En la Cumbre de Presidentes del Mercosur, Mauricio Macri logró imponer su agenda, y además, llevó una propuesta. Solicitó la “adhesión” de todas las Partes Contratantes (haciendo referencia a Venezuela pero sin nombrarla) al Protocolo de Asunción (2005) sobre DDHH. A su vez, Paraguay, aliado indiscutido del nuevo gobierno argentino, solicitó la conformación de un “Consejo de Derechos Humanos”.
Sabemos que el objetivo de Macri no es defender los DDHH en Venezuela sino contribuir al debilitamiento de la Revolución Bolivariana, en particular de su imagen en el exterior, siguiendo los caminos trazados por la red de poder tejida con sectores de derecha que vienen promoviendo la desestabilización de los gobiernos de la región que han planteado lineamientos que han planteado diferencias respecto del oren neoliberal. En este sentido, vale recordar que la campaña del PRO fue organizada por la Fundación Pensar, asociada a la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, vínculo encarnado por personajes como Fulvio Pompeo, actual Secretario de Asuntos Estratégicos y que fue uno de los que acompañaron a Macri a Paraguay[1].
También es claro que el presidente paraguayo Cartes difícilmente podría consagrarse como defensor de los DDHH en un país donde prevalecen indicadores de desigualdad y miseria alarmantes[2], además de una ley de seguridad vigente que es sistemáticamente utilizada para desarticular la protesta social y reprimir en nombre del “terrorismo”[3].
En ocasión de la Cumbre, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que la petición de Macri de “liberar a los presos políticos” se trata de una actitud y práctica injerencista. Esta frase tiene un peso particular en un contexto en el que tienden a borrarse las fronteras de los Estados-nación para algunas cuestiones, mientras se refuerzan para otras. Así, desde tribunas de organismos internacionales aparece como “legítimo” solicitar la revisión de una decisión de la política interna venezolana (lo cual nos remite al rol histórico de la OEA). Pero sería difícil que un organismo como Mercosur lograse, por ejemplo, imponer límites significativos al capital transnacional como bloque, porque los diferentes sectores afectados (en conjunto con la comunidad internación) apelarían a la soberanía de los Estados para decidir sobre sus políticas económicas.
En secuencia con lo anterior, la canciller Rodríguez hizo referencia a que el respeto a los DDHH tan reclamado por gobiernos como el de Macri y Cartes debería incluir el derecho a la educación, la salud, la vivienda, la alimentación y la libertad de expresión “de los pueblos, no de las corporaciones”. Esta es la verdadera disputa y diferencia al interior del Merecosur: aquellos gobiernos que consideran que lograr justicia social para las mayorías es un deber el Estado y aquellos que consideran que el Estado es una empresa que debe administrarse de modo “eficiente”, donde lo público en lugar de cubrir necesidades debe generar ganancias para una minoría privilegiada de la población. Ante este escenario, es fundamental que gobiernos como el de Venezuela y Bolivia, y por qué no Brasil, apuesten cada vez más al Mercosur social, que fue creado para contrarrestar el origen de un acuerdo orientado simplemente a libre cambio y rebajas aduaneras, integrando a empresas con empresas, sin necesidad de incorporar a los pueblos.
La Declaración de Principios del MERCOSUR Social incluye: la centralidad de la dimensión social en la integración que pretenda promover un desarrollo humano y social integral; la indisociabilidad de lo social y económico en la formulación, diseño, implementación y evaluación de las políticas sociales regionales; la reafirmación del núcleo familiar como eje de intervención privilegiado de las políticas sociales en la región; la centralidad del rol del Estado; la protección y promoción social desde una perspectiva de derechos, superando la visión meramente compensatoria de lo social; la participación de una sociedad civil fortalecida organizacionalmente.
Para esto se crearon diferentes instancias como el Foro Consultivo Económico Social, que entre otras cuestiones debe dar seguimiento, analizar y evaluar el impacto social y económico derivado de las políticas destinadas al proceso de integración. Las Cumbres Sociales Mercosur, que buscan consolidar la participación de organizaciones y movimientos sociales de la región en el bloque. La Reunión Altas Autoridades de Derechos Humanos Mercosur (2004), orientada a consolidar los derechos humanos como un eje fundamental del proceso de integración política y social del Mercosur; promover estrategias, políticas y acciones comunes en materia de DDHH; intercambiar experiencias y buenas prácticas en el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas en derechos humanos; impulsar acciones comunes y debates que promuevan la implementación interna de estándares internacionales de DDHH.
Para la próxima cumbre, diferentes organismos de la sociedad civil venezolana podrían buscar una mayor participación en este espacio, junto con organismos de DDHH de otros Estados miembro, para hacer valer la perspectiva de DDHH con justicia social, ampliando la visión liberal que buscan imponer un gobierno como el de Macri o el de Cartes. De hecho, en la reciente Cumbre, solo Prensa Latina publicó alguna información sobre la Cumbre Social del Mercosur que se realizó entre el 17 y el 18 de diciembre. En dicha ocasión uno de los organismos presentes declaró: “En estos momentos asistimos en toda América Latina a un fuerte embate de fuerzas e intereses políticos y económicos que se articulan con el objetivo de impulsar una restauración conservadora que ponga fin a los anhelos integracionistas basados en la conquista de derechos que fueron ampliados durante la última década (…) Frente a esto, manifestamos nuestro rechazo y convocamos a la resistencia de nuestros pueblos frente a la reedición de proyectos y políticas neoliberales –que en los 90– se tradujeron no solo en el empobrecimiento de la mayoría de nuestros pueblos, la entrega y expoliación de nuestro patrimonio y recursos, sino incluso que costaron numerosas vidas de compatriotas”[4].
Desde estos espacios puede proyectarse también la necesaria articulación del Mercosur con el ALBA, CELAC y UNASUR, cuyo origen y misión están encaminados a la integración con justicia social. Desde allí debemos seguir dando batalla por una integración de y para los pueblos.
[1] https://www.celag.org/wp-content/uploads/2015/12/Gabiente-Macri-CELAG.pdf
[2]http://www.ultimahora.com/paraguay-los-paises-mayor-indice-pobreza-la-region-segun-datos-la-cepal-n580709.html
[3]http://www.defensa.com/frontend/defensa/promulgada-modificacion-ley-defensa-nacional-seguridad-interna-vn9906-vst335
[4]http://www.mercosursocialsolidario.org/wp/2015/12/18/declaracion-del-programa-mercosur-social-y-solidario-ante-la-cumbre-social-del-mercosur-en-asuncion/
