La diversidad política de los países de la región también se ha reflejado en las estrategias desplegadas para paliar las consecuencias del coronavirus.

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En América Latina la emergencia de la pandemia del Covid-19 ha trastocado todos los apriorismos de opinadores y analistas. Cada país, una realidad. Las cartografías ideológicas, económicas o demográficas no sirven para orientarnos entre las medidas de confinamiento, toques de queda, suspensión de eventos electorales y variados escudos sociales frente a la crisis.

Pero, entre esta aparente atomización nacional de las respuestas, es posible identificar algunos lugares comunes que dibujan tendencias regionales reconocibles.

Es notoria la sobreactuación de algunos de los mandatarios que arrastraban mayor contestación social o política. El coronavirus estaría siendo, así, una excusa para recrudecer los ataques a la oposición, para desvanecer la protesta popular y para mostrar músculo represivo.

Efectivamente, Áñez en Bolivia no ha dudado en postergar las elecciones, decretar un toque de queda e iniciar la persecución de periodistas y ciudadanos críticos en la red. En El Salvador hace sólo un mes Bukele irrumpía en la Asamblea Legislativa. En este escenario se ha apresurado (sin un sólo caso confirmado) a cerrar el país, decretar toque de queda y pactar una suerte de ley marcial con el crimen organizado de las maras. En Ecuador, el desgobierno de Lenín Moreno que enfrentó severos conflictos con el movimiento popular en la sierra ecuatoriana se ha apresurado a decretar el toque de queda en todo el país, sin distinciones entre la golpeada costa de Guayas (que aún le es menos hostil) y el resto del país. Finalmente, en Chile, Piñera ha “aprovechado” la coyuntura para postergar un plebiscito constituyente que le tenía contra las cuerdas y para sacar a la población en protesta de las calles con un duro toque de queda sin racionalidad médica. En Guyana aún “no se conoce” el resultado de las elecciones presidenciales a un mes de la cita electoral.

Otro eje destacable como lugar común en la región es el que opone economía y salud. En el campo de los económetras destacan Brasil, Chile y Colombia, países en los que los gobiernos o sus ministros de Salud habrían minimizado el impacto del virus ya sea en momentos tempranos (Brasil) o bajo la presión del establishment empresarial para relajar o finalizar las medidas de confinamiento (Colombia).

En estos casos se muestra otra de las facetas llamativas de la geografía política de esta crisis, el papel de los gobiernos regionales y locales en el frente de defensa de la salud ciudadana frente a sus gobiernos. Los liderazgos emergentes están en el campo local. En Brasil, el mismo Tribunal Supremo de Justicia ha anulado el intento de Bolsonaro de acabar con las cuarentenas de gobernadores y alcaldes, como Joao Doria (Sao Paulo) o Wilson Witzel (Río de Janeiro). En Chile, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, encabezó a 56 alcaldes que demandaban la cuarentena a un Piñera indolente. En Colombia, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se han enfrentado abiertamente a un presidente que apuesta por acabar con las cuarentenas.

En cualquier caso, lo que sí parece claro es que en el marco del tobogán emocional que provoca esta pandemia la población busca certezas a las que agarrarse. Los presidentes que han actuado con prontitud y de forma indubitable estarían -por ahora- recibiendo el apoyo de la opinión pública. Y esto ocurre al margen de la pertinencia epidemiológica de sus medidas. Así, por ejemplo, mientras Bukele a todas luces parecería sobrerreaccionar adoptando medidas de contención en lugar de seguimiento y prevención antes de contar con ningún caso en el país, su imagen repunta. En el lado contrario, en México, medidas ajustadas a las recomendaciones de la OMS y a la realidad nacional -de un país con capacidad farmacológica y uno de los sistemas sanitarios más robustos de la región- estarían siendo penalizadas por su precisión y moderación. Piñera y Duque estarían obteniendo un ligero respiro gracias a la aprobación de sus medidas tempranas -toque de queda- aunque está por verse cómo evoluciona su conflicto con las fuerzas regionales y su claro desbalance entre economía y salud.

Entre tanto, los liderazgos partidistas opositores estarían viéndose sometidos a una dura prueba. Efectivamente, la mayoría de los líderes opositores regionales a la izquierda y a la derecha se ven desaparecidos o fagocitados. En Uruguay, el Frente Amplio no encuentra a quien pueda disputar con un Lacalle Pou que juega con la ventaja de la herencia recibida, saneada en el ámbito económico y en el sector de la salud. En Argentina, el derrotado Macri y sus seguidores soportan en silencio el arrollador liderazgo de Alberto Fernández, algo similar a lo que sucede en Paraguay, donde Efraín Alegre encuentra difícil alzar la voz mientras el ala pactista del liberalismo -Blas Llano- aparece abrazada al presidente Mario Abdo para afrontar la crisis. En Perú un fortalecido Vizcarra, vencedor moral de las elecciones legislativas de enero, no encuentra a nadie en frente, aupado por medidas ágiles e imaginativas de todo corte.

Escapan a esta situación Gustavo Petro en Colombia, que acompaña el rechazo de los alcaldes a la laxitud de Duque y Rafael Correa en Ecuador, que a pesar de los últimos casos de lawfare contra su figura, se mantiene como gran alternativa al hundimiento del Gobierno de Lenín Moreno.

Pero, para conocer más en detalle cómo se desarrolla el escenario, veamos qué sucede en cada rincón de la región.

Un recorrido por la región

Ecuador y el presidente ausente

Las medidas de contención de Ecuador han tenido dos fases. En la primera se declaró el estado de excepción (el 16 de marzo) decretando un toque de queda de 21:00 a 05:00 (desde las 16h en Guayaquil desde el 18 de marzo y desde las 14h en todo el territorio desde el 24 de marzo). Se suspendieron los vuelos nacionales, el transporte interprovincial y la circulación de automóviles particulares. Se limitó por placa la movilidad para la compra de alimentos.

En la segunda fase, el 2 de abril, se prolongaron las medidas incrementando su dureza hasta el extremo de la suspensión de la jornada laboral presencial hasta el domingo 12 de abril (una medida que en España e Italia se adoptó rozando el umbral de los 100.000 contagiados). Por su parte, se mantiene la suspensión de transporte internacional e interprovincial de pasajeros todo el mes de abril, la prohibición de circulación de personas naturales entre provincias, la suspensión de eventos masivos y espectáculos públicos durante abril y mayo, y se establece un mando único con la obligación de todas las autoridades de los GAD (alcaldes, prefectos, etc.) de acatar las resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE).

