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I Parte
Colombia: neoliberalismo de guerra y lucha por la paz
Los gobiernos de Colombia han jugado un papel central en la disputa de sentidos y proyectos sociales generados en Latinoamérica durante los últimos 18 años. Las élites del poder construyeron mediáticamente un relato de país democrático con una de las economías más sólidas de la región. Utilizaron como principal argumento el crecimiento económico de la primera década del presente siglo, acompañado de una baja inflación y de una ajustada regla fiscal, que desestima cualquier acción anti-cíclica o “populista” (tal y como algunos discursos neoliberales las han definido). Todo un relato cuestionable en la realidad, pero que promueven en el mundo legitimando sus acciones.
De la mano del gran poder mediático, se generan matrices informativas que exponen a los funcionarios colombianos como los ‘mejores técnicos’ de la economía, los más correctos y los más estudiosos. Un ejemplo, es el colombiano Luis Alberto Moreno, actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo[1]. En cambio, no muestran las implicaciones de las acciones económicas promovidas por esos “técnicos” que tienen a la mayoría de la sociedad empobrecida, sometida al atraso y la exclusión educativa, sanitaria, vial, alimenticia y productiva. En este sentido, según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a 2015, Colombia refleja un 28% de pobreza monetaria a nivel nacional, con una profundización de la misma cuando se trata de población rural, alcanzando un 40% en este índice[1]. Se puede decir que el gobierno va bien, pero el país va mal, parafraseando a un dirigente gremial colombiano.
El optimismo frente a la economía del país se relaciona con los valores mundiales de los commodities, en particular del petróleo y minerales, cuyos altos precios favorecieron que la economía colombiana creciera a una tasa promedio del 5% entre 2002 y 2011. Aunque Colombia no es un país petrolero, este rubro fue el mayor producto de exportación hasta el 2015, abarcando el 48,4% del total de las exportaciones, un ritmo de extracción a niveles que agotan con rapidez las pocas reservas probadas de crudo.
Sin muchas previsiones de encontrar nuevos yacimientos, la Empresa Colombiana de Petróleos-Ecopetrol, ha sostenido en el último año cuantiosas pérdidas, mostrando el proceso decadente que ratifica los cálculos de expertos según los cuales en el 2021 el petróleo será un producto marginal y demasiado escaso en el país[1]. Un indicador que muestra en prospectiva la grave situación del modelo, derrumbando los argumentos positivos con los que se sustentaba el discurso del ‘éxito’ económico colombiano.
El presidente Juan Manuel Santos y su vicepresidente Germán Vargas Lleras, aceptan tímidamente la crítica situación, advirtiendo que el país atraviesa por “graves problemas fiscales”, un anuncio a voz muy baja, silenciado por los medios concentrados con el gran debate en torno a la paz, pero que, una vez superado el plebiscito, explotó con la formulación de una nueva reforma tributaria (sobre la cual se redundará más adelante).
En efecto, Colombia en el 2016 está atravesando una grave situación económica, expresada en la reducción de 16 mil millones de pesos de presupuesto (5500 millones de dólares), con un déficit de cuenta corriente de 6,5% del PIB en 2015[1] y una considerable disminución de exportaciones cercana al 35,1% a junio de 2016, sin alternativa productiva a la extracción de petróleo[1].
Esta realidad económica incrementa las desigualdades sociales y a la vez impulsa las acciones políticas de los sectores de poder a profundizar en la implementación de políticas neoliberales. Una situación crítica que genera elementos claves para analizar los posibles escenarios futuros del país, que producto de estas tendencias se caracterizarán por una gran conflictividad social, por una nueva etapa en la disputa por el modelo económico, por el intento de la ultraderecha de retornar al poder y por el intento de organización de un proyecto político no neoliberal con capacidad de competencia electoral.
