Latinoamérica ha reiniciado su proceso de endeudamiento con el FMI, que supondrá un breve alivio pero tendrá sus conocidos costos sociales, económicos y políticos.

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El objetivo de este documento es analizar el rol del Fondo Monetario Internacional (FMI) como agente financiero internacional durante la crisis económica y sanitaria iniciada por la pandemia.

  • La emergencia planetaria supone para los países latinoamericanos una imprevista y urgente necesidad de liquidez externa, no solo para afrontar los gastos derivados de la emergencia sanitaria y económica sino, también, para enfrentar la fuga masiva de capitales que viene ocurriendo en la región. Esta salida de capitales añade presión sobre las reservas internacionales y los tipos de cambio con efectos perjudiciales sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar de la población.
  • Ante la fuga de capitales privados, la reducción de la calificación de los bonos soberanos y la retracción de los mercados voluntarios de deuda, los países están recurriendo a la contratación de nueva deuda externa pública con organismos multilaterales, entre los que destaca el Fondo Monetario Internacional.
  • Durante la crisis mundial de 2008, la deuda pública de Latinoamérica alcanzaba el 40% del PIB. Para el año 2019, antes de la emergencia sanitaria, la deuda pública interna y externa latinoamericana era, en promedio, del 62% del PIB[1], con el siguiente detalle por país.

  • El 2009 hubo también una caída del 2% del PIB regional de América Latina, pero se revirtió gracias al impulso económico del aumento de los precios de las materias primas en el mercado internacional.
  • Actualmente, a la recesión generada por los efectos de la pandemia, se suma una crisis de deuda y todo ello se complejiza si se toma en cuenta la baja de los precios del petróleo.

 

  • Según Naciones Unidas, para enfrentar la compleja crisis actual se deberán habilitar recursos por valor del 10% del PIB mundial, es decir, debería disponerse de USD 8,59 billones[2]. Para países en desarrollo deberían destinarse, según UNCTAD, entre USD 2 y 3 billones en los próximos dos años[3].
  • El FMI, importante prestamista de los países de la región, cuenta en total con USD 1 billón para todos sus créditos en todo el mundo. De este billón ya se han asignado USD 220.000 millones, quedando USD 780.000 millones como saldo disponible para poder apoyar la emergencia del Covid-19 en el mundo. Comparado con el requerimiento estimado del 10% del PIB mundial, la disponibilidad de este fondo es muy limitada.
  • Si tomamos en cuenta que en marzo pasado el FMI y el Banco Mundial anunciaron nuevos créditos por un valor de USD 50.000 millones y USD 160.000 millones, respectivamente, para la emergencia mundial del Covid-19, vemos que todavía estamos lejos de lo mínimamente necesario.
  • El principal programa del FMI para facilitar el crédito en esta etapa de la pandemia es el Rapid Financing Instrument (RFI), que cuenta con USD 60.000 millones, y el FMI ya aprobó desde el 31 de marzo 2020 los siguientes créditos:

