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La fortaleza de la democracia en la región está siendo amenazada nuevamente. Tras los golpes de Paraguay y de Honduras, la institucionalidad en Brasil está cercada por poderosos grupos políticos, mediáticos y económicos que buscan, mediante diferentes modalidades, derrocar al gobierno del Dilma Rousseff. El pedido de impeachment que fue aceptado por el Presidente de la Cámara de los Diputados -Eduardo Cunha (PMDB)- ayer fue votado favorablemente por mayoría en la Comisión Especial que ha estudiado el caso. El próximo domingo se vota en el Plenario de la Cámara, y el pedido de destitución será evaluado por el Senado. Si éste también lo avala, la Presidenta será apartada de su cargo por 180 días mientras el Supremo Tribunal Federal estudia el caso. En esos 180 días, el actual Vicepresidente, Michel Temer (PMDB) sería quien quede a cargo del Poder Ejecutivo.
El impeachment está contemplado en la Constitución brasileña, pero sólo en casos considerados como crímenes de responsabilidad. Ninguno de los argumentos que sostienen el pedido entran en esa categoría. Por lo tanto, la situación sólo puede explicarse como intento de golpe institucional. En primer lugar, Eduardo Cunha de ningún modo puede considerarse imparcial, ya que ha dado reiteradas muestras -desde el comienzo del segundo mandato de Rousseff- de tener una postura política opositora, cuestión que pone en entredicho desde el comienzo el aval y las pautas por él propuestas para encaminar el proceso dada su manifiesta animadversión con la Presidenta. Segundo, tampoco queda muy clara la legitimidad de una Comisión que juzga un supuesto delito, integrada por 65 Diputados, de los cuales 35 tiene demandas judiciales, 6 sufrieron condenas judiciales en al menos una instancia y que dichas causas corresponden a delitos como corrupción, lavado de dinero, asociación ilícita y malversación de fondos públicos. Tercero, es públicamente conocida la buena relación entre quien pretende asumir la Presidencia -Temer- y Eduardo Cunha, además de ser ambos del mismo partido. Partido, por cierto, que abandonó la coalición gubernamental hace un par de semanas pero que no dejó los cargos que ocupa en el gobierno, incluida la Vicepresidencia de la República. Hay otro golpe en marcha.

 

Desde Celag, adherimos al comunicado emitido hoy por la Secretaría General de UNASUR que a continuación reproducimos: “El Secretario General de UNASUR, en relación con la decisión de la Comisión de la Cámara de Diputados de Brasil adoptada en el día de ayer de avanzar en el proceso de destitución de la Presidenta Dilma Rousseff, considera que, sin existir hasta el momento, una prueba que la incrimine de manera personal y directa en la comisión de un delito, esta decisión, se convierte en un motivo de seria preocupación para la seguridad jurídica de Brasil y de la región. La presidenta sólo puede ser procesada y destituida -revocando el mandato popular que la eligió- por faltas criminales en las cuales se compruebe su participación dolosa y activa. Aceptar que un mandatario puede ser apartado de su cargo por supuestas fallas en actos de carácter administrativo llevaría a la peligrosa criminalización del ejercicio del gobierno por razones de índole simplemente políticas.”