En tiempos de superconexión mundial, donde las mercancías, la información y los seres humanos circulan con una rapidez inaudita, pareciéramos haber olvidado que con nosotros también circulan los virus, microscópicos agentes infecciosos que atacan nuestro organismo causando enfermedades e incluso la muerte. En enero llegaron las primeras noticias de un nuevo virus en Wuhan, una lejana provincia de China. En ese entonces, pocos imaginaban que en menos de dos meses el bautizado “coronavirus”, que produce la enfermedad Covid-19, se expandiría rápidamente alcanzando la nominación de “pandemia”, cobrándose miles de vidas y colocando en jaque aspectos medulares de la globalización económica construida las últimas décadas.
En Latinoamérica, los primeros casos de coronavirus fueron anunciados a inicios de marzo. En este lado del mundo, donde lidiamos todavía con enfermedades endémicas, como el dengue, la sombra de un nuevo virus generó justificada preocupación. Si en países europeos mejor equipados, como Italia o España, el coronavirus se expandía raudamente, en los nuestros, con menos condiciones materiales, podía ser letal. En Perú esto ocurría, además, en medio de una crisis política irresuelta derivada de graves escándalos de corrupción, y una sociedad viviendo mayoritariamente en la informalidad, con déficit de servicios públicos -especialmente salud, agua potable y saneamiento-. Enfrentar la pandemia en dichas condiciones era y es un desafío abierto.
Hasta ahora, lo actuado por el Gobierno se ubica dentro de lo recomendado por los organismos internacionales para impedir que la propagación del virus colapse los sistemas de salud elevando la mortalidad: aislamiento social, cuarentena, cierre de fronteras, etc. Se han puesto en marcha, también, medidas económicas subsidiarias orientadas a disminuir el golpe económico producto de las semanas de paralización forzada. Apelando a un necesario discurso de unidad nacional y en base a una comunicación fluida, Martín Vizcarra parece manejar la crisis con solvencia. Pero los efectos globales y locales asociados al coronavirus se anuncian más profundos. En Perú, nos confronta con la estructura misma de la economía, la política y la sociedad configuradas en torno al modelo neoliberal, que hoy revela diversas crisis llevando a preguntarnos si podríamos asistir al cierre de este ciclo impuesto en 1992.
Un virus, varias crisis
Según afirman diversos estudios, el Covid-19 ataca con más fuerza a organismos debilitados, por ejemplo a los estados deteriorados por políticas neoliberales privatizadoras que abandonaron lo público precarizando las condiciones de vida de las mayorías. A fines de los ’80, los países latinoamericanos que implementaron el modelo neoliberal pautado por el Consenso de Washington, asumieron medidas orientadas a replegar el rol del Estado como garante de derechos, reduciendo el gasto público, especialmente en salud y educación. En Perú, este modelo se impuso con fuerza tras el autogolpe de Alberto Fujimori y fue continuado por los sucesivos gobiernos democráticos, dejando grandes beneficios a los grupos económicos, pero abandonando a su suerte a las mayorías.
Para empezar, la emergencia desatada por el coronavirus ha revelado la grave crisis de la salud pública. Pese a que durante años, en Perú, el PBI experimentó un crecimiento sostenido, la inversión en salud se mantuvo estancada entre las más bajas en la región[1]. Ello trajo secuelas graves en términos de infraestructura hospitalaria, investigación médica, producción farmacéutica y pésimas condiciones de atención a las mayorías que deben enfrentar el recorte de fondos mientras se promueve la privatización del sector vía las Entidades Prestadoras de Salud (EPS). Como lo ha señalado el ministro de Salud, Víctor Zamora, en una reciente entrevista[2], el Perú no presenta condiciones para la detección rápida y temprana del Covid-19, pues carece de una red de atención primaria extendida con laboratorios capaces de procesar rápidamente las muestras e investigadores epidemiólogos que cumplan la tarea. A ello se suma la deficiente infraestructura, pues existen 276 ventiladores mecánicos para una población de 32 millones de personas, sin posibilidades inmediatas de comprar nuevos en un mercado mundial saturado. Hoy, que el virus avanza, no queda más que apelar al aislamiento y esperar que los contagios no lleguen a picos muy altos que colapsen el sistema de salud.
De otro lado, el virus ha revelado la dramática desprotección social que vive la gran mayoría de la población relacionada con la altísima tasa de empleo informal (71%)[3]. Se trata de más de 12 millones de personas que trabajan al día y no poseen los beneficios de ley como seguridad social, vacaciones pagadas, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), etc. Para ellos un día en casa significa un día sin posibilidades de subsistencia, sufriendo directamente el impacto de medidas de prevención sanitaria como la cuarentena. Ante este hecho el Gobierno ha destinado un bono de S/380.00 (120 dólares) a pagarse dos veces a tres millones de familias. No obstante, las familias que necesitan este apoyo son más del doble, el monto es insuficiente y no está siendo entregado con celeridad. El mecanismo de entrega elegido, basado en la focalización de hogares, asume que se trata de una minoría, cuando es la mayoría del país la que requiere un subsidio para no tener que elegir entre quedarse en casa sin comer o salir a trabajar y contagiarse el virus. Ya economistas como Oscar Dancourt han advertido que el Estado posee los recursos para llegar a más familias de manera rápida y masiva[4], y que de no hacerlo se podría venir abajo toda la estrategia de contención del virus.
