Ud. fue electo recientemente miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), un órgano judicial que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA). ¿Cómo ve el presente de la OEA, sobre todo a la luz del surgimiento de otros espacios regionales como CELAC o Unasur que -en apariencia- avanzan a mejor ritmo en términos de integración en América Latina?
PP- Mi presencia como candidato en su momento a un puesto en la Corte Interamericana responde a una invitación formulada al gobierno del Ecuador, esas invitaciones las formulan los Estados. Al coincidir con el gobierno ecuatoriano en que los aportes de la Corte-IDH en el ámbito de la protección de los Derechos Humanos en materia jurisdiccional han sido trascendentales para la vigencia del Estado de Derecho y para la protección de cientos de miles de ciudadanos del continente, yo acepté el desafío de ser parte de un organismo que ha desarrollado jurisprudencia, doctrina, fallos y orientaciones que constituyen un aporte al fortalecimiento de la Carta de la Convención Interamericana de Derechos. Y que, a su vez, también tiene grandes desafíos como el de actualizarse y complementarse con los cambios que vive la región, con los cambios de los modelos políticos, de los modelos constitucionales, con las nuevas visiones de derechos que se están construyendo en nuestra región, y, por supuesto, el de conectarse con los nuevos procesos de integración en curso como CELAC y Unasur, que también demandan procesos de integración en el ámbito de la justicia y el derecho.
¿El cambio de época que vive América Latina desde inicios del siglo XXI está influyendo positivamente en la concepción y en las políticas de derechos humanos en la región?
PP- Indudablemente. En general, hay dos lecturas que se dan cuando se lee el tema del derecho y la justicia. En una de ellas, son los textos, los artículos, las normas escritas las que deben regular de manera irrestricta a la sociedad; y en la otra visión -de la cual yo formo parte- los textos, las normas, las leyes, las constituciones deben responder a los procesos políticos y a los procesos sociales. Desde esa perspectiva el cambio de las estructuras jurídicas responde necesariamente en nuestra región a un proceso que tiene un recorrido de más de 25 años. Yo adhiero a la perspectiva que ha desarrollado en la región el constitucionalismo democrático, que considera que desde mediados de los años ochenta en los distintos Estados comenzó a gestarse un cambio normativo con la incorporación de nuevas instituciones jurídicas inéditas en la región, muchas veces inéditas a nivel global porque comenzó un pensamiento jurídico mucho más asentado en la realidad geográfica, en la realidades sociales del continente. Comenzó a debatirse el tema de la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción, los modelos participativos en la gestión pública, la incorporación de los derechos de la interculturalidad y el reconocimiento a los pueblos originarios y comunidades indígenas, el reconocimiento a sus propios sistemas de administración de justicia, otros derechos novedosos como el derecho al agua, el derecho a la naturaleza. Es decir, estos elementos de cambio van dando en distintos procesos sociales nuevas constituciones como la de Bolivia, la de Ecuador, la de Venezuela, las reformas de Brasil, las reformas de México; muchos países viven procesos de transformación y cambio que requieren y demandan que la institucionalidad vaya adecuándose a ellos. En los últimos tiempos, han tenido lugar numerosos debates que dan cuenta de un cambio de época que está poniendo en agenda cuestiones que tradicionalmente era mucho más difíciles de abordar; hoy hay una apertura para tratar estos temas por estos vientos de cambio en la región.
Actualmente hay varios proyectos en la región para crear instancias judiciales regionales, tales como la Corte Penal de Unasur o una instancia para dirimir diferendos económicos, ¿Cree que son necesarios? ¿Cuáles son los beneficios de integrarnos jurídicamente?
