En breve se van a cumplir cuatro meses desde que la derecha venezolana ganara las elecciones legislativas y tres desde la instalación de la nueva Asamblea Nacional. La enorme potencia de fuego mediática del capitalismo neoliberal presentó este triunfo como una victoria casi definitiva. El efecto totémico del cambio supondría, según este relato, la caída inmediata del Presidente Maduro y la mejora súbita de la economía. Ambos hechos se producirían como un determinismo natural, igual que la Tierra gira alrededor del Sol. Los dirigentes opositores alimentaron el mito con declaraciones plagadas de conceptos hiperbólicos: nuevo amanecer, resurgimiento, transición democrática, cambio de época

Ciento veinte días después, aquella euforia inducida se ha transformado en un evidente desencanto de las personas que circunstancialmente prestaron su voto a la oposición, descontentas por la situación económica. Es importante recalcar que es la economía la que orienta la decisión del votante medio venezolano, una vez que los bloques de lealtades de una y otra opción están consolidados y parecen inamovibles. Se trata de una transversalidad de aproximadamente tres millones de personas que desde que Chávez muriera viaja de una opción a otra elección tras elección, en busca de alguien que resuelva sus problemas cotidianos.

El 6 de diciembre, este bloque se decantó por la derecha. Pero no lo hizo para que desalojara al Presidente Maduro del poder, liberara a unos supuestos presos políticos o desmantelara el sistema político del que se dotaron a sí mismos los venezolanos en 1999 con la aprobación de una nueva Constitución. Su única exigencia a la oposición es que contribuyera a mejorar la economía, como desesperadamente se encargan de recordar los más clarividentes líderes opositores cada vez que sus correligionarios se enfangan en otros asuntos.

Sucede que la derecha no tiene un programa de país ni una agenda económica (o más bien, oculta su agenda neoliberal ante su evidente impopularidad). Sucede también que el ámbito competencial de la Asamblea no le permite dirigir la economía del país. Su incidencia es muy limitada y  no determinante. Cuatro meses después se puede comprobar la falacia de su eslogan electoral, en el que señalaba que la cola para ir a votar sería la última (en referencia a las colas para la adquisición de productos básicos).

Por tanto, es previsible que la oposición esté perdiendo parte de unos apoyos que engrosarían la cada vez más amplia franja abstencionista o que incluso podrían regresar al chavismo en determinados contextos.

Pero la falta de una brújula política de la derecha también se ha hecho patente en la promesa realizada a sus votantes fieles de desalojar a Maduro. El día de la instalación de la Asamblea, el nuevo presidente de la misma, Henry Ramos Allup, anunció que en pocos meses se daría a conocer una hoja de ruta con la estrategia detallada para derrocar al Gobierno.

Dicha hoja de ruta iba a ser hecha pública el 7 de marzo. La rueda de prensa se canceló un par de horas antes del inicio y se aplazó para el día siguiente. Un nuevo síntoma de la división y la falta de criterios sólidos que anidan en la frágil coalición opositora. Veinticuatro horas después se presentaba al país una estrategia que no era tal. El documento contemplaba todas las opciones para la destitución de Maduro: enmienda constitucional para acortar el mandato, referéndum revocatorio, una nueva constitución y hasta una movilización de calle pero sin decantarse por ninguna. No sólo no se optaba por una vía en concreto, sino que tampoco se daban plazos ni se establecía un calendario. La sorpresa entre sus seguidores fue mayúscula. Esa aparente hoja de ruta era un conjunto de vaguedades. Por otra parte, los plazos legales juegan en contra de la derecha. El revocatorio ya no podría celebrarse dentro de los primeros cuatro años del mandato de Maduro, por lo que, en caso de que el chavismo perdiera, sería el Vicepresidente el que asumiría el cargo en lugar de convocar nuevas elecciones.

Sin capacidad de cumplir sus promesas económicas y con una indefinición en los procesos de revocación de Maduro, la oposición parece decantarse ahora por la liberación de los supuestos presos políticos como arma de confrontación con el chavismo. La Ley de Amnistía que ha aprobado esta semana supone dar carta blanca a cualquier delito –incluido los de sangre- si se realiza en el marco de una protesta en apariencia política. Hay argumentos jurídicos de sobra para que el Tribunal Supremo de Justicia declare su inconstitucionalidad. Si así ocurriera, sería muy probable que la derecha hiciera un llamamiento a las calles, buscando caldear el clima social. Las movilizaciones convocadas por la oposición en el último año y medio han sido un fracaso. Pareciera que nadie quiere volver al dramático escenario de principios de 2014, cuando las algaradas se saldaron con 43 personas asesinadas. Sin embargo, la oposición puede pensar que el bloqueo de la Ley de Amnistía sí movilizaría a sus fieles, especialmente a los más radicales. Sería su forma de salir de la parálisis política a la que ella misma se ha abocado y, en el fondo, reeditar el modus operandi de la alegalidad-ilegalidad en el que ha demostrado sentirse más cómoda, toda vez que las reglas democráticas son un rígido corsé para quien siempre ha actuado al margen de ellas.