Las fracturas sociales siguen presentes en Costa Rica. El 2018 estuvo marcado por la polarización social provocada por unas elecciones nacionales que dividieron a la población entre defensores (as) de derechos humanos y quienes denunciaban el avance de la presunta “ideología de género”. De ellas resultó vencedor el Partido Acción Ciudadana (PAC) y, con ellos, la propuesta de reivindicación de los derechos humanos y del Estado de Derecho. A partir del 8 de mayo de 2018, Carlos Alvarado Quesada se transformó en el presidente de Costa Rica, sucediendo a Luis Guillermo Ortiz, también del mismo partido. Pero la reivindicación de los derechos humanos no fue suficiente frente a la profundización de la agenda neoliberal desarrollada por el partido oficialista. De alguna manera, esta agenda promovió la polarización y el propio PAC intenta, por ahora, hacer uso de ella para fortalecer su base de apoyo electoral.
En este sentido, en los meses de septiembre y octubre de 2018 los y las costarricense se lanzaron a la calle y se dividieron frente el apoyo o rechazo al Combo Fiscal –como se denominó popularmente a la Ley 9635 de Fortalecimiento de Finanzas Públicas- y por la consideración como legitima o no de la huelga nacional convocada por el sector público como respuesta a esa reforma fiscal. Dicho conflicto se prolongó algunos meses, cuando los gremios mostraron capacidad de acción y de paralización de algunos sectores públicos y privados. Hacía dos décadas que no se observaba una huelga con esta movilización e impacto en la economía y en la política. Por lo tanto, la acción colectiva y sindical se introdujo en la escena del debate político. Es decir, no sólo se lucha por la “ideología de género”, sino que ahora un actor no ponderado, el sindicalismo, mostraba sus capacidades de acción política.
En 2019, tras tres meses de huelga y la aprobación de Combo Fiscal en diciembre de 2018, la Asamblea Legislativa discute un proyecto de ley que pretende prohibir las manifestaciones públicas como freno a la capacidad organizativa del sector público y otros gremios. Así, la “Ley Antihuelgas”[i] provocó un llamado a huelga intermitente a principios del mes de junio del presente año. Dicho llamado ha ido ganando terreno en otros sectores, siendo el movimiento estudiantil de secundaria el que mayor alcance mediático obtuvo, debido a sus supuestas vinculaciones con el sector neopentecostal fundamentalista. Tales acusaciones le valieron al PAC alzar nuevamente la bandera de los derechos humanos y confrontar a la población entre sí.
Todo ello ocurre de cara a las elecciones municipales de febrero 2020, dejando en evidencia la apuesta electoral del PAC por la polarización, así como la imposición de una agresiva agenda neoliberal desplazada del debate político por unos derechos humanos que lejos están de ser garantizados. El PAC se ha encontrado discutiendo con la “Ley Antihuelgas” con los espacios que reivindican posiciones neopentecostales, pero también con los gremios, los campesinos, los movimientos feministas y con la oposición política, intentando recrear la polarización. El partido de gobierno comienza a ser enfrentado por una coalición de intereses que, posiblemente, no articulen en una futura oposición electoral, pero sí es probable que intenten presionar sobre su agenda gubernamental. En este pulso, quien mejor movilice recursos políticos y de acción podrá presentarse como una opción competitiva en las próximas elecciones. Si bien los espacios neopentecostales tienen una importante fortaleza política, debemos considerar que estas medidas de gobierno ponen a diversos actores en la cancha.
Los disensos políticos
Tras una victoria con un amplio margen electoral,[ii] la segunda Administración del Partido Acción Ciudadana (2018) comenzó con el proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, heredado por su antecesor, Solís, del mismo Partido. En términos generales, el Combo Fiscal propone: (i) impuesto del 4% a las medicinas, sin ninguna exoneración; (ii) IVA al 13% sin exoneración de servicios o mercancías; (iii) la Regla Fiscal establece que si la deuda del Estado llega al 60%, el Gobierno de turno podrá realizar recortes a instituciones sociales -como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de Infancia (PANI), entre otras-. El presupuesto, por tanto, estaría sujeto a la voluntad política; (iv) impuestos a los insumos agrícolas, afectando al campesinado costarricense; (v) modifica la composición presupuestaria a la educación, al incluir el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y a la Red de Cuido (guarderías públicas, preescolares) en el mismo rubro y; (vi) establecimiento de límites para la negociación de convenciones colectivas con trabajadores (as) públicas (as).