A pesar de las medidas, el impacto de la pandemia exacerbada por la presencia de cadáveres en la calles de Guayaquil terminó de erosionar la imagen presidencial de Lenín Moreno, la cual estaba ya gravemente mermada por la dura crisis que atraviesa el Ecuador. Su gestión errática, irradiando poca confianza y poniendo en duda a sus propios gestores de la crisis (a los que ha cuestionado el número de muertos e infectados) ha hecho caer su liderazgo personal por debajo del 5% y ha comprometido gravemente la capacidad del Gobierno nacional para liderar un proceso que exige de disciplina social y orientación. Un informe reciente de IPSOS revela que la medida de cuarentena es aprobada por la mayoría de la población, si bien la aprobación del gobierno está en un 29%.

Por si esto fuera poco el presidente, grupo de riesgo, no está al frente de la crisis que dirige su vicepresidente, lo que erosiona aún más la confianza ecuatoriana en su Gobierno.

La demanda de certezas es creciente y el Gobierno por ahora no estaría contribuyendo a reducir el caos. Las autoridades del área más golpeada por la crisis, Guayas – Guayaquil, un conglomerado político que aspiraba a heredar el Gobierno de Moreno en la figura de Jaime Nebot, estaría viéndose también golpeada por su incapacidad para responder operativamente a la crisis desde unas instituciones con recursos mínimos tras décadas de gobiernos locales neoliberales. En lo que refiere a la confrontación política, la línea discursiva principal del Gobierno es contra Rafael Correa, encabezada por M. Paula Romo y la vocería colateral más virulenta de Guillermo Lasso. La durísima sentencia dictada contra el expresidente en el marco de tamaña crisis de reputación gubernamental pudiera terminar por volverse en contra de todo el argumentario anticorreísta del gobierno.

La tensión entre la economía y la salud también se encuentra en un momento álgido, según IPSOS hasta un 24% de la población declara que tiene que salir a comprar algunos productos y no tiene dinero para hacerlo. En un contexto socialmente explosivo, la posibilidad de postergar las elecciones presidenciales y legislativas del 2021 debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, propuesta por Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, no tiene el apoyo por ahora del presidente Moreno, que la rechazó el 30 de marzo.

En lo que se refiere a las medidas de protección social, se ha extendido un bono de protección social de 60 dólares como ayuda a 400.000 personas que trabajan por cuenta propia y están en el umbral de pobreza (ingresos  inferiores a $ 400 mensuales). En el plano de la economía formal, El Ministerio de Trabajo estableció que los empleadores del sector privado determinarán la forma y la recuperación de hasta 12 horas semanales, haciendo caer sobre los trabajadores el peso del cese laboral de la reducción autorizada del 25% del horario laboral. Hasta el 25 de marzo, 6.027 empresas se habían acogido a la suspensión, reducción o modificación emergente de la jornada laboral. La principal presión para ampliar las medidas en favor de las empresas llega de Nebot, que propone la aprobación del modelo de jornadas reducidas/jornadas parciales, una medida cuyos resultados en términos de precarización son ampliamente conocidos.

Brasil y el beso de Judas al Mesías

En el caso de Brasil, fue la propia ciudadanía la que se rebeló contra la indiferencia gubernamental, exigiendo medidas para prevenir el contagio masivo. Bolsonaro está entre los dirigentes que, junto con Trump, comenzaron por minusvalorar el impacto del virus. Los distintos cacerolazos contra Jair Bolsonaro puso también de manifiesto las diferencias en el accionar de los gobiernos locales de distinto signo político. Finalmente, incluso la muy politizada Justicia brasileña ordenó este viernes al Gobierno central que levantara una campaña publicitaria destinada a suspender el aislamiento por la pandemia. Brasil no es solo el país más poblado de la región, también es el que registra el mayor número de contagios y muertes por Covid-19.

El accionar de Bolsonaro no siguió ninguno de los lineamientos de la OMS y llamó reiteradamente a la vida normal, aduciendo que las alertas eran sólo producto de la “histeria” colectiva. Entre las alocuciones de Bolsonaro destacaron la apelación a la virilidad y al misticismo religioso. Increíblemente, también fue el primer impulsor de noticias falsas en redes sociales. La oposición a la pésima gestión de crisis del Ejecutivo provino de los gobiernos estatales y locales, inicialmente proveniente del nordeste brasileño pero también se han aunado gobernadores que hasta hace poco tiempo fungieron de aliados, algunos alcaldes y, de a poco, el propio Ministro de Salud, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal. La confrontación con el Ejecutivo adquirió un término de vida o muerte que terminó por afianzar la unidad de la oposición junto con diferentes figuras públicas.

En la última encuesta conocida, realizada entre los días 1 y 3 de abril en todo el país, mientras la evaluación del Ministerio de Salud tiene un 76% de aprobación (buena y muy buena), Bolsonaro tiene 33% (tenía 35% hacia el 20 de marzo). Al tiempo desde la cúpula del poder cada vez se acorta más la distancia para una posible salida del poder del presidente, por lo que no es descabellado afirmar que su falta de reflejos ante la crisis y su disonancia con las demandas sociales de mayor contención podrían llegar a ser el factor decisivo para su ocaso definitivo[1].

Chile y el impasse del pinochetismo acorralado

En Chile la pandemia llega tras la principal oleada de protestas masivas que no sólo devastó la legitimidad presidencial sino que logró detonar un proceso constituyente que a priori permitiría barrer el andamiaje jurídico del pinochetismo. El plebiscito convocado para tal fin ya ha sido pospuesto para el 25 de octubre frente a la pandemia, por acuerdo entre los partidos.

Las medidas restrictivas impuestas entusiastamente por el Gobierno han servido no sólo para evitar los contagios, sino para frenar la presencia multitudinaria de la sociedad en las calles. El 18 de marzo fueron cerradas las fronteras para extranjeros. Ese mismo día se decretó el “estado de excepción” por 90 días mediante  el toque de queda, una medida más ideológica que efectiva en términos epidemiológicos. También se creó una Mesa Social Covid-19 con distintos actores políticos y sociales. La cuarentena no es obligatoria excepto en 6 comunas de altos ingresos en Santiago y en la Isla de Pascua.

