El próximo 27 de octubre se realizarán las elecciones regionales en Colombia. Se elegirán los gobernadores de 32 departamentos y 418 diputados, al tiempo que alcaldes en los 1.122 municipios del país, 12.063 concejales, y 6.814 ediles.[1] Será una elección que pondrá a prueba la capacidad del uribismo, en cabeza de Iván Duque, para garantizar las libertades democráticas a los partidos independientes y de oposición que desafían las políticas neoliberales y ultraconservadoras que desarrolla el Gobierno. Hasta ahora, el clima electoral está marcado por la violencia, con el asesinato de candidatos (siete hasta el momento)[2], y, 229 líderes y lideresas sociales desde el 7 de agosto de 2018 (aproximadamente un asesinato diario), cuando Duque asumió la Presidencia.
Según el último informe de la Misión de Observatorio Electoral (MOE), de 2019, 40 municipios se encuentran en riesgo extremo por confluencia de factores de fraude y violencia, 19 municipios menos que en las pasadas elecciones locales de 2015. A la par de la disminución de los municipios, lo que se observa es una zona del conflicto focalizada: los departamentos con mayor cantidad de municipios en riesgo son Antioquia (con 32 municipios), Chocó (con 22) y Nariño (con 16). De modo que, si bien los niveles de riesgo electoral en Colombia han venido disminuyendo en cantidad de municipios, hay zonas específicas en Chocó, Antioquia, La Guajira y Valle del Cauca en donde el riesgo ha aumentado.
Para la directora del MOE, Alejandra Barrios Cabrera, “la disminución este año es inferior a lo esperado respecto de lo logrado en anteriores elecciones”[3]. Algo similar ocurre con los factores que inciden en el de fraude y la manipulación electoral. Para Cabrera “se están concentrando los hechos en zonas muy específicas y con un impacto mucho más localizado.”
Siendo lo anterior una característica de la campaña, la atención de la opinión pública está puesta en la contienda en los principales distritos electorales del país: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico. Sin embargo, se miden fuerzas en todos los municipios del país, donde se juega el control de poderes locales, recursos públicos y la base territorial de los grupos políticos que, posteriormente, aportan a la concreción de candidaturas nacionales al Congreso de la República y la Presidencia. En este sentido, no hay municipio pequeño. La fuerte disputa de clivajes políticos nacionales entre las facciones de derecha se puede dirimir en el triunfo de las alcaldías y gobernaciones, mientras que el progresismo se juega la consolidación como fuerza nacional, que le permita mejorar los resultados electorales del 2018, en las que terminó como la segunda fuerza, tras recibir el apoyo de 8,2 millones de votantes.
La violencia y los poderes ilegales como factor electoral
Es necesario hablar de la creciente violencia como punto de partida para el panorama electoral colombiano. Se eligen autoridades municipales y departamentales en medio de un ambiente de muerte, persecución y proscripción de candidatos y candidatas en, al menos, 230 municipios del país (una cuarta parte del total). La ciudadanía acudirá a votar bajo el fuego de diversas acciones violentas que impactan en su vida cotidiana e influyen de forma decisiva en el comportamiento electoral. El miedo condiciona. Como lo indican la MOE, la ONG Indepaz y otros organismos de DD. HH. del país, en Colombia se usa la violencia para dirimir la disputa electoral, y ello refleja en los sistemáticos asesinatos de líderes y lideresas sociales -cotidianos en el mandato presidencial de Iván Duque-, de candidatos -ya van seis-, la intimidación o amenaza a otros, y la acción proselitista de grupos armados para imponer mandatarios locales. No es normal en una democracia desarrollar las elecciones en esas condiciones, puesto que todos esos hechos tienen repercusiones en las definiciones de los votantes.
De acuerdo al MOE, mientras que los factores de violencia que generaban una percepción generalizada de riesgos -como la presencia visible de grupos armados ilegales y ataques cotidianos entre éstos y el Estado- se han mantenido en una misma cantidad de municipios que en 2018, “la violencia política selectiva ha ido en aumento”. La variable incluye el riesgo por violaciones a la libertad de prensa, riesgo por desplazamiento forzoso, violencia política contra funcionarios electos y candidatos por presencia y acciones unilaterales de los grupos en conflicto.