La agrietada economía colombiana
El debate económico en el país es precario, encerrado en círculos de académicos y unos pocos políticos. No se evidencian grandes disputas o diferencias económicas en las facciones del poder, que en general pretenden profundizar el neoliberalismo aunque diferenciadas por tensiones sobre las formas de acumulación extractivista: con violencia la ultraderecha y con negociación y judicialización el Gobierno. Además de las discrepancias de énfasis en materia impositiva.
El programa de la coalición de gobierno compuesta por el Partido de la Unidad Nacional, Cambio Radical, el Partido Conservador y el Partido Liberal, está centrado en profundizar las medidas de ajuste neoliberal y la apertura de mercados, suscribiendo Tratados de Libre Comercio-TLC por doquier con la promesa del acuerdo de paz como garantía para las inversiones extranjeras y con el foco en el rubro de la construcción y en la exención de impuestos a las grandes empresas como apuesta para el “crecimiento económico”. Un camino que hasta el momento no está resolviendo la grave crisis económica, producto del restrictivo modelo extractivista y la dependencia externa caracterizada por la crisis.
Las propuestas político económicas de la ultraderecha son mucho más regresivas: el partido Centro Democrático –uribismo– está proponiendo cero tributación para los ricos, continuar con una economía de guerra centrada en la industria militar, afianzar el despojo violento de tierras y escalar los impuestos indirectos. Vale aclarar que cualquier disputa planteada sobre la economía desde la ultraderecha, está pensada en clave de retornar al gobierno en el 2018.
El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reconoce la gravedad de la crisis, pero insiste en una alternativa ortodoxa que agrava la situación de los trabajadores. Propone una reforma tributaria regresiva y la aplicación a raja tabla de la “regla fiscal” limitadora del gasto público para desarrollar medidas anti-cíclicas[1]. En el texto de la reforma tributaria publicado por el gobierno se incluye el aumento de la base del IVA (lo eleva del 16% al 19%), masifica el cobro de monotributo para los pequeños tenderos y comercios informales, grava con el 15% el salario a partir de los 500 dólares y sostiene las exenciones impositivas a las grandes empresas[1]. Una acción que profundizará el sistema tributario regresivo existente, centrado en los impuestos indirectos que pagan las mayorías y de exenciones a la renta para las grandes empresas, con cero aranceles a las importaciones y sin impuestos para la fuga de capitales.
Esta reforma no resuelve el problema de fondo de la economía, sino más bien lo aumenta[1]. Afianza las reglas actuales del modelo dirigidas a generar poco empleo, mantener la precariedad, la informalidad y el subempleo; mantendrá las tasas de interés muy altas para los créditos para sostener baja la circulación de dinero y, sobre todo, tratará de desincentivar la creación de empleo estatal. Todas ellas, medidas estructurales generadoras de los altos porcentajes de pobreza (28,7%), de indigencia (8,5%), de empleo informal (49,7%), de precariedad laboral y de una terrible brecha entre los habitantes del campo y de las ciudades[1].
Con esas medidas no cambiarán las realidades sociales y económicas que ubican al país como uno de los más desiguales del mundo: según el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, Colombia es el séptimo país más desigual del mundo con un coeficiente de Gini de 0,535[1] según el cual el 1% de la población más rica es dueña de más del 20% de la riqueza; problemática exponencialmente mayor en las regiones rurales o semi-rurales, en donde los niveles de desigualdad son más altos en comparación con las grandes ciudades (Bogotá, Cali y Medellín)[1].
Ante esta situación, la centroizquierda agrupada en el Polo Democrático y la Alianza Verde, junto con los sectores ligados a los movimientos sociales ubicados a la izquierda como Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, están proponiendo movilizaciones y han centrado su estrategia en disputar los sentidos de la construcción de la paz, ubicando el forcejeo por la justicia social como eje de sus acciones. Esta estrategia se encuentra cargada de debates internos por sobreponer interés de grupo. No existe por el momento un proyecto político-organizativo fuerte, capaz de competir en la lucha electoral con la hegemonía ostentada por los partidos neoliberales.
