La segunda Administración del Partido Acción Ciudadana (PAC), encabezada por el presidente Carlos Alvarado, se ha enfrentado a una población profundamente polarizada y con un gran descontento. Esta polarización nació gracias a reformas fiscales -además de otras medidas neoliberales- y cuestiones en relación a los Derechos Humanos de mujeres y la población LGTIBQ+. Todo ello en un Gobierno que prometió colocar al Estado de Derecho en el eje central de sus acción; promesa realizada cuando confrontaba con su contrincante electoral en el 2018, el neopentecostal Fabricio Alvarado.
La pandemia del Covid-19 lo agravó todo. La crisis sanitaria, como en otros países, evidenció las profundas fracturas y desigualdades que componen a la sociedad costarricense, a pesar de ser regularmente presentada como un modelo democrático y social a nivel regional. Este artículo pretende abarcar una serie de tensiones políticas que se entretejen en el último año de Gobierno del PAC, a menos de un año de las elecciones nacionales. En Costa Rica, las presiones y las crisis políticas y económicas parecen ser permanentes.
Fracturas económicas y descontento social permanente: la segunda Administración del PAC
A meses de ser electo, Carlos Alvarado materializó el componente neoliberal de su Gobierno. Con ello, el descontento social y la polarización serían la norma de la segunda Administración del Partido Acción Ciudadana; la cual, presuntamente, derrotó al bipartidismo.[i]
En 2018, la discusión de la “Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas” polarizó a la población y fue la primer crisis política gestionada por Alvarado: el sector público encabezó una huelga durante tres meses frente al “Combo Fiscal”. El Combo Fiscal -como se le conoce popularmente- es una reforma al fisco profundamente regresiva al gravar la canasta básica al 1 %, los medicamentos al 4 %, establecer el Impuesto al Valor Agregado al 13 %, además de toda una serie de recortes al “gasto” del Estado a través de mecanismos como la “regla fiscal”. La regla fiscal establece que si la deuda externa supera el 60 %, distintos programas sociales quedan a la voluntad política del Ejecutivo de turno y éste además tiene la potestad de congelar el crecimiento de los salarios del sector público hasta por 12 años.
Tras meses de tensión, el Combo Fiscal fue aprobado por la Asamblea Legislativa en diciembre del 2018. Para enero del 2020, tras una débil huelga intermitente en 2019, fue aprobada la Ley Antihuelgas, que redefinió los servicios esenciales del país, logrando que un alto porcentaje de personas empleadas públicas no tengan la posibilidad de acceder a la huelga como mecanismo de presión política. En Costa Rica, la democracia bicentenaria y modelo, las huelgas son ilegales y las relaciones obrero-patronales son definidas según los intereses de la élite político-económica local.[ii]
La pandemia del Covid-19 agravó la situación económica en Costa Rica, sobre una población que aún está comprendiendo los alcances del Combo Fiscal, en tanto sus medidas son aplicadas poco a poco. Para abril del 2021, según el Ministerio de Salud, en Costa Rica hay un total de 228.557 casos confirmados y un total de 3.071 personas fallecidas (una tasa de mortalidad del 1,4 %).[iii] Costa Rica fue uno de los primeros países en contar con la vacuna de la farmaceútica Pfizer, lo que permitió un proceso de vacunación paulatino y altamente criticado por la oposición, que considera que el avance de la vacunación es lento, anómalo, y también existen sospechas de corrupción en la compra de vacunas, en tanto el Gobierno se ha negado a negociar con otras casas farmacéuticas.[iv]
En septiembre del 2020 el Ejecutivo presentó un borrador de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1.778 millones para supuestamente paliar la crisis económica presente desde décadas atrás, que fue agravada por la pandemia del Covid-19. Según el Ejecutivo, el préstamo es la única opción para contrarrestar la crisis económica: i) según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la tasa de desempleo alcanzó la cifra histórica del 20,1 %; ii) la pobreza aumentó en 5,2 puntos porcentuales y la pobreza extrema alcanzó el 7 %; iii) el ingreso promedio de hogares en la zona urbana disminuyó en un 13,7 % mientras que en el campo cayó en un 5,7 % y; iv) para el Ministerio de Hacienda el déficit fiscal en 2020 alcanzó el 9,3 % del PIB y la deuda pública el 70 % del PIB.[v]
El anuncio del préstamo con el FMI generó un rechazo social importante con un amplio espectro ideológico: desde las Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), sectores de izquierda y el Movimiento Rescate Nacional que, con dirigencias conocidas del bipartidismo de Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), mantuvo una serie de movilizaciones, bloqueos de ruta y enfrentamientos con la Policía durante semanas. Estas movilizaciones darían origen a un proceso de diálogo que a duras penas fue convocado por el Ejecutivo y el Legislativo.
