En dos países centrales de la región centroamericana están sucediendo hechos políticos claves que ponen en jaque la legitimidad de sus gobiernos actuales. El pueblo guatemalteco y el hondureño se encuentran movilizados en las calles. Si pensamos en un acto cotidiano podríamos apelar a una metáfora como la del “despertar”… despertar ciudadano. La primer motivación que llevó a que el espacio público y parques centrales de las ciudades más importantes de ambos países se colmen de consignas como “Renuncie Ya” fue pronunciarse contra casos de corrupción, que contienen sus particularidades pero que implican a actores importantes de la escena política de ambas gestiones públicas, específicamente de los Poderes Ejecutivos.
Las convocatorias a las movilizaciones en Guatemala y Honduras están siendo motorizadas desde las redes sociales, en el marco de lo que podríamos denominar nuevas formas de participación ciudadana, espacios virtuales donde se gesta cierta praxis política, excediendo solo el plano de la promoción de dichas actividades. Tanto Facebook como Twitter se han transformado en novedosos canales políticos donde la ciudadanía (especialmente los jóvenes estudiantes), sin enmarcarse en un partido político, pero sí expresando un fuerte sentimiento de indignación deciden protagonizar el llamamiento al resto de la sociedad para expresar el descontento, trastocando el orden vigente, caracterizado, sobre todo en Guatemala, por bajos niveles de participación de la población en la arena política durante los últimos años, donde la elite oligárquica hegemoniza el control del Estado.
En Guatemala, el 16 de abril la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad (que pertenece a las Naciones Unidas y que cuenta con la incidencia directa de Estados Unidos), luego de varios meses de investigación, denuncia el cobro de sobornos por parte de una red de funcionarios – denominada La Línea – para que un grupo de empresarios puedan evadir impuestos aduaneros. El mayor grado de responsabilidad de esta defraudación al fisco recayó sobre Juan Carlos Monzón Rojas, quien hasta entonces cumplía funciones como secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. La vicepresidenta renunció por la presión popular que en la primera manifestación reunió alrededor de 30.000 personas representando un amplio espectro de la sociedad guatemalteca. Actualmente, no cesan los pedidos de renuncia al presidente Otto Pérez Molina[1] (general retirado de la “Promoción 73” y conocido como el Comandante Tito en los operativos militares en la localidad Ixil), quien continúa en funciones, aunque cada día que pasa su liderazgo se encuentra más deslegitimado frente a sectores de la sociedad que cada sábado en la plaza resiste el control policial, las inclemencias del tiempo y se despoja de tantos años de silencio.
El contexto de surgimiento de las últimas movilizaciones sociales en Honduras fue también a partir de conocerse el desvío de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social con el objetivo de financiar las campañas políticas de dos de los últimos presidentes, representantes del Partido Nacional: Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández. La convocatoria responde a los hashtags #FueraJOH #RenunciaJOH, en alusión al pedido de renuncia del actual presidente. En este caso, quienes marchan son activistas independientes que al igual que en su país vecino representan los diferentes sectores de la sociedad hondureña, pero también, los legisladores y los principales representantes de los partidos opositores están encabezando dichas convocatorias para pronunciarse contra la corrupción. En este sentido, a diferencia de lo que sucede en Guatemala, la presencia del Partido Libre (Libertad y Refundación) que lideran el ex presidente Manuel Zelaya y Xiomara Castro (candidata a presidente en las últimas elecciones) tiene la oportunidad de canalizar estas demandas ya que cuenta con un alto grado de apoyo popular. El Partido Libre se encuentra trabajando en los diferentes municipios del país, desde varios frentes, tanto desde el ámbito parlamentario con representación en la legislatura. A partir de la última contienda electoral obtuvo una buena adhesión electoral sobre la base del estancamiento del Partido Nacional y la caída en la cantidad de votos obtenidos por parte del Partido Liberal. El Partido Libre quedó, entonces, como la segunda fuerza más votada con 37 representantes a nivel nacional. A su vez, se va consolidando desde la oposición desde las constantes manifestaciones de ciertas irregularidades del actual gobierno que encabeza el Partido Nacional, desde que asumió en el año 2013, en medio de las denuncias por fraude electoral impulsadas no sólo por el Partido Libre, sino también, por Partido Anticorrupción (PAC) que dan cuenta del entramado de poder caracterizado por estrategias clientelares y autoritarias que caracterizan la historia del sistema de partidos en el país.
Estos movimientos populares que toman las calles, en principio sin identificación partidaria unificada, pero con un pedido claro de “que se vayan los que gobiernan” inauguran un nuevo escenario para analizar los hechos políticos futuros en ambos países. La crisis de gobernabilidad y de legitimidad en el caso de Guatemala, de cara a las elecciones presidenciales a realizarse el 6 de septiembre de este año, abre las puertas a la consolidación de nuevos espacios políticos de mayor representación, lo que no significa que en los próximos comicios esa transformación se vea reflejada en la elección del futuro presidente, dependerá de las opciones que se puedan consolidar desde ahora. Pero sí que hay una comunidad política que está activa encontrándose y recuperando el uso público de la palabra y la acción colectiva. Las derivaciones pueden ser muchas y variadas.
La gestión y administración de Juan Hernández en Honduras se encuentra, desde hace varios meses, bajo lupa a partir de algunas medidas en relación al financiamiento de los organismo de seguridad y por el tratamiento dado a la puesta en vigencia de la inconstitucionalidad de los artículos que no permitían la reelección. Hasta el momento, su respuesta ante los últimos sucesos fue vaciar de contenido político lo que en las calles se transforma en una demanda cada vez más organizada, con una claridad mayor de las causas que los motivaron a pedir la renuncia del presidente y solicitar el arribo e instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad de Naciones Unidas (como la que funciona en Guatemala) para garantizar la investigación de los casos de corrupción. En este sentido, los detalles del fraude asumen diferentes aristas desde el suministro de medicamentos adulterados hasta la sobrevaloración de servicios hasta en un 400%.
Estamos ante dos sociedades movilizadas que han reconquistado el espacio público (dimensión que hasta hace poco parecía relegada a los eventos religiosos) para hacerse inteligible como pueblo que exclama, pide, denuncia y tensiona la arena política. Como todo proceso que está siendo leído al calor de su desenvolvimiento, es aún incierto el cauce de los acontecimientos, pero sí se configura una certeza y es que al “Renuncie Ya” le deben dar una respuesta concreta, aunque el orden oligárquico enquistado no esté acostumbrado a este tipo de interpelación popular.
[1] La trayectoria militar y política de Otto Pérez Molina merece un artículo aparte.
Imágen: Luis Soto
