Hace menos de tres días Lenín Moreno anunció un paquete de medidas económicas como consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La ley sigue sin conocerse, pero en cadena nacional indicó que se eliminaría el subsidio a las gasolinas (incrementos de 120% en el diésel y 30% en la gasolina regular) y bosquejó reformas laborales y tributarias que, claramente, afectan a los trabajadores y benefician a los grupos exportadores e importadores.
Moreno goza, desde hace dos años, del respaldo de los medios de comunicación, la banca y las oligarquías quiteña y guayaquileña para gobernar. En este sentido, pensó que un estallido social como el que está en curso era cosa del pasado, y que la prensa podría moldear las voluntades y hacer pasar estas medidas evitando la reacción de la gente. Se equivocó. El país está sumido en la peor crisis política desde 2005 y ha aglutinado -de manera simultánea en todo el país- a varios sectores sociales, convirtiendo a las protestas en un paro nacional. Hay más de trescientos detenidos y, claramente, hay pruebas de un uso excesivo de la fuerza. En el caso de Ecuador, una protesta de estas características preocupa, dada la historia de derrocamientos de presidentes que tiene el país: 1997, 2000 y 2005. El estallido social es súbito y de corto plazo, pero puede tener consecuencias tremendas en el equilibrio político. Todo deja entrever que el ecuatoriano es paciente, pero no está ausente de la vida política.
El Gobierno afirmó que los hechos eran una cuestión de agitadores y “golpistas”; aun no reconoce que hay un importante componente de espontaneidad en las protestas, fruto del descontento generalizado. Así, al segundo día de movilizaciones decretó el estado de excepción (amparado en el artículo 165 de la Constitución) e inmediatamente se refugió en Guayaquil. Por su parte la derecha, al ver la magnitud de la reacción popular, ha tomado distancia del Gobierno: Guillermo Lasso se aleja con mayor legitimidad -siempre ha mantenido distancia-, mientras que Jaime Nebot busca en el despegue una forma de que no le salpique en su carrera presidencial hacia los comicios de 2021. En todo caso, esto marca un antes y un después en el Gobierno de Moreno.
La prensa, como parte del poder de trastienda en Carondelet, intenta posicionar que las protestas son un reclamo a la pérdida de privilegios. Los analistas políticos buscan imponer la idea que el “populismo” de Rafael Correa llevó a esta situación. Ambos Intentan deslegitimar la protesta y el descontento social. Evidentemente, ninguno logra retratar toda la realidad.
¿Qué ha incubado las protestas?
Pensar que las protestas son sólo el resultado de la quita del subsidio es narrar la mitad de la historia. Lo que vive Ecuador es una crisis democrática de representación. La sociedad no siente que el Gobierno esté actuando en beneficio de la mayoría: una vez agotado el discurso del odio que vienen imponiendo, Moreno no ofrece nada más al país. Es más, el empleo se deteriora, los servicios públicos escasean y no hay una defensa de la soberanía económica ni política. En su incapacidad para gestionar el Estado, repartió el país a los poderes fácticos y asumió un rol secundario. Hoy Lenín Moreno es, simplemente, la cara visible de un Poder Ejecutivo tricéfalo repartido entre los grupos económicos, los medios de comunicación y la Embajada de Estados Unidos.
Un Gobierno sin brújula
En dos años y medio de gobierno no existe una sola política pública que muestre un norte. Moreno vive de las cenizas de la institucionalidad del Gobierno anterior y no logra imponer una marca propia. Su discurso de libertad, institucionalidad y el diálogo han caído en desprestigio porque no hay acciones concretas que los respalden. La consulta popular de 2018 ofreció al país un nuevo horizonte democrático, pero lo único que consiguió fue restablecer el viejo equilibrio de poderes. Moreno no entendió que el cambio que la gente buscaba era llevar al país a una etapa post Correa, y lo que hizo fue regresar a las viejas prácticas clientelares. A esta altura es evidente que Lenín Moreno sabía bien lo que hacía, y la hipótesis de la traición al plan de gobierno es cada vez más clara.
Han pasado 30 meses y absolutamente todo el discurso oficial se rellena con “la culpa es del Gobierno anterior”. Esa estrategia, que al inicio pudo capitalizar la imagen de Moreno, hoy socava su credibilidad y su capacidad para gobernar. En este sentido, la sociedad siente que el país en dos años y medio ha perdido el Norte. Moreno, con la excusa de la corrupción, llevó al país a las antípodas del plan de gobierno de la Revolución Ciudadana. No es menor que en 30 meses haya dinamitado el 70% de su capital político.
Esfuerzos regresivos
Moreno pensó que podía seguir exigiendo más esfuerzo a las clases trabajadoras mientras regalaba recursos a las clases dominantes, como ejemplifica esta última reforma económica. Mientras quita el subsidio a los combustibles, privilegia a exportadores e importadores reduciendo su carga fiscal, laboral y les facilita la evasión tributaria. En 30 meses eliminó impuestos, amplió los escudos fiscales para facilitar la evasión y desmontó los aranceles que defendían al país y a la dolarización. En lo laboral, redujo derechos, flexibilizó el mercado y amputó los mecanismos de regulación, todo ello para garantizar que los grandes empresarios mantengan su tasa de ganancia a costa de una reducción del salario en momentos en que la economía se debilita gracias a las políticas de austeridad que emprendió.
Por ende, es equivocado pensar que son protestas para preservar “privilegios”. La gente sigue saliendo a la calle porque sabe que no existe corresponsabilidad ni justicia en las políticas adoptadas; no hay una justa distribución del esfuerzo y la carga es desproporcionadamente más pesada para la clase social que vive de su trabajo.
Protestas que no tienen signos de agotarse
Cuando terminamos este artículo se iniciaba el tercer día de protestas. Moreno gobierna desde Guayaquil y ha dicho que no dará marcha atrás. Otros sectores se suman al paro y al bloqueo de vías. La protesta parece que va ganado en calor e intensidad. ¿Se podrá catalizar el descontento social? Un escenario como el año 1997, 2000 o 2005 puede ocurrir si Moreno no retrocede. A diferencia del pasado, la prensa está en silencio y dispuesta a perder su credibilidad con tal de garantizar que Correa no regrese. En cualquier caso, las élites pueden frotase las manos porque, si Moreno capitula, ahí está su vicepresidente dispuesto a “salvar” el país.