En un momento tan grave como inédito, la posibilidad de estallidos sociales permanece latente. El Gobierno lo sabe y apela al uso de la fuerza como “última ratio”; el estado de emergencia, el toque de queda y el consecuente despliegue militar y policial decretados evidencian tal despliegue de coerción. En ese marco, se filtran medidas como la “Ley del Gatillo fácil” que exime de responsabilidad a los miembros de la Policía que hagan uso de sus armas, reforzando el sentido de impunidad. Asimismo, conforme pasan las semanas de cuarentena, junto a los problemas del sistema de salud y la informalidad, aparecen otros como las denuncias de violencia contra la mujer que no están seguras quedándose en casa, la brecha digital que afecta a miles de estudiantes y, en general, la angustia de las mayorías por no percibir ingresos. Superar esta situación con la economía mundial paralizada y grupos de poder reacios a asumir las perdidas, requerirá cambios profundos referidos al modelo económico, la redistribución del gasto y la organización de la vida en comunidad configuradas este ciclo neoliberal.
Efectos de la pandemia: ¿se cierra el ciclo neoliberal?
Para hablar de “neoliberalismo” conviene asumirlo en sus tres acepciones básicas; como un programa intelectual o conjunto de ideas, como un programa político con medidas de política económica, leyes y arreglos institucionales y finalmente como un modelo de sociedad, un régimen de existencia que impone una racionalidad y formas de convivencia susceptibles de reproducirse también desde abajo, en las subjetividades y prácticas populares[5]. En Perú, el autogolpe de 1992 liderado por Alberto Fujimori impuso el neoliberalismo en medio de una sociedad conmocionada por el conflicto armado y la hiperinflación, legitimando los cambios realizados con la Constitución de 1993. Se abrió así un ciclo de hegemonía neoliberal, caracterizada por el predominio ideológico de la doctrina y su consolidación como programa político a partir de, entre otras medidas, la privatización de empresas públicas, la reprimarización de la economía o la promoción de los actores privados para gestionar la salud, educación o las pensiones. Asimismo, el neoliberalismo ganó terreno como forma de organizar la sociedad impulsando el ideal de un país de “emprendedores” que fomenta el éxito individual y la premisa del “sálvese quien pueda” en desmedro de salidas colectivas.
Tal hegemonía neoliberal sobrevivió la caída del fujimorismo, y fue continuada por los sucesivos gobiernos democráticos con el respaldo de los grupos de poder económico y la derecha política en sus diversas variantes (liberal, fujimorista, aprista, etc). No obstante, las resistencias al neoliberalismo no dejaron de manifestarse, por ejemplo, en las masivas protestas de las comunidades indígenas contra el extractivismo, de los trabajadores ante el recorte de derechos, de las mujeres contra la violencia de género, entre otras. También en el terreno electoral este rechazo se expresó en un consistente voto “antisistema” orientado el 2011 a Ollanta Humala y el 2016 a Verónika Mendoza. La hegemonía neoliberal logró sobrevivir a Humala, quien rápidamente se alineó a su doctrina e incluso sobrevive al escándalo de Lava Jato, lo que evidenció su matriz corrupta y decadente. Pero cuando muchos pensaban que Vizcarra y su grupo de (neo) liberales locales salvarían lo fundamental del modelo para que el 2021 terminara de estabilizarse, llegó el coronavirus a desordenar el asunto.
La llegada del coronavirus ha asestado un duro golpe a la desgastada hegemonía neoliberal desnudando las injusticias y desigualdades que genera. Como menciona David Harvey, si bien los esfuerzos de mitigación del virus se encubren con la retórica de que “estamos todos juntos en esto”, los efectos y repercusiones tienen diferenciales de clase[6]. Justamente, las medidas asumidas para paliar los efectos del Covid-19 han conseguido mostrar estos diferenciales, colocando en agenda pública lo insostenible de un modelo que las sostiene y alimenta.
