Hace algún tiempo atrás varios países, sobre todo del sur, han cuestionado el manejo de las políticas y enfoques migratorios que implementan los principales países de recepción de migrantes sudamericanos, la mayoría radicados en el norte. Las críticas vienen dadas tanto por la forma como son tratados y considerados los migrantes, sobre todo los irregulares, pasando por aspectos trascendentales como la falta de acceso a derechos básicos hasta la terminología con los que se suelen referir hacia los migrantes: ‘sudacas’.
Este enfoque de seguridad y gestión de las migraciones implementado en varios países de recepción ha sido cuestionado entre otras cosas porque sus políticas y programas al no reconocer derechos a los migrantes, des-humanizan, des-politizan (y en varios casos criminalizan) el hecho migratorio, olvidando que la movilidad de personas suelen responder a causas estructurales de desigualdades entre países del norte y sur.
Si bien los flujos migratorios a nivel global siguen siendo mayoritariamente en dirección sur-norte, en los últimos años se ha dado un incremento de la migración sur-sur o migración intrarregional entendida esta como los flujos y/o movimientos migratorios internacionales que se dan dentro de un determinado espacio geográfico supranacional. En el caso del espacio Unasur, de los 406 487 millones de habitantes que ahí habitan, 5 118 878 son inmigrantes, representando el 1.25% del total de la población (SICREMI, 2015). De estas cifras, los países que mayor población inmigrante concentran en términos absolutos son Argentina y Venezuela con más de un millón de inmigrantes, seguido de Brasil con 600.000 inmigrantes aproximadamente.
En nuestro continente, en los espacios subregionales como la CAN (Comunidad Andina de Naciones) y Mercosur, se han dado políticas más favorables para ciudadanos andinos y mercosureños. El problema en la mayoría de estos espacios es que por lo general la libre movilidad es pensada desde una perspectiva económica laboral. Es decir, que la migración vinculada a la residencia definitiva está supeditada a la categoría laboral, al tener un trabajo y en muchos casos un trabajo con relación de dependencia como requisito previo para adquirir la residencia, quedando de esta manera excluidos aquellos trabajadores informales que cruzan fronteras y por su puesto aquellos que no son trabajadores.
Actualmente en la región hay voluntad política de avanzar hacia una ciudadanía sudamericana para lo cual es necesario retomar los temas tratados tanto en la CAN como en Mercosur, pero no para resaltar las ‘buenas prácticas’ sino justamente para ver todos los errores cometidos o las limitaciones, dar vuelta la página, y construir de manera conjunta una nueva forma de ciudadanía sudamericana que supere las visiones exclusivamente jurídicas o aquellas miradas donde la migración está supeditada a lo económico. Este es uno de los retos que se ha propuesto Unausr desde su Tratado Constitutivo, que impulsa actualmente la Secretaría General y el Grupo de Trabajo en esta materia en donde se definió a la ciudadanía sudamericana como:
La condición jurídica de acceso progresivo a derechos, deberes y obligaciones por parte de los ciudadanos y ciudadanas de la UNASUR. Es una ampliación, no sustitutiva, de las ciudadanías nacionales. Asimismo, es la condición de identidad, pertenencia y arraigo a la tierra suramericana, a sus tradiciones y costumbres, a sus culturas diversas, a sus lenguas e idiomas y a sus cosmovisiones, cuyo fundamento primario es la historia compartida de los países miembros de la UNASUR (UNASUR, 2014:14).
Esta definición que bebe de lo trabajado en los otros sub procesos regionales, aprobado por las y los Presidentes, coloca dos ejes centrales: por un lado, se plantea reconocer la categoría de ciudadanía sudamericana, como una categoría jurídica (acceso progresivo a deberes y derechos) y por otro, como una categoría cultural (identidad, tradiciones, costumbres, cosmovisiones, etc.).
Llegar a una plena ciudadanía sudamericana, efectivamente no pasa solamente por el tema jurídico sino también político y sociocultural. Hay que construir nuevas configuraciones culturales que nos permitan ‘jugar’ con nuestras múltiples identidades, siempre cambiantes, desde lo local-nacional y regional. Pero evidentemente esto implica construir un proyecto hegemónico, una configuración cultural política, donde los Estados y las sociedades (también los organismos como Unasur) jueguen un rol clave en su capacidad de plantear nuevas clasificaciones sociales, un nuevo sentido de pertenencia y de ser ‘nosotros’.
Como se ve, a nivel regional se han sentado las bases para seguir caminando en esta dirección. El objetivo nuestro (nuestra utopía), es afinar las bases hasta que llegue el día en el que a todas y todos los migrantes unasureños, se nos reconozca todos nuestros derechos en cualquier Estado Miembro que decidamos residir solo por el simple hecho de ser ciudadanos sudamericanos, ciudadanos de la Patria Grande.
