El pedido de impeachment presentado por los juristas H. Bicudo, M. Reale Jr. y J. Paschoal y aceptado por el Presidente de la Cámara de Diputados – E. Cunha- abre un nuevo escenario para el ya debilitado gobierno de Dilma Rousseff. Si bien es el inicio de un recorrido legislativo interno, también debe comprenderse como el cierre de una etapa: la de las permanentes presiones de su potencial instalación, cuestión que ha condicionado en más de una oportunidad las medidas de gobierno adoptadas por Dilma Rousseff durante el 2015. En este sentido es que el contexto es otro: ahora la ingeniería política del Partido do Trabalhadores deberá trabajar para obtener, por reglamento, por lo menos 172 votos en el Plenario de la Cámara, si es el caso, para que se impidan los 2/3 necesarios para que el pedido siga su curso, y Michel Temer asuma provisoriamente el Gobierno.

El impeachment y, sobre todo, su utilización como fórmula de condicionamiento político al Poder Ejecutivo, no es un instituto inusual en la historia brasileña: desde el segundo gobierno de G. Vargas ha estado presente como un argumento de presión por parte de las oposiciones políticas. F. Collor de Melo, el primer Presidente electo de forma directa tras el fin de la última dictadura, terminó su mandato en el marco de un juicio político. Si bien nunca fueron aceptados por los diferentes Presidentes de la Cámaras respectivas, F. H. Cardoso y Lula da Silva también tuvieron pedidos de impeachment presentados en su contra durante sus dos mandatos, 14 y 34 en cada caso. De las decenas de pedidos de impeachment presentados contra Dilma Rousseff (10 en el primer mandato), E. Cunha fue rechazando y promoviendo nuevas presentaciones durante todo este año, lo que terminó instalando al juicio político como un factor clave no sólo de la agenda parlamentaria sino también de la agenda política en un sentido más general y en un elemento permanente de encuadre de la agenda mediática. El argumento central del pedido ahora aceptado, en torno a las “pedaladas fiscais”, vino acompañado por un comentario/informe de J. Marcelo de Oliveira – asesor técnico del Tribunal de Cuentas Federal – respecto de que durante el 2015 también se estarían produciendo las demoras presupuestarias, lo que torna al “crimen de responsabilidad fiscal” algo propio de este segundo mandato y, por lo tanto, plausible de ser comunicado como motivo de impeachment.

Al margen de que, desde un punto de vista jurídico-administrativo, es discutible primero, que sea un “crimen de responsabilidad” (habida cuenta que es una práctica presupuestaria habitual) y que, en segundo lugar, esa responsabilidad le competa a Dilma Rousseff, lo que este contexto pone de forma inmediata sobre la superficie es, nuevamente, la falta de recursos políticos propios por parte del Partido dos Trabalhadores. Siendo que en cuatro oportunidades ha logrado obtener la Presidencia, nunca pudo desde que es gobierno disponer de más de un 20% de los miembros del Parlamento: hoy en día tiene menos de 70 diputados (de un total de 513) y los aliados más próximos son los menos numerosos dentro de la Cámara. Esta debilidad resulta paradójica si se observa que el Partido dos Trabalhadores es el principal partido desde un punto de vista federal: tiene presencia en casi 97% de los 5500 municipios del país y, sin embargo, no puede transferir esa capilaridad al propio sistema político. En ese sentido, el Partido dos Trabalhadores ha quedado determinado por un sistema político que, si bien en su momento pretendió modificar, a partir de esta circunstancia de la aceptación del pedido de juicio político ha demostrado serle dramáticamente hostil. Quizás la suerte política de la Presidente Dilma Rousseff encuentre en las presiones externas que se le puedan hacer al sistema las posibilidades de su continuidad.