Durante las últimas semanas, el caso Lava Jato -que investiga la corrupción vinculada a la empresa Odebrecht en materia de coimas, sobornos y financiamiento electoral en Perú- se ha mantenido en el centro de la escena política y judicial. A la prisión preventiva dictada contra Keiko Fujimori y su entorno se suma el reciente impedimento de salida del país dictado contra Alan García. También desde el Congreso, la Comisión investigadora presidida por la legisladora fujimorista Rosa Bartra, entregó un informe que debía complementar lo actuado por la Fiscalía, pero que por su carácter sesgado fue rechazado por los grupos opositores. Se trata de un panorama de crisis latente que toma dos cursos para su tensión y probable resolución: el protagonismo judicial que afecta a los principales actores políticos y el referéndum del 9 de diciembre.
Veamos cómo se han desenvuelto los actores en torno al megacaso de corrupción y qué posturas se van posicionando en el escenario político frente al referéndum que busca modificar el capítulo del sistema de justicia de la Constitución, el financiamiento de los partidos y la posible vuelta a la bicameralidad.
Justicia y política: Lava Jato para rato
La acción judicial vinculada al Lava Jato ha expuesto ante el país la forma de financiamiento electoral y de gestión gubernamental que desarrollaron los grupos políticos que se turnaron en el poder durante los últimos 25 años. Es un mecanismo bien aceitado que incluye apoyos millonarios a las campañas electorales para luego, una vez que el partido llega al Gobierno o logra posiciones parlamentarias, obtener obras y concesiones públicas de manera ventajosa y privilegiada, por las cuales también reparte sobornos a los funcionarios de turno. Una forma de funcionamiento y expansión que, seguramente, no es invento ni exclusividad de Odebrecht, pero que por su magnitud y alcance resulta fundamental en Latinoamérica y el Perú en particular.
El año 2017 los reflectores del caso se centraron en la ‘expareja presidencial’ Ollanta Humala–Nadine Heredia, que habría recibido financiamiento de campaña y también coimas por el gasoducto surperuano. Este 2018 la atención se ha concentrado en Keiko Fujimori y Fuerza Popular. En las audiencias de prisión preventiva, el fiscal Domingo Pérez reveló el millonario financiamiento ilícito que el partido fujimorista recibía y que luego era ingresado al sistema financiero con pequeños aportes, modalidad de lavado de activos denominada ‘pitufeo’. Al interior del mismo partido no han dejado de sucederse acusaciones y delaciones de testigos, así como renuncias a la bancada, que revelan el nivel de descomposición del otrora poderoso grupo fujimorista Fuerza Popular.
El golpe al fujimorismo ha sido certero y, se especula, casi terminal. La prisión preventiva de Keiko y sus asesores más cercanos, bajo el argumento de obstrucción a la justicia, es mayoritariamente aprobada por la población y pocos parecen tomar en serio las denuncias de persecución política que los líderes fujimoristas vociferan. Justamente, la marcha “Basta de persecución” realizada el 6 de noviembre en Lima, estuvo lejos de ser masiva, lo mismo que las escasas protestas contra la reversión del indulto al patriarca Alberto Fujimori que continúa en la clínica a la espera del alta médica que lo devuelva al penal.
Más que revelar el desplome sorpresivo de una organización, la crisis revela al fujimorismo -y a Fuerza Popular, en particular- como lo que realmente era: un conglomerado de intereses políticos y económicos, incluso mafiosos ilegales, que se sumaron a ese fichaje electoral para conseguir representación, confiados en que el arrastre de Keiko les aseguraba llegar al Parlamento. Como plantea Angelo Panebianco para el estudio de los partidos, sin muchos incentivos selectivos que distribuir entre las bases, el núcleo de líderes fujimoristas hoy se ve sobrepasado. Tampoco cuentan incentivos colectivos, pues ya poco moviliza o entusiasma la identidad forjada bajo la figura de Alberto Fujimori y su rol salvador en los ‘90, especialmente entre los jóvenes críticos con la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Mientras se debate en su propia crisis, el Congreso seguirá siendo el último bastión del fujimorismo para desplegar su defensa, blindando también desde ahí al fiscal de la nación Pedro Chavarry, muy cercano a ellos.
Todo indica que las acciones judiciales del caso Lava Jato continuarán marcando uno de los cursos de la crisis política por un buen tiempo, incidiendo en las decisiones de los actores. Las investigaciones ya llegaron al expresidente Alan García, que este 15 de noviembre declaró ante el fiscal José Domingo Pérez, y debió allanarse ante el dictamen de impedimento de salida. Por ahora, la población aplaude entusiasta al juez Concepción Carhuancho y al fiscal Pérez, pues ve en sus acciones un compromiso contra la impunidad que no encuentra en los políticos. Pero el que la justicia desplace a la política para canalizar el debate y la resolución de los asuntos públicos puede tener implicaciones significativas en nuestra precaria democracia. Dependerá ya de los mismos actores políticos recobrar protagonismo y acercarse a la ciudadanía. El referéndum podría ser una oportunidad para ello.
