Del 7 al 9 de septiembre se realizó en Cali, Colombia, la “Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas: para la vida, la paz y el desarrollo” con el objetivo de replantear la política de drogas ante el fracaso de la estrategia punitiva impulsada por Estados Unidos (EE. UU.). Fue convocada por Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en un comunicado presidencial conjunto de noviembre de 2022 y reiterada por Petro en la Cumbre de la CELAC en Bruselas, en junio pasado.
De esta conferencia Participaron ministros/as de Relaciones Exteriores y representantes de alto nivel de 19 países de ALC, representantes de países observadores, organizaciones de la sociedad civil, experto/as y representantes de organismos internacionales.
Principales conclusiones
El Documento Final de Santiago de Cali se adopta como una guía declarativa para los países participantes, que luego servirá de insumo en otros espacios e instancias internacionales. Propone los siguientes puntos:
- Necesidad de cambiar el paradigma, a partir del reconocimiento del fracaso de la “guerra contra las drogas” impulsado por EE. UU.
- Se reitera la necesidad de contener de manera integral el problema mundial de las drogas, así como las causas estructurales y primarias de desigualdad, pobreza, falta de oportunidades y violencia.
- Se recuerda el valor de las convenciones internacionales en materia de estupefacientes (Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada en 1971, y el Convenio de Sustancias Sicotrópicas de 1971, entre otras), pero reconociendo la necesidad de avanzar y reflexionar de forma colectiva en aspectos como la revalorización de las plantas de uso ancestral, la reducción de la oferta, los daños sociales y a la salud o la conservación ambiental.
- Se analizaron los acuerdos internacionales para ajustarlos a la política regional.
- Contrarrestar de forma integral el tráfico de drogas con principios de justicia, desarrollo y combate a la pobreza para dar oportunidad a la población (entre ellos, los jóvenes), fortalecer comunidades y buscar vías de consumo lícito.
- Identificar un nuevo paradigma que reduzca la demanda, con prevención universal, atención a la salud mental y a las adicciones.
- Acordaron crear un grupo de trabajo de seguimiento con todos los países de la región y crear una alianza regional antinarcóticos, sugerida por Bolivia.
- La Declaración establece una hoja de ruta en dos fases: 1) crear un grupo de seguimiento por parte de los estados miembro, ajustada a las realidades de cada país, para abordar el problema mundial de drogas. Dicho grupo tendrá su primera reunión en los últimos tres meses de 2023 y buscará llevar propuestas consensuadas ante instancias multilaterales, incluida la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (ONU) a realizarse en marzo de 2024; 2) Realizar una Cumbre Internacional sobre drogas con jefes y jefas de Estado en el marco de la Organización de la ONU, a celebrarse en 2025.
Asistencia
- Participaron 19 países de ALC: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
- Ha sorprendido la ausencia de Brasil ya que, a pesar de haber sido un país invitado, no hubo representantes.
- Participación de organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan: Amnistía Internacional, Alas Moradas, Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas, Asociación Cuidados Paliativos de Colombia, Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, Autocultivo Medicinal en México, Cannabis Libre A.C. y Centre on Drug Policy Evaluation, Centro de Convivéncia É de Leiu, Centro de estudios de Derecho, Justicia y Sociedad De Justicia y Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos.
- Respecto a los organismos internacionales destaca la presencia del jefe del área de Desarrollo Alternativo de UNODC.
- Países observadores: Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos (EE. UU.), Indonesia, Irlanda, Marruecos, Noruega. Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suiza, Tailandia y la Unión Europea (UE).
Agenda
- El evento inició el jueves, 7 de septiembre, con un Foro temático con sociedad civil, observadores y Gobiernos a partir de la premisa de que la “guerra contra las drogas” no ha generado resultados satisfactorios y ha producido profundas vulnerabilidades y desigualdades en nuestras sociedades.
- En los días 7 y 8 se llevaron a cabo cuatro paneles y en paralelo se desarrollaron mesas temáticas de trabajo con las delegaciones de los estados para la elaboración del Documento Final.
- Paneles:
- Desarrollo alternativo, atención a causas primarias y sustitución de economías ilícitas, abordando el tema desde una perspectiva de justicia social, desarrollo integral y atención de sus causas estructurales.
- Derechos humanos, prevención, salud pública, educación y las poblaciones en situación de vulnerabilidad, en relación con las políticas de drogas.
- Análisis sobre nuevas perspectivas hacia la oferta y discusión de las políticas tradicionales en materia de delito organizado transnacional. Se discutieron las estrategias implementadas frente a la producción y el tráfico de drogas, así como las nuevas modalidades y los delitos conexos, incluyendo el lavado de activos y el tráfico de armas y municiones, entre otros.
- Impactos ambientales y globales de la problemática mundial de las drogas analizando el impacto de la producción y el tráfico de éstas, en el medio ambiente, los territorios y la esfera global.
- El sábado 9 de septiembre, se llevó a cabo la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación.
- Alicia Bárcena mencionó que el enfoque de la política contra las drogas debe tener una mirada de salud pública y de atención a las causas. Reconoció la vía de ilegalidad y el tráfico de fentanilo, pero también la importancia del tráfico de armas proveniente de EE. UU. Denunció la estigmatización de campesinos y migrantes: “no son traficantes, son trabajadores en busca de oportunidades”.
- El canciller colombiano, Álvaro Leyva, mencionó la importancia de cambiar el enfoque bajo el principio de responsabilidad común y compartida. Propuso la creación de una Red Mundial de la sociedad civil para exigir a todos los estados garantías de derechos humanos y control de consumo de los países desarrollados.
- El cierre del evento estuvo a cargo de Petro y AMLO:
- AMLO destacó la importancia de atender las raíces del problema desde un punto de vista que considere a los jóvenes y se les otorgue oportunidades, así como dejar atrás las medidas coercitivas anteponiendo la justicia y la lucha contra la pobreza.
- Petro mencionó que Latinoamérica lleva medio siglo haciendo caso a las directrices de la Unión Europea, ONU y EE. UU. sin cuestionarlas y en un «silencio» que «ha sido cómplice en un genocidio» en el continente.
