El Gobierno de Jair Bolsonaro ha estado marcado por inestabilidades políticas: no había pasado ni un mes en el Ejecutivo que su jefe de campaña y articulador político principal, Gustavo Bebianno, era desplazado del Gabinete. Durante estos más de dos años se le han ido (no sin momentos estridentes) referentes en el Congreso, empresarios, periodistas e incluso hubo varios pastores religiosos o artistas que también se fueron despegando.
Sin embargo, el fuerte cambio ministerial de este 2021 de hace unas semanas -seis renovaciones, entre ellas Defensa y Relaciones Exteriores- profundizó dos crisis que ya estaban en progreso y que pasaron ahora a colocarse en un plano destacado.
Una crisis militar, moldeada a partir de la superposición de tres clivajes: i) entre los militares retirados y los que están en actividad; ii) entre el ala más intervencionista sobre el poder civil (de Sérgio Etchegoyen y Eduardo Villas Boas, ahora representada por el ministro de Defensa, Walter Braga Netto, el «interventor» de Río de Janeiro en el interinato de Michel Temer) y los sectores más institucionales (por ejemplo, el saliente Fernando Azevedo, desplazado por negarse a seguir expandiendo la propuesta del uso del Estado de Sitio como opción política); y iii) la divisoria definida frente al propio Gobierno de Bolsonaro, por su manejo de la cuestión del Amazonia, de la pandemia, sus posiciones internacionales, todas acciones que han generado preocupación o abierta desorientación en varios generales del Alto Mando.
Este panorama es el que alimenta (más allá del editorialismo periodístico habrá que ver la densidad de las trayectorias en curso) la posibilidad de dos tipos de golpes (claramente, no en el estricto sentido pasado del término):
- Un golpe contra Bolsonaro: con el pretexto de «salvar el honor de la institución militar» generar una presión para que Bolsonaro renuncie al cargo, asumiendo Hamilton Mourao hasta el final del período y organizar una coalición política de transición lo más amplia posible de forma tal que deje expectante un candidato para las presidenciales del año próximo, pero sin renunciar espacios en el protagonismo militar alcanzado;
- Un (auto) golpe del propio Bolsonaro, circunstancia que fue bosquejada como aproximación el año pasado cuando se consolidó fuertemente la presencia militar en el Gabinete y en otros puestos estatales (llegando a 6.000 miembros de las FF. AA. en el Gobierno), y cuando desde el Poder Ejecutivo se incentivaba el «acoso» directo a la Corte Suprema de Justicia (STF) y a figuras emblemáticas del Congreso; en la coyuntura del 2021, el argumento del movimiento no sería el terminar con «las trabas institucionales de la vieja política», sino un «contexto fuera de control» en algunos Estados, a resolver con un Estado de Sitio.
La otra, la crisis empresarial, es tan compleja e intrincada de resolver para la gobernabilidad de Bolsonaro como la otra. Si bien el establishment económico fue un actor que respaldó fuertemente su candidatura en el 2018, hoy en día es un sector de la vida brasileña que se encuentra agrietado frente al Gobierno; dividido y balanceándose cada vez más hacia cuestionamientos abiertos. El punto de inflexión fue el manifiesto (publicado el domingo 21 de marzo) con la firma de 200 economistas, exministros, banqueros y empresarios (lista que luego sumó más adhesiones) en el que se critica la política sanitaria del Gobierno y se proponen una serie de medidas que conectan con la necesidad de cuidar mejor (cuarentenas, máscaras, vacunas, etc.) a las fuerzas productivas castigadas por la pandemia, pidiendo un rol del Estado de salvataje para las empresas. Una fragmentación del mundo empresario que presiona sobre los comportamientos de los otros poderes, y no precisamente en la dirección pretendida por el propio Bolsonaro:
- La Corte Suprema de Justicia, más allá de sus resoluciones respecto de las condenas a Lula o las sospechas sobre la actuación de Sergio Moro (que modificaron fuertemente los términos de la competencia política, instalando un contraste entre Bolsonaro y Lula, y reorganizando al espacio de oposición progresista), confirmó en estas semanas -en una votación amplia de 9 a 2- la potestad de los estados y municipios para disponer el cierre de los cultos en el marco de las cuarentenas estrictas que la situación sanitaria reclama en muchos distritos (contra la voluntad de los religiosos); también la Corte ha dispuesto recientemente instalar una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la Pandemia (en una acción poco habitual de injerencia entre poderes, aunque constitucional) lo que va «creando ambiente» para un eventual impeachment o juicio político. Si bien no tienen relación de expedientes, lo cierto es que la CPI sobre la Pandemia puede traer a la luz aún más argumentos sobre omisiones delictivas efectuadas por el presidente -y de allí la insistencia en demorar que se arme la Comisión, algo que el presidente del Senado no pudo garantizarle a Bolsonaro.