Esta reforma, claramente regresiva, ocasionó que el sector público mantuviera una huelga nacional durante tres meses, y que otros sectores –mujeres, feministas, pueblos originarios, campesinas (os)- les acompañaran en distintas manifestaciones. Ante ello, Carlos Alvarado mantuvo una retórica fuerte de criminalización a la protesta e intentos fallidos de diálogo. El disenso era profundamente antagónico: los sindicatos exigían la salida de la corriente legislativa del Combo Fiscal mientras el presidente Alvarado hacía oídos sordos. Finalmente, el 3 de diciembre de 2018 fue aprobado el Combo Fiscal con 34 votos.[iii]
Dos días después de ser aprobado el Combo Fiscal, la ministra de Hacienda, acatando un voto de la Sala Constitucional, presentó la lista de las empresas que no reportaron ganancias y que, por tanto, no han declarado impuestos. Empresas como Florida Bebidas, el Grupo Nación –uno de los medios de comunicación más importantes del país-, Claro CR Telecomunicaciones, Banco Lafise, Corporación de Inversiones Credomatic –entre otras- no obtuvieron ganancias durante 9 años.[iv] La publicación de esta lista generó mucha indignación en el sector público y la población en general, la cual se movilizaría nuevamente en junio del presente año para confrontar la implementación del IVA –al 13%- que empezaría en el mes de julio.[v]
Además del IVA, las movilizaciones se aglutinaron alrededor de la denuncia contra la iniciativa de ley marco de Empleo Público, que pretende prohibir la huelga en los servicios públicos. La ley conocida como “antihuelgas” es, sin duda, una respuesta directa al movimiento que sostuvo la huelga nacional durante 3 meses y consiste en una forma más en la que se pretende criminalizar al disenso político. Reformas impulsadas justo en la Administración que pretende conmemorar el bicentenario de la democracia costarricense (una de las –supuestamente- más sólidas de América Latina).
Sin cumplir el primer mes de huelga intermitente, un grupo de estudiantes de secundaria del Liceo Cuatro Bocas de Upala –zona fronteriza con Nicaragua- fue fuertemente reprimido por la policía tras manifestarse en contra de una serie de reformas impulsadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP), como: (i) el Proyecto de Educación Dual, que propone que estudiantes trabajen en empresas privadas sin la garantía de ningún derecho laboral; (ii) contra las pruebas FARO –alternativa a las evaluaciones finales de secundaria-; (iii) contra los “baños neutros”, a la vez que denunciaban la pésimas condiciones de infraestructura y; (iv) la renuncia de Edgar Mora, el jerarca del MEP.[vi] Los baños neutros consisten en baños individuales a disposición de las y los estudiantes que, se pretende, sean una alternativa para la población que no se identifique con un género y/o una respuesta a las situaciones de violencia que se generan en esos espacios compartidos.
Tras la represión, estudiantes de otras partes del país se manifestaron en contra la represión y las malas condiciones del sistema educativo en general, así como contra la implementación del IVA. Durante el último fin de semana de junio, se unieron a los bloqueos de los y las estudiantes el sector transportista, denunciando la política fiscal. Por otro lado, la demanda contra el baño neutro evidenció –en algunos casos- la influencia del sector neopentecostal en los territorios y la permanencia del conservadurismo en las periferias de Costa Rica. Ello posibilitó la homogeneización y la vinculación directa de la totalidad del movimiento de secundaria con Nueva República –la corriente política de Fabricio Alvarado, excandidato presidencial y ganador de la primera ronda electoral- y el Partido (fundamentalista) Restauración Nacional (RN).[vii] Dicha vinculación fue denunciada por el Movimiento Secundaria Rebelde, a la vez que increpaban al Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE) por su relación con el sector neopentecostal.
El Gobierno de Acción Ciudadana, por su parte, hizo uso de su prepotencia al señalar al movimiento de secundaria como actores «manipulados» por los neopentecostales y el sector sindical. Con ello, sacó de la discusión las demandas referentes a las condiciones generales de infraestructura, las pruebas FARO y la implementación del IVA, y les asimiló con el enemigo que enfrentó en las elecciones nacionales.
Tras la permanencia de los bloqueos y un llamado de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo para habilitar el tránsito, el día lunes 1 de julio el presidente solicitó la renuncia del dirigente del MEP, Edgar Mora. Esta fue la única concesión que hizo a los movimientos sociales en aras del diálogo, aunque muy probablemente no incidirá en un cambio en la política fiscal. Los movimientos sociales, por su parte, habían pedido que Rocío Aguilar (ministra de Hacienda) y Edna Camacho (parte del equipo económico del Gobierno) salieran del Ejecutivo por su rol en la agenda económica. Dichas exigencias jamás serán concedidas, tal como demostró el PAC tras el operativo policial que levantó, de forma violenta, los bloqueos durante una madrugada. “Pronto llegará a las aulas del país la primera maestra nacida en el siglo XXI, y posiblemente coincida, señor presidente, con la celebración del bicentenario de nuestra independencia. Estoy seguro que usted tendrá el inmenso honor de celebrar con ella la llegada del nuevo siglo al sistema educativo costarricense”;[viii] expresó Mora en su discurso de renuncia.