Las últimas encuestas conocidas revelan que esta estrategia de frontal dureza contra el virus ha corregido parcialmente el rechazo a la imagen presidencial. Un estudio de Cadem realizado entre el 18 y el 20 de marzo, arrojó que en las dos últimas semanas ha habido un incremento consecutivo de la aprobación del presidente: subió 3 puntos y se encuentra en un 21%. El rechazo a su gestión también se ha reducido, del 71% al 68%. En cuanto a su Gobierno, un 19% lo aprueba, mientras que el 73% rechaza su desempeño. Por su parte, la encuesta de Criteria, realizada entre el 26 y el 30 de marzo, señala que Piñera tiene una imagen positiva estancada en el 15%. En cuanto a la gestión del coronavirus, los chilenos evalúan en un 13% de aprobación al Gobierno, un 52% al Colegio Médico y un 54% para los alcaldes.

La llegada de la pandemia ha puesto en evidencia la extrema privatización del sistema de salud chileno y las restricciones que existen según ingresos para acceder a una adecuada atención.

De otro lado Chile visibiliza como ningún otro país la tensión entre economía y salud. Piñera ha tomado medidas para el sistema de salud bastante laxas, como un inconcreto incremento del presupuesto y órdenes de restricción en la movilidad. Las cuarentenas selectivas y la negativa a imponer el aislamiento obligatorio tienen como objetivo paliar la ralentización de la actividad económica y posibles estallidos

Las principales tensiones políticas con el Ejecutivo se han dado desde tres sectores: (i) los movimientos sociales y ciudadanos que protagonizaron las protestas de finales del año pasado y que están latentes organizando la resistencia a través de redes sociales; (ii) el Colegio Médico de Chile, que aboga por la implementación cabal de las recomendaciones de la OMS en franco desacuerdo con el ministro de Salud, que minimiza la peligrosidad del virus y (iii) los titulares de muchos gobiernos locales. En este último sentido, los alcaldes, incluso aliados al presidente, están tomando medidas propias de protección de sus ciudadanos. Esta tensión tiene su punto de roce principal en el control del orden público, muy centralizado en Chile. Efectivamente, el control de las cuarentenas decretadas en algunos municipios se necesita la fuerza pública, y ésta es de competencia del Gobierno central. La “Mesa Social” creada a finales del mes pasado, buscó ser una instancia de acuerdos, aunque ha tenido poca efectividad ante la negativa del Gobierno de endurecer las medidas de protección de la población.

Colombia y los nuevos liderazgos pedagógicos

En Colombia, la respuesta del presidente Iván Duque ante la pandemia se dio de forma paulatina y presionada por las decisiones de las autoridades locales, en especial de la alcaldesa de Bogotá. La orientación inicial del Gobierno fue imitar la postura de Brasil, minimizando el problema y cerrando la posibilidad de parar la economía con el aislamiento social general.

Las acciones concretas iniciaron el 10 de marzo, con la resolución 380[2] del Ministerio de Salud y Protección Social, donde se establecieron medidas preventivas sin declarar aislamiento u otras de impacto. Dos días más tarde, el Ministerio declaró la emergencia sanitaria y posteriormente por decreto, se promulgó la emergencia económica, social y ecológica.

Tras la declaratoria de toques de queda de forma autónoma en municipios, y de la declaración de la particular medida del aislamiento pedagógico en Bogotá, Duque se vio obligado a decretar el aislamiento obligatorio desde el 24 de marzo hasta el 13 de abril para luego prolongarlo hasta finales de mes.

En Bogotá, la alcaldesa Claudia López, definió del 20 al 24 de marzo un simulacro de aislamiento (de carácter obligatorio), aún cuando no era una medida efectiva en todo el país. Entre tanto, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, decretó la cuarentena desde el 21 de marzo, tres días antes del decreto presidencial.[3] En ambos casos, los mandatarios locales se volcaron en medios de comunicación a dar explicación de las medidas, con acierto en la orientación sobre el manejo de la pandemia.[4]

Los medios de comunicación tradicionales han sido el centro de la estrategia gubernamental durante la pandemia, con la preocupación en mejorar la desgastada imagen presidencial. En este contexto,  algunos sondeos de opinión señalan que el 46 % de los encuestados manifiesta estar conforme o muy conforme con la actuación del presidente Duque mientras que, por ejemplo, la aprobación de la gestión de Claudia López alcanza un 86,2%.

Aún en un contexto extraordinario, Colombia sigue fiel a su estilo, con medidas de fuerte tinte represivo. Los toques de queda se realizan bajo la presencia del Ejército, mientras el Congreso no está sesionando y en la práctica Duque gobierna por decreto. Por último, la sanidad está organizada en un sistema mixto, con un régimen contributivo y uno subsidiado, en el que se encuentra la totalidad de la población. Empresas de carácter privado y mixto (con acciones estatales) prestadoras del servicio de salud (EPS) reciben los recursos privados y estatales de los dos regímenes, y administran el acceso al derecho a la salud. Con la declaratoria de la emergencia sanitaria por el Covid-19, el Gobierno adelantó los pagos a las EPS y empezó la compra de dotaciones de camas, respiradores y otros insumos básicos para enfrentar la pandemia. Todos estos insumos deben ser comprados al exterior y evidencian el carácter deficiente del sistema sanitario.

Vizcarra descolla

En el caso de Perú, Martín Vizcarra adoptó medidas de contención tempranas y sin fase dubitativa inicial. Las medidas de restricción del aislamiento unidas a un temprano bono para las 800.000 familias más vulnerables serían la clave del aumento de 16 puntos en su popularidad, que ya llega al 87% de aprobación[5].

Vizcarra llegó por la puerta chica, pero ha demostrado que sabe capitalizar las crisis. Durante su mandato barrió a la oposición fujimorista desplazándola del Congreso y conformando uno nuevo con una altísima fragmentación, y en medio de esta crisis ha incrementado su popularidad con medidas restrictivas y un toque de queda total para Semana Santa.

En términos de comunicación política, Vizcarra ha sostenido sus recurrentes apariciones público-mediáticas con el objetivo de brindar reportes sobre el estado de la pandemia y transmitir cada una de las novedades a la población para mostrar que existe una coordinación política avanzada con los diferentes actores, poderes e instancias gubernamentales del Estado. Cabe destacar que Perú realizará elecciones generales en 2021 y que la Constitución es taxativa en la prohibición de la reelección inmediata; Vizcarra no cuenta con un soporte partidario ni presencia legislativa. Para mostrar apoyo estatal, se conformó un grupo de trabajo integrado por las máximas autoridades del Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la Contraloría General. A esto se sumó una teleconferencia con los gobernadores regionales, donde Vizcarra planteó que “estas medidas van a tener el resultado esperado en la medida que sean respaldadas por las autoridades regionales y locales”.