Si los diversos sectores de la izquierda no construyen un proyecto unitario como performance electoral, con atractivo discursivo y programático dirigido a los grupos poblacionales desligados hasta ahora del debate electoral, las vetustas formaciones políticas neoliberales seguirán intactas en las elecciones presidenciales del 2018 cabalgando sobre la polarización entre la Unidad Nacional liderada por Santos-Vargas Lleras y el Centro Democrático de Uribe. Es decir, el sistema político seguirá intacto y las ofertas de derechas mantendrán la tendencia desigual y concentrada de la política y la economía colombiana.
El mito de abundancia con los Tratados de Libre Comercio-TLC
Los partidos de la derecha y la ultraderecha colombiana[1], parten de la hipótesis neoliberal de suprimir los aranceles como mecanismo de crecimiento económico por cuenta de los desarrollos de la mano invisible del mercado. Esconden, claro está, que el país recibe toneladas de productos con valor agregado, liquidando cualquier opción de ampliar fuentes de trabajo, mientras que exporta bienes primarios a costa de la desocupación, los malos salarios, la salud de la población y del ambiente.
Colombia siguió alineada con Estados Unidos después de la derrota del ALCA en el 2005, suscribiendo Tratados de Libre Comercio-TLC por doquier: pacto con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur, Costa Rica, la Alianza del Pacífico, Mercosur, entre otros países u organizaciones supranacionales. Las derechas se han esforzado en mostrar, con altos grados de exaltación, la teórica posibilidad de una lluvia de inversiones extranjeras que llegarían por cuenta de esos tratados. Una doctrina bastante alejada de los hechos, la matriz productiva nacional extractivista, las pocas inversiones instaladas y las proyectadas no generarán empleo y seguirán trasladando el crecimiento económico nacional hacia otros países; con la fuga de capitales extrayendo ganancias, de forma legal y, de forma ilegal, con los fondos financieros offshore. Los recursos de las empresas transnacionales son destinados al sector primario, normalizado con reglas favorables para los inversores y adversas para Colombia, puesto que no deja grandes márgenes de renta para el país[1].
Lo dicho se evidencia en los efectos del TLC suscrito con los Estados Unidos: en el 2011, año de entrada en vigencia del tratado, el superávit comercial de Colombia con ese país era de US$ 8.111 millones, tres años después (2014) el déficit comercial superó los US$ 3.303 millones[1]; lo cual quiere decir que Colombia ha perdido cerca de 11 mil millones de dólares al año en exportaciones, derrumbando sectores de la producción agrícola, ganadera, avícola, floricultor y textil.
Esta situación crucial para el futuro colombiano, no es debatida por la opinión pública. La derecha santista al igual que la ultraderecha, seguirán centrando expectativas con estos tratados, mostrándolos como tabla de salvación para la economía nacional. Hasta el momento tan sólo el sindicalismo y los movimientos sociales rurales interpelan estos tratados, mientras que las élites dan por saldado el debate y siguen produciendo leyes que socavan la soberanía alimenticia, productiva, energética y genética.
El Polo Democrático y los movimientos sociales liderados por la Cumbre Agraria, están en resistencia a los TLC, pero no exponen propuestas alternativas para la economía colombiana, manteniendo sus discursos sin conexión con el sentido común de la población. Desde un análisis simbólico, ha triunfado la ideología del “emprendedurismo” que se opone a las ofertas políticas que piensan al Estado como un garante de derechos y del buen vivir, en cambio, el Estado ha sido secuestrado por una elite que lo utiliza para perpetuarse en el poder a costa del ensanchamiento del aparato represivo.
