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Este domingo 26 de agosto 36.421.026 millones de colombianos y colombianas podrán votar en la Consulta Anticorrupción. Ésta fue impulsada por la bancada de políticos progresistas (en especial, por el Partido Verde) del Congreso de la República desde la anterior legislatura. En ella se pregunta a la ciudadania si está de acuerdo con realizar siete cambios en algunas prácticas del sistema político (que se analizarán más adelante) para dar comienzo a una etapa de control a los políticos, en un escenario dominado por el clientelismo mercantil, con un Gobierno con prácticas tradicionalistas y en estrecho vínculo con los empresarios-contratistas del Estado.

Para que la Consulta sea aprobada se requiere pasar dos umbrales electorales: el primero, correspondiente al tercio del padrón electoral (más de 12.140. 342 de votos), y un segundo umbral en cada una de las siete preguntas, debiendo superar la mitad más uno de los votos positivos. El primero es difícil de alcanzar, puesto que los partidos tradicionales encabezados por el Centro Democrático (el uribismo) está en contra de la Consulta y no han movilizado a sus electores para impedir que se logre el umbral. Por su parte, el presidente Duque ha hecho tímidos anuncios de apoyo a la Consulta y la prensa no realizó un despliegue mediático suficiente como para movilizar la votación.

¿Qué se propone en la consulta?

En la Consulta están expresadas algunas demandas históricas y simbólicas en contra de la corrupción para cambiar algunas prácticas políticas como la reelección indefinida de congresistas. La mayoría buscan en limitar el poder que tienen los congresistas, el excesivo fuero que les permite no presentar sus declaraciones de renta, no rendir cuentas de su trabajo, ni transparentar el andamiaje lobbista del que pueden hacer parte para favorecer intereses empresariales, corporativos u otros.

La primer pregunta propone disminuir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos legales vigentes (de 10 mil a 6 mil dólares mensuales), atendiendo a un reclamo general de la ciudadanía por la desproporción de los salarios: cerca del 85% de la población trabajadora gana menos de 2 salarios mínimos (menos de 500 dólares).

La segunda pregunta pide cárcel para los corruptos e impedir que vuelvan a contratar con el Estado, acabando con el laxo régimen penitenciario del que gozan los condenados por corrupción (que son muy pocos) y las posibilidades legales que tienen para evadir la totalidad de las penas. La tercera pregunta está orientada a modificar el régimen de contratación que tienen las entidades territoriales, puesto que es allí donde se comienzan a definir los perfiles de contratantes y se manipulan los concursos para que empresas de bolsillo o amigas de los políticos se hagan con contratos estatales.

La cuarta pregunta indaga sobre si se está de acuerdo con que los presupuestos públicos se definan con la participación ciudadana, un asunto que parece superado por la práctica política en muchos países, e incluso por la Constitución colombiana, pero que sigue siendo una deuda en el país. La quinta pregunta exige rendición de cuentas de los votos y el trabajo de los congresistas, entre ellos, si se han valido de su condición para apoyar lobbistas de grupos corporativos o si han presentado candidatos a cargos públicos.

La sexta y la séptima pregunta continúan apretando torniquetes sobre los congresistas, porque les exigen la publicación de las declaraciones de renta juradas de ellos y sus familiares en primer grado de consanguinidad, y extinción de dominio a propiedades o riquezas injustificadas. Y la séptima pregunta le impone un tope a la reelección de políticos a corporaciones públicas a no más de tres periodos[i].

Las expectativas de cambio con la consulta

La Consulta es un primer paso concreto para disputar el enorme espacio ganado por el andamiaje de la corrupción que saquea al país 50 billones de pesos al año (la sexta parte del presupuesto anual de la nación). Tanto las fuerzas progresistas como los periodistas o columnistas que influyen en la opinión pública saben que con ese mandato ciudadano no se logrará acabar la corrupción, aunque desde el inicio clarifica quiénes son los actores más visibles de la asociación ilícita que se roba los presupuestos públicos.

El tipo de consulta que se realiza este domingo no es un mecanismo muy usado para definir controversias ciudadanas, pues no es vinculante y sólo exige al Congreso que convierta en ley ese mandato. De esta manera, de pasar los obstáculos de los umbrales necesarios para ser aprobadas, las siete preguntas pasarán a ser interpretadas y desarrolladas por los mismos congresistas interpelados en la consulta.

También resulta muy lejana la idea de atacar un eslabón más duro de la asociación ilícita de la corrupción que es el de las corporaciones empresariales convertidas, en muchos casos, en “carteles” de la contratación. Empresas y empresarios con mucha influencia y poder territorial son quienes financian las campañas políticas y poseen la tradición de hacerse a la obra pública y todo tipo de contratos de prestación de servicios, con un modelo económico que ha tercerizado la mayor parte de la actividad estatal. Es decir, que tienen capturada buena parte del funcionamiento del Estado.

Todo lo anterior significa que la expectativa de cambio con la Consulta es baja, pero significa un mazazo simbólico a los políticos tradicionales y un paso más en la consolidación de una cultura política progresista en la ciudadania, que tiene ganas de cambiar el orden establecido por el sistema político tradicional.

Los escenarios posibles tras la consulta   

En caso de no alcanzar el umbral, los sectores progresistas quedarán golpeados en la estrategia de querer proscribir el delito de la corrupción apoyados en la voluntad ciudadana. Quedará claro que los políticos tradicionales han hecho huelga de brazos caídos con la consulta; incluso Uribe, el vocero más estridente de la ultraderecha, se ha atrevido a atacar la Consulta, gozando de la impunidad mediática y la ceguera de sus seguidores. El Centro Democrático piensa que al impedir el umbral de la Consulta, el presidente Duque podría liderar con demagogia personalista cambios cosméticos que le den algún grado de credibilidad e iniciativa a su mandato.

De pasar la Consulta, el escenario va ser positivo para el progresismo, y trasladará al Congreso de la República un mandato ciudadano con una carga simbólica que le obligará a someterse al debate sobre las prácticas políticas de sus senadores y representantes a la cámara, donde seguramente se avizorarán las posiciones procorrupción y anticorrupción. Una posibilidad que deberá estar acompañada de trabajo arduo de comunicación política del progresismo, que ubique con claridad las posiciones en el Congreso y movilice a la ciudadanía para hacer respetar su mandato.

En ambos escenarios, el Gobierno tendrá marcada parte de la agenda política del país: en el primero, con alguna capacidad de iniciativa y, en el segundo, quedará muy atado por las fuerzas ciudadanas y progresistas; una agenda que contagiará el debate sobre la reforma tributaria en ciernes que, al parecer, es mucho más regresiva que el esquema actual centrado en los impuestos indirectos (IVA), y se contagiará en los proyectos de presupuesto que para el 2019 que seguramente recortará gastos en educación, ciencia y tecnología, y ampliará el de seguridad y fuerzas militares.

 

[i] https://www.registraduria.gov.co/images/2018-07-24-Tarjeta-Anticorrupcion.pdf