7 min. lectura

El 18 de septiembre de este año, en el marco de la conmemoración de la Independencia de Chile, se realizó el Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias, celebración a la que asiste, tradicionalmente, el presidente de la República. En esta ocasión, su participación estuvo condicionada por una demanda particular: el presidente asistiría siempre y cuando la ceremonia no fuera dirigida por el Cardenal de Santiago, Ricardo Ezatti. ¿La razón? Éste se encuentra en medio de un proceso judicial por encubrimiento de delitos sexuales contra menores de edad perpetrados por representantes de la Iglesia católica en Chile. Estos casos habían sido denunciados ante diferentes niveles jerárquicos de la institución religiosa y, consecutivamente, habían sido desvalorizados[i] hasta abril de este año, cuando el papa Francisco admitió, en una carta pública dirigida a la Conferencia Episcopal chilena, haber incurrido “en grandes equivocaciones de valoración y percepción de la situación”.

El reconocimiento de estos delitos por parte de la máxima autoridad eclesiástica se tradujo en una serie de investigaciones, denuncias, suspensiones y remociones en lo interno de la Iglesia católica. De la mano con estos hechos, el discurso oficial sobre la Iglesia ha ido in crescendo en un tono crítico poco común entre la derecha latinoamericana, al punto de demandar, en palabras del presidente, la necesidad de una “Iglesia mucho más respetuosa de los niños, más cercana de la gente, menos pomposa, más comprometida con los más pobres y vulnerables, no más elitista”[ii]. ¿Cómo leer esta demanda cuando es emitida por un presidente-empresario, que se ha vinculado con la Iglesia católica a través de los niveles jerárquicos más exclusivos de la misma?[iii] ¿Se traducirán estas denuncias –y la crítica gubernamental-  en una modificación del rol de la Iglesia católica en la política chilena?

Chile y la ‘separación’ Estado-Iglesia

A pesar de que la separación Estado-Iglesia en Chile data de 1925, el nivel de influencia de la institución clerical en el plano jurídico/legislativo se ha mantenido hasta fechas muy recientes, especialmente en los ámbitos de ‘la familia’ y la salud sexual y reproductiva. Dos hitos significativos de esta influencia son: 1. La ley de divorcio (Chile fue uno de los últimos países del mundo en aprobarla, en el año 2004); 2. El acceso a la anticoncepción de emergencia. En la gran mayoría de los países laicos, el acceso a estos medicamentos (considerados esenciales para la vida por la OMS) se liberó entre los años 2001 y 2002. En Chile, durante el año 2009 se sometió a votación en el Senado un proyecto de ley para permitir la distribución de estos anticonceptivos (luego de una amplia campaña en contra -liderada por la Iglesia católica- que tenía como base argumentativa el supuesto carácter abortivo de estos medicamentos). La ley fue aprobada con 21 votos a favor y 12 en contra y recién en el año 2015 se dictó una resolución que permite comercializarla sin receta en las farmacias.

Este nivel de influencia se retroalimenta con la inversión que el mismo Vaticano ha depositado en la iglesia chilena, inversión que inicia con claridad durante la dictadura militar: en 1983 el Papa Juan Pablo II elevó el Vicariato de las Fuerzas Armadas a Obispado. Desde entonces, el Obispado Castrense de Chile responde directamente al Vaticano, estableciéndose un puente directo entre éste y todos los fieles sujetos a la jurisdicción castrense que incluye, entre otros, a “todos los miembros de las Fuerzas Armadas de Chile en servicio activo, el personal de las fábricas, maestranzas, arsenales y depósitos de las FF. AA, Carabineros de Chile y su familia inmediata”[iv]: un camino directo entre Roma y los encargados de garantizar la seguridad y la soberanía nacional del país sureño.

La evidente influencia de la Iglesia católica sobre las estructuras estatales, relativiza la mencionada legislación de 1925, incluso en el plano económico. Un ejemplo de esto fue una de las primeras y más polémicas acciones del presidente Piñera durante este segundo mandato: la modificación de la ley del aborto. Esta modificación se realizó, precisamente, sobre el artículo que impedía que las instituciones que se declararan objetoras de conciencia mantuvieran convenios con el Estado, facilitando la continuidad en el acceso a los recursos estatales para las instituciones privadas de salud regidas por valores o principios católicos, como la Red de Salud de la Universidad Católica de Chile[v] que, gracias a esta modificación, podrá seguir recibiendo financiamiento del Estado sin garantizar el derecho a la interrupción del embarazo en ninguna de las causales aprobadas.

