Única, pacífica, educada y de iguales son algunas de las características que se atribuyen a Costa Rica en el exterior, principalmente por no contar con un ejército como institución permanente y una supuesta política ambiental sostenible[i]. Esa imagen se desdibuja al ser contrastada con el proyecto hegemónico impulsado por las élites político-económicas del país, que empuja a la población a una desigualdad cada vez más grande y a una precarización de la vida cotidiana. Este texto pretende dilucidar, por tanto, los mitos que componen la imagen democrática y moderna de Costa Rica frente a sus propias y reales contradicciones.
Actores en tensión
Una democracia procedimental es lo que verdaderamente existe en Costa Rica. Gobernada históricamente por un bipartidismo enfocado en la concentración de bienes comunes, riqueza y derechos a través de la construcción de un imaginario que define a la población costarricense como “igualitica”, homogénea, gobernada por una élite benevolente (Jiménez, 2009).[ii] Sin embargo, los hechos muestran lo contrario.
Tras las elecciones presidenciales de 2014, algo pareció cambiar en Costa Rica. La victoria electoral del Partido Acción Ciudadana (PAC) dejaba atrás, en teoría, al bipartidismo histórico que caracterizó al país centroamericano y, con ello, generaba una ruptura en la cultura política del país. Sin embargo, los partidos tradicionales –Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC)- permanecieron cooptando las demás instituciones y consiguieron representación política en la Asamblea Legislativa.
Finalizando el periodo de gobierno, en 2018, el PAC llegó muy debilitado a las elecciones presidenciales tras el avance de los partidos tradicionales y diversas denuncias de corrupción. Sin embargo, la retórica del miedo y odio que asumió un relativamente nuevo y empoderado Partido Restauración Nacional (PRN), de corte neopentecostal, tras la publicación del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que instaba a los gobiernos latinoamericanos a aprobar el matrimonio igualitario y aplicar el derecho al nombre para las personas trans, llevó al PAC a tener mejores chances electorales.[iii] La estrategia fue sencilla: el PAC izó la bandera de los derechos humanos –simbólicos- y la defensa de un presunto Estado de Derecho. Esta coyuntura polarizó a la población entre personas que se posicionaban en el plano del no retroceso a derechos humanos básicos y quienes denunciaban el presunto avance de la “ideología de género”.
En la primera ronda de esas elecciones la victoria fue del PRN, encabezado por el candidato Fabricio Alvarado, que alcanzó un 24,91%[iv] de los votos, sumando así a Costa Rica a la lista de los países en los que el avance neopentecostal es más evidente. En el segundo lugar se colocó Carlos Alvarado, del oficialista Acción Ciudadana. En la segunda ronda ninguno de los candidatos obtuvo el 40% mínimo para asumir la Presidencia, pero el ejercicio electoral ya se había llevado en medio de la polaridad entre la defensa de un presunto Estado de Derecho –ya de por sí, debilitado- y la llegada del neopentecostalismo a Casa Presidencial. Fueron organizaciones de distinta índole –de mujeres, feministas, LGTBIQ- las movilizadas al voto pro PAC y las que, además, llevaron en sus cuerpos distintas manifestaciones de violencia. [v]
El cierre de filas con el PAC dejó un amplio margen electoral para la victoria de Carlos Alvarado.[vi] Se trató de un triunfo que, muy apresuradamente, se denominó por un sector afín al oficialismo como la “Revolución de las Crayolas”, concepto que daría cuenta de una supuesta Costa Rica pacífica que dialoga y vota en lugar de recurrir a la violencia y a las armas. Sin embargo, el país del diálogo y la estabilidad tiene un 21,1% de personas en situación de pobreza, un 6,3% de los hogares está en la pobreza extrema[vii] y la desigualdad aumenta sostenidamente.[viii]
Así, el 2018 trajo consigo una serie de actores que parecían nuevos o, más bien, adormecidos. El repunte de Restauración Nacional dejó una bancada de 14 diputados, mientras el Frente Amplio –de izquierda- apenas logró 1 diputado. La mayoría quedó para el tradicional PLN, con 17 diputados; la tercera fuerza correspondió al PAC, con 10 escaños y en cuarto lugar quedó el PUSC (9 escaños). Los bloques minoritarios fueron compuestos por el ya mencionado Frente Amplio, el Partido Integración Nacional (4 escaños) y el Social Republicano (2 bancas).[ix] La Asamblea, por tanto, quedó concentrada en los partidos de corte político conservador –PLN, PRN, PUSC- y con mayoría plena inclinada hacia la derecha.
