El mundo necesita más coordinación. La globalización avanzó caóticamente, sin más diseño que los impulsos de un mercado regido por el principio del libre comercio. Y de este caos han nacido grandes desbalances globales, uno de los cuales, es la inequidad que no ha cesado de aumentar desde mediados de los 70s. La fuente más relevante para explicar el avance de la desigualdad fue el desplome del poder adquisitivo del salario.

El diseño institucional de la globalización ha generado este problema, porque desencadenó una competencia salarial desleal de carácter internacional. Con el modelo de economías más cerradas de la postguerra, tanto los trabajadores como las agencias reguladoras (ministerios del trabajo) tenían más capacidad para establecer los salarios en niveles compatibles con el interés común y la voluntad democrática. Incluso si no había sindicatos, los trabajadores influían sobre las decisiones políticas a través del voto, y así fue como los pueblos con frecuencia consiguieron que las agencias reguladoras representasen los intereses de los trabajadores. Este diseño fue herido de muerte por la globalización neoliberal. El nuevo sistema permitió que las empresas se globalizaran, desplazándose por el globo tratando de reducir sus costos, en especial el salario y las regulaciones laborales. Y lo consiguieron plenamente, porque ni el poder sindical ni la capacidad regulatoria del Estado han podido globalizarse. El pilar de esta globalización está sustentado en el libre comercio que le permite a las empresas abastecer los mercados desde cualquier lugar del planeta. Es claro que si gracias al libre comercio un importador le pone el mismo arancel a un país que favorece salarios altos frente a otro que los combate, el sistema crea el incentivo para la competencia salarial desleal.

En resumen, el sencillo diseño institucional que permitió globalizar las firmas pero no el poder sindical ni la regulación estatal, explica el constante deterioro de la capacidad de los trabajadores para mejorar sus condiciones, un fenómeno llamado “dumping social”. Esta denominación es incorrecta, porque por “dumping” se entiende a la estrategia desleal, intencional y transitoria de bajar costos para desplazar competidores, mientras que en este caso, la competencia es desleal pero ni es transitoria ni intencional. No es intencional porque por más que los ministerios y sindicatos prefieran los salarios altos, en gran medida están forzados a bajarlos para atraer empresas o evitar que se desplacen a países con menores salarios y regulaciones. Tampoco es transitoria porque las fuerzas del sistema tienden a bajar los salarios, no a subirlos. Por estas razones, la expresión “competencia salarial desleal” parece más apropiada para reflejar esta consecuencia inevitable de la globalización sin coordinación.

Cambiar este diseño institucional demanda que exista una entidad supranacional que regule e imponga estándares sociales y salariales para evitar esta competencia.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene condiciones para serlo. Tiene un mandato constitucional para establecer normas internacionales de trabajo, “goza de reconocimiento universal en la promoción de derechos fundamentales del trabajo”, es la más antigua de las instituciones internacionales, buena parte de su plantilla de personal tiene vocación e historia en defensa de los DDHH y de los trabajadores, tiene una vasta presencia internacional y regional y, en la declaración de 1998, se comprometió en este asunto al afirmar que “la OIT desea aportar una respuesta a los desafíos planteados por la mundialización de la economía {..}. Si bien la mundialización de la economía es un factor de crecimiento económico, y aún cuando este último es una condición esencial del progreso social, todo confirma que no se trata de una condición suficiente para asegurar dicho progreso. El crecimiento debe ir acompañado, pues, de un mínimo de reglas de funcionamiento social fundadas en valores comunes…”.  ¿Podemos ser optimistas? ¿Será que el bote de rescate de la OIT salvará al Titanic salarial en este mar helado de la globalización?

¡Malas noticias, estamos hundidos! La OIT hoy en día es más parte del problema que de la solución. Varias razones explican por qué no cumplirá este rol de coordinador. Una de ellas es que jurídicamente no podría, porque sus normativas no son vinculantes, no tiene poder de fuego en este sentido como el BM o el FMI para obligar a las partes. Otra razón es que resultaría muy difícil o imposible lograr acuerdos globales al respecto; en la OIT participan 186 países, lo que dificulta la coordinación de acuerdos dado que tienen intereses muy diversos, con frecuencia conflictivos y niveles de desarrollo muy heterogéneos que dificultan los acuerdos. Esto explica que sus convenios y recomendaciones respecto al salario sean prácticamente nulos. Además, como la negociación es tripartita, los representantes del sector empresario a veces representan intereses nacionales y a veces, los de empresas multinacionales, por lo que no puede esperarse que aprueben medidas que atenten contra sus propios intereses. Así, la coordinación global en el seno de la OIT parece condenada a fracasar aún si se intentase.

