El pasado domingo, en el Distrito Federal y los 26 Estados de Brasil, se movilizaron cientos de miles de personas pidiendo, casi al unísono, el fin de la presidencia de Dilma Rousseff y de la corrupción política. Según la Policía Militar, fueron 879 mil personas las que, en todo el país, se manifestaron bajo estas dos consignas, aunque también hubieron otras, menos comprensibles, como la vuelta al régimen imperial o el regreso de los militares al poder del Estado. En líneas generales, las características de los manifestantes fue poco representativa de la sociedad brasilera: según un estudio del Grupo de Investigación de Políticas Públicas para el Acceso a la Información, de la Universidad de San Pablo, en la movilización paulista -la más numerosa- el perfil del manifestante era blanco (73,6%), de entre 30 y 60 años (59,2%), alto nivel de escolaridad (65,4%) y con una renta familiar superior a los 4000 reales (70,9%). En este grupo, más de la mitad tiene una renta entre los 8 mil y 15 mil reales (entre 2 y 4 mil dólares, aproximadamente).

La política de la antipolítica

Que los ciudadanos puedan expresarse libremente en las calles -y pacíficamente, como el domingo- es una acción democráticamente saludable y que sería reprimida en el régimen militar o el imperial buscado por algunos de los manifestantes. Esta libertad para expresar el disenso es, justamente, un logro político conseguido después de tres décadas de democracia ininterrumpida en Brasil. La gran paradoja de las marchas fue, pues, que más del 70% de los manifestantes se declararon “apartidarios” o “apolíticos”. Paradoja, ya que fue la política lo que les ha permitido marchar y porque a pesar de su “apolitismo” la marcha fue esencialmente política y sesgada partidariamente. Las consignas por la destitución del gobierno y por la mayor transparencia en la gestión pública -e incluso las que promueven un cambio de régimen- son absolutamente políticas; son demandas que, para sus promotores, tenderían hacia el bien común. Por su parte, el encono contra el PT, las escasas menciones a los demás partidos sospechados de corrupción, y el aval generalizado a la presencia en las calles de políticos en campaña como Aécio Neves (PSDB) muestran que los “apartidarios” tienen sus simpatías y odios partidarios bien definidos.

Más explícitos fueron los guiños al Poder Judicial, que aparece ahora como el socio institucional también “apolítico” y baluarte del orden moral de la descontenta sociedad brasilera. Su figura estrella, el juez Sergio Moro, -quien lleva el caso de corrupción conocido como Lava Jato-, fue aclamado como héroe en las manifestaciones del domingo. Moro, un joven juez de 43 años, con un aspecto cuidado (mediáticamente explotable), doctorado en Harvard y desconocido hasta hace unos meses, fue quien detuvo ruidosamente a varios miembros del PT por sospechas de corrupción, destacándose los casos de Jose Dirceu, ex presidente del PT, su hermano y un asesor, y el de Joao Vaccari Neto, ex tesorero del PT.

Para Moro, el espaldarazo popular es indispensable para que lo que él llama “jueces de ataque” (a cargo) de casos de corrupción que involucran a personajes poderosos de la política puedan llevar adelante con éxito sus investigaciones. Según analizó Moro en un artículo de 2004 al tratar el caso Mani Pulite1, la estrategia más eficaz para conseguir “rediseñar el marco político”, de modo que favorezca la investigación, es potenciar las “prisiones preventivas”, la “divulgación amplia del caso” y lo que en Brasil se conoce como “delación premiada”, esto es, un negocio de intercambio de información -no siempre sustentada en pruebas- por reducción de penas o cargos. Fuera de los artículos académicos, lo que ha hecho Moro con el caso es divulgarlo de manera evidentemente sesgada contra miembros del PT –el mismo sesgo de los medios hegemónicos- y, bajo el signo de un autoritarismo disfrazado de justicia, encarcelar a personas sólo por estar sospechadas de un delito y, consecuentemente, forzar de ese modo delaciones y acusaciones que no tienen garantía de verdad. Todo este cuadro es la política de la antipolítica llevada a su máxima expresión, que conduce a la sociedad a entender su realidad política de manera maniquea y peligrosamente infantil, entre el villano PT y el superhéroe Moro.

El destino de la marcha

Es probable que el impacto de la marcha hubiese sido mucho más eficaz de haber acontecido una semana atrás, en la que el “Fora Dilma” parecía inminente (y no sólo por los pronósticos editoriales). La ruptura de Eduardo Cunha (Presidente de Diputados y miembro del PMDB, principal partido aliado al PT), del PDT y del PTB con el Gobierno, 13 pedidos de impeachment en discusión en la Cámara de Diputados, los medios masivos de comunicación, liderados por Globo, especulando con los posibles escenarios sucesorios de la presidencia, un bajísimo nivel de popularidad de la presidenta, entre otros hechos, anticipaban un desenlace poco feliz para Dilma. Pero lo cierto es que, en los días previos a la manifestación que finalmente convocó a casi un millón de personas -en un país de casi 203 millones-, ciertos acontecimientos parecieron torcer el curso del tan promocionado fin de la era PT.

En cuestión de pocos días, Globo cambió radicalmente su discurso sobre el impeachment, afirmando en todas sus editoriales que Dilma tenía que terminar su mandato (lo mismo hicieron el New York Times y el Financial Times esta semana); Dilma comenzó una ronda de diálogos con algunos sectores de la oposición, de su base aliada en el Congreso y con movimientos sociales; figuras de la oposición respaldaron el pedido del gobierno para que el poder legislativo no pueda aprobar propuestas que incrementen sustancialmente el gasto público (las llamadas “pautas bomba”); el presidente del Senado Renan Calheiros (PMDB) y el vicepresidente Temer (también del PMDB y señalado como el sucesor de Dilma tras su supuesta destitución o renuncia) mostraron su firme apoyo a la continuidad de la presidenta; y numerosas organizaciones sociales y sindicales, -también intelectuales y juristas- manifestaron públicamente su apoyo a la estabilidad democrática. Y para hoy, 20 de agosto, movimientos sociales y sindicatos, han convocado una marcha en apoyo a la presidenta.

Quizás esos hechos hayan mermado la cantidad esperada de participantes en la marcha opositora del 16; tal vez esa movilización hubiese sido el tiro de gracia al gobierno diez días atrás. Lo que sí es cierto es que la inminencia del impeachment parece cuestión del pasado, y que Dilma ha pasado a la ofensiva con relativo éxito. Aun así, resta consolidar y ampliar la base social de apoyo del PT, retomar una agenda progresista y ampliar los canales de diálogo con la población descontenta. En política algunos apoyos inesperados tienen una naturaleza extorsiva, y sólo una gran base popular puede conseguir que la agenda gubernamental no marche hacia la derecha, mediante la estrategia del desgaste vía presiones de todo tipo, que se va revelando como la más eficaz. Y este corolario no sólo le cabe a Brasil.

1http://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/1/art20150102-03.pdf