Esos hechos de violencia se acompañan de un discurso estatal que alienta la tensión de cara a las elecciones; el lugar de confort del uribismo es la guerra y por ello se ataca la posibilidad de construcción de la paz y de generar un marco de justicia social que permitan que las discusiones giren en torno a los otros graves problemas que enfrenta el país. En la paz los uribistas deben discutir programas y defender las políticas económicas que mantienen a un tercio de la población por debajo de la línea de pobreza. Ejemplo de ello fue la reciente intervención de Duque en la ONU, en la que sólo se refirió a la hipótesis de guerra con Venezuela.
Por su parte, los riesgos de fraude electoral continúan prácticamente perennes. El análisis de la MOE respecto del comportamiento electoral de las tres últimas elecciones locales reveló que hay 461 municipios en riesgo, 26 en riesgo extremo, 149 en riesgo alto y 286 en riesgo medio. A diferencia de la violencia, que se focaliza, la disminución de la manipulación electoral es marginal –sólo 26 municipios con respecto a 2015- por lo que podría considerarse una distinción constitutiva de los comicios colombianos.
La minería ilegal, el narcotráfico, las redes de corrupción y las fuerzas del conflicto armado interno son algunos de los factores principales de esta violencia. El Estado se muestra incapaz de garantizar la vida de los candidatos y de la población en general.[5] Las pasiones políticas y las aspiraciones para controlar los dineros públicos son otra fuente de violencia, así como la impunidad de la que goza la clase política: en los municipios y departamentos los parapolíticos y otros grupos relacionados con poderes ilegales están apoyando candidaturas, abonando a la espiral de violencia y corrupción en el país.
Lo que se juega en las elecciones locales
En las elecciones municipales y departamentales se disputan intereses políticos distintos a los que suelen tener las elecciones presidenciales. En teoría, son elecciones de proximidad. Las personas votan con otro criterio: si no son militantes de ningún partido lo hacen basándose en demandas materiales o simbólicas que matizan y se distancian de la polaridad derecha/izquierda. En la realidad colombiana, esa proximidad se relaciona con una mediación de lo ilegal, con el clientelismo y la continuidad de la violencia, con diversos grados, en todo el país. Las presiones están más presentes en los municipios más riesgosos, donde los poderes económicos y la política local tienen vasos comunicantes, creando una dinámica antidemocrática que es independiente de los eventuales compromisos por la no violencia suscritos por las figuras nacionales de los partidos. [6]
Siendo una elección de cercanía con los votantes, los efectos del modelo económico-social y sus expresiones estructurales como la pobreza, el analfabetismo funcional, el narcotráfico, la minería ilegal y el saqueo de lo público son muy poderosas. Se convierten, así, en condicionantes que conforman profundas lógicas del poder regional, mucho más fuertes que las tendencias en el ámbito central (aunque haya algunas sinergias que se articulan de forma prospectiva con miras a fortalecer el poder territorial en las elecciones nacionales de 2022). De este modo, se trata de un proceso anclado en el carácter transaccional de la política colombiana, que estructura desde lo local los arreglos clientelares para la compraventa de votos, o la utilización del aparato estatal (nacional, departamental o municipal) como mecanismo de persuasión a los electores. Los candidatos a gobernadores son los encargados de estructurar la base municipal de la pirámide clientelar o transaccional, y luego operan para coordinar sus apoyos en las elecciones al Congreso o la Presidencia.
En ese contexto, se presentaron 117.822 candidatos y candidatas a ocupar los cargos en los distintos niveles ejecutivos (gobernaciones y alcaldías), y legislativos en departamentos y municipios (diputaciones y concejos) para la disputa electoral del próximo 27 de octubre; 6.115 más que en el 2015, cuando se presentaron 111.707[7]. Esa proliferación de candidatos se entiende, principalmente, por el poder que tienen los mandatarios locales en la ejecución de los presupuestos municipales y las transferencias recibidas del poder central. Se juega el control local del Estado. En algunos casos se trata de enormes presupuestos, como los de Bogotá (7200 millones de dólares anuales), seguido por Antioquia (1200 millones de dólares), Cundinamarca (759 millones de dólares), y Valle del Cauca (735 millones de dólares); en otros casos, las cuantías presupuestales son bajas -en la mayoría de los municipios-, pero resultan una de las fuentes principales de puestos de trabajo y contratación que mantienen las economías locales.
