Ningún presidente electo, de ningún lugar del mundo ha sido penalizado por incumplir sus promesas de campaña. Las promesas de campaña no son como cláusulas de un contrato privado, no obligan al candidato que las hace, ni la sociedad puede exigir su cumplimiento. Algunos candidatos han refrendado sus promesas ante escribano público (la lista de … Seguir leyendo

Ningún presidente electo, de ningún lugar del mundo ha sido penalizado por incumplir sus promesas de campaña. Las promesas de campaña no son como cláusulas de un contrato privado, no obligan al candidato que las hace, ni la sociedad puede exigir su cumplimiento. Algunos candidatos han refrendado sus promesas ante escribano público (la lista de Massa lo hizo rechazando la reelección en 2013), pero esto no es más que un ardid publicitario para darle más veracidad a una promesa que saben que no deberán cumplir formalmente.

Las promesas proselitistas no son un compromiso exigible por varias razones. Una de ellas es que la realidad puede modificarse en el tiempo y es necesario que las decisiones políticas se ajusten a la realidad y obliguen a incumplir las promesas. También puede justificarse por el hecho de que al asumir las autoridades tienen más herramientas e información para conocer mejor la realidad y pueden estar forzados a ajustar sus programas en función de esto. Por otro lado, quién sería el denunciante que reclame judicialmente el incumplimiento ¿El pueblo? Los que no votaron al candidato no podrían demandarlo porque no fueron defraudados, así que solo sus votantes podrían hacerlo, son los verdaderos perjudicados por la promesa incumplida. Pero el voto es secreto así que no es posible identificar a los potenciales denunciantes.

En definitiva, no puede reclamarse jurídicamente el cumplimiento o compensación ante una promesa electoral incumplida. La única sanción es política. Con cada promesa incumplida, los votantes evaluarán si el elegido no pudo o no quiso cumplir la promesa, y en función de su evaluación castigarán o no moral y electoralmente al incumplidor.

Así, es racional que los candidatos hagan promesas sin saber si podrán o no cumplirlas, porque después de todo, las promesas permiten ganar elecciones, así que es una estrategia con alto premio y poca penalidad. La moral electoral es baja porque el crimen paga y así se alientan las promesas inciertas.

Pero se puede caer más bajo todavía que esta floja moral electoral. Lamentablemente la racionalidad de la campaña de la nueva Alianza Cambiamos que llevó a Macri al poder ha sido peor. Porque lo que caracterizó la campaña de Macri no fueron las habituales falsas promesas que lanzó, sino la pura y dura mentira.

La Alianza Cambiemos deliberadamente mintió sobre lo que haría. La prueba de la mentira descarada es lo sucedido después de la primera vuelta, cuando el kirchnerismo basó su campaña en avisos que advertían al votante sobre lo que se perdería con el gobierno de la derecha y la Alianza denunció una “campaña del miedo”. Al final, esa campaña del miedo no fue del todo veraz porque se quedó corta. Deberían haber hecho una campaña de terror, y si no la hicieron, fue porque también fueron engañados por esa mentira y pensaron en que la derecha haría un gobierno más benévolo.

La Alianza prometió un cambio pero con continuidad en el plano del bienestar social, hasta se puso el disfraz de peronista para robustecer esa idea de justicia social. Sin embargo, sus primeros actos generaron una brutal transferencia hacia las finanzas y el sector agrícola sin precedentes. La Alianza se vendió en campaña como republicana, pero gobierna a decretazos. Prometió diálogo y ni siquiera conversa con sus socios. Prometió más libertad de prensa y anuló la ley de medios debatida por la comunidad en un proceso impecable de validación federal y participativa. Propuso institucionalidad y apretó a las autoridades del BCRA, del AFSCA, de RTA y de la Procuraduría, que tienen mandatos constitucionales que no vencieron (todo lo contrario a lo que decían que debería hacerse cuando el gobierno presionó para que saliera Martín Redrado del BCRA).

Toda la campaña fue una gran mentira, y contra la mentira no hay democracia que pueda. Los medios tienen la obligación de develarla, es su razón de ser, pero no es fácil y menos sin ley de medios.

​Por el contrario, fueron los que más mintieron con operaciones como la operación Lanatta (acusando en un montaje de narco al candidato a gobernador) que fue la principal razón que explica la derrota en Buenos Aires. Otra gran mentira como prueban las fugas del penal de los actores del montaje. ​

La democracia es una institución frágil, fácil víctima de la campaña sucia, de las promesas inciertas, del marketing político, y en este caso, fue víctima de una mentira sin parangón para dar un golpe a la democracia.

La Alianza subió al poder apoyada en la legitimidad de la mentira y nuestra democracia fue demolida de un golpe,​ otra vez. El instrumento es diferente al de un golpe militar, pero el resultado es el mismo, eliminar toda posibilidad de que la democracia sea un sistema que represente a la mayoría. Como el fin parece justificar los medios, con hipocresía,​ esta versión 2015 de la Alianza ha subido de nuevo al poder para sepultar la voluntad popular aprovechándose de la frágil democracia.

Sabemos que Macri no cumplió muchas promesas, pero en cambio devolvió​ algunos​favores. Aplicó lo que podríamos denominar un “Plan Quincenal de Devolución Acelerada de Favores”, que en las 3 primeras semanas de gestión le otorgó enormes beneficios a un grupo selecto de sus votantes que podemos cuantificar sin grandes dificultades. Exagerando un poco las cifras, unos 70.000 productores primarios podrían traducirse (incluyendo a los adultos del grupo familiar) en 210.000 votantes directamente beneficiados, a los que se suman unos 10.000 trabajadores de Clarín y otros medios de derecha (asumiéndolos a todos anti-K) que se traducirían en unos 30.000 votos más, unidos a unos 210.000 votantes que surgirían de los 70.000 camioneros afiliados, a los que por último habría que agregar unos 1.000 ejecutivos de las 140 principales entidades financieras, otros 100 de las 10 principales exportadoras agrícolas (que representan el 75% del mercado) y finalmente al buitre Paul Singer y su hijo, lo que sumaría otros 3.302 ejecutivos beneficiados directamente por el Plan Quincenal de Devolución Acelerada de Favores de la Alianza. En total, son 453.300 votantes beneficiados (porque los últimos 2 no votan en Argentina), lo que representa un 1.8% del electorado.

Los restantes 49.5% de votantes de Macri tienen razones para estar defraudados por esta devolución desigual de favores. Así que en resumen, es inevitable preguntarse si es posible dar semejante Golpe a la democracia a base de mentiras para gobernar sólo para un 1.8% de los votantes. Pobre y frágil palabrita griega. Cracia sigue siendo gobierno, pero Demos, Demos ahora representa menos del 2%.

Guillermo Oglietti

Dr. en Economía Aplicada (UAB). Sub Director de CELAG (Argentina)

Guillermo Oglietti es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), postgraduado del Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires y licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC, Argentina). Dirigió el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad de la Sede…