El pasado 30 de marzo la Corte Constitucional de Ecuador aprobó la solicitud de la Asamblea Nacional para proceder con un juicio político a Guillermo Lasso. Esta medida, inédita en la historia reciente del país andino, podría derivar en el cese del actual presidente Lasso, que sería sustituido por su vicepresidente Alfredo Borrero. El juicio político se deriva del manejo de los recursos públicos en una de las principales empresas públicas ecuatorianas, Flopec (Flota Petrolera Ecuatoriana).
Por otro lado, este martes 18 de abril fue detenido Danilo Carrera mientras trataba de huir del país. Carrera, cuñado del presidente, es su hombre de confianza en la gestión de las empresas estatales ecuatorianas, empresas que controlan el 50 % del presupuesto público. La detención complica la situación de Lasso en el juicio político y aumenta las posibilidades de que el presidente active la “muerte cruzada”, que en Ecuador supone la automática convocatoria de elecciones presidenciales y legislativas. En este caso, la Asamblea sería inmediatamente disuelta y se convocarían elecciones legislativas y presidenciales en un plazo máximo de 6 meses, un periodo en el que Lasso gobernaría por decreto. Sin embargo, algunos analistas jurídicos apuntan a que la Corte Constitucional podría impedir la aplicación de este procedimiento por la falta de las causales que establece la ley.
Respecto al juicio político, se estima que su duración pudiera tomar alrededor de 45 días, un plazo que se cumpliría a mediados del mes de mayo. Los hitos intermedios de este juicio son los siguientes:
- 29 de marzo (antecedente inmediato): la Corte Constitucional (CC), con 6 votos a favor y 3 votos salvados, admitió el juicio político contra el presidente tras haber recibido la solicitud por parte de la Asamblea Nacional. La solicitud formal fue presentada por la legisladora Viviana Veloz del grupo parlamentario de correísmo (UNES) y respaldada con 59 firmas de legisladores de varias bancadas, principalmente UNES y el Partido Social Cristiano (PSC). La CC sostuvo las acusaciones de peculado en el caso de Flopec.
- Estado actual: el proceso pasó ya el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y se encuentra en manos de la Comisión de Fiscalización que preside el Asambleísta Fernando Villavicencio, afín a Lasso. Esta comisión tiene 30 días para emitir un informe que será tratado en el Pleno de la Asamblea: 10 días para que el presidente presente sus sustentos y 10 días para que la parte acusadora haga lo propio; finalmente, la comisión tiene 10 días para emitir su informe.
- Lasso trata de entorpecer el proceso: el plazo para la defensa de Lasso dentro de la Comisión vence el 16 de abril. El procurador del presidente, Edgar Neira, de momento insiste en una solicitud de certificación de pruebas por parte de los asambleístas que interpusieron el juicio. Esta es una estrategia para entorpecer el proceso o ganar tiempo. No obstante, la ley de la función legislativa es clara en los plazos en los que el juicio debe llegar a pleno y, en principio, no permite que el proceso se estanque en la Comisión.
- Siguientes pasos del trámite normal del juicio: una vez cumplido el plazo para que el juicio se trate en la Comisión de Fiscalización, el presidente de la Asamblea tiene 3 días para hacer llegar el informe a los asambleístas, quienes a su vez tienen 2 días para revisarlo. Posteriormente, en 5 días máximo, debe ponerse en el orden del día del Pleno el tratamiento de la censura al presidente de la República.
- El juicio político en el Pleno de la Asamblea (en torno al 15 de mayo): Lasso tendrá 3 horas para defenderse. Debería asistir en persona, pero podría tratar de que sea su procurador quien lo represente. Tras la intervención de la Defensa se da un espacio para el debate de los asambleístas. Cada interviniente tiene 10 minutos de para su alocución. Una vez agotado el debate –que podría durar varios días–, el presidente de la Asamblea tiene 5 días para convocar al Pleno para votar la censura y destitución del presidente. Para la censura se necesitan 92 votos favorables de los 137 asambleístas. De ser censurado, asumiría la Presidencia el actual vicepresidente de la república, Alfredo Borrero. Hasta el momento, no está claro que se logren los votos para la censura, teniendo en cuenta, por un lado, la alta fragmentación del Legislativo ecuatoriano y, por otro, que los bloques de Pachakutik y la Izquierda Democrática no son homogéneos y en ellos no es habitual la disciplina de voto. Entre los votos más seguros están los de los grupos proponentes, RC y PSC (que aún podría descolgarse) sumarían 63 votos. Por el contrario, el presidente sólo cuenta con 13 votos seguros contra su destitución, lejos de los 45 que precisa.
