La estrategia de Juan Manuel Santos de rodearse de un nuevo gabinete para fortalecer el apoyo político de la coalición ad portas de un eventual plebiscito abrió, durante unos días, fisuras en la Unidad Nacional, fundamentalmente por las tensiones en el Partido de la U y el Partido Liberal, sobrevenidas por una eventual pérdida de espacios en las carteras y organismos más relevantes.
Y es que la discusión viene de lejos. Con la selección de la terna para el fiscal general, además de Mónica Cifuentes y Yesid Reyes, el presidente posicionó a Néstor Humberto Martínez, cercano al vicepresidente Germán Vargas Lleras y dejó de lado al Jorge Perdomo, ficha clave del expresidente César Gaviria, algo que el liberalismo no vio con buenos ojos y lo hizo manifiesto.
Pero las cuerdas se tensaron un poco más cuando, con la selección del “gabinete para la paz” el liberalismo perdió el Ministerio de Justicia, el nuevo titular es Jorge Londoño del Partido Verde. Si bien el presidente salió del paso señalando que mantuvo varios ministerios (Salud, Defensa y Relaciones Exteriores) en manos de liberales, quienes critican la decisión de Santos no ven en los encargados de dichas ministerios alianzas estratégicas para el partido.
El Partido de la U también se manifestó en contra de la decisión, pues a pesar de haber recibido la cartera de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, no representa los intereses de la formación por encontrarse cercano al Partido Conservador. Por otro lado, Roy Barreras, presidente del partido, fue elegido representante del Congreso en la Mesa de Negociación de la Habana, algo que fue recibido como un “premio de consolación” por la colectividad.
De su coto personal, el presidente se reserva el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para María Claudia Lacouture, la que fuera su asesora de campaña, militante del Partido de la U y presidenta hasta su nombramiento ministerial de ProColombia, entidad encargada de promover el turismo y la inversión extranjera en el país.
Sin embargo, el cambio en el gabinete sólo fue la primera parte de la maniobra, con la reconfiguración de las instituciones de tercer nivel y la creación de los “Contratos paz”, orientados a estructurar a nivel regional los cambios necesarios para el posconflicto, el presidente intentó seducir al Partido Liberal, dejando el control de estos contratos a cargo de Rafael Pardo y Simón Gaviria, con este movimiento Santos coquetea nuevamente con el liberalismo para calmar las aguas revueltas que provocó el revolcón ministerial.
No obstante, en el reparto de los cargos Vargas Lleras sigue siendo el gran ganador; si bien perdió la cartera de Transporte, conserva las funciones de coordinación de la misma. Ello sin contar su peso en las agencias que toman las decisiones más importantes en torno a esta temática, a saber: La Agencia Nacional de Infraestructura, la Aeronáutica Civil y el Instituto Nacional de Vías.
También, con el nombramiento de Elsa Noguera para dirigir la cartera de Vivienda, el Partido Cambio Radical se apuntó una militante más en el renovado gabinete. Pero la carta más importante del todopoderoso Vargas Lleras, sin lugar a duda, fue Luis Gilberto Murillo (Cambio Radical) como nuevo ministro de Ambiente. Su nombramiento le permite tener control sobre decisiones muy delicadas en torno a licencias medioambientales, por sus intereses en proyectos de desarrollo infraestructural y la eventual necesidad de connivencia para la explotación de yacimientos no convencionales de petróleo y gas por medio de tecnologías complejas como el fracking.
El nuevo reparto de poder en las instituciones, más allá de ser una reforma para hacer posible la llegada a un eventual acuerdo de paz, estuvo guiado por los intereses particulares en el control de presupuestos y de carteras decisivas. Los grandes ganadores fueron, como siempre, los partidos que controlan las elites tradicionales del poder, frente a la izquierda polista que (controversias aparte) recibió una escasa representación en el particular ejercicio de repartición de la tarta política, con Clara López ahora como titular del Ministerio de Trabajo y Protección Social.
Además, está visto que a pesar de querer conformar un gabinete por la paz, los “elegidos” de la Unidad Nacional, no hacen más que hacerle feos a ésta (buen ejemplo es la reacción del Partido de la U, ante el encargo a Roy Barreras en el Congreso) y, sólo dinero mediante, reciben de buen agrado los “regalos” del presidente en torno a esta temática; el Partido Liberal sólo calmó los ánimos rupturistas cuando se le concedió el control de los “Contratos paz” a Rafael Pardo y Simón Gaviria.
Así las cosas, la reformulación ministerial de Santos pone de manifiesto, una vez más que la Paz se ha convertido en su particular comodín para reacomodar intereses, mantener amigos, pagar favores y castigar infieles, porque si realmente su objetivo con la creación de este nuevo gabinete era preparar el terreno para el aterrizaje de un plebiscito por la paz, tener a conocedores de primera mano en las regiones, capaces de comprender las realidades y diversidad de perspectivas del conflicto, habría sido, sin lugar a duda, la estrategia más eficaz.