En medio de la pandemia, Vizcarra ha emulado antiguas prácticas de sus supuestos enemigos, el autoritarismo fujimorista. El país fue militarizado para controlar la cuarentena general y las garantías fueron suspendidas por el estado de emergencia; además, se promulgó una ley de gatillo fácil. La norma tiene carácter permanente, no se limita al actual estado de emergencia y exime de responsabilidad a los miembros de las fuerzas de seguridad que utilicen sus armas contra la población “en cumplimiento de sus funciones”[6]. Además, al igual que Panamá, dispuso que  hombres y mujeres salgan a la calle en días alternados[7] aunque posteriormente se posicionó como el primer presidente que reconoció e incluyó a la comunidad trans en su discurso presidencial[8]. De esta forma, el juego maniqueo entre punitivismo, derechos de tercera generación y gobernanza mediante encuestas de opinión estaba sellado.

Por último, el Gobierno ha aprovechado sus facilidades de créditos con un ambicioso programa de 26.000 millones de dólares para paliar la cuarentena y brindar ayuda a la enorme proporción de trabajadores informales. A pesar de ello, para The Economist el PIB podría contraerse, al menos, un 4,5%.

Bolivia, punitivismo y rebrote de medidas coercitivas postgolpe

 En Bolivia, tras el Golpe de Estado, las acciones represivas han seguido su senda. La utilización de las figuras penales de sedición y terrorismo para perseguir a exautoridades del MAS, dirigentes sociales y personas que manifiesten posiciones críticas al Gobierno golpista son permanentes. La pandemia no ha sido una excepción en el enfoque del Estado.

En primer lugar, se dictó inicialmente el 18 de marzo un toque de queda, a partir de las 5 pm hasta las 6 am. Esta medida no muestra una preponderancia de argumentos técnicos sanitarios para tomarla y, al no ser planificada adecuadamente, provocó aglomeraciones de la población en ciertos horarios que empeoraban la probabilidad de contagio entre personas.

Cuando se estableció la cuarentena total el 23 de marzo, se fijaron medidas de prisión y multas de hasta 1.000 Bs. (144 Su$) para las personas que incumplan la cuarentena. Llaman mucho la atención declaraciones de ministros del Gobierno de facto relacionando a MAS con casos de incumplimiento de la cuarentena desde el inicio de la misma, estigmatizando inclusive a una ciudad como El Alto, definiendo como salvajes a los alteños que reclamaban que la cuarentena no podía ser efectiva sin medidas sociales o económicas que acompañen esta decisión. En la última semana resaltan declaraciones del ministro Wilfredo Rojo, en las que declara que el MAS “con el pretexto del hambre” usa la distribución de alimentos y dinero para impulsar en la sociedad la ruptura de la cuarentena. Se registraron muchos casos de detenciones de personas que protestaron porque las medidas socioeconómicas se ven insuficientes, como en Riberalta (Beni) y Yapacaní (Santa Cruz).

También se realizaron múltiples amenazas desde ministros de Estado, fundamentalmente Arturo Murillo (ministro de Gobierno, encargado de seguridad interna) de hacer encarcelar inclusive a funcionarios de salud subnacionales que den “información falsa” sobre el manejo del coronavirus. Se anunció, además, que se estaban monitoreando las redes sociales.

Un tema especialmente controversial fue la decisión del Gobierno golpista de no permitir el ingreso de hasta 300 bolivianas y bolivianos desde Chile, entre los cuales se encontraban niñas, niños y mujeres embarazadas. Con esta decisión se vulneró una recomendación específica de organismos Internacionales, como la OMS, que recomienda a los Estados permitir que las personas que puedan retornar a sus países. En paralelo, el Gobierno de Jeanine Áñez coordinó vuelos de repatriación de personas extranjeras desde Bolivia a EE. UU. y Europa.

En lo que respecta al escudo social, el Gobierno de Áñez ha reaccionado reforzando los bonos que atienden a los sectores populares (Juancito Pinto y Renta Dignidad) pero no ha adoptado medidas para paliar el golpe económico a la mayoritaria economía informal.

En cuanto a los conflictos entre diferentes niveles de gobierno, desde el comienzo existió una fuerte tensión inicial entre el Gobierno central y el Gobierno municipal de Santa Cruz sobre los horarios de prohibición de circulación durante el toque de queda, antes de que se dicte de la cuarentena total obligatoria. Esta tensión política es fruto de una pugna entre distintas posiciones de derecha, posiciones que ya venían tensionándose en el contexto postgolpe.

Asimismo, hubo tensiones entre autoridades nacionales y autoridades subnacionales identificadas con el MAS entre las que resalta la suscitada con el gobernador y el alcalde de Oruro. Estas autoridades dictaron la cuarentena obligatoria antes de que lo haga el Gobierno nacional, al constatarse la aparición de los primeros 8 casos de Covid-19 en este departamento. También se evidencian fuertes tensiones entre autoridades de Salud, particularmente entre el Ministerio y los servicios departamentales de Salud. Destacan los casos de Cochabamba (en el que Murillo amenazó públicamente con encarcelar al director departamental de Salud por haber denunciado que había demasiada tardanza en el procesamiento de pruebas de laboratorio) y La Paz (donde el ministro de Salud denunció públicamente una gran dificultad para coordinar con la instancia departamental).

Uruguay y las ventajas de la herencia recibida

La crisis de la pandemia en Uruguay explotó a dos semanas de instalado el nuevo Gobierno de derecha. A partir de entonces todos los días el Ejecutivo realiza una conferencia de prensa transmitida en directo. Los voceros cambian pero en todas está presente el Luis Lacalle, y/o el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Las primeras medidas adoptadas fueron de carácter sanitario y se enfocaron en mitigar el ingreso de casos “importados” de Covid-19. Entre ellas destacan los “cierres de frontera” con cuarentena obligatoria (de 14 días) para pasajeros provenientes de países declarados de riesgo.

