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Iván Duque asume la Presidencia de Colombia después de una campaña apasionante en la que, por primera vez en décadas, se puso en discusión el modelo neoliberal y emergió un movimiento ciudadano que fortaleció discursos progresistas centrados en la restitución de derechos. Aunque la historia reciente del partido Centro Democrático indica que puede haber retrocesos en términos de derechos sociales, el momento político del país es distinto al de hace una década: existe una oposición empoderada –respaldada por más de ocho millones de votos– que se proyecta con diversidad de alternativas para construir un país distinto al existente. Posesión. 

El presidente Duque se enfrenta al desafío de administrar una gobernabilidad con el autoritarismo de su partido y con las tradicionales componendas clientelares, además de respetar a la oposición política. Para ello, el Gobierno mantendrá una continuidad en materia de política exterior, marcada por la agenda de los EE.UU., el ingreso a la OCDE y a la OTAN. Deberá responder a los latifundistas que le apoyaron en la campaña y, a la vez, tiene el compromiso de honrar la palabra del Estado en el cumplimiento de la Reforma Rural Integral que hará viable a largo plazo el Acuerdo de Paz. Tendrá que enfrentar la economía sin los ingresos petroleros que tuvo Uribe entre 2002 y 2010, y tiene una agenda social explosiva en materia de salud, pensiones y educación.

La alianza de Gobierno de Duque

Duque cuenta con el apoyo irrestricto en el Congreso del Centro Democrático y del Partido Conservador, y tendrá que pactar con el Partido Liberal, el Partido de la U-Cambio Radical y los dos partidos evangélicos (neo-pentecostales), Mira y Colombia Justa Libres, para lograr mayorías simples o calificadas a fin de desarrollar sus planes de gobierno, así como los posibles cambios constitucionales para reformar la justicia o cambiar los acuerdos de paz.

Una situación que le lleva a tener un Gobierno de coalición con las fuerzas que apoyaron a Santos durante los últimos ocho años. Es decir, se vuelve a configurar la alianza de partidos que gobernó entre 2002 y 2010 en cabeza de Álvaro Uribe, con algunas diferencias o matices destacables. Estos tienen que ver, por un lado, con el cambio de escenario político después de los acuerdos de paz y, por otro, con los claros distanciamientos en materia de derechos humanos de algunos congresistas liberales y santistas. En efecto, el presidente Duque no tendrá una coalición homogénea en materia de paz, justicia y derechos humanos, aunque sí coincidente en los asuntos de relaciones internacionales y del modelo económico.

Esa alianza alrededor de Duque es maleable y representa el continuismo. Durante el primer año de mandato, el presidente tendrá la iniciativa parlamentaria por tener la presidencia de la Cámara y Senado, en los años siguientes la tendrán el Partido de la U, el Partido Liberal y Cambio Radical, aunque desde ya se ve obligado a negociar con ellos para el desarrollo de su plan de gobierno. La alianza de la derecha política se fortalecerá en la medida en que Duque distribuya la administración de los recursos del Estado a sus aliados en las entidades descentralizadas e incluya en los presupuestos nacionales la suma de proyectos de interés electoral para los senadores y diputados, en especial, porque 2019 es año de elecciones para gobernadores, alcaldes, diputados departamentales y concejales.

El presidente estará compelido a negociar su plan de gobierno, mucho más por la situación que atraviesa su principal aliado, Álvaro Uribe, quien, por primera vez, irá a juicio sindicado de manipular testigos para realizar montajes judiciales en contra del senador Iván Cepeda, del Polo Democrático. Una causa en la que Uribe puede salir triunfador por el poder que ostenta, apoyado por los medios de comunicación y una buena parte del establishment –si bien le costará esfuerzos y parte de su capital político–.

Duque y los Estados Unidos

El cuatrienio que comienza este 7 de agosto será de continuidad y profundización en las relaciones de Colombia con los EE.UU. No es de extrañar que el presidente Duque se haya ocupado especialmente de sus vínculos con dicho país, manifestando su plena alineación con las definiciones de política internacional y la dependencia del sector externo de la economía, tras seis años de firmado el Tratado de Libre Comercio.