La polarización social y el vaciamiento de los DD. HH.
La segunda administración del PAC, denominada como “Unidad Nacional”, inició su mandato con una agresiva agenda neoliberal. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida como el «Combo Fiscal», dejó en claro que Carlos Alvarado gobernaba para una minoría. En términos generales, el Combo Fiscal se caracteriza por su regresión: i) grava la canasta básica; ii) grava los medicamentos al 4%; iii) establece el IVA al 13% sin exoneración; iv) grava los insumos agrícolas; v) deja el presupuesto a instituciones sociales a la voluntad política; vi) modifica el presupuesto de la educación pública al incluir redes de cuidado de menores y la educación técnica en el mismo rubro y; vii) establece límites a la negociación de convenios colectivos. Frente a la agenda fiscal regresiva, el sector público llevó a cabo una huelga que duró tres meses, mientras recibía una fuerte retórica que criminalizaba y judicializaba a los movimientos políticos que estaban contra el Combo Fiscal. El PAC hizo alarde de su prepotencia y autoritarismo al restringir los espacios para el diálogo, así como el emprendimiento de una campaña del miedo sobre las consecuencias desastrosas de la no implementación de la medida y la asimilación de los sectores sindicales con enemigos políticos.
Sin ningún diálogo, a principios de diciembre, el Combo Fiscal fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Posteriormente, a inicios de 2019, se inició la discusión del Proyecto de Ley del Empleo Público, el cual pretende la prohibición de la huelga a través de mecanismos que aceleran el proceso para declararlas ilegales y la retención del salario desde el primer día de huelga. Así, el Gobierno que pretende conmemorar el bicentenario de la supuesta democracia más sólida de América Latina intentando prohibir el disenso político en público.
El movimiento sindical respondió con un llamado a una huelga intermitente desde el mes de junio, y aún hoy se sostiene. La resistencia contra el proyecto antihuelgas –como se le conoce popularmente- se ha sumado a las molestias generadas a partir de la implementación del IVA, lo cual ha ampliado el movimiento. Asimismo, una serie de cambios en el Ministerio de Educación Pública provocó que estudiantes de secundaria se movilizaran y, previsiblemente, fueran acusados por el oficialismo de ser manipulados por los sectores sindicales y neopentecostales (una de las medidas tenía que ver con el establecimiento de baños neutrales en un sistema educativo que, de por sí, cuenta con pésimas condiciones de infraestructura).[x] En esta coyuntura el PAC capitalizó, nuevamente, para sí la polarización generada a partir de una especie de confrontación entre la apuesta a Derechos Humanos y el supuesto avance de la ideología de género. En definitiva, es la polarización social lo que ha permitido un mínimo de gobernanza para el PAC en una sociedad que aún apela por la mítica democracia pacífica, educada y excepcional de la conflictiva región centroamericana.[xi]
En ese sentido, el discurso de Derechos Humanos pregonado por el PAC está vaciado de contenido en casi todas sus dimensiones. El disfrute pleno de Derechos Humanos es incompatible con el neoliberalismo imperante pues la dimensión material queda entregada a quienes concentran la riqueza, los bienes comunes y, por tanto, el acceso a los derechos efectivos.