El Foro Multisectorial de Diálogo logró encontrar a sectores altamente antagónicos y generó 58 propuestas que podrían recortar el déficit superior a 3 puntos porcentuales al PIB.[vi] Los resultados son los esperables en un diálogo de un muy amplio espectro ideológico: concentración en acuerdos mínimos que no afectaron la negociación del préstamo con el FMI y tampoco las grandes reformas en relación a las condiciones estructurales del aparato fiscal: elusión, evasión e impuestos regresivos.
El avance de los 58 acuerdos ha sido paulatino; el Ejecutivo creó el Consejo Consultivo Económico Social (CCSS), acordó el préstamo con el FMI y centró la discusión legislativa en la Ley de Marco del Empleo Público (presentada como clave para lograr el préstamo con el FMI). De esta manera, el Ejecutivo establecería como «técnica» una discusión profundamente política al impulsar la Ley Marco que podría dinamitar los cimientos básicos democráticos y deteriorar las condiciones de vida en el país.
El FMI y la Ley Marco de Empleo Público
En términos generales, la Ley Marco de Empleo Público (Proyecto Número 21.336) atenta con la división de poderes, así como a las Instituciones Autónomas -como las Universidades Públicas, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entre otras- al dar al Ejecutivo el control absoluto sobre el comportamiento de los salarios del sector público, así como a las contrataciones y planillas. Ello a través de distintas herramientas, como la creación de un salario global en el sector público, reforma que de entrada es inviable según las estimaciones de Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, quien declaró que no hay fondos económicos para subsanar el faltante de alrededor del 9 % de las personas empleadas públicas que no alcanzan el salario global. Vale mencionar que los detalles metodológicos para que Garrido lograra determinar los fondos faltantes y el procentaje de personas afectadas no han sido publicados,[vii] por lo que la discusión se realiza sobre suposiciones y/o con falta de información para los sectores mayormente afectados.
Ante este faltante económico, los salarios públicos estarían regidos por la Regla Fiscal aprobada en el Combo Fiscal. Según los artículos 11 y 13 “No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales”. Así, la Ley Marco de Empleo Público sería una continuación del Combo Fiscal y, por tanto, parte del paquete fiscal en detrimento del sector público y las clases más empobrecidas.
El rechazo a la Ley Marco de Empleo Público va desde sindicatos hasta el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), pasando por sectores de izquierda e independientes. Las movilizaciones se han vuelto a presentar a pesar de la permanencia de la emergencia sanitaria. Sin embargo, las convocatorias no son tan fuertes como en 2018 o en 2020. Para el cierre de este informe, la Asamblea Legislativa se encuentra discutiendo 352 mociones para que el proyecto de ley pueda ser aprobado en primer debate y, posteriormente, trasladado a la Sala Constitucional. La Ley de Empleo Público tiene fraccionada la bancada del PAC, donde dos de sus diputados critican la intromisión a la autonomía universitaria y el aumento del empobrecimiento producto de la Ley. Aún así, el Ejecutivo sostiene que la Ley es necesaria para lograr el préstamo con el FMI.
No sólo la ausencia de los derechos materiales se ha hecho presente, sino que la Ley Marco de Empleo Público también contempla trabas a las dimensiones simbólicas y políticas de la comunidad LGTIBQ+ y a las mujeres. La Ley contempla una cláusula sobre la “objeción de conciencia” que permitiría a personas funcionarias públicas a rechazar procesos de formación en Derechos Humanos así como faltas a sus funciones; en días recientes salió a la luz pública que esta cláusula había sido negociada entre el PAC y la bancada neopentecostal del Congreso (Restauración Nacional e independientes de Nueva República). Esta situación provocó la renuncia de la Comisionada LGTIBQ y rechazos de la misma comunidad.[viii]
De esta forma, Alvarado da la espalda a una retórica que le fue clave para alcanzar el Ejecutivo. Así, la segunda Administración del PAC seguiría apostando por la clave neoliberal, conservadora y aumentando su acción autoritaria pues, la Ley Marco de Empleo Público posibilita la centralización de la toma de decisiones en el Ejecutivo, justo en el año en el que se conmemora el bicentenario de la independencia de Costa Rica.
