México llora lágrimas de sangre. La desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el combativo Estado de Guerrero, así como el asesinato de otras 6 personas el pasado 26 de septiembre (3 de ellas estudiantes asimismo de la normal rural), ha supuesto un punto de inflexión en la vida política de un país demasiado acostumbrado en los últimos tiempos a convivir con la tragedia que supone la combinación explosiva de narcotráfico, corrupción política y dosis insoportables de desigualdad social.
Como la dialéctica nos muestra, a partir de determinado punto de acumulación, la cantidad se transforma en calidad y se da un salto cualitativo. Así ha sucedido con el caso Ayotzinapa, que ha devenido en una de las muchas gotas que finalmente ha colmado el vaso de la indignación en un país que, según cifras oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas de la Policía General de la República (PGR), cuenta con más de 22.000 desaparecidos. Cifra que, para los organismos de derechos humanos, podría superar las 300.000 personas.
Pero estas cifras, aún siendo escandalosas, se acompañan de otras tantas que dan cuenta de la grave situación por la que atraviesa la República Mexicana. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Mujer en México, se producen 7 feminicidios al día. En Estados como el Estado de México, uno de los que encabeza la lista, 60 mujeres desaparecen cada mes. Recientemente, el drenaje de un canal en este Estado que antes estuvo gobernado por el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, provocó el hallazgo de 21 cadáveres, muchos de ellos femeninos. Por otra parte, México encabeza la lista de naciones donde ejercer el periodismo crítico se paga con la muerte o la desaparición, con más de 100 periodistas asesinados desde que se produjo la “alternancia democrática” en el año 2000, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) desbancó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que había hegemonizado la vida política durante más de siete décadas.
El PRI y su “dictadura perfecta” -Mario Vargas Llosa dixit– desarrollaron el país a costa de una gran brecha social, profundizada desde la década de los ochenta con la llegada de los gobiernos neoliberales que siguieron a rajatabla la doctrina del Consenso de Washington. También recurrieron a la represión cuando sintieron que la protesta podía desestabilizar su dominio absoluto: desde Tlatelolco en 1968 a Acteal en 1997, pasando por la guerra sucia de los años setenta contra los grupos guerrilleros mexicanos y llegando incluso a asesinar a candidatos presidenciales potencialmente incontrolables, como fue el caso del priísta Luis Donaldo Colosio asesinado en 1994, dos meses después del levantamiento zapatista.
Sin embargo, la actual espiral de violencia se desató con la llegada del panista Felipe Calderón al poder en 2006 y el inicio de la “guerra contra el narcotráfico”. Ésta, fuertemente cuestionada tanto por sus estrategias como por sus resultados, multiplicó exponencialmente las cifras de la muerte que, según cálculos del propio Gobierno mexicano, estarían en torno a 70.000 personas y, según organizaciones no gubernamentales, serían muy superiores a las que proporcionan las autoridades mexicanas. Teniendo en cuenta que en estos dos primeros años de mandato de Enrique Peña Nieto las cifras de desaparecidos y de muertos han ido in crescendo, podemos hacernos una idea de la magnitud del problema.
En medio de este ambiente de inseguridad generalizada, donde los ataques que sufre la población provienen tanto del crimen organizado como de las distintas fuerzas del orden municipales, estatales o federales, varias son las respuestas ciudadanas que han surgido ante la incapacidad del Estado para garantizar la vida y la integridad física de sus ciudadanos, sobre todo en los territorios más “calientes”. Las policías comunitarias o los grupos de autodefensa, que operan ya en 16 de los 32 Estados de la República, son algunas de ellas. Coexisten con grupos paramilitares de dudoso origen y financiación que muchas veces los combaten. Y, para añadir más tensión al polvorín mexicano, hay que sumar a los 42 grupos guerrilleros que operan en el país, según cifras dadas por el general retirado José Francisco Gallardo, citando al Observatorio Geopolítico de Grupos Armados.
Difícil es saber cuánto tiempo más se podrá sostener esta explosiva situación. Lo único claro, hasta ahora, es que el caso Ayotzinapa, por su gran impacto internacional, ha mostrado las costuras de una democracia en vías de construcción. Se ha desnudado el cuidadoso relato de un México respetuoso de los derechos humanos que el Gobierno mexicano vendió al mundo durante décadas a través de una política exterior sumamente progresista y tolerante, que contrastaba sobremanera con lo que se aplicaba de puertas para adentro. Esa oscuridad en la casa pero candil en la calle, a decir de muchos analistas, mantuvo la llama del legado nacionalista revolucionario que alumbró en un inicio a un PRI hoy muy distante de dichos postulados. México pudo ser en otros tiempos el generoso país refugio de tantos exiliados españoles, latinoamericanos y caribeños pero en la actualidad es un país donde la población que disiente y lucha por una sociedad mejor no tiene donde refugiarse. Luchadores sociales, padres que reclaman la aparición de sus hijos, activistas medioambientales, comunidades indígenas rebeldes o estudiantes incómodos, tienen que desarrollar sus luchas en un clima de amenaza donde no siempre se garantiza el derecho a la protesta social, como en los peores momentos de la más negra historia de Nuestra América.
Sin embargo, las reiteradas manifestaciones que se están dando estos días a lo largo de toda la República muestran el hartazgo de grandes sectores sociales, especialmente de los estudiantes, con esta situación. ¿Podrá Ayotzinapa convertirse en el detonante de un cambio político en México? Habrá que estar atentos a los próximos acontecimientos.