Otro aspecto a señalar -y que retrata no sólo el vacío de contenido de Derechos Humanos sino la violencia en sus condiciones más extremas- corresponde al asesinato del líder indígena Sergio Rojas. Dicho asesinato corresponde al proceso de «recuperación» de territorios por parte de personas no indígenas, acción legítima y legal (de acuerdo a los convenios internacionales firmados por Costa Rica) realizada tras la postergación de la discusión y aprobación de la Ley de Autonomía Indígena. Sergio es un compañero más asesinado por la defensa del territorio, tal y como lo fueron compañeros y compañeras de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO) en los años ’90 y Jairo Mora, durante el Gobierno de Laura Chinchilla.
También se cae el mito en la política exterior
La imagen internacional de Costa Rica se encuentra íntimamente relacionada con las nociones de democracia, pacifismo, Derechos Humanos y Estado de Derecho, gracias al relato de las élites político-económicas costarricenses encausados por la diplomacia y los medios de comunicación concentrados. Esta imagen ha permitido al país posicionarse como referente del diálogo e, incluso, como un mediador idóneo al contar con una presunta neutralidad como principio rector de su política exterior.
Es este último aspecto el que ha dado vía libre para que Costa Rica fuese designada como mediadora en el conflicto desatado tras el Golpe de Estado en Honduras en 2009, y le ha permitido formar parte de los países que señalan a la Venezuela bolivariana como Estado dictatorial; también ha sido uno de los países que respaldó la invasión a Irak. En ese sentido, Costa Rica forma parte del bloque hegemónico a nivel internacional, a pesar de que ello contradiga el principio de neutralidad.
Esta condición queda muy bien retratada en los hechos recientes: i) Costa Rica se alineó al Grupo Lima, que confronta directamente a Venezuela; ii) está valorando una dupla con Brasil para lograr los asientos en representación de América Latina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU –esto como una acción contra Venezuela, que también se postula-[xii] y; iii) Carlos Alvarado se solidariza y respalda las acciones emprendidas por Lenín Moreno en Ecuador.[xiii]
Así, la neutralidad en materia de política exterior es otra de las condiciones míticas de la democracia centenaria de América Latina. Costa Rica, lejos de izar la bandera de los Derechos Humanos –a lo interno y a lo externo- se alinea al bloque hegemónico de la región y al crisol político del neoliberalismo. Esta condición resulta evidente al repasar los datos socioeconómicos mencionados anteriormente, así como las acciones emprendidas a nivel internacional en apoyo al status quo sostenido en base a la desigualdad.
[i] https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-es-el-consumidor-mas-voraz-de-plaguicidas-en-el-mundo/
[ii] Jiménez, A. (2009). “La vida en otra parte. Migraciones y cambios culturales en Costa Rica”. Editorial Alerkín.
[iii] https://www.nacion.com/el-pais/politica/corte-interamericana-notifica-a-costa-rica/LRJBJF6DWNHOFGBXSDNIVYSEDA/story/
[iv] https://www.celag.org/alvarado-proximo-presidente-costa-rica/
[v] https://www.celag.org/informe-pre-electoral-de-costa-rica/
[vi] https://www.celag.org/informe-post-electoral-de-costa-rica-el-triunfo-de-carlos-alvarado/
[vii] Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. https://www.ucr.ac.cr/noticias/2018/11/22/voz-experta-pobreza-en-costa-rica-entre-el-2017-y-el-2018-un-nuevo-incremento-puesto-en-perspectiva.html
[viii] Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. https://www.undp.org/content/dam/costa_rica/docs/undp_cr_contribucion_debate_cr.pdf
[ix] https://www.nacion.com/gnfactory/investigacion/2018/elecciones_presidenciales/diputados/los57.html
[x] Baños sin identificación de sexo y/o género. Medida planteada para las personas que lo desearan.
[xi] https://www.celag.org/costa-rica-polarizacion-social-como-estrategia-electoral/https://www.celag.org/costa-rica-polarizacion-social-como-estrategia-electoral/
[xii] https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/costa-rica-valora-dupla-con-brasil-para-integrar-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu/
[xiii] https://elperiodicocr.com/pese-a-protestas-y-violencia-costa-rica-respalda-a-lenin-moreno-y-gobierno-de-ecuador/