El referéndum y la campaña
Entre mayo y junio de este año fueron emitidos los denominados “audios de la corrupción”, que revelaban conversaciones entre fiscales, jueces y magistrados negociando sentencias con empresarios y líderes políticos. Quedó al descubierto el engranaje de corrupción e intercambio de favores enquistado en el Estado, al servicio de la impunidad y el predomino de las mafias. Como consecuencia de ello renunció el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodriguez, se declaró en emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y procedió la acusación constitucional contra los magistrados encargados de elegir jueces y fiscales. Además, ante la creciente indignación popular y consciente ya de la magnitud de la crisis que abonaba al escándalo Lava Jato, el presidente Martín Vizcarra convocó a un referéndum para reformar aspectos puntuales de la actual Constitución, referidos al sistema de justicia, los partidos políticos y la bicameralidad.
Luego de algunas tensiones entre el presidente y la mayoría parlamentaria fujimorista y sus aliados -no muy animados a discutir y aprobar los cuatro proyectos de ley que debían ser sometidos a referéndum- se lograron cerrar los ítems a ser consultados. Salvo en la bicameralidad, se logró un consenso importante en los tres primeros puntos, referidos al cambio del Sistema Nacional de Justicia, la regulación al financiamiento de los privados en campañas electorales, incluyendo la regulación de publicidad en televisión y la no reelección de congresistas.
No obstante, si bien apristas y fujimoristas aprobaban la no reelección congresal, esperaban sortearla en un nuevo congreso bicameral, donde no serían reelectos como congresistas sino elegidos como diputados o senadores, lo que que fue denunciado en el mismo Congreso por grupos como Nuevo Perú que, además, pedía que se regule la hoy absoluta inmunidad parlamentaria. En mensaje a la nación el presidente Vizcarra anunció la fecha del referéndum para el 9 de diciembre y, posteriormente, comunicó que votaría Sí, Sí, Sí, No. Sí a la reforma del sistema de justicia, a la regulación de financiamiento de campaña y a la no reelección, y No a la bicameralidad.
A pocas semanas de llevarse a cabo el referéndum, el clima es más bien de desinterés y lentamente se vienen emitiendo alineamientos. El APRA se manifestó llamando a votar 4 veces Sí, esperando se apruebe la bicameralidad y resolver así una posible reelección, que es lo que más les interesa. Un poco más de debate ha habido en el campo de las izquierdas. De un lado, se han situado grupos como el Frente Amplio y MAS Democracia, de Goyo Santos, quienes han llamado a votar viciado bajo el argumento de que el referéndum no resuelve ningún tema de fondo y se debe avanzar hacia una nueva Constitución. Otras organizaciones, como Nuevo Perú, han expuesto una posición favorable a participar del referéndum señalando que es insuficiente aún, pero necesario en el marco de la actual crisis política que se vive. Como ha señalado Verónika Mendoza “Nuestra posición es marcar 3 veces Sí y 1 vez No en el siguiente orden: por la Nueva Junta Nacional de Justicia, SÍ; por regular el financiamiento de los partidos, Sí; por prohibir la reelección inmediata de congresistas, Sí; y por establecer la bicameralidad en el Congreso, No. En resumen: Sí, Sí, Sí, No. El referéndum no resuelve la corrupción generalizada, debemos cambiar las reglas de juego consagradas en la Constitución de 1993, diseñada para favorecer siempre a quienes tienen dinero”.
Es muy probable que en diciembre el referéndum apruebe las tres primeras reformas y quede pendiente la bicameralidad. Pero, sobre todo, quedará pendiente resolver una larga crisis política que ya no puede seguir tomando cursos judiciales y/o plebiscitarios, y requiere transformaciones de fondo. Es importante, en tal sentido, la coincidencia de las organizaciones sociales y agrupaciones de izquierda en torno a la demanda de una nueva Constitución, pues aunque todavía sea un tema de mediano plazo, el hecho de ponerla en discusión aporta al debate y a la movilización critica al sistema. En los próximos días veremos la capacidad de interpelar y movilizar de estas fuerzas, así como sus posibilidades de demandar abiertamente a Vizcarra cambios en una agenda económica y laboral continuista y absolutamente favorable a los grupos de poder económico, y que no parece dispuesto a cambiar por ahora.