En primer lugar, se ha mostrado la importancia de fortalecer el Estado, siendo múltiples las voces que demandan incrementar el gasto público, especialmente en la salud. En segundo lugar, se cuestiona la informalidad de la gran mayoría de la población que sobrevive no como “emprendedores” sino como trabajadores precarios, con la incertidumbre de no saber cómo afrontar la cuarentena sin ingresos. Asimismo, se hace más tangible el poder de grupos económicos, como los bancos, uno de los sectores que más ha ganado los últimos años y que se niega a congelar los intereses en los créditos hipotecarios amenazando la situación de miles familias que pueden perder sus viviendas. Finalmente, ha cobrado fuerza la crítica a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), acostumbradas a privatizar las ganancias y socializar las pérdidas recortando fondos de los afiliados con la promesa de una lejana recuperación. Esta postura, y la necesidad de liquidez de los trabajadores en medio de la crisis, llevó al Congreso a proponer el retiro del 25% de los fondos, generando gran debate sobre la viabilidad de un sistema que no asegura pensiones dignas, llegando el mismo Vizcarra a reconocer la urgencia de una reforma integral. Todos estos aspectos, cruciales en el entramado político económico social que sostiene la hegemonía neoliberal, se encuentran tensionados por la crisis, revelando un nivel de agotamiento que podría dar paso a un nuevo ciclo.
Epílogo temporal: no volver a lo mismo
En medio de la cuarentena, se aprobó la creación del “Programa Reactiva Perú” para asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del Covid-19 que destina el 12% del PBI a sacar a flote la economía[7]. En una primera fase, a través del Banco Central de Reserva, el Plan entregará a los bancos 30.000 millones de soles (8.500 millones de dólares) para financiar básicamente a las grandes empresas y a las trasnacionales. Para las medianas y microempresas se destinan 300 millones y a las familias de trabajadores informales e independientes S/2.500 millones de soles a través del bono de S/380. Nuevamente, el Gobierno apela vieja fórmula de entregar dinero público a grandes grupos del poder financiero prácticamente sin condiciones, aferrado a la esperanza de que redistribuya en las mayorías.
Por lo pronto, el Covid-19 nos expone como una sociedad en la que los privilegios de pocos se imponen a las carencias de muchos y la desprotección social cobra vidas. Pero abre también la oportunidad de realizar cambios de fondo, siendo tarea de los actores sociales y políticos, especialmente las izquierdas y fuerzas del cambio, trabajar sobre este escenario. Más allá de los señalamientos, urge levantar propuestas sobre aquello que tiene que cambiar; por ejemplo, la implementación de un sistema de pensiones universal y solidario, la realización de una reforma tributaria que acabe con los privilegios fiscales de mineras y bancos, o el fortalecimiento de la salud y educación públicas, avanzando en un nuevo pacto social que culmine en una nueva Constitución.
De cara al 2021, con nuevas elecciones generales y 200 años de vida republicana, los efectos del coronavirus incidirán decisivamente en el destino político del país. Sería ingenuo pensar que el cierre del ciclo es inminente; ya en otras ocasiones el neoliberalismo ha mostrado su capacidad de renovarse. Pero estamos en una crisis de proporciones mundiales que pone en cuestión la ideología, la gobernabilidad, el manejo económico y la forma de organizar la sociedad vinculada a este modelo. Ello amplía considerablemente la posibilidad de repensarnos como comunidad y reconocer que sólo las salidas colectivas nos garantizan superar enfermedades de semejante capacidad expansiva. Y en esta línea, corresponde también disputar un horizonte de futuro, ese “sentido de época” que reclamaba José Carlos Mariátegui, capaz de alimentar inquietudes, reorientar sentidos y expectativas de vida superando el individualismo exacerbado que nos aísla y el consumismo que deteriora el planeta. Podemos avanzar en cerrar el ciclo asegurándonos de no volver a lo mismo, ensanchando el espacio para garantizar lo público sobre la base de la solidaridad, la comunidad en torno al cuidado mutuo; esa reciprocidad a la que seguramente apelaron nuestros antepasados para derrotar antiguas pandemias.
[1] En promedio el Perú destina 3,3% del PBI a la salud, debajo del promedio regional ubicado en 4% y del 6% recomendado por la Organización mundial de la salud (OMS) Información tomada de: https://www.elperuano.pe/noticia-la-gestion-de-recursos-salud-77727.aspx
[2]Entrevista en: https://idl-reporteros.pe/el-martillo-y-el-baile/?fbclid=IwAR0OnqzDxV1yKBomEytv97g4O7MaRrrnOWzv0LEnAuDaM1gGJTM81hGSg2Y
[3] Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) www.inei.gob.pe
[4] Perú tiene 68,044 millones de dólares de reservas y una deuda pública del 27% del PBI, una de las más bajas de la región https://larepublica.pe/economia/2020/03/28/coronavirus-en-peru-oscar-dancourt-opina-que-el-fondo-de-estabilizacion-fiscal-debe-usarse-para-dar-1000-soles-a-todos-y-frenar-el-covid-19/
[5] Gago, Verónica (2013) La razón neoliberal, Economías barrocas y pragmática popular. Tinta Limón. Buenos Aires, Argentina.
[6] http://www.sinpermiso.info/textos/politica-anticapitalista-en-tiempos-de-covid-19
[7] https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-crea-el-programa-reactiva-peru-par-decreto-legislativo-no-1455-1865394-1/
