La economía chilena ha empeorado, según la mayoría de los indicadores; y no sólo por la pandemia, sino por el enfoque neoliberal del Gobierno.

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Como se analizó en informes previos[1], Chile es uno de los países de la región que mantiene un crecimiento constante de su producto y niveles de estabilidad macroeconómica y financiera envidiables para muchos países de la región.

Sin embargo, desde octubre del año pasado, estas condiciones se evidenciaron insuficientes para el bienestar de lxs chilenxs dada la gran desigualdad con la que se reparten los ingresos entre la población. Desde entonces, Chile se encuentra sumergido en un clima de conflicto social permanente. La pandemia, la cuarentena y el toque de queda dictado por el Gobierno contuvieron durante un período las movilizaciones sociales, pero el recrudecimiento de la situación económica volvió a poner de manifiesto la urgencia social en las calles y la necesidad de avanzar sin más vacilaciones hacia un proceso constituyente que redireccione los objetivos de la política estatal.

En este informe analizaremos los datos de la economía chilena con especial énfasis en lo ocurrido desde el último trimestre del año pasado hasta los últimos datos disponibles, considerando las medidas económicas que tomó el Gobierno de Sebastián Piñera para contener la emergencia social.

Datos macro y medidas adoptadas ante la pandemia

Durante por lo menos los últimos 5 años, el crecimiento económico de Chile fue del 2%, en promedio. Como se mencionó previamente, debido al conflicto social desatado en octubre de 2019 con protestas y represión estatal, el último trimestre del año registró una caída interanual de -2,1% y el crecimiento anual cayó a 1,1%. Durante el primer trimestre, con un horizonte hacia el plebiscito que se realizaría en abril, se evidenció una recuperación de la actividad económica.

No obstante, ante el impacto de la pandemia hubo una paralización de la actividad económica tanto en Chile como en todo el mundo. Si bien la cuarentena establecida por Piñera no fue total -priorizando, justamente, mantener la actividad económica- el aumento de casos y muertes por Covid-19 fue marcando otras urgencias.

Las primeras medidas de apoyo que brindó el Gobierno ante esta situación fueron flexibilizar el acceso al crédito a las empresas con garantía del Estado a tasas preferenciales y permitirles flexibilizar la planta de empleados (dejándolos cesantes), y otorgarles a los empleados el seguro de cesantía por un 70% de su salario, pero pagando sus cotizaciones por mantener la relación laboral. La cantidad de trabajadores suspendidos hasta el momento alcanza las 700.000 personas. También impulsaron la Ley de Protección del Trabajo, que permite la reducción de la jornada laboral (no el cese de la contratación) con una compensación del 25% del salario a cargo del seguro de cesantía. También se impulsó un Bono “Covid-19” para los trabajadores informales, destinado a 2 millones de personas, y se suspendió el pago de impuestos.

Ante la insuficiencia de los subsidios dirigidos a la población con empleos informales o sin posibilidad de trabajar ante la pandemia, las protestas resurgieron a fines de mayo reclamando ayuda para el acceder a alimentos y artículos de limpieza. El Gobierno, recién entonces, puso en marcha bolsones con estos productos para asistir a la población. En esta dirección, también se implementó el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) de 3 pagos decrecientes que iba de $65 mil (81 dólares) a $45 mil (56 dólares). No obstante, según un informe de CIPER[2], la línea de la pobreza a marzo de 2020 para un hogar de una persona fue de $170.851, es decir, que el ingreso permitió cubrir solo el 38% de la línea de la pobreza el primer mes.

Asimismo, para junio, según un informe presentado por el Observatorio Laboral de la Universidad Católica de Chile, un 20% de las empresas registradas en la región metropolitana cerró sus puertas con la consecuente caída de ingresos y empleos[3].

En este contexto, el segundo trimestre evidenció una caída real interanual de -14,1%, la mayor caída desde la crisis en los ´80. Sin embargo, es importante mencionar que la minería se mantuvo en crecimiento dado que la industria del cobre no frenó su actividad y que el precio de este mineral se recupera de la caída que sufrió entre enero y mayo de este año, garantizando un piso de ingresos importante para el país.

Consecuentemente, el mayor impacto económico se destacó en el consumo; si bien el crecimiento es negativo desde el cuarto trimestre de 2019, el segundo trimestre de este año muestra una caída de -20,2%[4] con mayor caída en bienes durables -33,6% y servicios -25%. Es destacable, en este sentido, que en un contexto de conflicto y crisis social, el consumo del Gobierno también acumula una caída de -20,1% desde el último trimestre del año pasado hasta el segundo trimestre de este año, evidenciando un claro desinterés en cubrir las necesidades sociales ante la emergencia con gasto estatal. Esta política se constata con el análisis sobre las medidas adoptadas, las cuales reposan sobre los ahorros y el endeudamiento personal de la población y resguardando los indicadores de déficit público.

Analizando el resto de los indicadores al momento, también se puede ver un fuerte impacto en la inversión (-15,1%), con mayor caída en la construcción (-17,4%). Asimismo, si bien la caída de la inversión en maquinarias y equipos este último trimestre fue menor al de la construcción (-10,9%), la caída persiste desde el cuarto trimestre de 2019.

Ante este panorama, el IPC cayó entre marzo y junio un 17%, tema que puso en alerta al Banco Central.