Los beneficiarios del modelo económico extractivista y especulativo que apoyaron en la campaña electoral a Duque, son parte fundamental de dicho alineamiento. El monto exportado por Colombia a los EE.UU. desde el 2012 fue de 85.278,8 millones de dólares, de los cuales 62.973,3 millones (el 73,8%) corresponden a productos minero-energéticos y 22.305,5 millones (el 26,2%) a productos no mineros (muchos de ellos agropecuarios con poco valor agregado).[1] El TLC incluye la demanda por parte de empresas estadounidenses de una mayor seguridad jurídica, el cumplimiento de una ley de patentes que impida cualquier decisión soberana (especialmente en medicamentos) y la generación de mayores desregulaciones laborales.[2]

Estas medidas fueron anunciadas por Duque en su campaña y se suman a la restauración plena de la política punitiva de la “guerra contra las drogas” adelantada por los EE.UU., que contradice las premisas de los acuerdos de paz, y se constituye en una de las principales amenazas para “hacer trizas” las aspiraciones de paz en los territorios, donde las comunidades campesinas han optado por la sustitución de los cultivos de uso ilícito en el marco de los acuerdos de La Habana. Los efectos de la política punitiva de la lucha contra el tráfico de drogas son conocidos, pues desencadenaron la violación sistemática de los DDHH en las anteriores gestiones y, lejos de acabar con los cultivos, los ampliaron y con ello el precio en las calles de los EE.UU.[3] En ese camino, Duque y los funcionarios estadounidenses celebraron la decisión de Santos de convertir a Colombia en socio-global de la OTAN.[4]

Duque y los empresarios

El empresariado estuvo muy atento desde la primera reunión de empalme, con la presencia de al menos 24 directivos gremiales de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, del gremio que agrupa a las compañías que distribuyen gas y petróleo, el avícola; y el gremio de la salud, entre otros.

La despolitización (como relato) y la selección de perfiles tecnocráticos –especialmente vinculados con empresas privadas, ONG y gremiales– son los dos factores definitorios del equipo de jefes de carteras ministeriales, lo que ha sido visto como un guiño al sector empresarial que apoyó en bloque a Duque (hecho sin precedentes) durante la campaña electoral.

¿Qué esperar del gobierno de Duque? (perspectivas)

Con el panorama antes descripto, el escenario para Colombia es de profundización de las políticas neoliberales, en el marco de presiones externas en la economía por los vaivenes de la política proteccionista de los EE.UU. El presidente Duque contará con una alianza de gobierno de derecha que le ofrece un respaldo, aunque condicionado a la negociación del presupuesto nacional, proyectos de interés de senadores y diputados de las bancadas de derecha y, en especial, por las demandas y necesidades del senador Álvaro Uribe, hoy con un pie en los tribunales. El cumplimiento del acuerdo de paz está cada vez más en riesgo, como lo advierte Naciones Unidas, el proceso de paz con el ELN está en un riesgoso paréntesis y el sometimiento de los grupos narcotraficantes está aún lejos de concretarse.

Todo un panorama que avizora un comienzo tormentoso para Duque y para el país, en razón a que el nuevo presidente puede generar una estrategia de shock como mecanismo de afianzamiento de su poder, mostrando independencia y liderazgo propio con consecuencias impredecibles, como prohibir las protestas sociales (como lo anunció el próximo ministro de Defensa). En declaraciones a la prensa, en las últimas semanas, su tono resulta más conciliador que el usado en la campaña, toda vez que conoce la dificultad para pactar con los distintos sectores políticos en el Congreso, especialmente, por la oposición activa que le recibirá con una protesta simultanea en todos los departamentos del país y en más de 20 ciudades en todo el mundo.

Relaciones internacionales

El nuevo presidente de Colombia ya anunció algunas líneas para el adelanto de su política exterior, similares a las directrices desarrolladas por los gobiernos de Uribe y de Santos, como la alineación internacional con los EE.UU. y la priorización de vínculos bilaterales o multilaterales basados en la seguridad y el libre comercio. Este alineamiento se acentúa con el ingreso de Colombia a la OCDE y como socio global de la OTAN. En el próximo cuatrienio, Latinoamérica seguirá siendo vista como un foco de disputa, donde la diplomacia colombiana se ubica a la derecha, en contra de cualquier Gobierno que disienta de la agenda neoliberal del FMI o el Banco Mundial, o que promueva procesos de integración distintos a la doctrina panamericanista condensada en la OEA.

