- El impuesto a la renta de personas jurídicas (IRPJ) grava los beneficios empresariales no distribuidos como dividendos o intereses.
- La tasa legal del impuesto suele diferir de la tasa efectiva, que es la que describe la carga que realmente soporta la empresa.
- ¿Por qué pasa esto? Sencillamente, porque la mayoría de las empresas usan múltiples mecanismos establecidos en la ley para reducir la base imponible sobre la que se aplica el tipo impositivo. A veces, incluso fuerzan su contabilidad para aprovecharse de ventajas fiscales.
- No nos referimos a la evasión fiscal (ilegal), sino a lo que se denomina «elusión fiscal», es decir, usar todos los subterfugios legales para que la utilidad fiscal, esa base sobre la que se tributa, sea la menor posible. Si bien estas prácticas elusivas no pueden ser calificadas como ilegales, son ilegítimas, pues van en contra del espíritu de la ley.
- En este sentido, es clave considerar los gastos tributarios, monto que el Estado deja de recaudar por otorgar tratamientos preferenciales (deducciones, exenciones o postergaciones de pago) que favorecen a ciertos contribuyentes. Si bien estos beneficios tributarios suelen justificarse alegando que estimulan la inversión productiva, la evidencia empírica sugiere que los resultados en ese sentido han sido escasos. Y, además, generan inequidad horizontal, ya que el impuesto grava de manera diferente a contribuyentes con condiciones económicas equivalentes.
- En el cuadro se presentan los datos de la tasa legal, la efectiva y la relación entre ambas.
- La tasa efectiva se calculó como el tipo de imposición promedio de las empresas, que se obtiene como la relación entre la recaudación del IRPJ y el excedente bruto de explotación (EBE), antes de impuestos . No se incluyeron otros impuestos que pueden recaer sobre las personas jurídicas.
- En Guatemala, la tasa legal es equivalente a casi 5 veces la efectiva. En economías como México, Argentina y Brasil, las empresas deberían tributar por este impuesto, según las normas, cerca de 4 veces lo que aportan. En Chile se presenta la menor brecha, donde las empresas deberían pagar 1,7 veces lo que pagan en concepto del IRPJ.
- En América Latina, las empresas pagan en concepto de IRPJ menos de lo que deberían y existe espacio fiscal, incluso sin necesidad de reformar el marco legal vigente, para que grandes empresas consolidadas se comprometan en aportar más recursos para financiar la acción del Estado.