¿Por qué confrontar a la Iglesia católica?

Considerando que –hasta ahora- las acciones gubernamentales de Piñera no han trazado ninguna distancia con la Iglesia católica, ni han tenido repercusión directa sobre sus cuotas de poder e influencia, el discurso confrontativo y crítico de los últimos meses se puede interpretar como una estrategia de marketing político en un contexto definido por dos hechos concretos:

  1. En julio del 2017 se desató un escándalo internacional por las condiciones de los niños y niñas “amparados” por el Servicio Nacional de Menores. Más de 300 menores de edad habrían muerto en estos centros de atención entre los años 2010 y 2014[vi]. A pesar de que estas muertes -así como las violaciones a menores de edad y el encubrimiento de la Iglesia católica- no ocurrieron bajo “responsabilidad directa” del Gobierno de Piñera, la condición de que estos hechos se visibilicen bajo su gestión genera en el imaginario social una asociación directa que demanda un desmarcamiento radical por parte dela vocería gubernamental. En esta circunstancia, confrontar a la Iglesia católica genera un marco positivo para el discurso de Gobierno, así este no se traduzca en acciones directas contra esta institución.
  2. Las cifras de la religión en Chile: la popularidad de la Iglesia católica en este país ha disminuido notoriamente en los últimos años –como en toda Latinoamérica, según el último informe de Latinbarometro al respecto[vii]-. A pesar de que Chile es el país de la región con mayor porcentaje de población que se reconoce como católica[viii], éste disminuyó en siete puntos desde el año 2007 al 2017[ix]. Sumado a esto, el porcentaje de católicos que asisten a servicios religiosos en su iglesia es apenas el 10%, nueve puntos por debajo de quienes lo hacían en el año 2006. Esto quiere decir que el 90% de quienes se identifican como católicos no determinan su “estatus” de creyentes según su vínculo con la Iglesia. Bajo estas condiciones, el discurso presidencial va de la mano con el de la mayoría de la población: se reconoce como creyente, pero es capaz de cuestionar abiertamente la estructura religiosa.

Estos dos puntos permiten entender el verdadero peso del discurso de Piñera sobre la estructura de la Iglesia católica: en este momento, sus críticas –que son netamente discursivas, sin traducción en políticas públicas- no lo distancian de la estructura eclesiástica, sino de hechos condenables para la opinión pública. Tampoco generan una distancia entre su Gobierno y la población católica. En lo que va de esta segunda gestión, el presidente ha demostrado su habilidad para cuidar los intereses de la Iglesia, por un lado, y, al mismo tiempo, mantener el discurso creyente acercándose a los valores cristianos –por los menos discursivamente- aún más que los representantes de la Iglesia en Chile, hoy por hoy condenados por el mismo Vaticano. Por más confrontación discursiva que emita, por ahora, nadie está en riesgo: los mercaderes y el templo siguen conviviendo.

 

 

[i] https://www.nytimes.com/es/2018/05/02/abuso-sexual-chile-papa-francisco/

[ii] http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/06/04/pinera-entra-al-debate-por-crisis-en-el-catolicismo-y-dice-que-acciones-del-papa-era-absolutamente-necesario-para-limpiar-la-iglesia/

[iii] https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/visita-papal-2018/los-vinculos-de-pinera-con-la-iglesia-catolica/2018-01-05/161135.html

[iv] https://www.obispadocastrensechile.cl/organizacion.php

[v] http://www.celag.org/chile-primeros-50-dias-del-gobierno-pinera/

[vi] https://news.culturacolectiva.com/noticias/ninos-muertos-en-centros-de-menores-en-chile/

[vii] http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp

[viii] http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america/

[ix] http://encuestabicentenario.uc.cl/wp-content/uploads/2017/10/UC-Gfk-ADIMARK_Religio%CC%81n.pdf

Licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente cursando la Maestría en Estudios del discurso de la misma universidad. Investigadora del Colectivo / Cooperativa Ejército Comunicacional de Liberación (Venezuela). Militante feminista, fundadora del colectivo Faldas en revolución (ahora RIAS, Red de Información por el Aborto Seguro) parte de la Escuela de Feminismo Popular, Identidades y Sexualidades Revolucionarias.

Co Authors :