Guatemala: victoria del abstencionismo y la continuidad

El domingo 11 de agosto, el electorado guatemalteco cerró una de las elecciones más inusuales en su historia. Con una estruendosa abstención que alcanzó el 61,41% fue electo Alejandro Giammattei, del partido Vamos, con 1.907.696 votos válidos (57,95%), imponiéndose sobre Sandra Torres (Unidad Nacional de la Esperanza, UNE) que llegó a 1.384.005 votos (42,04%).

En medio de múltiples denuncias de fraude y de proscripción de candidaturas, las elecciones presidenciales en Guatemala develaron la intromisión del aparato judicial, una evidente corrupción y desbalances en el proceso de escrutinio, con la aparente anuencia u omisión de ellos por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Demostraron, también, la fuerte intromisión de los EE. UU. en la política local: Donald Trump, en medio del proceso electoral, decidió imponer a dicho país el rol de “país tapón” contra el flujo migratorio mesoamericano.

Los hechos mencionados generaron las condiciones propicias para que el candidato ultraderechista, Alejandro Giammattei, fuera electo presidente. Claramente se trata de un triunfo que deja a Guatemala con un futuro aciago y que merece la atención de todo el continente.

Elecciones intervenidas

Las elecciones en Guatemala estuvieron marcadas por diversas intervenciones. La primera de ellas tuvo que ver con el papel del Poder Judicial, dictaminando quiénes podrían o no participar como candidatos(as) en la primera ronda electoral. De esta manera, Zury Ríos, del Partido Valor, y Thelma Aldana, del Movimiento Semilla, quedaron fuera de las elecciones. La primera de ellas fue excluida por ser hija del exdictador Efraín Ríos Montt, mientras que Aldana por un presunto caso de corrupción. Por otro lado, Mario Estrada, del Partido Unión del Cambio Nacional (UCN), fue arrestado por la DEA en Miami debido a sus vinculaciones con el cártel de Sinaloa.

El Tribunal Supremo Electoral no dio garantías: la culminación de la primera ronda electoral trajo una serie de denuncias de fraude electoral, que fueron desde las planteadas por Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que tienen que ver con la conformación de las papeletas, hasta el fallido trabajo desempeñado por las empresas Telgua y Datalogic Systems S.A., en su tarea de traslado informático y protección del material electoral. No hubo ninguna sanción por parte del TSE -que no alteró el calendario electoral- a pesar de que las denuncias de fraude eran contundentes, profundizando así el descontento social reflejado en la potente abstención.

Otra intromisión fue la de los grupos de poder corruptos. La corrupción, lejos de ser un tema de debate electoral, se convirtió en un espacio de injerencia política. Todas las fuerzas de derecha definieron cerrar el camino de lucha contra la corrupción abierto con la aprobación del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2006, apoyando la interrupción (y expulsión) liderada por la gestión del actual presidente, Jimmy Morales, con el objetivo de detener los pocos avances en materia de corrupción que se llevaron a cabo por la CICIG, encabezada por el magistrado Iván Velásquez.

A estas irregularidades se suma la acción de intervención del presidente de los EE. UU, Donald Trump, para que Guatemala se convierta en un “Tercer País Seguro”; o bien -como señalan las organizaciones de sociedad civil- un campo de concentración de migrantes centroamericanos(as). El presidente saliente, Jimmy Morales, cedió a dicha presión y provocó que la Corte de Constitucionalidad emitiera un criterio en el que indicaba que el Ejecutivo no puede firmar tratados internacionales de esa envergadura sin que éste fuera conocido y aprobado por el Congreso. Tras ello, Jimmy Morales emprendió una nueva batalla contra el muy debilitado Poder Judicial, acompañado por la élite empresarial del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara de Industria de Guatemala.

Dicha situación, que socava la soberanía guatemalteca, posiciona a EE. UU. como un actor de intervención en las elecciones y a un muy complaciente Jimmy Morales que reforzó la captura del Estado por grupos de poder mafioso y la política de securitización en Guatemala en detrimento de la institucionalidad y los derechos de las poblaciones más vulnerables. Sin duda, el proceso electoral guatemalteco en 2019 se caracterizó por la intromisión político-judicial, que permitirá nuevas modalidades y posibilidades injerencistas para la región.

Resultados electorales

Alejandro Giammattei obtuvo 1.907.696 votos válidos (57,95%), mientras que Sandra Torres recogió 1.384.005 (42,04%). Sin embargo, el verdadero ganador fue el ausentismo: 61,41%. En Guatemala la abstención ha tendido a ser alta en todas las segundas vueltas, a excepción de las primeras elecciones democráticas de 1985, que tuvieron un 62.38% de participación. Sin embargo, en estos últimos comicios, Guatemala registra el abstencionismo más alto en lo que va del milenio.

A modo de cierre: el escenario político abierto con Giammattei

El triunfo de Alejandro Giammattei, habilitado por el voto del 18% del padrón electoral, abre un escenario de profundización del modelo represivo-corrupto instaurado desde la dictadura de Ríos Montt, cuyas estructuras parecen estar actuantes en distintos niveles del Estado. Algunas claves a tener en cuenta con el escenario político, terminado ya el proceso electoral son:

1. Giammattei será el gendarme de la situación irregular de la institucionalidad guatemalteca; de este modo, probablemente se fortalecerán las mafias enquistadas en el Poder Ejecutivo, en la administración pública, la Justicia y el Parlamento, como quedó demostrado en todo este proceso electoral que sumó irregularidades y el hastío social que desató la abstención. La situación será de continuidad del poder para los grupos que apoyaron la dictadura de Ríos Montt, el Gobierno del destituido presidente Otto Pérez Molina y del actual presidente, Jimmy Morales.
2. El Gobierno actual demostró que los grupos de poder que tienen capturado al Estado tienen la capacidad de adecuarse a los obstáculos que encuentren. La CICIG, considerada como el mecanismo adecuado para perseguirlas, enjuiciarlas y depurar el Estado, logró importantes avances en sus 12 años de funcionamiento, pero cuando apuntó causas judiciales contra los jefes o líderes visibles de ese entramado de poder ultraconservador, se encontró con un bloque de resistencia bajo una falsa retórica nacionalista. Giammattei vendrá a concretar lo iniciado por Jimmy Morales: concluir el mandato de la CICIG, darle más poder a los militares bajo el supuesto de la “seguridad” y buscar la absolución para quienes están procesados por el Ministerio Público luego de las pesquisas de los fiscales internacionales.
3. Giammattei representa el “pacto de corruptos” denunciado por la exfiscal Thelma Aldana (a quien le fue negado su derecho a ser candidata presidencial) y, a su vez, representa el discurso de «Estado tapón» impuesto en las últimas semanas desde los EE.  UU. La Administración Trump espera que el país se convierta en una enorme cárcel a cielo abierto para las y los migrantes mesoamericanos. El escenario para Guatemala es de ampliación de la represión y de la violación a los derechos humanos.
4. Los partidos de oposición y los movimientos sociales, con Thelma Cabrera a la cabeza, tienen el desafío de encontrar puentes de actuación en común, pues la atomización de sus fuerzas y el sectarismo sólo contribuyen a la estrategia de poder de las élites ultraconservadoras que gobiernan el país. Todo un desafío, entendiendo que se deteriorarán aún más las garantías para la protección de los derechos humanos y sociales.