Lo primero a destacar es que tras  15 años de gobierno del Frente Amplio las capacidades estatales para hacer frente a la pandemia son de una enorme fortaleza. Desde la sanidad pública hasta las tecnologías de la comunicación que llegan prácticamente a todos los hogares (incluida la internet y el plan Ceibal, de una computadora por niño). Pero también la confianza del país a nivel internacional que le da pie a líneas de crédito por hasta 1.500 millones de dólares si fuera necesario.

El segundo conjunto de medidas sanitarias están orientadas a disminuir la circulación interna del virus. En este sentido ha sido constante la exhortación a quedarse en casa, pero hasta el momento no se ha declarado el carácter obligatorio. En este conjunto de medidas destacan la suspensión de clases en todos los niveles educativos y la suspensión de todos los espectáculos artísticos para evitar aglomeraciones. En el mismo sentido se tomaron medidas de reducción de las líneas de transporte. Otras medidas en el ámbito económico, suponen la extensión de planes sociales existentes, nuevos programas, líneas de crédito hacia empresas, instrumentación del teletrabajo y la ampliación de modalidades de seguro de desempleo. También se estipuló la publicación de una lista de precios de productos básicos, pero no se quiso fijar precio de dichos productos a pesar del comportamiento abusivo de varios comercios.

La demagogia no está ausente en Uruguay y toma el rostro de pedidos de recortes transitorios a los salarios de los cargos políticos, así como a los sueldo “altos” de los funcionarios públicos. Esto para aportar a un fondo creado para recibir donaciones y otras fuentes de ingreso para la crisis. La cantidad de recursos generados por esos “recortes” son ínfimos en términos del costo total pero la jugada política es clara (más del 80% de la población lo apoya). Por otro lado confronta trabajadores públicos y privados, y ayuda a fortalecer el prejuicio sobre estos y por ende contra el Estado, que será un escalón sobre el que posicionarse cuando retornen claramente las posiciones neoliberales.

Dentro de los movimientos sociales, el primer colectivo en salir fuerte a proponer medidas fue el Sindicato Médico del Uruguay, que instó a promover la cuarentena general con antelación a las medidas gubernamentales. Asimismo, el movimiento sindical ha realizado varias acciones, por ejemplo un acuerdo entre el Sindicato de la Construcción y la patronal para detener las obras (excepto aquellas en hospitales). En un primer momento el Gobierno lo impidió, pero que luego aprobó. Por su parte, la Universidad de la República convocó un comité de crisis académico el 16 de marzo y ha sido un actor importante, fundamentalmente por poner el componente científico en el debate y en colaborar desde la investigación tanto en los kits de testeo como en la tecnología disponible para la evaluación de las muestras.

El Frente Amplio es el único partido de oposición y le ha costado conformar una posición clara y unificada. Si bien ha elaborado un conjunto de medidas que entiende se deben implementar, la falta de una vocería legítima y ordenada le ha impedido poder sortear el cerco mediático.

Argentina, el progresismo se reinventa

Argentina fue el primer país en tomar medidas frente a la pandemia, en parte por ser el primer país de la región con casos. Desde entonces, las medidas del Ejecutivo han contado con una aprobación de la mayoría de la población. Tanto las consultoras M&F como Poliarquía y Analogías coinciden en que el Gobierno nacional tiene un alto nivel de aprobación, en tanto la imagen positiva de Alberto Fernández escaló a niveles récord. En el estudio M&F se llega a 91,7% de encuestados que aprueban mucho (65,2%) y aprueban algo (26,5%) la forma en la que Alberto Fernández conduce el problema del coronavirus en el país. Desagregado por voto a presidente, el 87,2% de los que votaron por el Frente de Todos aprueban “mucho” la actuación del Gobierno, en tanto 45,3% de los que votaron a Juntos por el Cambio aprueban “mucho”. Para Poliarquía, el 64% de los encuestados valoran positivamente la gestión del presidente, con una tendencia al alza. Por último, Analogías constató un nivel de aprobación del  las medidas del Ejecutivo del 79%, en tanto el valor de imagen positiva del presidente escala a 94%, apoyado en todos los segmentos etarios y en todas las variables sociodemográficas[9].

Argentina no sólo se focalizó en los cuidados disolviendo una contradicción inexistente entre salud y  economía (como está siendo dramáticamente evidente para quienes apostaron por la economía en los comienzos de la crisis), también sentó un importante precedente en materia de integración regional. En su participación en el G-20 promovió los valores de la solidaridad internacional para la creación de un Fondo de Solidaridad Humanitaria y se refirió a los países que viven bloqueos y sanciones económicas en referencia a Venezuela y Cuba[10].

Además de las medidas de confinamiento obligatorio, el Gobierno recalcó que no era necesario tomar medidas como toque de queda o estado de sitio, y que la resolución de la pandemia provendría de la democracia. El Gobierno argentino, que asumió a fines de 2019 luego de cuatro años de debacle y endeudamiento macrista –el cual había reducido el Ministerio de Salud a secretaría, reduciendo el presupuesto tanto en salud como en ciencia y técnica-, ha reconstruido la capacidad estatal desguazada por su predecesor. En marzo fue creada la Unidad Covid-19, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Conicet y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Su objetivo es articular las capacidades que posee el área CyT para afrontar la pandemia. Argentina fue elegido como uno de los 10 países en el mundo para ensayar posibles medicamentos contra el virus[11] y, recientemente, científicos argentinos lograron descifrar el genoma del virus[12]. Todo esto demuestra que las decisiones de gobierno son capaces de marcar la diferencia.

En relación con el arco opositor, Alberto hasta el momento ha logrado que la crisis anule la grieta y ha realizado sus alocuciones desde la unidad con propios y ajenos, recibiendo asimismo el respaldo de sus adversarios[13]. El presidente es el único vocero y deberá conducir una crisis sin precedentes en un contexto de endeudamiento que bate récords históricos a poco de asumir. Es por ello que la oposición –fundamentalmente quienes provienen de la gestión anterior- han decidido enfundar las hostilidades y apoyar, por ahora, su gestión.

Venezuela, resiliencia planificada

La respuesta gubernamental de Venezuela fue rápida. Se anticipó a las medidas tomadas en otros países de la región[14]. Nicolás Maduro tomó la iniciativa política en medio del asedio que vive el país con el bloqueo económico y el desconocimiento de EE. UU., la UE y el llamado Grupo de Lima. Una de las principales articulaciones fue con el Gobierno de China para conocer en detalle las medidas de contención de la pandemia e incorporando todas las indicaciones para impedir una situación crítica como la ocurrida en Italia y España.