Los proyectos de izquierda mencionados, no han podido interpelar esa ideología neoliberal, no logran explicarle a las mayorías que el Estado puede jugar un papel distinto en la economía, o resaltar el papel crucial que podría asumir en la redistribución de riqueza y recursos a favor de las mayorías, incluyendo el bienestar que podría generar una producción con valor agregado, actualmente ausente en el mapa productivo nacional.
Se puede afirmar, entonces, que la fortaleza del proyecto hegemónico del poder es la unidad respecto del rumbo económico neoliberal acompañada con cuadros administrativos de alta especialización y, con una articulada acción de los medios de comunicación concentrados en los tres emporios económicos del país (el Grupo Santodomingo, el Grupo Ardila Lülle y la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo)[1]. Mientras, desde la otra orilla, la gran debilidad de las izquierdas es carecer de una propuesta política consistente y a vez sencilla, viable y visible que logre disputarle sentidos comunes, respaldos y votos al neoliberalismo. Conectarse con una porción del 60% de la población que no vota podría ser la clave para las izquierdas.
La paz como disputa política y económica
El acuerdo de paz entre el gobierno y las insurgencias de las FARC y del ELN es, sin duda, un hecho trascendental para el país, porque generará la posibilidad de construir una democracia con garantías básicas para el respeto a la vida y la libertad de expresión, inexistentes hasta el momento. Los temas que se acuerden en materia social, política y económica serán muy importantes, y mucho más el resultado simbólico del éxito de ambas mesas de diálogo que componen el proceso de paz, pues generará un ambiente democratizador de los escenarios políticos, económicos y culturales del país.
El gobierno y las élites que lo dirigen son conocedores de la importancia simbólica y práctica del acuerdo de paz, por ello vienen proyectándolo como la opción para salir de la crisis económica y política en la que se encuentran, tratando de restarle todo lo que puedan al contenido social y democratizador. Quieren la paz, porque saben que la crisis económica se presenta en el país con una inusitada fuerza, capaz de generar más grietas en el bloque de poder, ahondando en las fisuras existentes por la polarización entre el proyecto autoritario, tradicionalista y conservador del uribismo y el proyecto tecnócrata y pragmático liderado por Santos.
El acuerdo de paz resulta -para las élites pragmáticas- una salida a la crisis del modelo neoliberal en el país, por ello están dispuestas a permitir nuevas reglas democráticas y algunos pequeños retoques al mundo rural. Un intercambio que la ultraderecha no está dispuesta a permitir, como quedó claramente expresado en el plebiscito del pasado 2 de octubre, pretenden una paz sin democratización y es de su gusto un neoliberalismo militarizado, totalmente autoritario, asfixiante y represivo.
Un modelo de neoliberalismo insostenible por el alto gasto militar que implica -1.7 mil millones de dólares-[1], en medio de la profunda crisis económica por la que atraviesa el país. Costos que llevados al mundo de la política se expresan en muertes, violaciones de derechos humanos y en restricciones efectivas a las libertades democráticas, mucho más insostenibles ante la comunidad internacional, que viene exigiendo una apertura democrática (aunque sea en voz baja).
Hechos político-económicos que se suman a la voluntad de las guerrillas para transformarse en proyectos políticos legales dirigidos a disputar la justicia social desde plataformas electorales y de organización popular. Tanto las insurgencias como las élites saben de la inexistencia de un consenso social incluyente que configuraría un escenario propicio para el debate a fondo de una Asamblea Constituyente y de un nuevo escenario político, posibilidad que aún está lejos de concretarse por la gran amenaza de las fuerzas de ultraderecha, que están creciendo de la mano de su conexión con discursos religiosos integristas, despojadores de tierras y de los seniles portadores del conservadurismo militarista.
La paz desde los sectores populares tiene otros sentidos y significados. Resulta para ellos una posibilidad de apertura democrática, de multiplicar bases territoriales, de ampliar la disputa por la justicia social y de proyectar una alternativa al neoliberalismo, acciones limitadas hasta el momento por la represión, la persecución de líderes sociales y la censura de la guerra. La paz es una grieta provechosa para construir un proyecto político alternativo, desafío nada fácil, ni favorecido o concedido desde el poder.