Pero la razón más lamentable, es que a pesar de su historia y a que reconoce el problema, la OIT no tiene vocación para cambiar el asunto. Como botón de muestra, la oficina regional de la OIT en Lima ha elevado una propuesta denominada “Políticas de Desarrollo Productivo (PDP) para el crecimiento inclusivo con más y mejores empleos” dirigida por su director regional J.M. Salazar Xirinachs. Es un muy buen documento que recomienda una política de economía neoclásica naive, ligeramente aggiornada y globalmente inconsistente. Aggiornada porque reconoce que el mercado no es suficiente para alcanzar el desarrollo, sino que se necesitan PDP (algo que históricamente señaló la economía heterodoxa). Naive porque el modelo parte de la premisa de que las inversiones y el aumento de la escala productiva generarán espontáneamente incrementos salariales. La única certidumbre es que un aumento de la escala productiva generará más desempleados que contendrán las presiones salariales, salvo que la propuesta esté impulsada en la demanda de las exportaciones.  Y aquí es donde nace la inconsistencia global. Porque está recomendando un modelo muy similar a la receta que aplicaron Japón y Corea: un bonito modelo liderado por el sector exportador. Lo malo de este modelo es que no resulta globalmente consistente, porque si todos los países se dedican a exportar, ¿quién ocupará el papel  de comprador de estos productos? Alguien tiene que comprar y si la demanda no proviene de los trabajadores, provendrá de alguna fuente de inestabilidad que solo dilatará el problema de sobreproducción (como una burbuja de activos, o la contabilidad financiera o las importaciones de EEUU que desde los 80s viene acumulando un déficit de cuenta corriente que equivale a unas 100 veces el Plan Marshall). La inconsistente proviene del hecho de que este modelo funciona mejor mientras menos países lo apliquen, es decir, que no funcionaría si todos lo aplicasen.

La OIT está proponiendo un modelo que sin duda es bueno para un país individualmente, pero no es una alternativa sustentable a escala global. No es la política que uno esperaría que proponga un coordinador global.

El aspecto más errado y neoclásico de la mirada de la OIT, es la concepción individualista de las soluciones que propone. El homo economicus egoísta e individualista se traslada directamente al plano internacional presuponiendo que los países también se comportan como este homo economicus. La OIT está elaborando propuestas basadas en este principio, sin considerar las ventajas de buscar soluciones coordinadas y colectivas al problema global de la competencia salarial desleal. Si la política económica se inspira en la regla del “sálvese quien pueda, porque salvándose a sí mismo nos salvaremos todos”, no hay lugar para alternativas basadas en la cooperación y coordinación internacional.

Que la OIT no tenga competencias o la intención de lograrlo, no quiere decir que el esfuerzo de coordinación no deba ser realizado. Sea cual sea la institución regional que tome la iniciativa al respecto, es hora de que nuestros gobiernos de Latinoamérica combatan la competencia salarial desleal. Es mucho más factible lograrlo en negociaciones regionales que en el seno de la OIT. Porque es más fácil alcanzar acuerdos regionales que globales para globalizar la regulación del trabajo, porque hay menos heterogeneidad en la región que en el mundo (lo que facilita los acuerdos y fijación de estándares), porque están involucrados menos actores en la negociación, porque estos acuerdos deberían involucrar cierta dosis de protección del mercado regional frente a la competencia desleal salarial del resto del mundo, y para ello podría apoyarse en los acuerdos regionales comerciales que existen, porque acuerdos regionales que combatan la competencia salarial desleal no solo contarán con el apoyo de los trabajadores y gobiernos, sino también, de una parte significativa del empresariado que percibirá la compatibilidad entre las políticas de salario digno que actualmente persiguen los gobiernos con proyectos desarrollistas de la región y el modelo de competencia internacional.