El Gobierno venezolano constituyó la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la pandemia, orientando medidas específicas para el control sanitario, compra de pruebas Covid-19, equipamiento de protección para el personal de salud (opa, guantes, máscaras y anteojos, etc.), así como despliegue de medidas económicas orientadas a garantizar el confinamiento obligatorio. Se reforzaron las misiones específicas en los temas sociales (la misión Barrio Adentro) y otros programas como el Carnet de la Patria y Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), orientados a garantizar la alimentación de 2 millones de familias, alcanzadas por las medidas.[15]

La Cancillería venezolana informó que cerca de 16 mil migrantes venezolanos están tratando de retornar por la frontera terrestre con Colombia y ha determinado un despliegue sanitario en la frontera para recibirles, con medidas de cuarentena obligatoria, acompañamiento social, y un paquete de ayuda necesario para la repatriación. El 4 de abril el Gobierno anunció toque de queda en dos municipios de frontera (Táchira y Ureña) para impedir que grupos armados colombianos crucen la frontera por pasos ilegales y se conviertan en factores de riesgo, por su actividad ilegal y la posibilidad de transmisión del virus. La pandemia encuentra a Venezuela con la crisis geopolítica ya conocida, pero con un Estado fuerte.

El Gobierno también anunció el 20 de marzo la divulgación de un libro que plantea 101 medidas para prevenir la propagación del Covid-19. El libro fue escrito con testimonios de pobladores y pobladoras de Wuhan, provincia de China, relatando las formas de resistencia social frente a la pandemia. Fue compartido con los 45 mil Consejos Comunales para que fuera estudiado y distribuido de forma digital con las familias que los integran.[16]

El Comité presidencial y el presidente se presentan ante el público entregando cifras de contagios, y las tendencias globales de la pandemia, mostrando la eficacia del aislamiento social y de todas las medidas que están tomando.

Centroamérica populista

En El Salvador, Nayib Bukele fue el presidente que primero tomó medidas contra el Covid-19. Sin ningún caso en territorio salvadoreño decretó el cierre de fronteras y ordenó la creación de centros de cuarentena en los que se encontraban las personas que estaban ingresando al país. Para el 21 de marzo la cuarentena fue declarada obligatoria, y con ello aumentaron las restricciones para transitar el territorio salvadoreño[17]. Paradójicamente, el Estado contó con el aliado menos pensado: los grupos pandilleros que controlan el territorio -MS13 y de las dos facciones de del Barrio 18, Sureños y Revolucionarios- organizaron la cuarentena mediante amenazas a quienes decidieran circular por la vía pública. Las medidas son muy similares a las del Gobierno central, que permite a sólo una persona por familia ir a abastecerse, los comercios tienen hora de apertura y cierre, y aquellas personas que no acaten serán golpeadas o asesinadas[18]. Paradójicamente, el toque de queda obligatorio desde el Estado y los organismos armados redujo la tasa de muertes violentas; en marzo se registró uno de los índices más bajos: sólo 65 asesinatos[19].

En Guatemala ocurrió algo similar. El crimen organizado suspendió el cobro de extorsión ante emergencia del covid-19[20], asumiendo el costo de la crisis. Para Semana Santa, el recientemente electo  Alejandro Giammattei estableció medidas como la prohibición de la movilización fuera de los departamentos de residencia, los viajes recreativos e incluso las bebidas alcohólicas en espacios públicos. Asimismo, el Ejecutivo envió un paquete de reformas a ser aprobadas por la Asamblea, reformas que son una continuación del “Pacto de Corruptos”[21] como el traslado del Ministerio de Gobernación, equipamiento y salarios de la Policía Nacional Civil, alrededor de $2.600.000- (sin detallar hacia qué rubros) para el Parlamento, $650.000 para la Asociación de Dignatarios de la Asamblea Nacional Constituyente -sector que respaldó a Jimmy Morales en su decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad- y solamente $3.900 al Ministerio de Salud para mejorar la infraestructura y la situación de centros y hospitales.[22]

En Honduras la profunda preocupación por el alcance real del sistema público de salud hondureño provocó que comunidades lencas y garífunas -donde se encuentran el Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH)- cerraran sus comunidades y llevaran a cabo un proceso organizativo de salud y de rescate de los saberes de los pueblos para confrontar el Covid-19. El COPINH, por su parte, denunció el 4 de abril que el éjercito centraliza las principales herramientas para atender el Covid-19, lo que en la práctica está dejando a la población hondureña arrojada a su suerte.[23]

Aunada a la cuarentena obligatoria y toque de queda a partir de las 10 pm en el Distrito Central, La Ceiba y Choluteca,[24] el Gobierno se ha reunido con el Consejo Hondureño de Empresa Privada (COPHEP) a quien ha brindado beneficios como extensión del plazo para pagar impuestos, programas de financiamiento desde el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), deducción de los días de trabajo a través de un concepto de vacaciones, y la creación de un fondo común para dar salarios a los y las trabajadoras. Frente a ello, el sector más afectado continúan siendo los (as) pequeños (as) comerciantes y trabajadores (as)[25] La prioridad del presidente Juan Orlando Hernández se ha encontrado en la militarización, como maniobra para el mantenimiento del régimen. En Centroamérica, es el Estado que más inversión dedica a los entes represivos -$364 millones- mientras que la inversión en salud ha ido disminuyendo.[26]  

Por último, Panamá es el país que registra el mayor número de infectados y las medidas más arbitrarias. Según anunció el Ministerio de Seguridad, las mujeres solo estarán autorizadas a ir a supermercados, bancos y farmacias los lunes, miércoles y viernes, mientras que los hombres podrán hacerlo los martes, jueves y sábados. Los domingos, en cambio, nadie podrá salir de sus casas. La medida, de estricto binarismo biológico (se desconoce qué opciones ofrece a las personas que no se identifiquen con su sexo de nacimiento)[27][28]. Estas medidas tampoco han impedido que comiencen los primeros saqueos derivados de la crisis económica, algo similar a lo que también se registra en Honduras[29].

En Nicaragua las medidas adoptadas por Daniel Ortega han sido polémicas. Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, informó que el Gobierno está capacitando a más de 100 mil nuevos brigadistas de salud con los que, en total, serían 250 mil para visitar a aproximadamente un millón de familias, compartiendo y explicando las medidas de prevención del Covid-19 tales como higiene y seguridad[30]. Estos 250 mil brigadistas continuarán también con la labor de pesquisas, de identificar casos con síntomas respiratorios y fiebres. Si bien el sistema sanitario nicaragüense ha demostrado ser efectivo en otras pandemias, como el dengue, algunos expertos afirman que no es una medida adecuada.