  • Todos estos créditos (excepto los de Haití, Dominica y Granada) han sido otorgados por el FMI bajo la modalidad de RFI (Instrumento Financiero Rápido) que tiene un plazo corto (5 años), una tasa de interés del 1,5% y alcanzan, en la mayor parte de los casos, a montos equivalentes al 100% de la cuota de cada país[4]. Antes de que se otorgaran estos desembolsos, lo habitual era que los países pudieran conseguir créditos equivalentes sólo al 50% de sus cuotas.
  • Fuera de estos créditos otorgados con el motivo de la pandemia, hay que mencionar que Honduras también recibió recursos, pero no con la modalidad de RFI. En cambio, recibió DEG 104.92 millones (equivalentes a USD 143 millones de dólares) que ya estaban aprobados y disponibles bajo un Acuerdo Stand-by (SBA) y el Acuerdo de Facilidad de Crédito (SBA/CFA) aprobado en julio de 2019 por un total de DEG 224.82 millones (USD 312 millones).
  • Todavía el FMI no ha atendido, en el marco de los apoyos específicos por la pandemia, las demandas de países que están en condiciones de solicitar créditos destinados a lo que se denomina en esa entidad como “economías sólidas” (es el caso de Perú que solicita USD 18.000 millones y Colombia USD 11.000 millones).
  • En el caso de Argentina[5], está solicitando financiamiento en DEG[6], porque implicaría un importante ingreso de fondos frescos, pero Estados Unidos y Alemania presentaron oposición a esta posibilidad.
  • Por su parte, Chile acaba de solicitar un crédito de USD 22.800 millones.
  • En conclusión, los países latinoamericanos han iniciado un nuevo proceso de endeudamiento con el FMI, que seguramente supondrá alivio en el corto plazo para afrontar un frente externo muy adverso, pero que ciertamente tiene su contrapartida en los condicionamientos de políticas macroeconómicas y sus conocidas consecuencias.

 

 

 

 

[1] Fuente: BID a diciembre de 2019.

[2] PIB MUNDIAL: 85,9 billones US$. https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD

[3] https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2315

[4] Los créditos de Haití, Dominica y Grenada fueron otorgados bajo la modalidad de RCF Rapid Credit Facility que no requieren de un programa de acuerdos con el FMI.

[5] En el año 2019 Argentina rechazó los últimos 5.400 millones de dólares restante de un préstamo de más de 57 mil millones que contrató la administración Macri con el FMI en 2018. Tras las negociaciones que arrancó con Alberto Fernández, el organismo declaró que la deuda externa argentina, con privados y con organismos, era insostenible.

[6] La red LATINDADD, explica el DEG como “un activo de reserva utilizado por el FMI como unidad de cuenta basado en una cesta de cinco monedas (el dólar de EE. UU., el euro, el renminbi chino RMB, el yen japonés y la libra esterlina) para complementar las reservas basadas en oro y dólares. En la crisis financiera del 2008-2009 los DEGs tuvieron un papel relevante para aportar liquidez al sistema financiero mundial. Este activo de reserva se asigna a los miembros del FMI de acuerdo a la cuota de acciones que cada uno tiene, basado principalmente en el PIB de cada país, una vez emitido a un país, éste puede cambiar el DEG por una moneda de libre uso. Una emisión de DEGs en el contexto de urgencia del Covid-19 otorgaría liquidez automática e inmediata a los países, sin suscribir un programa con el FMI, por tanto, sin condicionalidades, y con una tasa de interés cercana a cero y no son reembolsables, es decir no hay un repago del capital. Como su asignación es de acuerdo al PIB de cada país, los países ricos que no necesitan estos recursos, pueden aprobar la reasignación de sus DEGs a países en desarrollo.” http://www.latindadd.org/2020/05/04/la-deuda-del-coronavirus/?fbclid=IwAR0MYlqJ5gYuWD69DjvwQfu1VnpRehcFGuTwDlOG9K_i1BSq9tJQj_CFYJQ

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Teresa Morales

Licenciada en Economía y candidata a Doctorado en Ciencias del Desarrollo (UMSA) (Bolivia)

Entre otros cargos, fue Viceministra de Desarrollo Rural, fue Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y Directora de la Unidad de Investigaciones Financieras bajo la gestión de Evo Morales

Nicolás Oliva

Máster en Economía del Desarrollo (FLACSO) y en Economía Aplicada (UAB) (Ecuador)

Nicolás Oliva es licenciado en Economía por la Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Máster en Economía del Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y máster en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Candidato a doctor por la UAB. Se ha desempeñado como investigador del…

Guillermo Oglietti

Dr. en Economía Aplicada (UAB). Sub Director de CELAG (Argentina)

Guillermo Oglietti es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), postgraduado del Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires y licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC, Argentina). Dirigió el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad de la Sede…