El proceso de financiarización de la economía mundial, alentado por la liberalización de los mercados financieros a partir de la década de los 70, ha contribuido a la sucesión de crisis de endeudamiento provocadas por déficit persistentes en la balanza de pagos. En América Latina, el mayor episodio de este tipo sucedió en los años ’80 con la crisis de la deuda latinoamericana, aunque también ha tenido episodios más recientes en la región, como el de 1994 en México o la crisis argentina de 2001.
A nivel mundial, el más reciente episodio lo encontramos en la crisis de la deuda europea derivada, a su vez, de la crisis financiera que se desató en el año 2008. Como consecuencia de la crisis financiera, los bancos centrales de los países desarrollados, principalmente la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón (en realidad el Banco Central de Japón continuaba su política de la última década), emprendieron una política de flexibilización monetaria que inyectó grandes cantidades de liquidez al sistema financiero.
Uno de los resultados de la gran liquidez generada en las economías desarrolladas fue la aceleración en la expansión del mercado internacional de bonos. Según los datos aportados por Pérez Caldentey (2018) para el periodo 2000-2015, los préstamos de los EE. UU., la Zona Euro y Japón a los no residentes a través del mercado de bonos pasaron de 1.800 millones de dólares en el año 2000, a 3.000 millones para finales del año 2008, y acelerar su crecimiento hasta alcanzar los 6.000 millones de dólares para comienzos del 2016. Esto ha supuesto que la participación del mercado de bonos en el total de préstamos a nivel mundial haya pasado del 40%, en el año 2008, al 48% tras la aplicación de la política de flexibilización monetaria llevada a cabo por los bancos centrales de las economías desarrolladas.
El crecimiento del mercado mundial de bonos se dio tanto en el segmento de los bonos corporativos (emitidos por instituciones privadas) como en el segmento de los bonos soberanos (emitidos por los estados). Entre el año 2000 y finales del 2015, el mercado de bonos corporativos pasó de un tamaño de 19.000 millones de dólares a 46.000 millones de dólares. Por su parte, en ese mismo espacio temporal, el mercado de bonos soberanos pasó de 14.000 millones de dólares a 41.000 millones de dólares. Este dato nos muestra el mayor peso que tiene el endeudamiento privado sobre el público.
En cuanto a la distribución de los emisores de deuda en América Latina, hay que destacar que se ha ido modificando la composición del acervo de la deuda internacional tal y como se muestra en el cuadro 1. Mientras que, a comienzos de siglo, la mayor proporción de emisión de valores internacionales correspondía al Gobierno con un 72,4% sobre el total, la crisis económica y financiera internacional impactó en las economías emergentes de la región modificando esta composición. De esta forma, tenemos que la participación en el año 2000 de la banca (6,2%), otras corporaciones financieras (6,2%) y las corporaciones no financieras (15,2%), se incrementó tras la crisis económica y financiera de las economías desarrolladas, para alcanzar niveles del 14,3%, 20,9% y 30% respectivamente, quedando la participación de la emisión de deuda del Gobierno en el 34,8%.
Las economías en desarrollo, y particularmente las economías latinoamericanas, no sufrieron los impactos de la crisis financiera y su balanza de pagos, ayudadas por el auge de los precios de las materias primas, que permanecían en niveles positivos o cercanos a positivos. Hasta el año 2014, los excedentes de liquidez en la economía mundial empujaron para que los flujos de capital fluyeran hacia los países de América Latina buscando la rentabilidad que proporcionaban los sectores ligados a las materias primas y huyendo de las bajas tasas de rentabilidad de las economías desarrolladas.
La Inversión Extranjera Directa (IED), constituyó el principal medio de financiamiento externo de las economías de la región que, para el año 2011, alcanzó sus mayores niveles históricos y se mantuvo elevada hasta el año 2014. Los países de la región, de forma generalizada, redujeron sus niveles de deuda pública y aumentaron sus reservas internacionales. La IED se dirigió principalmente a los sectores primarios de la economía, por lo que no contribuyó al cambio de modelo productivo. Supuso una entrada de capital en el corto plazo, pero sujeta al riesgo de la repatriación de las utilidades, así como a los riesgos de desinversión cuando los capitales encontraran mayores rentabilidades en otros lugares.
Es en el año 2014 cuando se produce un punto de inflexión que modifica la composición del endeudamiento regional. Según la CEPAL, la IED en la región cayó por tercer año consecutivo en 2017 y se quedó en 161.673 millones de dólares, un 3,6% menos que en 2016, y un 20% por debajo de lo recibido en el año 2011. Es a partir de ese mismo año, 2014, cuando los precios internacionales de las materias primas caen de forma generalizada. Esto provoca la caída de los ingresos públicos de las economías latinoamericanas, así como la reducción drástica de ingresos provenientes de las exportaciones. Empiezan a surgir severos problemas en la cuenta corriente, que ya no son compensados con la IED, que igualmente se ha retirado al caer la rentabilidad en los sectores rentistas que son su principal objetivo en la región. Adicionalmente, la Reserva Federal en Estados Unidos (FED) comienza suavizar su política de flexibilización monetaria tras tres paquetes y cinco años de estímulo monetario. La FED anuncia que va a reducir el ritmo de inserción de dinero a la economía en 10.000 millones al mes y los flujos de capital internacional ven en la recuperación de tipos estadounidense nuevas oportunidades de inversión.
El resultado para las economías de la región son severos problemas de balanza de pagos que, en un primer momento, intentan ser solventados a través del consumo de las reservas internacionales. Sin embargo, éstas no consiguen aguantar mucho tiempo y experimentan un descenso rápido. La excepción es Bolivia que, gracias a la gran cantidad de reservas internacionales, logra solventar el entorno económico desfavorable de mejor manera que el resto de las economías de la región. Éstas, con los problemas en la balanza de pagos y la depreciación de los tipos de cambio sólo encuentran la salida en el incremento del endeudamiento, ya con una composición diferente que la ocurrida en los años anteriores y centrándose, principalmente, en el incremento del acervo de la deuda externa del Gobierno. La deuda externa del Gobierno pasó en Argentina del 48,8% en el año 2014, al 55,8% en el año 2018, la de Brasil del 57,8% al 83,9%, la de Chile del 14,5% al 25%, la de Colombia del 36% al 49,2%, y la de México del 31,9% al 35,4%. Esto empujó al alza a los niveles de deuda externa total como se puede ver en el cuadro 3.
Esto se agregó a la deuda externa que se había cosechado en los años anteriores y que había pasado de 355.000 millones de dólares en el año 2008, a 800.000 millones de dólares en el año 2014 según los datos publicados por el Banco de Pagos Internacionales en el año 2016. Por su parte, la deuda privada también se incrementó en estos últimos años, aunque lo ha hecho en menor cuantía que la deuda externa pública.
En función de los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) el porcentaje de deuda externa en función del PIB de las economías emergentes supera el 50%, y es superior a la ratio marcada en los ’80 -y que provocó la crisis de la deuda-. Esto enciende las alarmas ante un entorno económico más desfavorable que la década anterior lo que, unido a la aplicación de políticas en buena parte de los países de la región de liberalización comercial y financiera sin ningún control, plantea serias amenazas para las economías latinoamericanas. Es obligación de los gobiernos de la región la protección de sus economías, alejándose de modelos que promuevan el aperturismo sin ningún control porque favorecerán la salida de capitales ahora que la región ya no es tan atractiva para los capitales internacionales. La amenaza futura de una crisis de deuda existe, está en las manos de los gobiernos aplicar las políticas económicas que consigan alejar a la misma.