PP- La propuesta que voy a trabajar intensamente con el conjunto de colegas y con quienes sean las autoridades de la corte -y hablo ahora como un juez de la Corte-IDH elegido, próximo a ejercer funciones- es justamente establecer mecanismos de diálogo y de acercamiento al interior del sistema interamericano con la Corte, con la Convención, con la Secretaría General para ir modernizando la estructura organizativa y de funcionamiento, mejorando nuestras capacidades de financiamiento, de gestión de causas, de acercamiento a las cortes nacionales, de capacitación a sus jueces para generar un pensamiento, un ius común latinoamericano. También he planteado la necesidad de buscar mecanismos de acercamiento y diálogo con los procesos regionales de integración en curso: es necesario comenzar a establecer un diálogo y un intercambio con Unasur, con CELAC, que llevan adelante procesos interesantes de generación de instancias como la de resolución de controversias entre Estados para temas económicos, sustituyendo el tradicional sometimiento a tribunales internacionales dentro o fuera de la región. Lo mismo ocurre con el debate que tiene inclusive el propio Mercosur que tiene una unidad que viene trabajando hace muchos años sobre temas de DDHH. Creo que este es un momento idóneo para establecer mecanismos de diálogo que nos permitan ir fortaleciendo un camino común de integración, respetando las particularidades por supuesto, las diferencias políticas, las diferencias de modelos económicos inclusive, pero ir avanzando juntos con un norte común orientado a poner al día a las distintas instituciones. Por el contrario, una diversificación tampoco ayudaría mucho, el camino sin duda es el acercamiento y el diálogo. Y en esa línea he percibido al Secretario Almagro muy abierto a promover esos mecanismos de acercamiento, y yo desde mi lugar como juez de la corte también impulsaré lo mismo en las instancias que me correspondan.
Si miramos la coyuntura regional, es posible observar distintas estrategias en los últimos tiempos de las derechas locales que intentan de alguna manera atentar contra el orden democrático haciendo uso de las instituciones públicas, siendo Brasil el caso más reciente. ¿Cree efectivamente que en algunos países está en riesgo el orden democrático? Cúal es el aporte que puede hacer la Corte-IDH y otros organismos regionales para fortalecer la estabilidad de las democracias regionales?
PP- Uno de los mecanismos sustanciales en los procesos de fortalecimiento de los procesos democráticos en la región parte de una noción de unas instancias judiciales proactivas, tenemos que ir mucho más allá del típico rol de los jueces encerrados en sus despachos atiborrados de expedientes, leyendo los códigos, los convenios y resolviendo sentencias. Hay que encontrar mecanismos de activación de las judicaturas para generar procesos de acercamiento de las máximas instancias de administración de justicia con las realidades sociales que viven nuestros países. Porque si bien es cierto que a través de las instancias de justicia ordenamos los conflictos, resolvemos los conflictos, facilitamos los conflictos, damos orientaciones para mejorar el vivir de la sociedad también es indispensable que en el fortalecimiento de los procesos democráticos las cortes tengan una palabra. En el caso de la Corte-IDH tiene una de las funciones que a mi entender no ha sido suficientemente aprovechada por los propios Estados y que tiene que ver con el rol consultivo que ejerce la Corte. Aparte de rol jurisdiccional de administrar justicia en materia de derechos también tiene un rol consultivo para emitir opiniones jurídicas doctrinarias respecto de problemas trascendentales que atraviesan la región o que atraviesan los Estados. Estas opiniones consultivas, si bien no son vinculantes jurídicamente, generan precedentes y abren caminos para el debate y para el desarrollo de normativas legislativas o decisiones jurisdiccionales. En el ámbito que usted señala, un rol muy importante de la Corte Interamericana puede ser el de participar como un factor de orientación y de reflexión en los procesos de fortalecimiento de los sistemas democráticos, de profundización de los logros en materias sociales, en materia de participación ciudadana, en materia de derechos económicos. El desafío es lograr que ese rol consultivo pueda ser un mecanismo que sea utilizado para lograr orientaciones que permitan a los Estados parte y a las cortes nacionales lograr pronunciamientos de fortalecimiento de los procesos democráticos en el marco de la diversidad que actualmente vive la región.
