Ecuador: informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia

Descripción general: el enfoque del informe en líneas generales incluye una posición de ambos bandos, considerando que  hubo actitudes violentas tanto en los manifestantes como en las fuerzas de seguridad. Sin embargo, afirma que hay suficientes agravantes en el comportamiento estatal, sumado a un carácter generalizado –aunque no sistemático- para ser considerado una violación de los DD. HH.

• El Estado ecuatoriano violó los DD. HH. De las y los ecuatorianos.
• “Durante los días del paro nacional de octubre de 2019, la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ) registró que se cometieron presuntas violaciones de derechos humanos, principalmente por integrantes de la Policía Nacional contra la población civil” (pág. 240).
• “La CEVJ concluye que el Estado ecuatoriano, a través de sus agentes, violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal, actos que tienen un directo impacto sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia” (pág. 240).
• “La CEVJ considera que las autoridades judiciales deben poner énfasis en el análisis de evidencias que podrían configurar el elemento de ‘ataque generalizado’ contra la población y que conduzcan al análisis de un posible crimen de lesa humanidad (pág. 238).
• “Respecto de las violaciones a los derechos humanos, la CEVJ analizó casos que tienen relación con los siguientes descriptores: violaciones al derecho a la integridad personal, violaciones al derecho a la libertad personal, ejecuciones extrajudiciales, atentados contra el derecho a la vida, violencia sexual y lesiones oculares” (pág. 66).
• El Gobierno arremetió contra los sectores más vulnerables, el abuso de la fuerza fue una continuidad de su política social y económica.
• “Los hechos de octubre fueron la explosión y expresión de una serie de actos, políticas y decisiones que han acumulado descontento y desesperanza en amplios sectores de la población ecuatoriana, sobre todo aquellos sectores más golpeados por la crisis económica y social” (pág. 239).
• “La movilización indígena se inició en rechazo a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno, percibidas como inaceptables ante la situación de crisis económica que viven amplios sectores de la ruralidad ecuatoriana y la población ecuatoriana en general. A la protesta social se fueron adhiriendo otros grupos organizados de la sociedad como trabajadores, transportistas, estudiantes, servidores públicos y moradores de barrios desatendidos en las ciudades donde las manifestaciones tomaron fuerza. El objetivo de la lucha fue simbolizado en el pedido de derogatoria del Decreto Ejecutivo 883 que contenía las medidas económicas adoptadas por el presidente de la República. Se decretó el estado de excepción en el país y se restringieron algunos derechos” (pág. 21).
• El Gobierno no sólo es responsable por la represión, sino por ocultar, encubrir y distorsionar los hechos, culpabilizando a las víctimas y deslegitimando la protesta:
• “El discurso de autoridades de Gobierno posicionó una interpretación parcial de la realidad, poniendo énfasis en ciertos actores violentos y con una agenda desestabilizadora que desarrolló en el imaginario social la idea de que la democracia estaba bajo ataque, con posible intervención de actores de otros países y, bajo esas premisas, justificó la represión para mantener la estabilidad política del régimen y de la democracia. Esta posición oficial buscaba deslegitimar la protesta social que tenía legítimas motivaciones coyunturales y estructurales en la mayoría de actores movilizados”.
• La CEVJ considera que el Estado ecuatoriano encubre a los responsables.
• “El Gobierno, a través de sus ministras y ministros, justificó actos reprochables contra las y los manifestantes, tales como el ataque a las zonas de paz en las instalaciones universitarias”.
• “Sobre presuntas y presuntos responsables institucionales, de los 249 testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos, se desprende que 189 habrían sido perpetradas por personal de la Policía Nacional, lo que corresponde al 75 %, y 34 por personal de las Fuerzas Armadas que corresponde al 13 %. Además, se estableció que al menos 26 personas de entidades públicas no habrían actuado conforme a sus competencias, lo que corresponde al 10 %, entre ellos personal de la Fiscalía General del Estado”.
• Destacan las declaraciones de María Paula Romo tergiversando los hechos para encubrir a las fuerzas de seguridad en ejecuciones extrajudiciales.
• La CEVJ considera que el Estado difundió fake news y que funcionarios del Gobierno realizaron alocuciones discriminatorias contra los pueblos indígenas y otras nacionalidades.
• “Respecto de la calidad de la información que se difundió, se verificó que no existió un enfoque intercultural, lo que no solo deslegitimó la protesta social de la población indígena con sus especificidades, sino que también evidenció un Estado incapaz de cumplir con los principios de respeto, protección y promoción de los derechos de los pueblos y nacionalidades” (pág. 241).
• “Se evidenció mediante un análisis técnico que las noticias falsas, denominadas fake news, constituyeron un elemento que generó persistentes y preocupantes niveles de desinformación, que contribuyó a exacerbar los ánimos de la ciudadanía y a la polarización de criterios y posiciones frente al conflicto desatado”.
• “Se identificó un marcado sesgo en la comunicación oficial, a través de las declaraciones de altos funcionarios y funcionarias, y también en el enfoque y prevalencia de temáticas en ciertos medios de comunicación. Se identificaron varios casos de restricciones para recopilar y difundir información, así como limitaciones al ejercicio periodístico, lo que podría configurar casos específicos de censura”.
• La diversidad está sobrerrepresentada, constituyendo el 100 % de las ejecuciones extrajudiciales: “La CEVJ logró establecer que seis personas fallecieron durante el paro nacional de octubre de 2019, constituyéndose una presunta violación de derechos humanos bajo la modalidad de ejecución extrajudicial, ya que el sujeto activo del delito sería un agente estatal; se trata de un adolescente afroecuatoriano, una persona con discapacidad y cuatro personas de comunidades indígenas” (pág. 67).

Recomendaciones que podrían ser útiles:

• Para evitar que se repita cualquier sesgo informativo frente a situaciones de crisis y convulsión social como las de octubre de 2019, se recomienda que las universidades, observatorios y organizaciones de la sociedad civil efectúen un análisis a profundidad de lo reportado por los medios de comunicación social, incluyendo lenguaje, símbolos y enfoque, con el fin de buscar propuestas y alternativas al cumplimiento del rol fundamental que cumplen los medios de comunicación de intermediarios de la realidad con la sociedad, a través de la información y opinión que difunden. Se recomienda también al Estado generar política pública imparcial y responsable en temas de comunicación e información, particularmente en situaciones de crisis y convulsión social, no solamente evitando cualquier tipo de sesgo o censura, sino fomentando también los enfoques de pluralismo y diversidad cultural”.