La situación epidémica es, sin dudas, el eje que condiciona todos los ámbitos de la vida política en Brasil. Durante a última semana, el 25 % de las muertes mundiales por Covid-19 ocurrieron en el país, el número de contagiados y muertos diarios ronda los 100.000 y 2.800, respectivamente, y el acumulado de decesos hasta el momento es de 312.000 personas. La gestión federal de la crisis sanitaria ha sido evaluada como “todo lo que no debe hacerse”: recortes en el presupuesto contra el Covid-19 (el Gobierno Federal aún no ha utilizado un 12 % del paquete de 600 billones de reales aprobado en 2020); boicot abierto a las medidas de aislamiento tomadas por gobernadores y alcaldes así como otras disposiciones judiciales en tal sentido; declaraciones desalentando la gravedad de la situación y el uso del barbijo; la promoción de un “kit preventivo” del Covid-19 no certificado en su eficacia y que ha sido causa de complicaciones y muertes no Covid; y el recambio de 4 ministros de Salud -ahora es el cardiólogo Marcelo Queiroga-, muchos de los cuales han afirmado que estaban obligados a seguir los lineamientos político-sanitarios marcados por el presidente. Brasil votó en contra, en la OMC, de la propuesta de Sudáfrica e India de suspender el derecho de patentes de las vacunas anticovid.
Recientemente, el Gobierno de Bolsonaro ha dado ciertos giros en su actitud frente a la pandemia. Tras llamarla “gripecita”, negarse a comprar vacunas y carecer absolutamente de palabras de consuelo para los millones de víctimas directas e indirectas, Bolsonaro comienza a mostrar señales de buscar revertir la línea de lo actuado hasta el momento. ¿Razones? La reinserción de Lula en el tablero político y electoral tras la reciente decisión del Tribunal Supremo Federal (TSF) y el retiro parcial del apoyo de poderosos sectores empresariales y políticos en el Congreso. A poco más de un año de iniciada la pandemia en Brasil, el Ejecutivo ha anunciado la creación de un comité nacional para combatir el coronavirus que trabajaría con el Congreso y los gobernadores, y ha firmado un contrato con Pfizer y Janssen para adquirir 138 millones de dosis, que llegarían en el segundo semestre. Según Datafolha, el 54 % de la población considera que el manejo de la pandemia el malo o pésimo, 6 puntos más que en la anterior medición de enero; la valoración buena o muy buena descendió de 26 % a 22 %. El Instituto Butantan ha anunciado estar en condiciones de iniciar las pruebas para la elaboración de una vacuna propia.
Este insuficiente y tardío giro sanitario de Bolsonaro es resultado de una serie de presiones y cálculos políticos. A la pérdida del apoyo de buena parte de los gobiernos estatales y del Poder Judicial, se le ha sumado la tensión con sus aliados legislativos del llamado “Centrao”: con tres senadores muertos por covid a cuestas, la base de apoyo en el Congreso ha reforzado su esquema de “extorsiones” y no sólo le ha exigido cambios en la política sanitaria sino también en carteras clave de su Gobierno (seguramente para rellenar con los propios): acaba de presentar su renuncia el canciller Ernesto Araújo, negacionista y antidiplomático, y al parecer también se estaría presionando por la salida de los ministros de Educación y Medioambiente. Bajo esta capacidad de fuego amigo se encuentra la amenaza no tan solapada del presidente de la Cámara de los Diputados (aliado circunstancial y volátil de Bolsonaro) de dar curso a uno de los más de 60 pedidos de impeachment.
Por su parte, su base de apoyo empresarial está viendo que el proyecto económico encarnado por su ministro de Economía, el ultraneoliberal Paulo Guedes, puede ser llevado a cabo por una conducción menos irresponsable en otras materias de gobierno, máxime con Lula en una posible carrera electoral. El mantra de la corrupción del PT, aprovechado electoralmente por Bolsonaro, ha caído en desgracia con los varios casos de corrupción involucrando a sus hijos (cuatro de ellos bajo investigación) y con la determinación del STF de que Sergio Moro -exministro de Justicia de Bolsonaro- no fue imparcial en el juzgamiento de Lula. Si bien aún el panorama de competidores del establishment de Bolsonaro para 2022 no está claro, lo cierto es que sus chances de reelegirse se reducen cada vez más. El antibolsonarismo ya es un hecho en crecimiento, incluso entre las otrora fieles clases medias y altas urbanas. Se verá cuánto afectará a los apoyos de Bolsonaro entre la población de menos recursos el impulso que ha tomado la inflación en bienes esenciales como la carne, el pan, el gas envasado o la gasolina -cercana al 1 % mensual- sumada a una reducción del monto de la nueva tanda de unas ayudas de emergencia. El año pasado, estas ayudas eran de 600 reales, y en la nueva edición los montos oscilan entre 150 y 375 (el promedio alcanzaría para comprar una garrafa de gas y 4 kg. de carne mensuales).
Aún resta mucho tiempo para las presidenciales de octubre de 2022, pero las fichas ya empiezan a moverse en la búsqueda del reemplazo de un Gobierno incompetente. Al sector progresista, hoy con Lula como la figura con mayores chances electorales, no le alcanzan los números, incluso porque dentro de su radio de influencia, los partidos “limítrofes” (como Rede, de Marina Silva, o el Partido Democrático Trabalhista, de Ciro Gomes) han coqueteado con el antipetismo en varias ocasiones. Así, la alternativa es abrirse hacia el centro o una derecha moderada no bolsonarista; sin embargo, por un lado esto puede generar rechazos en las siglas y movimientos más de izquierda que están pensando en un frente basado en acuerdos programáticos (como el Psol de Guilherme Boulos) y, por otro, los partidos del establishment de derecha (como el PSDB, el MDB o DEM) tienen un caudal político y candidatos propios en vista (como Joao Doria o Luciano Huck) que difícilmente estén dispuestos a compartir con el PT. Por lo pronto, la derecha radicalizada ha perdido buena parte de su caudal político, pero en la búsqueda de “normalizar” al país, los eslabones tradicionales, los del “Brasil de siempre”, pueden ganar terreno.