En ruta a las elecciones presidenciales y legislativas
Las tensiones políticas -ancladas a las reformas neoliberales desde el Combo Fiscal en 2018- se llevan ahora en medio de las elecciones presidenciales y legislativas a celebrarse en febrero del 2022. Los partidos políticos se encuentran en el proceso de elección de las candidaturas presidenciales, donde resurgen sujetos altamente conocidos.
Para el caso de Liberación Nacional (PLN) las candidaturas más resonadas corresponden al expresidente Jose María Figueres Olsen y Carlos Ricardo Benavides. Jose María Figueres recibió el apoyo de Antonio Alvares Desanti, con quien disputó y perdió la candidatura para los comicios del 2018.[ix] En el documento oficial ambos respaldan el acuerdo con el FMI y lo visualización como única opción para paliar la crisis económica.
Figueres Olsen fue presidente entre 1994 y 1998 y estuvo vinculado con el caso Alcatel, escándalo de corrupción que lo llevó a permanecer 10 años fuera del país para evadir las repercusiones judiciales. Benavides, por su parte, encabezó el Legislativo en el 2019-2020 y recientemente recibió el apoyo de Rodrigo Arias Sánchez, hermano del expresidente Oscar Arias.[x] La convención interna del PLN será un nuevo enfrentamiento entre las alas figueristas y el arismo. En lo externo, el PLN tendrá que sortearse electoralmente en un contexto en que se vincula penalmente a Gustavo Viales (exsecretario general y exdiputado) con el narcotráfico.[xi]
Las internas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) están fechadas para el domingo 13 de junio. Las candidaturas aún no son muy claras y de momento no se han presentado los líderes tradicionales. Por ahora, los diputados Pedro Muñoz, Erwen Masís y la exvicepresidenta Linet Saboría (2002-2006) han manifestado intenciones electorales, mas no han presentado oficialmente sus precandidaturas.[xii]
Las candidaturas del oficialismo no se han hecho publicas aún, como tampoco las del izquierdista Frente Amplio. Fabricio Alvarado, del recién fundado Partido Nueva República (PNR, de carácter neopentecostal) anunció que sería doble candidato: para presidente y para diputado.
Así, quedan sobre la mesa electoral las fuerzas bipartidistas, con la presencia neopentecostal -derramada en distintos partidos políticos- frente a una población que apenas puede costear la crisis sanitaria que agravó las paupérrimas condiciones económicas en el país. La democracia costarricense está fundada en la desigualdad y el neoliberalismo, por eso aún está por verse hasta dónde llegará la polarización, donde lo económico parece primar en un debate que reniega la carga política de la misma.
[i] https://www.celag.org/elecciones-locales-en-costa-rica-el-bipartidismo-se-queda/
[ii] https://www.celag.org/costa-rica-polarizacion-social-como-estrategia-electoral/
[iii] https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1725-situacion-nacional-covid-19
[iv] https://semanariouniversidad.com/pais/walter-munoz-proceso-de-vacunacion-no-solamente-ha-sido-lento-sino-tambien-anomalo/
[v] https://www.celag.org/costa-rica-derechas-en-conflicto-y-tension-popular/
[vi] https://semanariouniversidad.com/pais/mesa-de-dialogo-depara-58-acuerdos-lo-bueno-lo-malo-y-lo-incierto/
[vii] https://semanariouniversidad.com/pais/regla-fiscal-frenara-mejora-de-salarios-bajos-de-empleo-publico-por-falta-de-dinero/
[viii] https://www.monumental.co.cr/2021/04/12/comisionada-lgtbi-renuncia-reprochando-que-gobierno-usa-derechos-humanos-como-moneda-de-cambio/
[ix] https://semanariouniversidad.com/pais/precandidatura-de-figueres-recibe-sorpresivo-apoyo-de-alvarez-desanti-en-el-pln/
[x] https://www.nacion.com/el-pais/politica/rodrigo-arias-se-identifica-con-carlos-ricardo/WHE3AP4HQ5DE5O47KZWF3PIIIM/story/
[xi] https://www.larepublica.net/noticia/gustavo-viales-seria-investigado-por-diputados-por-supuesta-relacion-con-narco
[xii] https://semanariouniversidad.com/pais/candidatura-presidencial-del-pusc-se-definira-el-13-de-junio-pese-a-advertencias-del-ministro-de-salud/ https://www.monumental.co.cr/2021/04/04/exdirectora-del-oij-y-exvicepresidenta-de-la-republica-lineth-saborio-confirma-precandidatura-por-el-pusc/
