Una junta técnica conformada por peritos del Senado se pronunció en el día de ayer respecto de algunos aspectos de la acusación contra Dilma Rousseff, que siguen siendo objeto de controversia entre la defensa y la acusación.
A Rousseff -hoy apartada temporalmente de su cargo- se le acusa de haber cometido “crimen de responsabilidad” en dos acciones de gobierno. La primera, por supuestas “operaciones de crédito” vinculadas al Plan Zafra (un programa de ayuda a la agricultura familiar dependiente del ahora extinto Ministerio de Desarollo Agrario) por las cuales el gobierno transfirió con atraso a bancos públicos, recursos destinados a los beneficiarios del Plan. Si bien los agricultores recibieron sus fondos según lo acordado, la acusación señala que esta especie de “préstamo” de las instituciones financieras al gobierno viola la Ley de Responsabilidad Fiscal y que la Presidenta habría cometido dolo en esa operación. Lo que concluyeron los peritos respecto de este caso es que, efectivamente, se constata la violación a lo dispuesto por el art. 36 de la Ley de Responsabilidad Fiscal ya que “los atrasos en los pagos adeudados al Banco de Brasil constituyen una operación de crédito que tiene a la Unión como deudora”. Y eso no está permitido en la legislación.
La segunda acción por la que se está juzgando a la Presidenta consiste en la apertura de líneas de crédito suplementarias autorizadas por Decreto, que no contaron con el aval del Congreso y que serían incompatibles con la meta fiscal propuesta para el año 2015 cuando fueron autorizados. Al respecto, el informe técnico señala que tres de los cuatro créditos son irregulares ya que tendrían que haber sido aprobados por el Congreso y que, efectivamente, habrían alterado la meta fiscal; asimismo, señalaron que habría acción intencional de la Presidenta en el aval de los mismos.
En el transcurso de esta semana, las partes deberán presentar sus testimonios y descargos, para que luego el relator del caso se pronuncie y en base a su dictamen se vote en el plenario del Senado si Rousseff es encontrada culpable de “crimen de responsabilidad”. Hasta el momento, la batalla técnica en el Legislativo ha perdido frente a la correlación de fuerzas políticas dentro y fuera del recinto. Esto ha podido constatarse en las reiteradas violaciones al derecho de defensa en el procedimiento, en las demoras para apartar de la Presidencia de la Cámara al multi-imputado por corrupcion Eduardo Cunha -quien autorizó la apertura del juicio-, en la omisión de los “pedaleos fiscales” realizados por actuales y anteriores Presidentes y Gobernadores y, como expresión más evidente de ello, en la histórica votación de los Diputados el 17 de abril pasado. Durante ese episodio, las razones jurídicas del impeachment quedaron opacadas por mayoritarias consideraciones de índole familiar, religiosa o patrimonial, contrariando la pronunciación del Supremo Tribunal de Justicia (ADPF 378): “Si así no fuera (existencia de causa justa) “el procesamiento y el juicio tendrían contornos exclusivamente políticos y, desde un punto de vista práctico, equivaldría a la moción de censura que, al margen de la relevancia que tiene en un régimen parlamentario, no se conforma con el modelo presidencialista, cuyas posibilidades de impedimento reclaman la práctica de (un) crimen de responsabilidad previsto en ley específica. No observada la limitación de la posibilidad de responsabilización las hipótesis legales, todo el debido proceso caería por tierra”.
En las próximas semanas se verá cuán sólido es el Estado de Derecho en Brasil.