También durante el segundo trimestre de este año, las exportaciones cayeron, pero en menor medida (-2,8%) que durante el cuarto trimestre (-3,5%) y menos aún que en el segundo trimestre (-4,1%) del año anterior. Actualmente, la mayor caída se registró en servicios (-36,5%) y en la exportación de productos de pesca, agro y silvicultura (-14,8%), mientras que los trimestres anteriores las caídas se registraron en todos los rubros debido a la caída de los precios.

Por el lado de las importaciones, si bien se registran caídas desde el segundo trimestre de 2019, el segundo trimestre de este año registra una caída interanual de -21,4%. El único rubro que registró un aumento de importaciones fueron los productos de agro, pesca y silvicultura.

En el balance de pagos, se destaca una cuenta corriente positiva que no se registraba de forma sostenida desde 2010 debido a la fuerte caída de importaciones. En la cuenta financiera, se evidencia para junio una significativa salida de capitales. En este sentido, para reforzar el balance de pagos ante una eventual crisis de reservas y una corrida contra el peso, el Gobierno solicitó en mayo al FMI la aprobación de una línea de crédito de US$ 23.800 millones, que fue aprobada por el organismo. El tipo de cambio, sin embargo, entre marzo y junio se apreció un 7,5%.

Mirando otro tipo de indicadores, se evidencia la crisis social. La desocupación en junio, alcanzó un 12,25%, aumentando un 76% desde noviembre de 2019. En cuanto a la pobreza, un informe de la CEPAL estima que pasará de impactar al 9,8% de la población en 2019 a un aumento de un rango entre 11,9% a 13,7%[5] en 2020.

Ante este escenario, empeorado en términos de indicadores económicos pero de mayor deterioro aún en términos sociales, se presentan diversas propuestas desde la oposición para otorgar un mayor nivel de recursos a la población ante la continuidad de la pandemia: el aumento y extensión del IFE, el retiro de fondos de las AFP y un impuesto a los súper ricos.

El primer punto fue aprobado; se extendió el IFE a $100 mil por tres meses más. El retiro de los fondos de AFP se aprobó a pesar de las reticencias del Gobierno, que auspiciaba una devaluación del peso y un fuerte impacto en el mercado por el retiro de los fondos. Sin embargo, posteriormente se logró contener el impacto negativo y se espera que el retiro de fondos, equivalente a un 6% del PIB, impacte positivamente en la reactivación del consumo. Por otro lado, el impuesto a los súper ricos que permitiría aplicar por única vez un impuesto de 2,5% a los patrimonios brutos iguales o mayores a 22 millones de dólares para destinarlos a una renta Básica de Emergencia, que iría en directo beneficio del 80% de los hogares más vulnerables del país, sigue resistiendo su aprobación en el Congreso.

Estos últimos movimientos, marcaron un aumento del IPC de 2,5 puntos interanual a agosto, y se estima que este año la inflación de los siguientes trimestres ronde el 2%. Mientras tanto, el tipo de cambió continuó su apreciación 1,3% más. Según los cálculos estimados por el Banco Central de Chile, la caída del producto a fin de año se estima entre -4,5% y -5,5%[6].

La desocupación, en cambio, registró para julio una nueva alza, alcanzando al 13,09%. Esto indica que casi 2 millones de personas perdieron su empleo hasta este momento[7], quedando pendiente ver cómo se resuelven las suspensiones laborales.

Recientemente, el Gobierno lanzó un nuevo plan para la recuperación económica poniendo énfasis en la inversión en infraestructura para reactivar la construcción, reforzó la financiación crediticia y promovió beneficios para la contratación laboral.

En conclusión, conflicto social, pandemia mundial, aumento de la desocupación y la pobreza mediante, el Gobierno de Piñera sigue manteniendo el rol del Estado como subsidiario del mercado y preocupado por mantener las variables económicas dentro de las metas. La oposición, en cambio, desde el Congreso ha tomado una actitud activa para presionar al Gobierno y otorgar un mayor respaldo a la población más necesitada, que es cada vez más debido a la continuidad de la emergencia sanitaria.

 

 

[1] https://www.celag.org/chile-estado-subsidiario-y-colapso-del-sistema-sanitario/ y https://www.celag.org/chile-bajo-crecimiento-alta-concentracion/

[2] https://www.ciperchile.cl/2020/05/12/cuarentena-con-100-lucas-y-la-dignidad-de-los-hogares-chilenos/

[3]https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-nueva-realidad-de-la-economia-chilena/H44VZTVJTVHU7ELB2ICYMWQUOU/

[4] Datos del Banco Central de Chile

[5] CEPAL, 12/5/2020. Informe Especial COVID – 19 N° 3: “El desafío social en tiempos del COVID-19”

[6] https://www.bcentral.cl/documents/33528/2475116/ipom_sep_2020.pdf/1ebcbbc2-b0f2-eef8-139d-e092da2b170b?t=1599065310770

[7] https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/09/22/presidente-pinera-en-su-propio-mundo-ante-la-onu-pone-foco-en-medioambiente-sin-mencionar-escazu-y-defiende-su-gestion-en-la-pandemia-y-estallido-social/

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Lucía Converti

Licenciada en Economía (UBA) (Argentina)

Licenciada en Economía, Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado como jefa de gabinete de presidencia del Banco BICE (2014-2015); y Dirección de Proyectos Especiales dela Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA) (2013).