Hace poco más de un año, en la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales que, con solo un 6% de diferencia, dieron nuevamente la victoria a Juan Manuel Santos, los colombianos y colombianas manifestaron en las urnas la polarización existente en torno a la gestión del conflicto armado.

Los dos candidatos contendientes representaban los dos polos de la derecha bicéfala colombiana. De un lado Óscar Iván Zuluaga, cuyo partido, fiel al uribismo, aglutina a la derecha terrateniente y a sectores contrarios a la negociación con las FARC-EP. Frente a él un Santos que ya durante su primer gobierno dio muestras de cierta adaptación a lo que él mismo denomina “La Tercera Vía” (o Tercera Vía Criolla) que, sin demasiadas mutaciones en lo ideológico, se identifica con una nueva derecha, esforzada en mostrar mayor sintonía con los intereses del gobierno estadounidense y en priorizar una agenda expansiva en lo económico, alineada con los intereses de la inversión extranjera y de las grandes empresas nacionales.

La renovada actitud de Santos, quien tan solo hace unos años fuera el discípulo aventajado de Álvaro Uribe, no sólo tiene que ver con la evidencia de que las políticas orientadas a combatir a la guerrilla han proporcionado escasas contribuciones a la finalización del conflicto, sino también con dar continuidad al crecimiento económico que el país tuvo en su primer gobierno. Entre 2014 y 2015 la economía colombiana ha mantenido un crecimiento que oscila entre el 4,5 y el 5% del PIB. También se espera que el desempleo siga reduciéndose hasta un 8,5% en este año[1]. El consumo privado es una de las bases de este desarrollo, que ha tenido repercusiones en una creciente clase media “optimista” [2] con su situación financiera.

A pesar de que la actual administración se esfuerza por publicitar a Colombia como el “edén latinoamericano”, hay verdades que no se pueden ocultar. El desinterés del gobierno por afrontar la puesta en marcha de políticas redistributivas se pone en evidencia con la persistencia de una sangrante desigualdad social. Ejemplos de ello encontramos en las recientes muertes de niños y niñas por problemas de desnutrición en la Guajira, al norte de Colombia, o la pobreza extrema con la que se vive en el campo, damnificado por diversos factores que van desde el desplazamiento forzado y un aletargado proceso de devolución de tierras, hasta la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con EEUU, una especie de pacto “entre mula y jinete” en el que una agricultura industrializada entró a competir con un agro todavía carente de tecnificación.

A la más que evidente desigualdad en la repartición de los beneficios del auge económico hemos de añadir un sistema educativo que no contribuye a la equidad social, antes al contrario, reproduce las desigualdades y hace imposible a las clases populares el acceso a los estudios superiores. Contar con una red de educación pública universal y de calidad es, quizás, una de las necesidades más acuciantes de Colombia.

Colombia en la perspectiva internacional

El crecimiento económico del país y la posibilidad de solucionar el conflicto armado han sido vistos desde una perspectiva neocolonialista, especialmente por el capital extranjero que, atento a que Colombia pueda convertirse en el nuevo Potosí regional, no ha escatimado en encuentros, foros y reuniones favorables al proceso de paz. Todos ellos bajo el paraguas de la palabra que en la actualidad sirve para regar mares de tinta (y de incertidumbre) a lo largo y ancho de Iberoamérica: el posconflicto. Uno de ellos fue el Foro por la Paz en Colombia en Madrid, financiado Telefónica, BBVA, Ferrovial y el Grupo PRISA. Ahí el presidente del BBVA en Colombia, Óscar Cabrera, definió al país como “un coche de gran cilindrada que tuvo el freno echado”, poniendo de manifiesto cuáles son sus intenciones.

Por otra parte, a nivel regional, las viejas rivalidades con los países vecinos, Venezuela y Ecuador, fundadas durante los períodos presidenciales de Álvaro Uribe, fueron corregidas. Aunque el actual Ejecutivo colombiano, que no comparte militancia ideológica con buena parte de sus vecinos, sigue marcando distancias en torno a la integración regional, específicamente en los organismos interesados en la integración mercantil. En los últimos días tuvo lugar la X Cumbre de la Alianza del Pacífico en Paracas, Perú. Este grupo integrado por Colombia, Chile, México y Perú ha sido identificado como el contrapeso al MERCOSUR, debido a que también avanza en la eliminación de aranceles para el intercambio comercial entre cuatro de las economías más importantes de la zona, orientadas a negociar en bloque con los países asiáticos.

Bogotá, ¿feudo de la izquierda?

A pesar de los claros problemas de desigualdad social aún irresolutos y de las políticas neoliberales de su Gobierno, Santos supo rodearse de nuevas amistades provenientes de la izquierda política del país, que avalaron el proceso de diálogos para la paz durante la reelección. Entre ellos, Clara López del Polo Democrático Alternativo (PDA) y Gustavo Petro del Movimiento Progresistas.

La izquierda ha gobernado Bogotá en los últimos años. Gustavo Petro, famoso disidente del PDA por ser quien lo llevó al colapso tras destapar uno de los escándalos de corrupción más vergonzantes para la izquierda colombiana[3], es hoy el alcalde de la ciudad. Su alcaldía, que no ha escapado a diversas polémicas, pues se ha enfrentado a una destitución y un referendo revocatorio (ambos anulados), está centrada en el programa “Bogotá Humana”, cuya finalidad es imprimir en las políticas públicas un carácter más social e integrador. Entre otras cosas, en lo que va de su gobierno se consiguió, por ejemplo, reducir a cero la mortandad infantil por hambre, integrar a las personas más pobres en el transporte urbano por medio de subvenciones en los tiquetes, o establecer una política de ayuda a drogodependientes (problema muy serio en Colombia) a través de los Centros de Atención Móviles a Drogodependientes (CAMAD). También se avanzó en igualdad de género por medio de la creación de la Secretaría de la Mujer y del Centro de Ciudadanía LGBTI.

