El día 7 de diciembre de 2022 el Congreso de Perú perpretaba un golpe de Estado y destituía al presidente constitucional Pedro Castillo. En aquella fecha el fujimorismo encabezó el proceso destituyente a Castillo y expresó sin ambages su apoyo a quien sería nombrada presidenta, a saber, Dina Boluarte, vicepresidenta de Pedro Castillo y electa por el partido de izquierdas Perú Libre. Esa misma jornada, la propia Keiko Fujimori –heredera del golpista Alberto Fujimori y líder de Fuerza Popular, el partido fujimorista– apoyaba a Boluarte a través de la red social Twitter: No es momento de ideologías, ni de derechas o izquierdas. Presidenta Boluarte, le deseamos éxitos en la conformación de un Gobierno de unidad nacional.
¿Por qué la líder del fujimorismo respaldaba explícitamente a una dirigente que se suponía del bando contrario? La respuesta se desveló a lo largo de los seis meses siguientes, en los que la alianza entre el fujimorismo –que lidera la mayoría del Congreso– y Dina Boluarte se hizo expresa.
Ya en febrero de este año 2023 –con más de 60 muertos en Perú por la represión gubernamental de las protestas contra la destitución de Castillo– la presidenta Boluarte y Fujimori se reunieron en Palacio de Gobierno en una cita que calificaron de “amplia, larga y sincera”. Días más tarde, el vocero de Fuerza Popular en el Congreso recalcó el respaldo del fujimorismo a Boluarte indicando que mantendría su apoyo mientras “no haga virajes”. Así fue. El fujimorismo encabezó la alianza derechista de 66 diputados –uno más de la mayoría absoluta en el Congreso peruano– que conforman Fuerza Popular (24 diputados), Renovación Popular (9 diputados), Acción Popular (14 diputados), Avanza País (9 diputados), y Alianza Para el Progreso (10 diputados) y que ha garantizado a Boluarte el respaldo del Legislativo.
Con este respaldo, cuando el 9 de marzo llegó al Congreso la propuesta de interpelación al premier Alberto Otárola por su responsabilidad en las masacres de Ayacucho y Juliaca, fue Fuerza Popular quien defendió con sus votos al primer ministro.
Hasta en dos ocasiones más, la mayoría conservadora del Congreso salvó a los ministros de Boluarte de sendas interpelaciones. En la primera, el ministro de Educación, Becerra, se libró en marzo de rendir cuentas tras haber llamado “animales” a las mujeres aymaras que llevaron a sus hijos a las marchas. En la segunda, ya en mayo, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, quedó a salvo de los reclamos por viajar a EE. UU. en medio del desastre humanitario ocasionado por las lluvias y el ciclón Yaku.
También en mayo, mientras Perú atravesaba una crisis diplomática con los Gobiernos de Colombia y México, fue Fujimori la que más activamente salió en defensa de Boluarte: Si tengo que decidir entre apoyar a López Obrador y Petro o a Dina Boluarte, respaldo decididamente a quien ha llegado a la Presidencia en forma legal y constitucional. Ese es el rol que nos toca a todos como peruanos, llegó a publicar Keiko en Twitter.
Quizá la máxima expresión formal de apoyo del fujimorismo a Boluarte se dio el pasado 9 de junio, cuando el Congreso aprobó tratar una reforma legislativa que permitiría a Boluarte viajar fuera del país –algo que el Congreso negó sistemáticamente a Castillo– y, además, seguir gobernando telemáticamente.
A cambio del apoyo a Boluarte, el fujimorismo ha extendido una presencia e influencia definitivas sobre los distintos ministerios del Gobierno, ha visto cómo se fortalecía el aparato policial-militar peruano –que es afín al fujimorismo– y, quizá, la contrapartida más clara esté por llegar: reforzar el control del Tribunal Constitucional cuya renovación se abrió el pasado 28 de abril con el objetivo de facilitar la designación de un nuevo magistrado próximo a Fujimori.
Lo cierto es que, hasta la fecha, la alianza entre Boluarte y Fujimori parecía robusta y provechosa para ambas mandatarias. Sin embargo, el pasado martes 13 de junio, Fuerza Popular anunciaba un cambio de actitud respecto al Gobierno de Dina Boluarte. Dos días más tarde, el 15 de junio, Keiko Fujimori daba cuerpo a esta postura exigiendo cambios en varias carteras del Gobierno de Boluarte: Salud, Agricultura, Interior, Energía y Minas.
Tan sólo un día más tarde llegaba la renuncia de la ministra de Salud, la primera en tener una interpelación en el Congreso en el horizonte.
¿Qué estaba pasando? La respuesta llegó unos días después, cuando Fujimori reabrió públicamente el debate sobre su posible postulación como candidata a la Presidencia del Perú. Este es el elemento clave para entender la presunta arremetida contra Boluarte. Fujimori, en carrera electoral, habría tomado conciencia del coste de su apoyo a Boluarte y estaría buscando reforzar su control sobre el Gobierno para que el coste le salga a cuenta, o romper amarras con Boluarte para llegar libre de cargas a las próximas elecciones.
La pelota está en el alero de Boluarte que sabe que, sin el apoyo del fujimorismo, no sólo tiene los días contados como presidenta, sino también una espada de Damocles (la cárcel) pendiendo sobre su futuro. En cualquier caso, Boluarte pasará a la historia como la efímera genocida que es; lo único que le queda por resolver es si puede aplazar su fin entregando a Fujimori la cabeza de sus ministros y ministras, o acelera su final.