En el escenario futuro del país se empieza a cerrar definitivamente el capítulo de la violencia política, aunque será un cierre lento y paulatino, atado al pasado inercial de agresiones estatales y paraestatales en contra de los sectores sociales y las alternativas políticas de izquierda. Una situación que tendrá como emergente disruptivo el cambio de reglas democráticas para la ampliación de la disputa política, y con ello, la posibilidad de concentrar los debates en los asuntos culturales, económicos y políticos del modelo neoliberal y del Estado.
II Parte
La gran incógnita de la implementación del acuerdo de paz y las alternativas de izquierda:
Los resultados del plebiscito del 2 de octubre señalaron las dificultades y los actores que van a obstaculizar la implementación de los acuerdos de paz. Superada esta situación con el Nuevo Acuerdo y con la perspectiva de refrendación parlamentaria, esa etapa de concreción de lo acordado será la más crucial y compleja, puesto que deberán desarrollarse las reformas pactadas para el mundo rural colombiano, para la apertura democrática y la incorporación a la vida civil de la insurgencia. Los contenidos de los acuerdos requerirán muchas transformaciones institucionales y legales, que deberán incluirse en el bloque constitucional del país y, en especial, requieren conseguir un nuevo consenso social incluyente de todos los sectores políticos y sociales.
El discurso del Uribismo es el de venganza y de búsqueda de sometimiento de la insurgencia, desconociendo el estatus político y el proceso de paz en su conjunto. El acuerdo no es un acta de capitulación, ni de rendición de la guerrilla, por eso el uribismo pretende construir un relato electoral en torno al proyecto de desconocimiento del tratado de paz. Tal escenario exige una interacción de las élites proclives a la paz, y de los sectores populares que están a favor de los acuerdos, pues las fuerzas más reaccionarias plantearán en su agenda llevar al país a la violencia o a la venganza contra los excombatientes, tal como ocurrió en el pasado con la Unión Patriótica y, posteriormente, con el Movimiento 19 de abril M19 .
Se equivocan, entonces, quienes piensan que el proceso de paz termina con la firma de un tratado o un documento. Los acuerdos deben desarrollarse en los territorios y la sociedad entera debe generar una transformación cultural y democrática para que la paz sea una realidad a mediano plazo, de lo contrario, la violencia seguirá siendo utilizada como arma en la política. Esto, considerando el escenario de polarización generado en torno al plebiscito, en el que la mentira desfiguró los acuerdos según el capricho de la ultraderecha, posicionándose electoralmente para disputar la presidencia en el 2018 y, de llegar a la presidencia, legitimando el incumplimiento del posible tratado de paz. Su programa radica en incitar a la violencia y a la polarización, ese es menú electoral probado con eficacia en el 2 de octubre.
Sin dudas el desafío está en los cambios económico-sociales de las reformas que vendrán (o no) de la mano de la paz. El contenido del acuerdo expone una reforma rural que promete incluir al 30% de la población colombiana, después de 52 años de guerra y 30 años de neoliberalismo, si esto no se logra, ocurrirá como en Guatemala donde 20 años después de los acuerdos, la violencia y la miseria en vez de resolverse se profundizaron. A esta reforma se opondrá con fuerza la ultraderecha y algunos sectores de la derecha, porque temen la acumulación de capital político de las fuerzas del campo popular, dado que podrían ampliar sus apoyos sociales y avanzar en un performance de alternativa económico-política. Santos y la derecha financiera lo saben, pero también le apuestan a sacar de la paz en la ruralidad dividendos políticos y, sobre todo económicos. Se estima que la reforma podría llegar a 10 millones de hectáreas de tierra[1], aunque para el capital transnacional se habilitarán cerca de 20 millones de hectáreas para los agronegocios con una cuestionada ley que crea Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES)[1].