De otro lado, las actuales autoridades municipales y departamentales pertenecen en su mayoría a los partidos de la coalición liderada por el expresidente Juan Manuel Santos. Se trata de una configuración del mapa político que se pone en tensión por la búsqueda (un poco desesperada) del presidente Iván Duque y su partido, Centro Democrático, para recuperar la fuerza que supo tener la ultraderecha durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010). A continuación, se resume la distribución partidista actual de ese poder municipal y departamental en las elecciones 2015:
Ese cuadro indica que la actual coalición de gobierno, conformada por el partido Centro Democrático, el Partido Conservador y el partido Mira, sólo cuentan con dos gobernaciones de forma directa (Risaralda y Casanare) y una en coalición (Tolima), así como 354 alcaldías (31% del total). Se incluye al Partido Social de Unidad Nacional (el Partido de Santos) aparte porque se encuentra dividido entre apoyar o no al Gobierno de Duque, aunque se declara formalmente como parte de éste. Cuenta con dos gobernaciones de forma directa (Cesar y Valle del Cauca) y siete en coalición, y gobierna en 258 municipios del país.
Por su parte, los partidos que se definen como independientes al actual Gobierno (El Partido Liberal y Cambio Radical) gestionan 11 gobernaciones, 5 gobernadas por el Partido Liberal y 6 Cambio Radical, gestionan 336 alcaldías, y también son parte de la coalición de 8 gobernaciones junto al Partido Social de Unidad Nacional. Mientras que el Polo Democrático, Alianza Verde, el partido FARC, y la nueva coalición UP-Colombia Humana tienen un amplio terreno para ganar, Alianza Verde gestiona una gobernación y el Polo Democrático y Alianza verde ponen en juego 62 alcaldías.
Clivajes y programas en disputa
Como se ha dicho, en las elecciones regionales se ponen en juego los clivajes políticos del país de una manera diferenciada a lo que ocurre en las elecciones nacionales, aunque posteriormente esa relación se estructura en función de las presidenciales y en la configuración del Congreso. Sin embargo, la tensión por los problemas de gobernabilidad del presidente Iván Duque en su primer año como mandatario, puede ser un condicionante nuevo en esta oportunidad. La historia electoral, al menos en las dos últimas décadas, indica que el Poder Ejecutivo nacional tiene una alta incidencia en los resultados municipales, y mucho más aun en las departamentales: durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) la coalición de gobierno resultó hegemónica en las gobernaciones y alcaldías, algo similar a lo ocurrido en el periodo santista (2010-2018).
Para estas elecciones locales, las fuerzas políticas de la derecha están atomizadas respecto del respaldo al Gobierno nacional. Distintos sectores agrupados en Cambio Radical, el Partido Liberal, y el Partido Social de Unidad Nacional, antiguos aliados del Gobierno de Uribe y de Santos, en la actualidad están buscando posicionarse como alternativas presidenciales para el 2022 y no están funcionando como bloque oficialista. Entre los partidos que acompañan al Gobierno, se están posicionando desde ya diversos liderazgos (tanto en el uribismo como en el Partido Conservador) para reemplazar a Duque en el 2022. El presidente parece estar de paso, aunque falta mucho de su mandato y eso puede ser un diferencial en estas elecciones.
La disputa en los grandes distritos electorales es el asunto principal de la política nacional, dado que con ello los partidos logran el control de los recursos públicos y de territorios con millones de votantes que definen las elecciones nacionales. En Bogotá, el distrito electoral más grande del país, se disputan la Alcaldía cuatro candidaturas con mucho peso ideológico y representantes de las tendencias políticas nacionales. Carlos Fernando Galán lidera las encuestas con el 35,2%, un candidato en auge ligado al proyecto de Cambio Radical y del Germán Vargas Lleras; le sigue Claudia López (Alianza Verde), quien de acuerdo a la última medición conocida recoge el 23,5%, y que representa la propuesta del excandidato presidencial Sergio Fajardo; luego aparece Miguel Uribe Turbay, con el 16,1%, quien representa al uribismo y al Partido Conservador; y, en cuarto lugar, está Hollman Morris, con 11,9% de intención de voto, quien representa a Colombia Humana, de Gustavo Petro.[8]
En Cali, el segundo distrito electoral del país, Jorge Iván Ospina (Alianza Verde), lidera la intención de voto con el 34,9%, es apoyado por Petro y por el Partido Liberal. Le sigue el uribista Roberto Ortiz, con el 24,8 %, y Alejandro Eder, apoyado por Sergio Fajardo, con el 7,1%.[9] En Medellín es mayoritario el uribismo: Alfredo Ramos (hijo de un parapolítico) encabeza las encuestas con un 19%, seguido por el independiente Daniel Quintero, con el 14%. Sin embargo, un 39% del electorado está indeciso, con lo que el panorama está abierto.[10] En la disputa por la gobernación de Antioquia están el uribismo, con Andrés Guerra, y una coalición compuesta por liberales, fajardistas y santistas que apoyan a Aníbal Gaviria.
