El crack mundial de marzo de 2020 ha puesto en riesgo el ingreso de al menos 271 millones de trabajadores latinoamericanos, tanto asalariados, cuentapropistas y trabajadoras del hogar.[1] El canon tradicional nos dice que es inevitable el sufrimiento de esos trabajadores. No es así. El Estado está en capacidad de asumir temporalmente el pago de esas rentas hasta que los consumidores puedan volver a consumir y las empresas puedan volver a producir. Esta inversión ascendería a 405 mil millones de dólares por trimestre en toda América Latina, lo que significa un 7.3% del PIB de cada país, en promedio. Así se desprende de una estimación llevada a cabo por la Unidad de Análisis Económico del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) que se muestra en la tabla 1, al final de este documento.[2] Estos montos de inversión incluyen la renta laboral de trabajadores asalariados (formales e informales) y rentas de ingreso mixto asociado al trabajo —no al capital—.
Las razones para hacer esta inversión son muchas, mientras que las razones del por qué no hacerlo son ilusorias en estos momentos.
Por qué hacerlo
Poner al Estado como empleador de última instancia pagando los salarios no es un coste sino una inversión. Primero, cuando una crisis se desata, no es lo mismo actuar inmediatamente de forma superlativa que hacerlo de a poco mientras la crisis se profundiza. Cuando se actúa de a poco, la pérdida paulatina en productividad, producción, educación, en ahorros para el futuro y en condiciones sociales es enorme; cuando la economía se hunde toma muchos más años recuperarse que si se actúa de forma inmediata con los montos necesarios. Todos esos costes sociales y económicos superan con creces el supuesto coste financiero del 7% del PIB que significaría sostener la situación por tres meses y evitar que la economía se hunda a niveles nunca antes imaginados. La incertidumbre del tamaño del colapso social es tan alta que el riesgo aumenta de forma exponencial cuando actuamos de forma timorata y diferida. Al incluir el riesgo, los costos esperados de no actuar son, sin lugar a dudas, superiores al 7% del PIB de déficit fiscal que significaría la política.
Segundo, los costos financiaros para el Estado en el mediano plazo serán mucho más altos que lo que cuesta esta renta salarial. Como decía Keynes, el costo de los seguros de desempleo supera con creces el déficit fiscal que significa la creación de empleo público. En este caso es lo mismo: si sumamos los costes de subsidios que tendrá que asumir el Estado, el aumento de la inseguridad y los costos asociados, la inversión en salud ante el deterioro social, entre otros costos, son superiores a un esfuerzo sin precedentes hoy. La seguridad social quedará desfinanciada en montos insospechados, lo que pone en riesgo las pensiones de los adultos mayores y de los que hoy cotizan. ¿Quién tendrá que salir al rescate? Pues el mismo Estado con un esfuerzo mayor que el 7%. Por otro lado, si permitimos que la crisis avance, la pérdida en recaudación tributaria será tan grande que de todas formas el déficit fiscal saltará a los cielos, implicando un nuevo intento de austeridad y mayor depresión de las condiciones macroeconómicas y sociales. La experiencia de la crisis de 2008 es contundente.
Las razones ilusorias del por qué no hacerlo
Los estados con soberanía monetaria están con plena capacidad de asumir esa inversión. La duda principal es el efecto inflacionario de esta medida. En principio, en una situación de bajas ventas, los precios no tendrían por qué subir. Los productores, precautelando sus ventas, no deberían subir el precio. En situaciones disfuncionales de mercado (especulación y el abuso de mercado) los precios sí podrán subir en alguna medida si los productores ven la desesperación de los consumidores (largas filas y compras compulsivas). No obstante, una renta laboral garantizada dará tranquilidad a las empresas y a los trabajadores, y los precios tenderán a estabilizarse. El coste inflacionario temporal siempre será menor que perder el trabajo y el desempleo generalizado. No negamos que en algunos países, como Argentina o Venezuela, esto sea un problema sensible, pero la acción del Estado puede activarse para regular los precios.
[1] Cifra obtenida a partir de las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
[2] La estimación se ha realizado a partir de las cifras de la OIT sobre rentas laborales en el PIB para 20 países de América Latina, que incluye tanto salarios como el ingreso mixto asociado al trabajo. A esta cifra se la han restado las rentas que acumula el 10% de los trabajadores con mayores ingresos en cada país, pues asumimos que ellos tienen menos riesgo de perder su trabajo y no tendrán la necesidad de recibir un apoyo estatal.