En Cuba, a principios del mes de abril se declaró la fase de Transmisión Autóctona Limitada de Covid-19 y se iniciaron las medidas de cuarentena (de forma escalonada) de acuerdo a los criterios técnicos de la autoridad sanitaria del Ministerio de Salud Pública y en correspondencia con las medidas contenidas en el Plan para la  Prevención y Control del nuevo coronavirus (covid-19). Estas medidas irán siendo modificadas, según el comportamiento del virus.[31] Anteriormente, se solicitaba el distancimaiento social y también se adoptó la decisión de solicitar la retirada de embarcaciones extranjeras y suspender el arribo de todo tipo de aeronave. Paralelamente, el Gobierno decidió que en caso de que alguna persona en esas tripulaciones estuviese con síntomas del Covid-19 recibiría atención médica -ello de acuerdo con los principios de la Revolución-.

La marcha de 1 de mayo fue cancelada y también la realización del Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Ante ello, el Gobierno llamó a la Central de Trabajadores de Cuba para idear una forma de conmemoración del 1 de mayo para que éste no sea pasado por alto. Además, hay consideraciones específicas de teletrabajo para las personas que son más vulnerables al contraer el virus; ello para que estas instancias no cierren completamente.[32] Cuba además ha sido el país de la región que ha brindado mayor colaboración con otros Gobiernos para combatir el COVID-19 (Italia, Belice, Haití, etc).[33]

El gigante regional, México, tiene dos fortalezas clave: es el principal exportador de América Latina de la industria farmacéutica, con más de 600 unidades económicas especializadas en dicha industria. Es por ello que ha podido seguir el llamado del director general de la OMS, testeando la totalidad de los casos sospechosos. En segundo lugar, cuenta con una mayor infraestructura sanitaria que la mayoría de sus vecinos.

La adopción cautelosa de medidas, más enérgica y anticipatoria que en Europa pero alejada del populismo sanitario de Bukele, ha golpeado ligeramente la popularidad de López Obrador. En un momento de alta emocionalidad el público estaría pidiendo medidas a corto al margen de su racionalidad medida. En el #AMLOTrackingPoll, un ejercicio estadístico diario desde una medición digital sobre la aprobación o desaprobación de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizado por Consulta Mitofsky se constata que la aprobación del mandatario mexicano decayó del 55,6% en febrero al 49,6% al 27 de marzo. En el mismo sentido, el Grupo de Economistas y Asociados e Investigaciones Sociales Aplicadas en su informe titulado “México: la gobernabilidad en tiempos de la cuarta transformación. Escenarios políticos”, se destaca que la aprobación del presidente pasó de 57% en noviembre a 47% a inicios de marzo.

A pesar de las críticas, es preciso recordar que las medidas de aislamiento a poblaciones vulnerables se decretaron el 16 marzo cuando sólo había 100 contagiados (en España se hizo con 1.000 casos y en Italia con más de 2.000). En México, además, existe un sistema desplegado en el territorio para la vigilancia epidemiológica: Centinela. Este sistema envía alertas tempranas de detección de influenza y ha incorporado un algoritmo para testear el coronavirus. Por último, en materia de política económica, México ha dispuesto la creación de un Fondo para la Prevención y Atención de emergencias de 180 mil millones de pesos para afrontar esta adversidad[34].

Finalizamos el recorrido por la región latinoamericana en Paraguay, donde el Gobierno de Mario Abdo ha tomado medidas rápidas y drásticas orientadas a evitar la circulación y propagación del virus por Paraguay. El presidente se presenta como el portavoz principal de la campaña, utilizando las ruedas de prensa como herramienta de comunicación fundamental para transmitir sus decisiones. Entre las últimas medidas destaca la reasignación de más del 50% del presupuesto programado para el primer semestre para orientarlo al fortalecimiento del Ministerio de Salud. Asimismo, destaca la solicitud de ayuda al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo para poder afrontar la situación. También se dispuso el cierre de fronteras y el cese de las actividades académicas en todos los niveles y los espectáculos masivos.

En la actualidad, Paraguay debe afrontar la pandemia con un sistema de salud debilitado debido a la larga historia de vaciamiento de la salud pública de los gobiernos colorados y el golpe de la pandemia de dengue.

El frente electoral en el marco de la pandemia

En Bolivia el TSE decidió postergar las elecciones, que ya no serán 3 de mayo. Sin embargo, la fecha no ha sido definida todavía. El órgano electoral envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa poniendo un rango de tiempo muy amplio, entre junio y septiembre, para la realización de las elecciones generales.

Antes de la pandemia, Jeanine Áñez mostraba un crecimiento en la preferencia electoral, y Mesa se había estancado. Los techos electorales de Luis Arce y Jeanine Áñez eran similares. No es sencillo anticipar el comportamiento del voto luego de la pandemia. Existen encuestas que muestran que el apoyo de la población a las medidas tomadas por el Gobierno de Áñez tiene un respaldo de la población entre 53% a 64%, aunque es importante y creciente el rechazo de ciertos sectores de la población al doble papel de Jeanine Áñez como presidenta y candidata. En el inicio de las medidas contra la pandemia, Luis Arce fue muy activo, logrando que varias de sus propuestas sean implementadas por el Gobierno golpista. Sin embargo las últimas dos semanas su presencia pública fue disminuyendo hasta casi desaparecer. En contraposición, Carlos Mesa muestra mayor actividad comunicacional, planteando inclusive posiciones críticas en relación a las medidas adoptadas por el Gobierno golpista.

Entre las medidas drásticas adoptadas por el Gobierno de Mario Abdo en Paraguay el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) anunció la postergación de las elecciones partidarias y municipales como respuesta a la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud Pública. Los comicios municipales para votar a los intendentes y miembros de Juntas Municipales para el periodo 2020-2025 se aplazarán del 8 al 28 de noviembre, según el nuevo calendario del TSJE, y la fecha para que los partidos elijan a sus candidatos intendentes y concejales municipales se trasladará del 12 de julio al 2 de agosto.