El ahora exjerarca del MEP es posicionado socialmente como un mártir en manos del fundamentalismo religioso. De esta forma, una nueva ruptura se presenta en la sociedad costarricense: una parte que aplaude la gestión de “Primer Mundo” de Mora y otra, que exige un nuevo ministro que respete las tradiciones cristianas costarricenses. Todo, ello se da de cara a las elecciones municipales de febrero de 2020. ¿Volverá el PAC a utilizar como caudal electoral la polarización social?
Derechos humanos como discurso vacío
La bandera de los derechos humanos del PAC se limita al reconocimiento y a la dimensión simbólica de los mismos, muy lejos de las condiciones materiales de la población. El neoliberalismo es per se incompatible con condiciones de vida digna y, por tanto, con la plena satisfacción de los derechos humanos. Así el PAC invierte ideológicamente su propio discurso; todo con tal de permanecer en el poder.
Sin embargo, para la población LGTBIQ el Gobierno de Alvarado no ha significado avances sustanciales en sus derechos. Si bien, Carlos Alvarado marchó el Día del Orgullo, los avances respecto a los derechos de ese colectivo refieren, principalmente, a modificaciones a nivel de reglamentos de instituciones autónomas –como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Registro Civil y el MEP- mas no a una decisión directa de Alvarado, quién sigue complaciente con el aplazamiento de la legalización del matrimonio igualitario.[ix]
La polarización como estrategia electoral
Hoy, el MEDSE se encuentra en la Mesa de Diálogo que hasta ahora convocó a transportistas y las iglesias católica y evangélica,[x] a un sector sindical (ANEP) y al Gobierno, respaldando una demanda respecto a la defensa de los “valores cristianos costarricenses” en el sistema educativo.[xi] La Mesa excluye a amplios sectores –mujeres, pueblos originarios, otros sindicatos, comunidad LGTBIQ, por mencionar algunos-, que no ven aun indicios de que puedan ser incorporados.
Todo parece indicar que, en los años recientes, la fractura forma parte de la cultura política costarricense; el mismo elemento que posibilitó el triunfo electoral del PAC -estrategia también utilizada por Mauricio Macri en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil-. En las elecciones municipales de 2020 se medirán la fuerza territorial con la que cuenta el neopentecostalismo con el supuesto abanderado de los derechos humanos, el PAC. A ellos, se suman los partidos tradicionales, siendo Liberación Nacional quien ha pactado con Restauración Nacional en el municipio San Carlos. Esta última cuestión podría estar abonando las tendencias.[xii] Así, todo parece indicar que las próximas elecciones darán cuenta del poderío del avance fundamentalista.
[i] Ley de Empleo Público, conocida formalmente en el plenario.
[ii] https://www.celag.org/informe-post-electoral-de-costa-rica-el-triunfo-de-carlos-alvarado/
[iii] https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/diputados-aprueban-reforma-fiscal-en-segundo/YY3A5JIGUREOZN5TBXHXEFP2QI/story/
[iv] https://elperiodicocr.com/estas-son-las-grandes-empresas-que-reportaron-cero-ganancias-durante-9-anos-consecutivossegun-hacienda/
[v] https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/apse-ira-a-huelga-intermitente-a-partir-del-proximo-6-de-junio/
[vi] https://laregion.cr/condenan-golpizas-a-estudiante-de-colegio-de-upala-por-policia/
[vii] Por conflictos internos, el Partido Restauración Nacional se dividió en la corriente impulsada por el ex candidato a la presidencia Fabricio Alvarado –Nueva República- y el PRN. Actualmente, la bancada está dividido entre PRN y el Bloque Independiente Nueva República. Nueva República ya es un Partido Político que participará en las elecciones municipales a nivel nacional.
[viii] https://www.nacion.com/el-pais/educacion/edgar-mora-presenta-su-renuncia-salida-de-edgar/PDQLSOTH4VAFTIUQUC2AH46J7I/story/
[ix] Algunos de los avances en materia de derechos humanos de la población LGTBIQ, el Comisionado a cargo –Luis Salazar- publicó en su cuenta de Twitter la: i) creación del Comisionado Presidencial LGTBI; ii) reconocimiento de Identidad de Género en DIMEX; iii) reconocimiento estatus migratorio a personas binacionales; iv) posibilidad de acceder a bonos de vivienda a parejas del mismo sexo; v) declaración de interés público del protocolo de hormonización de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); vi) lineamientos para atención de mujeres lesbianas y bisexuales; vii) directriz para ordenar el inicio de la política nacional para personas trans y; viii) protocolo contra el acoso para personas LGTBI del MEP.
[x] Emisión Radio Machete, 2 de julio 2019. Disponible en: radios.ucr.ac.cr/radio-u/programas
[xi] http://www.monumental.co.cr/2019/07/02/gobierno-y-transportistas-llegan-acuerdo-para-levantar-bloqueos-y-dialogar/ y https://apse.cr/category/noticias-2/
[xii] https://sancarlosdigital.com/restauracion-confirma-apoyo-a-reeleccion-de-alfredo-cordoba/
