Ad portas de la culminación del proceso de paz en Colombia, con fecha estimada (quizá en una previsión demasiado optimista) para el 23 de marzo, empieza nuevamente a ser promovido por parte del uribismo el discurso contrario a la negociación con las FARC, en una estrategia que ha tenido cierto grado de penetración entre los colombianos. Eso concluye la encuesta de Gallup de marzo de 2016 que refleja una imagen negativa del líder del gobierno, frente a una muy positiva de Uribe, y vincula el resultado a las tensiones recientes en el proceso de paz que, parece ser, generan desconfianza entre los encuestados.

Y es que, si bien en días pasados el Centro Democrático hizo por primera vez una concesión a la paz —apoyando la reforma, impulsada por el gobierno, de la Ley de Orden Público, a partir de la cual se abre la posibilidad a la creación de zonas de concentración para guerrilleros y, así, dar comienzo al alto al fuego bilateral— el séquito del senador Uribe no tardó en desinflar las expectativas, señalando que dicha concesión no es ni de lejos un guiño a los diálogos de La Habana, sino la única forma de evitar que las FARC “sigan delinquiendo” y, también, de disminuir la posibilidad de que estas nuevas zonas de concentración se conviertan en una versión 2.0 de la zona de despeje otorgada por Andrés Pastrana en el proceso fallido de 1998.

Esta aclaración coincide con el relanzamiento, en los últimos meses, de un discurso contrario al proceso de diálogo, a través del cual la fuerza política de la extrema derecha enmarca sus mensajes en la “traición” del actual gobierno a las víctimas, evidenciada para los líderes del partido Centro Democrático en que los acuerdos alcanzados “pueden generar la impunidad de los victimarios”. O, como el ex presidente repite una y otra vez, “estamos ante la entrega del país a las FARC”.

La estrategia discursiva no se agota ahí. El uribismo —que se ha visto afectado por la orden de captura sobre el hermano del líder, Santiago Uribe Vélez, y el cerco cada vez más cerrado sobre su familia por sus vínculos con el paramilitarismo— ha acusado al oficialismo y a la fiscalía de promover la persecución política de su formación, señalando el “hostigamiento” del que supuestamente también está siendo víctima Oscar Iván Zuluaga, una denuncia que el ultraconservador procurador general, Alejandro Ordóñez, no ha tardado en apoyar. La artificial indignación entre las filas del Centro Democrático llevó hace algunos días a varios de sus dirigentes políticos a realizar un plantón en el Palacio de Nariño, dicho sea de paso, con escaso poder de convocatoria.

En definitiva, el acuerdo alcanzado para la reforma legislativa, que ha sido identificado como una tregua del uribismo en su incansable lucha contra los diálogos de paz, no es más que una estrategia de reposicionamiento de un discurso de reiterado enfrentamiento. Esta vez Uribe cede, no sin entender que esa concesión lo convierte en el vigilante y censor de las futuras “zonas de concentración”, diseñadas en función de algunos criterios difíciles de cumplir como, por ejemplo, que éstas no se encuentren en zonas de minería ilegal o cultivos ilícitos. Ciertamente un tema que va a dar de qué hablar y en el que, seguramente, centrarán sus dardos en los próximos meses.