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El candidato  Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN), ganó por más de un millón de votos a la otra contendiente, Sandra Torres de Unidad Nacional para la Esperanza (UNE), la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala. Se cumplen así varios de los pronósticos que ponían a Morales como el próximo presidente del país. Su partido cuenta con solo once representantes en el Congreso (de un total de 158 escaños).

Parece que una de las claves fue el presentarse como un “outsider” de la política y el haber tenido a su favor la difusión en varios medios de comunicación, a través de los cuales se lo conocía como comediante (a pesar de que en los hechos, Morales se encuentra bien vinculado al núcleo político de la derecha guatemalteca).

Las promesas del nuevo presidente (que de ningún modo se insertan en un programa de gobierno) se orientan a: recuperar la confianza en las instituciones, acabar con la corrupción a través de la creación de una “secretaría de transparencia”, generar recursos para el Estado eliminando “plazas fantasma”, mejorar las tecnologías de aduanas y puertos, renegociar los plazos de la deuda externa. Además, se propone incrementar los agentes de la Policía Nacional Civil, modernizar equipos de seguridad, mejorar la logística en las entidades y la profesionalización de los agentes. En síntesis, se trata de una serie de lineamientos que se acomodan a la lógica neoliberal de un orden institucional mínimo para garantizar la salud del mercado.

En este sentido, no se han realizado propuestas orientadas a impulsar la función social del Estado, mejorar las condiciones estructurales de miseria de la mayoría de la población, o la cobertura de necesidades básicas de educación y salud por parte del Estado. Observamos en cambio, que le rol del Estado es el de reforzarse como gendarme (garantizar la seguridad) y como organismo de control del servicio público para evitar la corrupción.

Con respecto a lo primero, no es un dato menor el vínculo del FCN con ex militares vinculados a la contrainsurgencia y que queda en evidencia en la posibilidad de que sea nombrado ministro de defensa el coronel y abogado Erick Fernando Melgar Padilla, perteneciente a la Promoción 108 de 1984 (a esa promoción también el coronel Estuardo Ernesto Galdámez Juárez; el ex presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el coronel Juan de Dios Rodríguez López, actualmente procesado por el Caso IGSS; y el capitán Byron Miguel Lima Oliva, preso por el asesinato del obispo Juan Gerardi)1. Con respecto al combate de la corrupción, Morales promete apoyar a la CICIG, organismo de la ONU que logró desentrañar el escándalo de corrupción por el cual están actualmente detenidos el ex presidente y la ex vice-presidenta del país.

Podemos agregar que se percibe una importante coincidencia de estas líneas con los objetivos de la Alianza para la Prosperidad, dirigidas a fomentar el libre mercado y la “integración” (asimétrica siempre) entre las economías del Triángulo Norte de Centroamérica y la economía estadounidense.

En una visión panorámica, se trata de demostrar la existencia de instituciones “sanas” para el funcionamiento normal del mercado, donde aparece como fundamental el control de la corrupción y el rol de las fuerzas de seguridad como garantes del orden frente al “crimen organizado” (categoría sumamente ambigua que ha ido definiendo al nuevo enemigo interno-externo a combatir en las últimas décadas). La mencionada Alianza asume como uno de los principales problemas la desigualdad y la falta de oportunidades laborales y de educación, que serían saldadas con una mayor apertura del mercado a los capitales extranjeros.

Por último, nos interesa recordar que a lo largo del 2015 la población guatemalteca se pronunció en las calles, adquiriendo mayor visibilidad en la ciudad de Guatemala, en contra de la corrupción y la impunidad. La cuestión es qué democracia quieren los guatemaltecos, si se trata de una democracia que tenga como techo el logro de instituciones eficientes y guardianas de la legalidad para preservar el sistema, o si lucharán (como lo vienen haciendo especialmente las comunidades indígenas y rurales) por una Guatemala con justicia económica, social y cultural para las mayorías lo cual de por sí implica menos corrupción pero que sin dudas requiere un Estado comprometido con la cuestión social.

Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica

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