- El pasado 9 de febrero, cuatro de los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Ecuador (CPCCS) convocaron una sesión propia para remover a su actual presidenta y vicepresidente, en un acto sin respaldo legal. Esta acción ha profundizado la crisis de este Consejo que forma parte del quinto poder del Estado ecuatoriano, de acuerdo a la separación de funciones estatales que establece la Constitución.
- Esta remoción se realizó con el apoyo de dos entidades dependientes del Poder Ejecutivo: por un lado, la Policía Nacional cercó las instalaciones de la entidad para apoyar la sesión convocada por “la nueva mayoría del Consejo” y, por otro, el Gobierno nacional emitió, a través de un subsecretario del Ministerio del Trabajo, una certificación para avalar a los nuevos cargos.
- El CPCCS es responsable de la organización de los procesos de selección de una serie de autoridades para el país y, en ese marco, el interés inmediato de Lasso sería: i) intervenir en el proceso de selección del contralor general del Estado (que en los últimos años ha garantizado impunidad para la derecha económica y política, así como la persecución del correísmo y otros actores) y ii) asegurarse el control sobre el proceso (estancado de momento en el CPCCS) de renovación parcial de los miembros del Consejo Nacional Electoral y de su órgano contencioso, de cara a las elecciones seccionales de 2023. En dicha elección los votantes deberán también escoger nuevos miembros para el CPCCS.
- La Ley Orgánica que rige al CPCCS no permite que sus titulares sean removidos por el pleno del Consejo: deber ser la Asamblea la que se encargue de removerlos de manera motivada y permitiendo el derecho a la defensa. De hecho, en los últimos años varios de sus titulares y consejeros han sido ya removidos por el Poder Legislativo. Aunque podría discutirse sobre las motivaciones y forma en que se llevaron estos procesos, al menos se respetó la competencia constitucional del Legislativo.
- Sin embargo, lo que se vive desde el 9 de febrero ha adquirido un nuevo nivel: la toma de la Presidencia del CPCCS por parte del consejero Hernán Ulloa, muy cercano a Lasso, es una clara violación de la ley por parte del Ejecutivo y una intromisión en las competencias de otra función del Estado.
- Este acto no es el primero en que Lasso se aleja abiertamente del estado de derecho. Aunque tras las elecciones de 2021 se proclamó respetuoso de la ley y de la separación de poderes, tempranamente impuso el retorno del país al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra lo que dispone la Constitución en materia de arbitraje y sin pasar por la Asamblea Nacional. Asimismo, Lasso presentó ilegalmente un presupuesto sin tener aprobado su Plan de Desarrollo.
- La toma del CPCCS por parte de una nueva mayoría afín a Lasso suma a la crisis institucional que vive el país. En lo específico, a la crisis que atraviesa esta función del Estado es importante expresar algunos antecedentes.
- Este Consejo fue creado por la Constitución de 2008, entre otras cosas, con el afán de despartidizar la designación de las cabezas de una serie de organismos clave: Procuraduría General del Estado, superintendencias, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado y las autoridades de la función electoral.
- La intención de la Constitución de que la selección de consejeros fuera por mérito (en un principio manejada por la autoridad electoral) y despartidizada nunca logró concretarse cabalmente y terminó reflejando la correlación partidaria de fuerzas de turno. Pero en este último tramo de su historia, el CPCCS estuvo marcado por la creación de un Consejo Transitorio en 2018, escogido a gusto del expresidente Lenín Moreno luego de llevarse a cabo una Consulta Popular que juntaba ese y otros temas. Asimismo, aquella Consulta permitió una reforma para que la elección de consejeros fuera por votación popular y no manejada por un concurso mediado por el Consejo Nacional Electoral.
- Desde la fase transitoria, el CPCCS ha entrado en etapa de grave crisis a la que se suma la alta volatilidad en la permanencia de sus consejeros y una ineficiencia manifiesta.
- La Corte Constitucional ha señalado que, de pretender eliminar ese organismo, como en su momento manifestó Lasso (por la vía de una Consulta Popular), el camino a seguir es una reforma parcial a la Constitución que debería ser aprobada con dos tercios de la Asamblea Nacional. Lasso parecería haber abandonado la idea de someter este tema a Consulta y ahora opta por una nueva acción autoritaria y contraria a derecho.
- Si bien ya hay voces de protesta y actores del Legislativo han anunciado el posible inicio de un juicio político a quienes tomaron el control del CPCCS, parece todavía no haber entre la gente una dimensión cabal de la crisis institucional y política, que finalmente está siendo eclipsada por los medios de comunicación y las cada vez más elementales necesidades básicas a cubrir de las mayorías. Posiblemente, sí abone aun más al rechazo a la clase política.
El Gobierno de Lasso arremetió contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Ecuador (CPCCS), llevando a cabo una intromisión del Ejecutivo a un poder público del Estado.