Con esos lineamientos heredados y con el pensamiento de extrema derecha del partido del presidente, es de esperar mayor tensión en las relaciones con Venezuela, confirmados por los anuncios de Duque tras la reunión con el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, en el sentido de seguir trabajando por el derrocamiento del Gobierno constitucional venezolano. Un asunto que pone a Colombia a la cabeza del llamado “grupo de Lima” que pretende imponer un Gobierno desde afuera como “transición” hacia la normalización neoliberal en el vecino país. Esos dichos del presidente Duque son crípticos y no es posible desentrañar cuáles son las acciones que el Gobierno colombiano desarrollará para cumplir con tal propósito destituyente, pero resultan preocupantes por la hipótesis siempre latente de una intervención militar al vecino país.[5]

En ese mismo camino, Duque anunció el retiro de Colombia de UNASUR, una medida que vienen anunciando otros mandatarios de la región (Argentina, Brasil, Perú), bajo el pretexto de arrinconar a Venezuela. Lo cierto es que la constitución de ese proceso de integración regional nunca fue de buen recibo por los sectores de extrema derecha colombianos que, aprovechando el contexto regional, ratifican su obediencia a la doctrina panamericanista de los EE.UU. La salida de Colombia de ese organismo es una profecía autocumplida de las derechas que miran hacia el norte para tomar las decisiones nacionales.

El apego de Colombia a la política exterior de los EE.UU. en materia de seguridad, diplomacia y modelo económico, la pone en algunos aprietos, en especial por la creciente crisis en la geopolítica global generada a partir de la guerra comercial de Trump en contra de China, puesto que dicho país ya anunció una respuesta a los EE.UU. proporcional al daño que suponen los aranceles sobre sus productos. Esta réplica puede afectar el sector externo de la política colombiana que viene mirando a China como un receptor de exportaciones, ante el fracaso del TLC con los EE.UU. De otro lado, el alejamiento de una mirada cercana a Latinoamérica profundiza la crisis de las relaciones con Venezuela que, además de profundizar una enemistad entre pueblos hermanos, restringe la posibilidad de generar empleos y proyectos industriales en suelo colombiano. Venezuela era su segundo socio comercial, con exportaciones de mercancías con valor agregado, zapatos, ropa, alimentos, autos, que al desaparecer generaron un impacto negativo en la industria colombiana y en la generación de puestos de trabajo[6].

Política social

Las principales demandas sociales en la campaña electoral fueron el cambio del sistema de salud, la ampliación del presupuesto educativo, la modificación del régimen pensional y el desarrollo de la Reforma Rural Integral derivada de los Acuerdos de Paz. La elección de un gabinete tecnocrático y neoliberal supone que estos temas serán abordados desde la perspectiva de que esas demandas son servicios y no derechos de la ciudadanía, empeorando así las condiciones actuales del sistema de seguridad social y educación, mucho más para las comunidades rurales, si se concreta el escenario sugerido en campaña por Duque, de no cumplir los acuerdos de paz.

Duque debería tener en cuenta las huellas del neoliberalismo, que marcan duras realidades y condiciones de vida de la población colombiana, que se sienten en todo el país y se expresaron en las elecciones, con cerca del 51 % (Petro y Fajardo) en la primera vuelta y el 42 % en la segunda. Más de ocho millones de electores expresaron su descontento con la continuidad de las erráticas políticas sociales del neoliberalismo y están pidiendo el resarcimiento de derechos necesarios y vitales. Los derechos ciudadanos serán uno de los principales desafíos del Gobierno Duque, no sólo porque es una demanda ciudadana, también porque se enfrenta a una oposición legitimada y con capacidad de movilización en las calles y las redes sociales, que puede seguir creciendo y canalizando el enorme descontento de la sociedad.

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[1] http://www.portafolio.co/economia/balance-agridulce-en-seis-anos-del-tlc-con-estados-unidos-516796

[2] https://www.elespectador.com/economia/esta-es-la-perspectiva-de-las-empresas-de-ee-uu-en-colombia-para-2018-articulo-732685

[3] https://www.elpais.com.co/politica/asi-avanza-la-agenda-de-la-visita-de-ivan-duque-a-los-estados-unidos.html

[4] https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/las-reuniones-diplomaticas-de-ivan-duque-en-washington-pasaron-por-el-senado-de-eeuu-2744143

[5] https://www.celag.org/ee-uu-venezuela-la-hipotesis-intervencion-militar/

[6] http://www.panasdigitales.com/2018/03/04/comercio-colombo-venezolano-cayo-3275-por-ciento-en-el-2017/