efecto más brusco: un sentido resentimiento contra Dilma Rousseff se fue cultivando progresivamente entre estos políticos, principalmente afiliados al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) (cuestión percibida, por ejemplo, en las desaforadas alocuciones de los diputados en la votación del pasado 17 de abril); en paralelo, el comienzo de una campaña mediática y en las redes sociales que cada vez se fue haciendo más y más virulenta, con tonalidades abiertamente desagradables, tal como lo han hecho con otros liderazgos latinoamericanos.
El camino de los golpistas siguió su curso, con la ayuda del Poder Judicial. Por una decisión de la Corte Suprema de Justicia del 2011 – cuyos efectos se empezaron a ver unos años después- los decretos presidenciales de desoneración fiscal, subsidios y tributación (parte fundamental de lo que compone una estrategia macroeconómica, sobre todo en un período de restricciones externas) pasaron a tener que ser evaluados por una comisión mixta del Congreso, de tratamiento exclusivo sobre estas cuestiones.
Paradojas de la historia – o complicidad judicial- este nuevo diseño institucional de control entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo pondrá al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Cámara de Diputados – precisamente, Eduardo Cunha- en una posición inmejorable para poder establecer “negociaciones” con los intereses de afuera del parlamento. Será a partir de entonces, 2013, que buena parte de las “negociaciones” entre, por un lado, empresarios de variados rubros y, por el otro, la habilitación de una exención impositiva o alguna subvención específica, pasan a ser el objeto de actuación de E. Cunha. Constituido como intermediario, E. Cunha pasa a disponer de recursos – se sobreentiende de qué origen, siendo que le empiezan a caer investigaciones judiciales por coimas – que le permiten ir ampliando el número de sus diputados adeptos, ya no sólo de su partido sino de otros, como el Partido Popular (PP), el Partido Social Democrático (PSD) o el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Se va conformando, así, un grupo de diputados cada vez más numeroso que es fidelizado, ahora, con los recursos privados de los intereses sociales externos al Parlamento. Con este engranaje, mantenerse en el gobierno no redundaría en demasiados beneficios, lo que explica que en la campaña del 2014 muchos diputados de partidos aliados al gobierno salieran a hacer declaraciones contrarias a la propia Dilma, empezando por E. Cunha.
Por eso la campaña electoral del 2014 fue exorbitante en sus gastos – 5000 millones de reales; los intereses privados queriendo entrar al sistema político, y entrando. Marcado el camino por aquel grupo inicial ya liderado por E. Cunha – cuya actuación no se explica sin el trabajo complementario y de contrapunto de estilos de Michel Temer, entre otros políticos, incluso ministros de Dilma – las elecciones del 2014 dejaron un terreno preparado para el golpe: la bancada del agronegocio, de los laboratorios, de las constructoras, de los industriales, de los evangélicos, de las petroleras, etc.; la pulverización de los partidos y el avance de los intereses. Lo único que estaban esperando es que apareciera alguien que les garantizara su realización y si el camino era dar un golpe, pues bien, poco importaba. Una vez que E. Cunha se establece, a principios del 2015, como Presidente de la Cámara de Diputados buena parte del trayecto ya estaba realizado: es la clase política golpista avanzando en su propia consciencia de la situación, de en sí a para sí. En el medio, el pretexto de un expediente de impeachment escrito por una ex funcionaria del gobierno de Fernando Henrique Cardoso y el hijo de un jurista que estuvo detrás de las enmiendas de 1969 de la última dictadura; un pedido de impeachment que, debidamente contrastado con los hechos y las normas vigentes, no resiste ni el menor análisis. De allí la gravedad de la situación: una clase política golpista avanzando y un pueblo brasileño al que seguramente no le esperan tiempos muy optimistas.