En República Dominicana, las postergadas elecciones municipales si se celebraron. El resultado parejo entre los contendientes se da en medio de denuncias de fraude tras la falla del sistema automatizado y bajo el fuerte impacto sobre la jornada electoral al celebrarse en el mismo momento en que comenzaron los primeros casos de la pandemia en la isla[35].

En Guyana, el demorado conteo electoral se demora ya casi un mes (desde el 2 de marzo) y continúan en la incertidumbre, aún hoy quién gobernará los próximos 5 años permanece siendo una incógnita[36]. La pandemia invisibiliza nada menos que una maniobra dilatoria y un retraso desmedido e injustificado en arrojar los resultados de las elecciones generales.

En otros casos, como el de Haití, las elecciones lograron frenar las manifestaciones que desde 2018 azotaban la isla. El toque de queda logró lo que la política no pudo: poner un freno a las protestas sociales y pasar por alto la ausencia de Congreso desde principios de año y la suspensión indefinida de la elección de congresistas.

 

 

 

 

[1] https://www.celag.org/brasil-el-coronavirus-y-la-cuarentena-de-jair-bolsonaro/

[2] http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/3.pdf

[3] https://www.elheraldo.co/magdalena/caicedo-decreta-cuarentena-de-24-dias-en-el-magdalena-711056

[4] https://www.elheraldo.co/coronavirus/inicia-el-simulacro-de-aislamiento-en-bogota-por-covid-19-710570

[5] https://elcomercio.pe/politica/gobierno/martin-vizcarra-los-motivos-detras-del-87-de-aprobacion-del-presidente-noticia/

[6] https://www.pagina12.com.ar/257356-peru-legaliza-la-impunidad

[7] https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/peru-para-frenar-coronavirus-habra-dias-para-que-salgan-hombres-y-dias-para-mujeres

[8] https://redaccion.lamula.pe/2020/04/02/martin-vizcarra-el-primer-presidente-que-incluye-a-los-trans-en-un-mensaje/albertoniquen/

[9] https://www.pagina12.com.ar/255620-imagen-positiva-record-para-alberto-fernandez y https://www.pagina12.com.ar/254643-que-piensa-la-gente-sobre-la-cuarentena-y-el-coronavirus

[10] https://www.pagina12.com.ar/255460-alberto-fernandez-llamo-a-los-lideres-del-g-20-a-crear-un-fo

[11] https://www.clarin.com/sociedad/argentina-paises-mundo-probara-ensayos-clinicos-cura-coronavirus_0_IDwV3Dg5c.html

[12] https://www.pagina12.com.ar/258117-coronavirus-en-argentina-lograron-descifrar-el-genoma-del-co

[13] https://www.lanacion.com.ar/politica/oficialismo-oposicion-dieron-otra-muestra-unidad-crisis-nid2344993

[14] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51902733

[15] http://www.correodelorinoco.gob.ve/van-mas-de-2-millones-de-hogares-atendidos-por-los-clap-durante-contingencia-por-el-covid-19/

[16] https://www.telesurtv.net/news/venezuela-gobierno-libro-medidas-prevencion-coronavirus-20200320-0040.html

[17]https://elfaro.net/es/202004/el_salvador/24231/Gobierno-emite-nuevas-reglas-de-circulaci%C3%B3n-durante-la-cuarentena.htm

[18]https://elfaro.net/es/202003/el_salvador/24211/Pandillas-amenazan-a-quien-incumpla-la-cuarentena.htm , https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/coronavirus-gobernanza-criminal-america-latina/

[19] https://www.infobae.com/america/agencias/2020/04/01/el-salvador-combate-el-coronavirus-y-se-reduce-la-violencia/

[20] https://www.tunota.com/coronavirus-pandilleros-en-guatemala-conceden-perdon-en-el-cobro-de-extorsion-ante-emergencia-del-covid-19

[21] Nombre como se le conoce a la alianza de Jimmy Morales, diputados y diputadas que gobernaron a favor de la corrupción y en contra de la CICIG.

[22]https://nomada.gt/pais/actualidad/aumentos-salariales-un-radar-q20-millones-para-el-parlacen-y-exoneraciones-fiscales-congreso-prepara-paquetazo-en-medio-de-la-crisis-de-salud/

[23] https://www.blplegal.com/es/Disposiciones-normativas-COVID19-Coronavirus-Honduras

[24]https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://covid19honduras.org/sites/default/files/TOQUE%2520DE%2520QUEDA%2520HONDURAS_0.pdf

[25] https://radioprogresohn.net/portada/el-sector-trabajador-el-principal-afectado-en-crisis-por-covid-19/

[26] https://www.telesurtv.net/news/honduras-protestas-defensa-salud-educacion-20190712-0020.html

[27] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52130235

[28] https://www.nodal.am/2020/04/insolita-cuarentena-en-panama-comunidad-trans-denuncia-discriminacion-ante-medidas-de-restriccion-por-sexo/

[29] https://www.laprensa.com.ni/2020/03/29/internacionales/2656816-reportan-saqueos-en-honduras-y-panama-en-medio-de-la-pandemia-del-covid-19

[30] http://www.minsa.gob.ni/index.php/110-noticias-2020/5105-brigadistas-de-salud-visitaran-a-un-millon-de-familias-brindando-las-medidas-preventivas-ante-el-coronavirus y https://www.youtube.com/watch?v=ILTIFuVD91o

[31]http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-04-09/medidas-a-adoptar-para-el-cumplimiento-de-la-cuarentena-covid-19-en-nuestro-pais-09-04-2020-00-04-25

[32]http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-03-31/gobierno-cubano-endurece-medidas-para-contener-la-propagacion-de-la-covid-19

[33]https://www.dw.com/es/misiones-m%C3%A9dicas-cubanas-cu%C3%A1ntas-d%C3%B3nde-y-por-qu%C3%A9/a-53054180

[34] https://www.celag.org/mexico-y-el-covid19-mismo-virus-mismas-respuestas/

[35] https://cnnespanol.cnn.com/video/elecciones-republica-dominicana-pamndemia-coronavirus-pkg-jessica-hasbun/

[36] https://es.globalvoices.org/2020/03/27/resultados-de-elecciones-generales-guyana-2020-envueltos-en-controversia/

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El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) es una institución dedicada a la investigación, estudio y análisis de los fenómenos políticos, económicos y sociales de América Latina, cuyo objetivo es elaborar saberes e instrumentos para entes decisores de políticas públicas, estrategias electorales o acciones sociales.