La apuesta del santismo es poner a competir esos dos modelos agrícolas: las Zonas de Reserva Campesina-ZRC y las ZIDRES (desarrollo rural bipolar). El pulso está en el desarrollo de esos dos modelos y en el papel organizativo de los trabajadores y pobladores de la ruralidad que tienen una amplia tradición de lucha anti-sistémica y un fuerte arraigo a la actividad productiva. Contradicción que aprovechará la ultraderecha para reforzar su “programa” electoral caracterizado por la concentración de la tierra, es decir, la legalización de las tierras producto del despojo violento (8 millones de hectáreas). De tal manera que este se convierte en el mayor obstáculo en la etapa de implementación de los acuerdos y para la democratización de la sociedad.
La movilización de las guerrillas a la vida política civil, en el contexto de las reformas al sistema político y la ruralidad, podrá fortalecer el caudal electoral de la centroizquierda del Polo y la Alianza Verde, que perdieron la Alcaldía de Bogotá, pero mantienen una votación urbana aceptable en las grandes ciudades, desde hace 12 años. Una sinergia de esas fuerzas, podría mejorar los resultados en los distritos electorales rurales y en las ciudades medianas o pequeñas, panorama que cambiaría paulatinamente el mapa electoral del país, puesto que el clientelismo tiene una base territorial con la cual mantiene el gobierno. Todo ello si las izquierdas antes mencionadas superan la dispersión y si el Estado logra el monopolio de las armas y desmantela las amenazas violentas de los paramilitares.
En materia de derechos humanos, se espera que los acuerdos inicien el camino hacia la verdad y justicia restaurativa. Una disputa que estará abierta por muchos años como ha ocurrido en Argentina, Chile y Uruguay, en donde la memoria, la verdad y la justicia son parte de las agendas de lucha de los sectores populares desde la salida de la dictadura hace más de 30 años. En Guatemala, la inexistencia de justicia social ha impedido una superación y reparación efectiva de las violaciones de DDHH. Por ello, en Colombia, después de tantos años de guerra y con tantos actores involucrados que configuran un complejo nudo de intereses, sólo el avance político de las fuerzas populares y la disputa por conectarse con el sentido común, podrá concretar la obra de la paz. Únicamente con Justicia Social y un gobierno no neoliberal la paz será una realidad.
La implementación de los acuerdos de paz también se enfrentarán con la crisis económica, y con la pretensión de profundización del modelo neoliberal extractivista, que de seguro, generará más conflictividades sociales, luchas populares y movilizaciones sindicales. Un escenario donde la disputa política se abrirá poco a poco generando nuevas alianzas, disputas y reacomodamientos en los sectores del poder y en el campo popular.
El desafío que sigue es lograr una paz completa incluyente del ELN y conseguir en el 2018 la elección de un gobierno comprometido con la implementación y el respeto de los acuerdos de paz. Un escenario que será un gran reto para el santismo y, principalmente, para las izquierdas, puesto que tendrán al frente a contendientes tan fuertes y poderosos beneficiados por el discurso guerrerista que alentó el conflicto, los del No a la paz, ahora querrán sepultar los acuerdos y dejarlos como letra muerta.
Un renovado escenario, con la paz como protagonista, plantea nuevos desafíos para el reacomodamiento de una izquierda que ha venido zigzagueante en la vida política colombiana. Existen muchas diferencias entre sus distintas corrientes y las posturas ideológicas impiden concretar en la política la unidad capaz de disputar la hegemonía, cambiando la correlación de fuerzas en el mundo social y menos en el terreno electoral. Sumado a la violencia permanente a la que son sometidas, con los asesinatos de dirigentes sociales, con la guerra judicial en contra de líderes políticos y con el control total de los medios de comunicación que atacan y estigmatizan cualquier alternativa de izquierdas.