Más allá de las tensiones en estas circunscripciones principales, en los medianos y pequeños distritos electorales se generan duras disputas. En algunos se presenta una dinámica de caudillismo regional combinado con poder económico, como ocurre en el departamento del Atlántico y su capital, Barranquilla; aunque esa dinámica se da en toda la Costa Caribe, donde las familias millonarias participan con candidatos provenientes de su seno o en forma de representantes.[11] La tendencia de las elecciones locales es al continuismo; es difícil que las nuevas propuestas políticas y los sectores progresistas triunfen donde no tienen base territorial y anclaje político, menos aun en un ambiente de creciente violencia política.
También aparecen otros grupos disputando cargos en las elecciones regionales, algunos por primera vez. La participación más llamativa es la del partido Colombia Renaciente, que logró su personería jurídica eligiendo un congresista por las negritudes en el 2018 (como circunscripción especial), y avaló a más de 5.600 candidatos y candidatas para las próximas elecciones locales.[12] Este partido, inicialmente representante de un grupo afrocolombiano, se alió con exministros santistas -como Juan Fernando Cristo- o la exmilitante del Polo Democrático, Clara López Obregón, y desplegó una estrategia de avalar candidaturas en todo el país, lo cual puede interpretarse como una ruptura del Partido Social de Unidad Nacional.[13] Tendrán candidatos con posibilidades de ganar en nueve gobernaciones y en algunas alcaldías importantes.
Por su parte, el senador Gustavo Petro logró encontrar un partido para avalar candidatos y fortalecer su proyecto nacional. Luego de que el Consejo Nacional Electoral le negara la personería jurídica a su movimiento, el petrismo firmó una alianza con la Unión Patriótica (UP) para conformar la UP-Colombia Humana y, con ello, llevar candidaturas en todo el país, entre ellas la de Hollman Morris en Bogotá, Nicolás Petro (hijo de Gustavo) en Barranquilla y en muchos otros municipios.[14]
Finalmente, el Partido Farc tendrá 13 candidatos a alcaldías y 60 listas para concejos municipales, una decisión austera que se ajusta al difícil momento del acuerdo de paz, producto de los incumplimientos gubernamentales, los ataques frontales del uribismo a la paz y, ahora, por la decisión de un grupo exFarc de volver a las armas.
[1] https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/Elecciones-2019/
[2] https://www.semana.com/nacion/articulo/elecciones-2019—violencia-politica-en-colombia-historia-de-candidatos-asesinados-en-2019/632336
[3] https://moe.org.co/riesgos-por-fraude-y-por-factores-de-violencia-confluyen-en-152-municipios-del-pais-moe/
[4] https://moe.org.co/riesgos-por-fraude-y-por-factores-de-violencia-confluyen-en-152-municipios-del-pais-moe/
[5] https://www.elespectador.com/noticias/politica/duque-reconoce-que-es-dificil-proteger-siete-millones-de-lideres-sociales-articulo-871395
[6] https://www.elimparcial.com/mundo/Pactan-no-violencia-en-campanas-electorales-de-Colombia-20190826-0158.html
[7] https://moe.org.co/wp-content/uploads/2017/07/Libro_MOE_Resultados_Electorales_en_Colombia_2015-4.pdf
[8] https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2019/bogota/nueva-encuesta-de-guarumo-s-a-s-y-ecoanalitic-muestra-empate-cerrado-por-alcaldia-de-bogota-417510
[9] https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2019/cali/encuesta-a-la-alcaldia-de-cali-ospina-saca-ventaja-a-ortiz-y-eder-417558
[10] https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/alfredo-ramos-lidera-intencion-de-voto-en-medellin-en-la-gran-encuesta
[11] https://www.semana.com/opinion/articulo/los-que-van-a-ganar-las-elecciones-regionales-2019-por-maria-jimena-duzan/632811
[12] https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2019/elecciones-partido-afro-inscribio-5-600-candidatos-403588
[13] https://www.las2orillas.co/el-nuevo-santismo-colombia-renaciente-se-mide-en-9-gobernaciones-y-8-alcaldias/
[14] https://www.elespectador.com/noticias/politica/nace-la-colombia-humana-articulo-872513