Si bien en términos sociales el avance ha sido irrefutable, hay dos asignaturas pendientes en su gestión. En primer lugar, el enorme problema de movilidad que padece la ciudad que, a pesar de la implementación de un nuevo sistema público de transporte SITP, ha logrado avances mucho más lentamente de lo necesario. En segundo lugar, la persistente inseguridad en Bogotá, por otro lado, característica común de las grandes urbes latinoamericanas.

El oligopolio comunicacional colombiano ha utilizado estas deficiencias para estigmatizar su imagen y crear, fundamentalmente entre las clases medias y altas que habitan el norte de la ciudad, un rechazo a su gestión, de tal manera que los resultados de las políticas de igualdad, mayormente implementadas en el sur, suroccidente y zonas periféricas de la ciudad, han sido ignorados. El linchamiento mediático que ha sufrido Petro ha supuesto una valoración muy baja para su sucesora y actual candidata a la alcaldía por el Movimiento Progresistas, María Mercedes Maldonado.

A pesar de ello, la izquierda no deja de repuntar en Bogotá con Clara López, del PDA, liderando las encuestas. La sigue una esquilmada derecha, representada por Rafael Pardo, del Partido Liberal Colombiano; Enrique Peñalosa, con una candidatura apoyada por los liberales Carlos Fernando Galán y David Luna, denominada “Equipo por Bogotá” y Francisco Santos, del Partido Centro Democrático, es decir, el uribismo. De esta forma Bogotá marca la diferencia respecto a otras grandes ciudades, donde la izquierda no termina de erigirse como fuerza política.

Superada la primera mitad de 2015, el calendario electoral aprieta. Las próximas elecciones regionales de Colombia se celebrarán el próximo 25 de octubre y en ellas se elegirán, gobernadores, diputados de Asambleas Departamentales, alcaldes de municipios, concejales municipales y ediles de las Juntas Administradoras Locales. Los próximos meses son, sin duda, un período de grandes decisiones en el que se va a redefinir el mapa político a nivel departamental. Además, va continuar un proceso de negociación de la paz que se ha desarrollado de forma lenta pero constante, en el que buena parte de los colombianos tiene puestas sus expectativas.

Las negociaciones de paz en La Habana

Casi tres años después del primer acuerdo de negociación, donde la premisa fundamental es que nada está acordado hasta que todo esté acordado, se han alcanzado tres de los seis preacuerdos fijados en el Acuerdo General del 26 de agosto de 2012. Actualmente, se trabaja sobre el punto quinto de la agenda referido a las víctimas del conflicto.

A pesar de que el avance ha sido constante, hay diversos aspectos que ponen en peligro el proceso. Por una parte, la negativa del grupo guerrillero a aceptar un alto al fuego unilateral, anteponiendo la exigencia de que sea bilateral. Ello ha supuesto la persistencia de las acciones bélicas y el temor en la opinión pública a revivir las experiencias acaecidas después del fracaso en las negociaciones del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). Muy vinculado a este primer factor, el concentrado sistema de medios de comunicación ha eludido en general cualquier pedagogía sobre la negociación y, una vez más, ha servido para estigmatizar los esfuerzos de las dos comisiones negociadoras, instituciones independientes y víctimas. Además, a este interés por minar el proceso, se han sumado líderes de opinión de la derecha terrateniente, como el procurador Alejandro Ordóñez (conocido por haber llevado a cabo el fallido proceso de destitución del alcalde Gustavo Petro), quien recientemente solicitó al gobierno dar fin al proceso de paz. Por otra parte, el senador Álvaro Uribe, que siempre se ha manifestado contrario a la negociación, presentó una nueva propuesta dadas las, según él, evidentes dificultades de los últimos meses.

En paralelo, y en relación con las víctimas, el escándalo de los Falsos Positivos, una política de ejecuciones extrajudiciales a civiles que se dio entre 2002 y 2008, vuelve a llamar la atención sobre el debate de víctimas y victimarios. En las últimas semanas está siendo Human Rights Watch la organización que señala lo que ya muchas otras organizaciones sociales y ONG colombianas habían denunciado previamente: la implicación de buena parte de la élite militar que sigue en activo en dicha política de exterminio.

De todo lo anterior, podemos extraer una conclusión clara: Colombia se encuentra a las puertas del cambio. Un cambio que tiene que pasar obligatoriamente por la implementación de políticas redistributivas de la riqueza, por la superación de un sistema tendiente a la exclusión social, a través de una política educativa inclusiva y por la solución del conflicto armado. El papel de las fuerzas progresistas que, hasta ahora ha sido importante en la capital, pasa por una renovación de sus bases, por la integración de la ciudadanía más joven y por el fortalecimiento del Movimiento Progresistas, un grupo político que tendrá que demostrar su capacidad para conectar con las aspiraciones de la mayoría social colombiana y dar respuesta a las expectativas y necesidades del país en el período que se abre.

[1] Según refleja Portafolio: http://goo.gl/zCNtEz.

[2] Según el Índice Genworth.

[3] Durante la Alcaldía de Samuel Moreno (2008-2011), integrante del PDA, se produjo un escándalo de corrupción en la adjudicación de obras públicas, más conocido como el “Carrusel de la Contratación”, que se saldó con la destitución y posterior encarcelamiento del alcalde y varios contratistas imputados. Este escándalo fue descubierto de Gustavo Petro, quien hasta entonces pertenecía al PDA, que a partir de ahí decidió presentarse como opción alternativa a la Alcaldía de Bogotá con el Movimiento Progresistas.

Ava Gómez-Daza/Universidad de Salamanca