Se pueden resaltar los esfuerzos que desde el 2014 distintas formaciones de izquierda como Progresistas, la Marcha Patriótica, Movimiento Alternativo de Integración Social-Mais, el Congreso de los Pueblos, la Unión Patriótica, sectores del Polo Democrático y de Alianza Verde, vienen conformando el Frente Amplio por la Paz, tratando de dar forma a un espacio de unidad de las izquierdas con el programa central derivado de los acuerdos de paz.
La reincorporación a la vida política legal de las FARC y el ELN, puede contribuir a concretar ese derrotero, porque plantea nuevas alternativas de diálogo entre una izquierda tradicional y una gama de posibilidades novedosas surgidas de la misma defensa de la paz, que logró importantes movilizaciones ciudadanas. Las FARC y el ELN no estuvieron subsumidos a la portación de armas, sino que han logrado territorializar su acumulación política[1], dato no menor para pensar en las nuevas estrategias políticas de poder popular. En este sentido, vale la pena preguntarse ¿cómo son las configuraciones de los espacios de izquierda que se enfrentan al gran desafío de hacer política en contextos de paz?
Polo Democrático Alternativo y Progresistas
Esta última dirigente es parte del Poder Ejecutivo, lo que ha supuesto que su formación comparta los costes políticos ante la ciudadanía por la ineficiente gestión en educación, sanidad o políticas sociales, donde no ha habido avances representativos, pero también en empleo, el caramelo envenenado que Santos le cedió a López. Esto la ha dejado incapacitada para ejercer un liderazgo político alternativo; haber apoyado acríticamente a Santos se convirtió –sin duda– en una de sus grandes contradicciones en la última década.
Desde el año 2004, un importante sector de la ciudadanía colombiana, radicado en buena medida en Bogotá, donde vive casi el 25% de la población total del país, aupó al Polo a la Alcaldía de la capital. A pesar de los desfalcos realizados por el ex alcalde del Polo Samuel Moreno, hoy en prisión, los bogotanos volvieron a confiar en sus dirigentes y la izquierda regresó al poder en Bogotá de la mano de Gustavo Petro (Progresistas).
Sin embargo, en las elecciones de 2015 la derecha colombiana, de la mano de Enrique Peñalosa (fiel hombre del establishment) logró la Alcaldía. Luego de fuertes campañas mediáticas de desprestigio sin precedentes, combinadas con la incapacidad de los dirigentes del Polo y, posteriormente, de Progresistas para satisfacer –más allá de leves avances– las principales urgencias en materia de políticas públicas en Bogotá como el transporte, la desigualdad social o el combate contra el crimen organizado, el golpe definitivo se produjo con la entrada de Clara López, hasta entonces presidenta del Polo, al Gobierno Santos.
Piedad y los sectores sociopolíticos
Piedad Córdoba ha sido probablemente la dirigente de la izquierda más comprometida y coherente en los últimos años, a través de su participación activa en pos de la paz con justicia social y de su interés en la formulación legislativa en torno a temáticas como la pobreza, las negritudes, la exclusión social, los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad para el colectivo LGBTI.
Pagó por ello el alto costo de ser víctima de una de las mayores campañas de desprestigio, acoso y derribo –con inhabilitación para la función pública incluida– que fue anulada recientemente por el Consejo de Estado. Junto a otros líderes sociales logra hacer una política transversal con varios sectores sociopolíticos como Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, un sector de los afrodescendientes y los indígenas.
Lidera una facción del Partido Liberal que se llama Poder Ciudadano, formación con la que integra el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica (MAPA), oficializado desde abril de 2012, si bien la articulación entre las organizaciones sociales ya se venía gestando desde hacía dos años. Está compuesto por más de 600 organizaciones sociales y algunos sectores políticos como el Partido Comunista Colombiano (PCC), algunos sectores provenientes del Polo Democrático Alternativo; sobrevivientes de la Unión Patriótica; la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro); la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), galardonada con el premio Nacional de Paz 2011; la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y la Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares (CONAP), entre muchas otras[1].