- La letra chica de lo sancionado como Presupuesto ha sido objeto de tantas idas y vueltas que está claro que el Congreso tiene en este 2021 una modalidad y postura propias frente al Poder Ejecutivo. Con el «acuerdo» entre ambos poderes, será el Congreso quien ahora tenga fuerte injerencia en la repartición de los fondos (y sus «presupuestos paralelos»). No es sólo que el «Centrao» -ese conglomerado de partidos conservadores y oportunistas que otorga un número gravitante para las votaciones- está haciendo valer su precio (en la reforma ministerial mencionada colocó a Flávia Arruda como secretaria de Gobierno) sino que ha entrado en una dinámica como la del MDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño) con Dilma Rousseff en su segundo mandato: negociar ya no acuerdos de gobernabilidad sino extender para adelante los plazos del impeachment o juicio político. Como variable contextual, habrá que ver también como repercute el desenlace de la situación del senador Flavio Bolsonaro, cuya instancia del proceso penal -que deberá decidir la Corte Suprema- puede llegar a colocarlo frente a un pedido de detención inmediato.
Si bien Bolsonaro propone respuestas a estas crisis, el cuadro social y sanitario es tan grave y desesperante que son pocas las condiciones para que termine el mandato. Por un lado, hace unos semanas organizó una reunión de empresarios importantes – aproximadamente veinte, entre banqueros, medios de comunicación, empresas de alimentación- que intentó caracterizar como un «éxito», aunque algunos relatos de los presentes en nada coincidieron en que hubo «ovaciones» y aplausos, y que más bien hubo algunos de los mismos reclamos puestos en el manifiesto mencionado. Por otro lado, no es de extrañar que Bolsonaro pretenda una mayor presencia militar en las estructuras estatales; sin embargo, el Alto Comando del Ejército ha dejado bien en claro -luego del incidente de las renuncias forzadas en las jefaturas de las tres fuerzas- que no aceptará ninguna situación similar de desprolijidad y destrato institucional (posición asumida sobre todo por los militares en actividad), dando a entender un freno en la dinámica del «acompañamiento militar». En el contexto, dos grupos parecen reportarle a Bolsonaro algún territorio propio: las iglesias evangélicas y las fuerzas policiales.
El flamante ministro de Justicia es un comisario de la Policía, con buen vínculo con la «Bancada da bala» en la Cámara de Diputados. Hay que tener en cuenta que el activismo bolsonarista (más allá de las redes sociales) se respalda básicamente en las policías militares de los diferentes Estados -los principales cuerpos de seguridad del país- tanto en actividad como retirados. Si bien no hubo grandes cambios respecto de las condiciones materiales para la categoría, el presidente resalta permanentemente -y en esta etapa aún más- a las fuerzas de seguridad como una pieza fundamental para la dinámica social. Al respecto, no es casualidad el aumento de candidatos/as policías en las últimas elecciones municipales del 2020.
Es desde allí que el bolsonarismo construye una mirada específica para la sociedad (cada vez más reducida, como ideología) que va en conjunto con la aceptación -a veces indirecta, a veces directa- de la actuación de las «milicias» de las grandes ciudades o el campo, así como sus decretos flexibilizadores para la portación y tenencia de armas, o para la adquisición de cartuchos. Un confuso incidente de la Policía Militar de Bahía hace un mes dejó en claro el interés del bolsonarismo por utilizar a este actor como elemento activo en la resolución de su crisis de protagonismo (aunque en ese caso, no logró lo que pretendía), al igual que con los grupos evangélicos, quienes le proporcionan un nada despreciable piso organizacional y electoral
La situación que enfrenta Bolsonaro se combina, a su vez, con: a) una estructura de competencia política modificada por la incorporación de Lula -y los movimientos que Lula ha sugerido hacia el centro-derecha ideológico, incluso hacia quienes estuvieron respaldando el impeachment a Dilma, como Renan Calheiros; b) una situación social muy compleja que determinará cualquier escenario próximo: según datos oficiales, 117 millones de brasileños no saben qué van a comer el día de mañana, 19 millones pasan hambre todos los días, hay 40 millones de trabajadores informales y 14 millones de desocupados. Todo ello sin mencionar la realidad y la proyección de los números de la pandemia en el país que ponen a Brasil, sin rodeos, en el peor lugar del mundo en algunas cifras absolutas y relativas. Una catastrófica dimensión social que seguramente impactará en los tiempos de resolución de la doble crisis en curso.