El Congreso de los Pueblos, también reúne un grupo importante de organizaciones sociales con el cual Piedad tiene puentes y coordina los temas de lucha por la paz. Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos son movimientos que plantean la articulación de organizaciones sociales y políticas. Este esquema les permite entrelazar una red de plataformas, proyectos, voces y experiencias que de otra forma se esfumarían en la necesidad de coincidir en una única visión. La independencia definitiva, la lucha popular, su carácter antiimperialista, la justicia social y la soberanía y unidad de Latinoamérica son algunos de los principios que cohesionan a esas propuestas sociopolíticas.
El escenario colombiano se presenta hostil hacia el movimiento de izquierda, no obstante y, más allá de las disidencias al interior de los espacios, se pueden vislumbrar intenciones de dar la batalla electoral.
Escenarios de la izquierda en el posacuerdo
Este es el panorama en el que se encuentran las fuerzas de izquierda al momento de la firma del tratado de paz, el cual permite pensar algunos escenarios posibles.
La paz neoliberal. Un continuum donde la paz no implique en realidad cambios estructurales en torno a las necesidades de las mayorías, sino que sea un elemento clave para mayores inversiones. El vicepresidente Germán Vargas Lleras parece ser el elegido para seguir este camino, el cual supone la continuidad de un débil y atomizado bloque de izquierdas que, por lo tanto, no tendrá la posibilidad de incidir en la elección presidencial. Este escenario apunta a la fortaleza del candidato sucesor de Santos, que pretende mantener los actuales lineamientos en materia económica y social, apoyado en los cambios del proceso de paz. Una posibilidad de futuro favorecida por la dispersión y las urgencias de la izquierda, y una ultraderecha con la alternativa única personalista de proyectar a alguien que asegure el cogobierno con el líder Álvaro Uribe.
La paz como camino de la izquierda. Esta variante plantea que los sectores de izquierda logren avanzar en la unificación de un frente o bloque programático y electoral. En ese propósito la izquierda viene haciendo esfuerzos desde hace tiempo, a pesar de lo obstáculos basados en las disputas personalistas (grupistas) por hegemonizar la unidad y por las trabas del sistema electoral. La posible participación unitaria de la izquierda con criterios de influir en el próximo gobierno, podría ser decisiva para formar un gobierno de reconciliación nacional. Considerando la alta probabilidad de competencia de Vargas Lleras con el candidato Uribista en una segunda vuelta, se trataría de participar de un gobierno de implementación de la paz, o transicional, que sea bisagra para pensar en una democratización del país y la emergencia de una candidatura de izquierdas con posibilidad de triunfo para el 2022.
La paz manchada. Este escenario está enmarcado en la situación política del continente, caracterizada por una ofensiva neoconservadora que se expresa en Colombia a favor de la cultura política más tradicionalista, ligada a los sectores más atrasados de la iglesia (Opus dei, Tradición Familia y propiedad, del latifundio, paramilitares, militares y la mayoría de los políticos ligados a la mafia, quienes ya han manifestado como programa de gobierno el desconocimiento del acuerdo. Está representada actualmente por Álvaro Uribe y Alejandro Ordóñez, pero de larga tradición en la escena política colombiana. Tradición política, con un discurso ético-religioso con apoyo militar y mucho dinero, que constituyen una combinación con posibilidades de triunfo en las elecciones presidenciales del 2018. En éste escenario, la izquierda quedaría totalmente a la defensiva y con pocas posibilidades de pensar un futuro de transformación de la cultura política colombiana, dificultando la construcción de un escenario a su favor para 2022.
Los desafíos por delante son inmensos. Sin embargo, la apuesta que está haciendo la izquierda otorga a este proceso un halo de aire fresco para encontrar nuevos modos del quehacer político.
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